Luego que el pasado 27 de agosto el presidente colombiano Juan Manuel Santos reconociera que se han “desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto” armado en el país, el colectivo “colombianos y colombianas por la paz” lanzó una propuesta desde la sociedad civil para alcanzar la paz en Colombia. El Programa de las Américas estuvo presente en el lanzamiento de la propuesta de paz y entrevistó a unas de sus voceras, la líder social y política Piedad Córdoba, para conocer sus impresiones sobre este nuevo y ojalá definitivo proceso de paz.
En los últimos meses corrieron rumores de los posibles acercamientos entre el gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, pero finalmente el presidente Juan Manual Santos le salió al paso a las especulaciones en un escueto comunicado en el cual reconoció la existencia de “conversaciones exploratorias con las FARC” y el interés de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN en participar en conversaciones dirigidas a poner fin a la violencia.
También señaló el presidente Santos que cualquier acercamiento deberá basarse, según su gobierno, en tres principios rectores: a) aprender de los errores del pasado para no repetirlos; b) Cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación; c) Se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional (éste último es una clara alusión a la infructuoso proceso de paz emprendido durante el gobierno de Andrés Pastrana en 1998, que concedió una “zona de distensión” para facilitar los diálogos, pero que en la práctica fue usada por las FARC para fortalecerse militarmente).
Ante el comunicado del presidente Santos, el diario El Espectador reveló que los acercamientos entre el gobierno y las FARC se venían planeando de tiempo atrás y se realizó un encuentro en La Habana al cual asistieron un emisario de las FARC, un alto consejero presidencial y el mismo hermano del Presidente, Enrique Santos Calderón. También se ha dicho que los gobiernos de Venezuela y Chile serían los primeros garantes del proceso y los diálogos se realizarían en Cuba y Noruega.
Es muy significativo el anuncio del presidente de un eventual proceso de diálogo, que recoge el clamor de muchos sectores del país y especialmente de quienes padecen la crueldad de la guerra, por la salida pacífica y negociación política al largo conflicto armado colombiano. Una de las organizaciones que recoge esta convicción ciudadana por la paz es el colectivo “Colombianos y Colombianas por la paz”, que con persistencia y en clara contravía de la tesis de la derrota y aniquilamiento militar, son especialmente recordados por su importante mediación para la liberación de policías, políticos, militares y recientemente de un periodista francés quienes estaban, incluso por años, en poder de las FARC. Este solo hecho los convierte no solo en interlocutores sociales necesarios, sino indispensables en cualquier posible diálogo entre el gobierno y las guerrillas.
Un grave riesgo de este proceso que se inicia son las posibles retaliaciones de los enemigos de la paz, con la acostumbrada guerra sucia, los ataques contra líderes sociales, las desapariciones y acciones que buscan minar la confianza ciudadana en la esperanza de una salida pacífica. Al cierre de esta edición y a solo unos días de la confirmación de acercamientos para un diálogo de paz, se presentaron dos acciones violentas con artefactos explosivos en las ciudades de Cali y Popayán, no existen evidencias claras de los responsables de éstos hechos.
La propuesta de paz de la sociedad civil
Como resultado del anuncio presidencial de un eventual diálogo con las guerrillas de las FARC y el ELN, el colectivo “Colombianos y Colombianas por la paz” presentó en rueda de prensa realizada el pasado 29 de agosto, una propuesta llamada “La paz como rehén y la necesidad de un cambio urgente para lograrla” (lea aquí la propuesta de paz). El documento recoge las inquietudes de muchas organizaciones de la sociedad civil en diferentes regiones del país: campesinos, estudiantes, indígenas, trabajadores, organizaciones que agrupan víctimas de la violencia, académicos y otros sectores sociales, que reclaman ser parte de una mesa amplia de negociación de un conflicto que si bien se expresa en las armas, tiene causas estructurales en conflictos sociales históricamente no resueltos, mirando “la realidad del país sin omisiones y sin falsedades”.
El aspecto central de la propuesta empieza por un llamado a reconocer que el conflicto armado es una consecuencia de una compleja situación social que se expresa en hechos como un modelo económico que sitúa a Colombia como una de las sociedades más inequitativas del planeta, los altos niveles de corrupción, la crisis en la administración de justicia, la impunidad en graves casos de derechos humanos que comprometen a miembros de la fuerza pública, el mantenimiento de estructuras criminales paramilitares en comunión con líderes políticos, entre otros factores. Propone el documento como punto de partida “reconocer que el país vive una evidente encrucijada, que cuestiona el modo y el fondo de la política, y que pone ampliamente en duda la construcción de una verdadera democracia”.
La propuesta de “Colombianos y Colombianas por la paz” reconoce que resulta definitivo el apoyo a los esfuerzos del Presidente Santos en la búsqueda de un acercamiento con las guerrillas y coincide con el presidente en uno de los principios rectores que deben alentar el proceso como es “aprender de los errores del pasado”, que llevó al fracaso de anteriores procesos de paz. El último diálogo con las FARC fue sumamente cuestionado por la derecha y sirvió de argumento para una campaña militarista liderada por el gobierno de Álvaro Uribe que entre el 2002 y el último año, ha cobrado por lo menos 75.000 vidas de forma directa asociadas al conflicto armado, de las 186.524 muertes violentas registradas en Colombia en el mismo periodo, según cifras oficiales el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La pregunta obvia es si este cruento resultado no hace obvia la necesidad de una nueva esperanza para la paz.
Advierte la sociedad civil que el cambio de lenguaje es uno de los primeros pasos de estos acercamientos. Se trata de reconocer la existencia política del adversario y tender puentes “entre reconocidas posiciones antagónicas” que den cabida a una necesaria reivindicación de la política sobre las acciones violentas, y la amenaza de las armas desde los dos extremos. Es además un grave riesgo que se inicie un diálogo sin un cese bilateral del fuego, que pueden seguir generando infracciones al derecho internacional humanitario por las acciones armadas de los grupos en contienda.
Uno de los aspectos que señala la propuesta y que sin duda resulta de los más álgidos, es la necesidad de un marco jurídico de justicia transicional más ambicioso que la reciente ley aprobada por el Senado de la República y que se conoce como el “Marco Jurídico para la paz”. A juicio de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, la reciente ley no está concebida como un producto de la concertación o negociación entre las dos partes, además de la supuesta limitación del reconocimiento de los delitos políticos y conexos, necesarios para quienes quieran dejar las armas y que no esperan recibir a cambio un tratamiento jurídico que los reduce a simples terroristas. Este sin duda es un debate amplio no solo en Colombia, sino en todo conflicto armado, que implica sacrificios y poner en la balanza alcanzar la paz a cambio del compromiso de no repetición, verdad sobre los hechos e indulto.
“Colombianos y Colombianas por la Paz” consideran crucial, como resumen de su propuesta, afianzar el proceso exploratorio de diálogos de paz, respetar de manera rigurosa el Derecho Internacional Humanitario en el camino de “humanizar la guerra”, “hacer respetar los derechos de las presas y presos políticos; aplicar medidas paralelas de orden penal nacional e internacional, para abrir espacio a una justicia transicional eficaz que admita y salvaguarde la resignificación de las luchas políticas; debe buscar alianzas para la paz frente a la poderosa diatriba de sus enemigos, e impulsar un nuevo marco político y jurídico de consenso social y transformación que cuente con múltiples voces”.
El necesario cese bilateral del fuego es otra de las condiciones necesarias que advierte “Colombianos y Colombianas por la Paz”, pues permitiría la distensión de un ambiente de militarización, evitar la crisis humanitaria y frenar estrategias de paramilitarización como respuesta al diálogo y con interés económico por el despojo de las tierras.
Habla Piedad Córdoba
La líder social y política Piedad Córdoba, respondió algunas preguntas al Programa de las Américas sobre el acercamiento entre las guerrillas de las FARC y el ELN con el gobierno colombiano. Compartimos con nuestros lectores algunas de las respuestas ofrecidas en la rueda de prensa y en una entrevista realizada con posterioridad al lanzamiento del documento “La paz como rehén y la necesidad de un cambio urgente para lograrla”.
PA: Como representantes de la sociedad civil, ¿Qué garantías le piden al gobierno y los actores en conflicto para esos líderes que en las regiones, en las veredas están hablando [de paz] y se están movilizando en torno a esta propuesta?
Piedad Córdoba: Yo creo que las garantías hay que pedírselas al gobierno colombiano, y las garantían comienzan desde el lenguaje, porque si el gobierno plantea un hecho tan importante como son los acercamientos y posteriormente el lenguaje es de guerra, se pone en mucho riesgo el trabajo y la posibilidad de lo que están haciendo los actores y actoras políticas en la paz. Nosotros no le podemos pedir simplemente a la insurgencia que nos de garantías, las garantías nos la tiene que dar es el Estado colombiano y obviamente, solicitarle y exigirle a la insurgencia que en las regiones no se involucre de ninguna forma también a la sociedad civil y a la comunidad en general.
Por ejemplo, aprovecho la oportunidad para decirle al presidente de la república que retiren las bases militares del casco urbano en el corregimiento de La Julia, en la Uribe (Departamento del Meta), donde además uno de los bunkers [del ejército] está exactamente a 20 metros del colegio de primaria y secundaria, y esos son elementos de mucha confrontación para la misma comunidad en esa región.
Uno en esto tiene que ser muy claro y muy respetuoso, acá hay una primera parte que tiene que ver con los acercamientos, que tiene que ver con la discusión, en la cual el gobierno ya está de acuerdo con la insurgencia de cómo van a adelantarse [los diálogos], dónde van a adelantarse y el gobierno dará a conocer cuáles son los contenidos que ha pactado con la insurgencia, nosotros estamos buscando que la sociedad y el pueblo en general pueda también aportar y que sea parte de la discusión de la negociación […].
La decisión del acompañamiento la toman en su momento las FARC, el ELN y El Gobierno, y creo que […] no se trata si yo [Piedad Córdoba] estoy o no estoy [en los diálogos], yo creo que ya nosotros estamos y lo estamos desde que empezamos a empujar todo el proceso de liberaciones, toda la lucha por el intercambio humanitario, las mujeres por la paz en el mundo, los distintos pronunciamientos que hicimos, el diálogo epistolar, las visitas a las cárceles que ya inclusive llegamos a un acuerdo con el gobierno para comenzar a hacerlas en los próximos días, ahora algunos miembros de Colombianos por la paz están en eso, pero no creo que sea presión ni una forma correcta empezar a incidir en las decisiones del gobierno. […] Nosotros tenemos un espacio ganado, tenemos además un espacio de trabajo supremamente fuerte, lo venimos haciendo, recorremos el país. Ustedes se acuerdan el escándalo que se armó en el Cauca por lo que yo dije del retiro de las bases militares y me imagino que también va a haber reacciones por mi intervención en La Julia más allá de la Uribe [Meta] hace exactamente dos días. Pero tiene que ver con eso, con las decisiones de sacar a los civiles del conflicto y es nuestro trabajo y lo hacemos además con toda la responsabilidad de aportar, la audacia, la propuesta de alternativas y creo que estamos satisfechos con eso.
A nosotros nos satisface que el gobierno haya tomado unas decisiones de nombrar -no sé si es verdad o mentira- a Luís Eduardo (Lucho) Garzón [ex Alcalde de Bogotá], de plantear qué personas van a estar acompañando los diálogos en la Habana o en donde sea y para nosotros eso está bien, porque lo que queremos es la paz, no protagonismos ni tampoco saltos al vacío, ni generación de agendas que no coincidan con lo que quiere, pero nosotros como organizaciones sí vamos a insistir en la posibilidad que nuestras propuestas lleguen a la mesa de negociación.
PA: ¿Cómo lograr que este proceso de paz si sea el exitoso? Ustedes afirman que de no resolverse las causas estructurales del conflicto, seguramente será un proceso de paz más.
Piedad Córdoba: Pues hombre yo creo que lograrlo es como estamos haciendo en este momento, trabajando permanentemente con nuestras reuniones, y además una cosa muy importante: no creo que la paz se construya desde un sillón, cómodamente opinando o descalificando, cuando uno recorre el país se llena de argumentos y se consolida además una agenda de trabajo, nosotros estamos partiendo de la base -y lo dice el documento- de que no se pueden volver a cometer los errores del pasado, uno de ellos el más importante es no haber pactado un cese bilateral al fuego en su momento y haber construido una doble agenda: por un alado fortalecerse para la guerra y por el otro lado mandar un mensaje de posibilidad para la paz, pero a la vez un tercero error creo yo que no se puede volver a cometer es que el pueblo, la nación, la sociedad civil que la conformamos todos, no puede quedar excluida y nosotros vamos a trabajar para ganarnos ese espacio y no permitir que por más dificultades que haya se paren de la mesa de acuerdos y negociación.
PA: Diversas organizaciones de derechos humanos en sus informes en los últimos meses evidencian un crecimiento de las llamadas Bandas Emergentes del Paramilitarismo en diferentes regiones del país, ¿Cómo no repetir el fenómeno de la tristemente célebre Unión Patriótica [movimiento político de izquierda aniquilado violentamente luego del proceso de paz iniciado en el gobierno del conservador Belisario Betancourt en 1985] como uno de los antecedentes que habría que tener en la negociación?
Piedad Córdoba: Y también el ejército ante la institución, que entre otras cosas asesinan a los dirigentes casi en los pies del mismo ministro [de Defensa]. Yo creo que el país y el mundo en general, no están dispuestos a que se repitan fenómenos no solamente de exclusión, sino fenómenos de “matoneo” con relación a quienes hacemos parte de la paz. Nosotros tuvimos oportunidad de pedir una cita a UNASUR esta exactamente el jueves de la semana pasada y en esa cita estamos planteando la solicitud de reunirnos con UNASUR para poner de presente las inquietudes y las preocupaciones que tenemos no solamente como “Marcha Patriótica” [movimiento político y social recientemente creado en Colombia], sino organizaciones que estamos en la búsqueda de una solución política.
Yo no creo que se pueda repetir [el genocidio de la Unión Patriótica] primero porque nosotros no nos vamos a dejar matar tan fácil, no es que vayamos a comprar fusiles o chalecos anti balas, sino que tenemos una fuerza moral y ética en este país para levantarnos por encima de quienes consideran que debemos desaparecer.
En segundo lugar porque nuestro itinerario por el país, nuestra “palabra caminada” significa también apoyarnos en el trabajo con las comunidades para denunciar y para fortalecer ese trabajo, pero además, apenar a la comunidad internacional señalando que se nos quiere asesinar o que se nos quiere lapidar o que se nos quiere estigmatizar en la búsqueda de la paz. Nosotros no somos distintos a ninguno de los que hoy pueden tener la posibilidad de la paz y hablarla, nosotros somos iguales. La diferencia es que nosotros nos hemos mantenido a pesar de las dificultades en el tiempo, buscando un escenario de diálogo para la paz.
PA: Piedad ¿Hay una esperanza de paz para el país en este momento?
Piedad Córdoba: Yo creo que si, pero es una esperanza además que se tiene que llenar de contenido, de esperanza en el trabajo que se tiene que hacer, de posibilidades concretas de construir agendas y sobre todo porque esto oxigena el movimiento popular que ha venido organizándose de tiempo atrás.
PA: Usted estuvo secuestrada hace varios años por Carlos Castaño, el máximo líder de los Paramilitares en Colombia. Recordado ese terrible episodio que casi le cuesta la vida, ¿Qué argumentos frente a la necesidad de paz para el país, no solo le salvaron la vida, sino que siguen siendo vigentes en este momento?
Piedad Córdoba: Creo que lo más importante en la vida es el hilo conductor de sus acciones, la coherencia, el compromiso sigue siendo el mismo. Lo que a nosotros nos acerca a la búsqueda de la paz, a la solución política, es precisamente el afán de acabar con una guerra tan vergonzosa. Es increíble que un país que se dice tan pujante no sea capaz de resolver los diferendos que tenemos como país, como sociedad, como construcción política.
PA: ¿Qué opinión le merece que el mismo Procurador General de la Nación que la destituyó a usted como senadora, cuando fue Magistrado del Consejo de Estado revocó la sanción disciplinaria en segunda instancia contra el hoy detenido General Mauricio Santoyo, quien aceptó cargos por cooperación con los paramilitares y está siendo procesado en los Estados Unidos?
Piedad Córdoba: Lo del procurador contra mí fue un simple montaje, es un espectáculo que él está haciendo porque todo el mundo sabe que él era amigo de toda esta gente de la derecha que les patrocinaba desde lo jurídico todas sus felonías y que ahora quiere limpiarse para seguir en la Procuraduría. Ojala el Congreso tenga consciencia que lo peor que puede hacer es reelegirlo porque va a ser un enemigo total de la paz.
PA: ¿Cuál sería el rol que debería jugar la Procuraduría en un eventual proceso de paz?
PA: El que tiene que tener desde la constitución, menos el que tiene actualmente. [Como principal entidad del Ministerio Público, según el Artículo 118 de la Constitución Colombiana, “al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”].
PA: ¿Qué mensaje le envía usted a quienes la han perseguido, le han estigmatizado y que le ponen el “palo entre las ruedas” a este proceso en una eventual mesa de negociación?
Piedad Córdoba: Creo que el mensaje fundamentalmente es que hay espacio para la discusión y el debate de manera civilizada y a lo que estamos asistiendo es a la resurrección de la política y no a la consolidación de la guerra en la que nos han mantenido de manera tan impresionante durante estos últimos 15 años, desde las propuestas de derecha que ha tenido el país.
Alex Sierra R. Es antropólogo y se ha desempeñado como investigador y consultor independiente en temas como Derechos Humanos, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Políticas Públicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su país durante los últimos 12 años. Es columnista mensual con el Programa de las Américas www.americas.org/es
