El 23 de agosto, los paraguayos se despertaron con la noticia de que su país se parecía más a la época de la dictadura de Stroessner que a una democracia en desarrollo. El 22 de agosto, el Congreso concedió poder al presidente Horacio Cartes para ordenar unilateralmente intervenciones militares en el interior del país.
Las modificaciones a la Ley 1337/1399 de la Defensa Nacional y Seguridad Interior vienen después del más reciente ataque del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo rebelde que emprendió una serie de operaciones armadas, como bombardeos, ataques incendiarios, tiroteos y secuestros. En su ataque del 17 de agosto, el EPP capturó y ejecutó a cinco guardias de seguridad en La Lagunita, rancho ganadero de propiedad brasileña, cerca de Tacuatí, departamento de San Pedro, 370 kilómetros al norte de Asunción. El ataque fue visto como una afrenta directa al gobierno de Cartes, que en su inauguración, el 15 de agosto, declaró que no permitiría al EPP establecer el orden del día.
Después del ataque, Cartes pidió al Congreso el poder de enviar unilateralmente las tropas para luchar contra el EPP en las selvas del norte, sin que el Congreso tenga que declarar el estado formal de emergencia. La Constitución de Paraguay establece que la fuerza militar sólo se puede usar contra las amenazas extranjeras o para proteger la estabilidad del gobierno.
Bajo los nuevos cambios, Cartes puede enviar a los militares “para hacer frente a cualquier tipo de agresión interna y externa que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país”. Por lo tanto, el presidente puede decidir el uso de los miembros de las fuerzas armadas en el país en cualquier momento que considere oportuno por un simple decreto presidencial. La única condición es que el gobierno informe al Congreso de su decisión dentro de las 48 horas posteriores a la firma del decreto, y la legislatura puede decidir suspender la operación.
La modificación de la ley generó protestas públicas y se considera un retroceso para un país que, con un fuerte legado de la dictadura militar, aún navega en su transición hacia una democracia plena. Muchos están preocupados de que la situación abra un nuevo terreno, peligroso para los militares y la policía – inexpertos y plagados de acusaciones por corrupción y violación a los derechos humanos-, y deje a los campesinos sin protección y a merced de las fuerzas armadas. El gobierno y las fuerzas de seguridad insisten en que la militarización de la zona norte del país es esencial, y que el EPP es una fuerza agresiva que actualmente controla la zona. Sin embargo, hay serias preocupaciones y varias preguntas que permanecen sin respuesta sobre los poderes presidenciales recién adquiridos.
La cuestión principal sobre la que la población exige aclaraciones, es en cómo se define una “amenaza nacional”. Aunque en la actualidad puede ser el EPP, con la nueva ley el presidente puede usar el ejército contra todo lo que considera una “amenaza nacional”. Lo que es peor, con una mayoría absoluta en el Congreso, no hay manera de detener lo que puede ocurrir en el futuro. La nueva ley claramente puede ser objeto de abuso, especialmente teniendo en cuenta el historial de Paraguay, un país donde la coincidencia entre los intereses nacionales y los intereses políticos-personales es a menudo borrosa.
La segunda pregunta es: ¿cómo evitar la militarización del país bajo el pretexto de una amenaza nacional? Los asesinatos selectivos de líderes campesinos aumentaron considerablemente en los últimos meses, signos claros de los disturbios que el país vive en zonas rurales. ¿Los líderes campesinos sin tierra serán la próxima “amenaza nacional”? La situación es aún peor si son ciertos los rumores de grupos paramilitares, financiados por los grandes terratenientes para proteger sus propiedades.
El 26 de agosto, Cartes ordenó el despliegue de las fuerzas militares en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, con 400 soldados, 60 de los cuales pertenecen a las Fuerzas Especiales. Varias organizaciones de derechos humanos señalan que se produjeron detenciones de numerosos dirigentes campesinos reconocidos por su activismo en relación con la tenencia de la tierra en Paraguay, acusándolos de tener vínculos con el EPP.
Los militares irrumpieron recientemente en una escuela primaria local preguntando a los niños si sabían dónde estaba el EPP. Un campesino local, que denunció la incursión en la escuela a la prensa, más tarde fue encarcelado por sus supuestos vínculos con el grupo armado, en lo que sólo puede ser visto como un intento de intimidar y silenciar a la población local, que está preocupada y asustada de lo que una gran presencia militar puede significar para ellos. “Las personas que tienen sus milpas ni siquiera pueden ir a buscar yuca porque tienen miedo. La situación económica aquí es bastante fea y será peor si ni siquiera podemos ir a la milpa a trabajar. Tal vez esa es la meta, crear miedo en la población y sacarnos de aquí”, señaló un campesino.
La tercera pregunta que queda en este escenario es cómo se pueden volver a establecer los controles y equilibrios necesarios para que pueda funcionar la democracia. Después de la dictadura de Stroessner, Paraguay se ha caracterizado por una fuerte división de poderes entre los poderes legislativo y ejecutivo para evitar posibles abusos. Las enmiendas a la Ley 1337/1399 desdibujan las divisiones.
El mando de 35 años de Stroessner se basó en la “trilogía del poder”: Estado, partido y ejército, bien documentada. Logró consolidar su poder mediante la restauración de la unidad del Partido Colorado, su alianza con los militares y su control absoluto del poder sobre el Estado.
Hoy en día, la misma trilogía reencarna. Cartes logró restaurar la unidad del dividido Partido Colorado, selló su alianza con los militares a través de la modificación de la Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interna y tiene el control del Estado a través de su presidencia, con una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
El problema del norte de Paraguay, que se caracteriza por la extrema pobreza, el aislamiento y la ausencia total del Estado, no será resuelto por la vía militar y el uso de armas de fuego. Sólo puede resolverse con la prestación de servicios básicos y una reforma agraria largamente atrasada. Como un residente de Tacuatí señaló: “yo fui víctima de la dictadura. Ahora me encuentro a mí mismo como una víctima más en la democracia”.
Claudia Pompa es paraguaya, y consultora con extensa experiencia en desarrollo y análisis de riesgo político. Ha trabajo para varias organizaciones internacionales y compañías consultoras en Asia, América Latina, y el Medio Oriente. Colabora con el Programa de las Américas https://www.americas.org/es
Traducción: Clayton Conn
