En El Salvador, el Covid-19 está dejando más denuncias contra violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y críticas negativas a la gestión del presidente Nayib Bukele, que afectados por la enfermedad.
El abogado independiente, Daniel Joya, dijo al Americas Program que las acciones adoptadas por el gobierno salvadoreño desde el inicio de la emergencia han pretendido “suspender las garantías de derecho de los ciudadanos, para concentrar el poder en las manos del presidente para beneficio del presidente y su círculo cercano”.
Joya asegura que las medidas presentadas por Bukele durante la crisis de salud, representan un peligro para el respeto de los derechos de los ciudadanos y de la democracia.
“La Presidencia presentó cinco proyectos de ley y en todos ellos pide la suspensión de las garantías constitucionales. Ha pedido suspender la libertad de asociación, la protección de la morada. Preocupa que pide que se permita entrar a las casas, sin previa autorización judicial, solo por sospechas relacionadas al coronavirus”, señaló.
Violación de derechos humanos en cuarentena
Desde el 15 de marzo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), organizaciones civiles y abogados, reportan un aumento significativo en hechos que constituyen violaciones a derechos humanos, abuso de la fuerza por parte de la Policía y la Fuerza Armada y además, acciones autoritarias de parte del Gobierno Salvadoreño.
A medida que los días de cuarentena avanzaban, las denuncias aumentaban. Entre el 21 de marzo y el 22 de abril, cuando entraron en vigencia las primeras medidas implementadas por el gobierno salvadoreño, la PDDH registró 778 denuncias de violaciones a derechos humanos. El 67% de esas denuncias están relacionadas a violaciones al derecho a la salud, a la libertad personal y al acceso a la información.
La Policía Nacional Civil (PNC) también ha sido fuertemente criticada y señalada por los salvadoreños en medio de la pandemia. La PDDH recibió entre el 22 de marzo y el 19 de abril, 794 oficios de personas detenidas que denunciaron maltrato, amenazas y acoso de parte de policías que utilizaron la cuarentena para amedrentarlos y llevarlos a celdas policiales.
“La PNC junto con la Fuerza Armada seguían deteniendo a personas que “injustificadamente” incumplían la obligación de no transitar por las calles, procediendo incluso a llevarlos a sedes policiales mientras esperaban a ser llevados a un centro de contención. Estas situaciones, sumadas a la falta de coordinación intergubernamental, a la falta de información sobre los protocolos que se implementaban, a la falta de test de diagnóstico, generó muchos niveles de ansiedad, descontento y reclamo”, informó la PDDH a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña en un documento oficial.
El Estado de Excepción se aplicó en el país desde el 15 de marzo, en medio de la polémica por la falta de información y porque no estaba claro cuándo la policía o los militares podían detener a una persona que circulara sin una justificación de trabajo o para comprar sus alimentos. En la primera semana que se aplicó esa medida, se registraron 343 denuncias de violaciones a derechos humanos.
La primera semana de abril, Bukele anunció que las medidas y las restricción impuestas por la pandemia en marzo, se extenderían. En la televisión nacional, el presidente dijo que era preferible “doblar la muñeca” o decomisar el vehículo a los ciudadanos para que obedecieran, a tener más personas en los hospitales con Covid-19. Las denuncias aumentaron en los días posteriores.
Copiando el ejemplo del presidente Donald Trump, Bukele ordena, emite decretos y legitimiza el abuso de la fuerza de parte de la Policía y la Fuerza Armada, desde su cuenta de Twitter. En medio de la pandemia, mientras las cifras de asesinatos durante el último fin de semana abril contabilizaron 76 muertes violentas, el presidente salvadoreño autorizó a las fuerzas de seguridad desde las redes sociales a usar “la fuerza letal”.
El presidente tuiteó el 26 de abril: “El uso de la fuerza letal está autorizada para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”. Aseguró que las pandillas aprovecharon que la policía y los militares están “controlando la pandemia”, para aumentar los homicidios.
Ante las denuncias y los hechos acontecidos en El Salvador, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso y otras organizaciones de derechos humanos expresaron el 30 de abril su preocupación.
“El gobierno debe revertir inmediatamente aquellas medidas que, lejos de cumplir fines sanitarios, solo han generado múltiples denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Samantha Pineda, del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). Advirtió, “La respuesta de El Salvador al Covid-19, no solo fue errónea: sino se controla, exacerbará las formas existentes de violencia estructural en el país, desde la pobreza hasta la misoginia. Peor aún, el desprecio absoluto de Bukele por la ley, pone en peligro inminente los logros del pueblo salvadoreño a través del proceso de los Acuerdos de Paz”.
Además de las organizaciones de derechos humanos internacionales, el Congreso de las Nacionales Unidas y hasta senadores del Congreso de Estados Unidos, han condenado las acciones que Bukele ha tomado en medio de la pandemia, por ser acciones que violan los derechos humanos y que ponen en peligro la democracia del país.
Las denuncias y las medidas
Abogados y organizaciones de derechos humanos advertían nuevamente sobre el peligro del uso y el abuso de la fuerza, por parte de militares y policías, en un país con un historial de violencia. Para los expertos en derecho penal y civil, estas medidas son ilegales.
Las denuncias de salvadoreños de abuso de la fuerza, detenciones arbitrarias y hasta denuncias de acoso por parte de policías y militares contra mujeres empezaron a circular en las redes sociales. La PDDH confirma que para el 28 de abril, ya se registraban 928 casos de detenciones arbitrarias.
La Fiscalía también reportó denuncias de casos de abuso por parte de policías. El 13 de abril, la institución informó sobre la acusación en contra de un policía que hirió de bala a un jornalero en una zona rural del país. La denuncia dice que el policía hizo dos disparos a las piernas del joven porque este se negó a pagarle un soborno de $50.00.
En Twitter, la Policía Nacional Civil (PNC) manejó el caso como un “accidente”, asegurando que el joven herido de bala no se consideraba ofendido. Minutos después los tuits publicados en la cuenta oficial de la PNC fueron borrados. El secretario privado de la Presidencia, por su parte, dijo en una entrevista que se había tratado de un “enfrentamiento”.
La orden presidencial, aprobada por los diputados, permitió que el gobierno limitara la circulación de los ciudadanos. Pero según Oscar Pineda Rivas, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD): “La orden establece los casos en los que se permite la circulación durante la cuarentena, pero no establece clara y coherentemente cómo debe demostrarse estos casos a las autoridades”.
FESPAD cuestionó la orden porque daba pie a las detenciones arbitrarias. Abogados de esta institución y de organizaciones de derechos humanos reportan que la cifra de personas detenidas por la Policía y la Fuerza Armada en procedimientos contrarios a la ley, justificados por la cuarentena, suman hasta la última semana de abril, 2,000 casos.
El 15 de abril, la Corte Suprema salvadoreña sentenció en contra de las medidas tomadas por Bukele a través de sus órdenes ejecutivas. En una resolución, los magistrados judiciales ordenaron a la Policía y a la Fuerza Armada, “abstenerse de privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar”.
Sin embargo, unas horas después Bukele, desde su cuenta de Twitter, desafiaba a los magistrados y aseguró que no acataría la orden: “El Gobierno de El Salvador continuará ejecutando el Decreto 19 al 100%”.
Denuncias de los periodistas
El presidente Bukele nunca tuvo una buena relación con los medios de comunicación y tampoco le gustó que los periodistas lo cuestionaran. Esa relación empeoró en medio de la pandemia.
Los y las periodistas no tienen acceso a la información relacionada a las medidas y a todo lo que sucede en el país por la enfermedad. La información relacionada al brote del Covid-19 se distribuye únicamente desde las cuentas de las redes sociales del presidente o de Casa Presidencial.
“Estamos preocupados, porque ya veníamos con ciertas debilidades en las garantías para que los periodistas pudieran ejercer su trabajo de forma libre, y lo cierto es que se ha recrudecido. El Ejecutivo continúa centralizando la información, aún en tiempo de crisis. La información sobre casos positivos o planes ante la pandemia, solo los comunica el presidente”, dijo al Americas Program, Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Con el Decreto 19, aprobado a principios de abril, el Ejecutivo suspendió todos los procesos administrativos, incluidas las solicitudes de acceso a la información mediante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es decir, que no hay forma de que los periodistas puedan solicitar de manera formal la información relacionada a los planes, gastos o acciones que el Gobierno ejecuta para responder al brote de coronavirus.
Las denuncias de los periodistas incluyen también ataques, mensajes de odio y obstaculización al trabajo periodístico de parte de funcionarios de gobierno y de las Fuerzas de Seguridad, a quienes cuestionan las medidas o la falta de información.
“Hemos visto en las últimas dos semanas la incitación hacia la estigmatización a ciertos medios concretos de parte del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria. Él escribe en sus cuentas cosas que no habíamos visto antes, que denigran, sacan expresiones calificativas y peyorativas en contra de medios o periodistas que no son afines al discurso oficial”, señaló un periodista de Radio YSUCA.
Bukele responde desde su cuenta de Twitter a los cuestionamientos, a las críticas de expertos, de analistas políticos o de defensores de derechos humanos, bloqueando a todo el que no apoya su discurso. Expone a los periodistas como detractores que atacan su gestión sin razón y sus tuits son avalados, respaldados y republicados, por funcionarios del Ejecutivo que además, amenazan a los periodistas.
“No se nos permite hacer nuestro papel de fiscalizadores. El presidente siempre desacredita a los que no van con la línea gubernamental, por revelar temas que no le parecen. Desde que él está en el gobierno, es un peligro el hecho de cuestionar a las autoridades; a parte de eso, tenés que enfrentarte a todos los trolls que se te vienen encima, porque públicamente, el presidente dice que un periodista lo está atacando y viene todo una avalancha de troles a desacreditarte en las redes sociales”, asegura Cárcamo.
Aunque los periodistas están en la lista de trabajadores esenciales que pueden circular por las calles, muchos señalan que los mismos funcionarios del gobierno, la Policía y la Fuerza Armada, obstaculizan su trabajo.
“Las restricciones al ejercicio periodístico en las conferencias de prensa venían desde antes. Solo se escucha la información que el funcionario daba. En las conferencias que tienen que ver con el grupo de atención a la crisis o de seguridad, no se abren espacios para preguntas de la prensa. Pero ahora ya hay hasta denuncias de agresiones a compañeros que están realizando su trabajo”, dijo Ana, una periodista salvadoreño que reporta para un canal local que no quiso ser identificada por temor a represalias.
Según Ana, al día siguiente que Bukele decretó la cuarentena en televisión nacional, la policía había detenido a varias personas, porque supuestamente violaron el decreto presidencial. Durante la presentación de estas personas, el Ministerio de Seguridad no permitió preguntas de los medios de comunicación y además, no dio detalles sobre las capturas o sobre los procedimientos legales que tomaron.
“Solo se permitió escuchar lo que dijo el ministro de las capturas cuando se decretó la cuarentena domiciliar. Inmediatamente después, al siguiente día que se decretó la cuarentena, en la mañana, ya habían capturas, pero respecto a eso no se permitió preguntar y tampoco se dio información de cómo o por qué capturaron a las personas”, dijo Ana.
Los detalles de la información oficial sobre la evolución del covid-19, sobre casos o sobre planes de salud del Gobierno, se han conocido hasta dos semanas después que el presidente anuncia nuevas medidas en la televisión.
“En este momento de pandemia, el Ejecutivo continúa centralizando su estrategia de comunicación. La única forma de obtener información es a través de las cadenas que hace el presidente, estas cadenas tienen una carga de palabras que generan miedo, el discurso pone en duda la opinión de especialistas sobre el covid-19 o los casos que se están registrando y deslegitiman a las organizaciones de derechos humanos”, agregó la presidente de la APES.
Por ahora, las medidas de cuarentena siguen vigentes. Bukele no ha dado señales de que acatará las resoluciones emitidas por la Corte Suprema y pretende que los diputados aprueben un nuevo decreto, que incluye medidas más agresivas, como la implementación de un toque de queda, mientras el país solo registra -de acuerdo a la cifras del gobierno- 695 casos positivos y 15 muertes atribuidas al Covid-19.
