El día 29 de diciembre de 2017 comenzó como la mayoría de los días en San Josecito, lugar donde se encuentra el asentamiento central de la Comunidad de Paz de San José deApartadó, en Urabá, Colombia. Los miembros de la comunidad alimentaban su ganado, atendían sus cultivos o ayudaban a clasificar y vender el cacao en su tienda comunitaria, cuando llegó un hombre presuntamente a vender cacao. Unos minutos más tarde se sumaron cuatro hombres más, y los miembros de la comunidad reconocieron a algunos de ellos como parte de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo armado ilegal con creciente poder en la zona.
Esa mañana, de repente los hombres sacaron sus armas intentando asesinar a Germán Graciano Posso, el líder de la Comunidad de Paz. Los miembros del grupo redujeron a dos de los criminales, por suerte desarmando y deteniendo a los hombres y salvando la vida de su líder. Los entregaron a la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía General, pero fueron liberados poco después. A pesar de la cantidad de testigos, el juez alegó que la necesidad de liberar a los hombres se debía a que la Comunidad de Paz no presentó testimonios oficiales. Esto efectivamente era real, dada su ruptura con el sistema de justicia colombiano tras la alarmante tasa de impunidad que han sufrido. Tan sólo cuatro días después, y con la comunidad todavía afectada por el ataque, el gobernador Luis Pérez de Antioquia lo desestimó debido a ser un hecho efectuado por “solo un par de niños”, llegando incluso a afirmar que la comunidad estaba exagerando.
Viví en San José de Apartadó durante todo el 2017 como acompañante internacional de derechos humanos en la Fellowship of Reconciliation Peace Presence (comunidad por la reconciliación de paz). Ubicada cerca de la frontera con Panamá y de la costa del Caribe, la Comunidad de Paz se encuentra en el corazón de un valle que es famoso por su suelo fértil y reservas de petróleo, carbón y otros minerales preciosos.
Urabá sufrió décadas de derramamiento de sangre durante el conflicto armado de Colombia. Como bastión de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante muchos años las fuerzas armadas colombianas y los grupos paramilitares se enfrentaron con la guerrilla y aterrorizaron a la población civil en una constante violación de sus derechos de acuerdo al derecho internacional humanitario. Cuando las FARC ingresaron al proceso de desmovilización y abandonaron esta región rural, fuimos testigos de cómo AGC ganó control territorial e influencia social. Las amenazas contra los miembros de la Comunidad de Paz se incrementaron, yendo desde quejas generales sobre su presencia hasta a amenazas de muerte dirigidas a los líderes, específicamente hacia Germán Graciano Posso y Gildardo Turberquia, que finalmente tuvieron la intención de concretarse en el ataque del 29 de diciembre.
A principios de 2017, comenzamos a ver grupos con marcado comportamiento militar patrullando el área. Vestían trajes camuflajeados con insignias de AGC y portaban armas de gran potencia. También les vimos hablar abiertamente de su objetivo de someter toda la región a su control. Procuraron supervisar los consejos comunitarios locales y potencializar el desarrollo en la zona, en particular para construir carreteras que -la comunidad teme- podrían utilizarse para abrir la zona a la minería en gran escala. Luego fuimos testigos de un cambio hacia tácticas más clandestinas: algunos de los mismos miembros de AGC que habían sido vistos con trajes camufajeados, ahora caminaban vestidos de civil, yendo a las casas de las personas que se resistían a su control, y amenazándolos individualmente. Especialmente a los civiles que lideraban los consejos de la comunidad, a quienes se negaran a cultivar coca, que denunciaran la presencia del grupo o bien se alinearan con la Comunidad de Paz, que la AGC con frecuencia amenazaba con destruir. La Comunidad de Paz emitió varios comunicados públicos sobre esta amenaza, y la oficina gubernamental de Defensoría del Pueblo en Derechos Humanos también envió un informe público sobre el creciente control social y económico de las AGC en la zona.
En el informe, la Defensoría identificó a los líderes Germán Graciano Posso y Gildardo Tuberquia como blancos particulares del AGC. Solo una semana antes de que ocurriera el ataque, la Comunidad de Paz envió un comunicado en el que detallaba que el AGC había amenazado con matar al Sr. Graciano y hacer que pareciera un robo. Esto es exactamente lo que pretendieron hacer el 29 de diciembre. Aunque hubo indignación a nivel nacional -con muchos artículos, entrevistas de televisión y radio, y cartas al gobierno sobre el ataque al Sr. Graciano- el silencio a nivel local encubrió la amenaza que se estaba efectuando por los sicarios del AGC. La Comunidad de Paz continúa emitiendo comunicados sobre miembros de AGC que se mueven libremente en la vía pública rondando su asentamiento y en las áreas rurales circundantes, pero la respuesta militar y policial ha sido mínima. Las patrullas son esporádicas y se han hecho pocos intentos para desmembrar la organización paramilitar, dejando a los 200 miembros de la Comunidad de Paz expuestos a nuevos ataques.
Defensores de los derechos humanos en la mira
La focalización sistémica en los líderes comunitarios se ha convertido rápidamente en un sello distintivo del período desde que se efectuó la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano a fines de 2016. Según las Naciones Unidas, más de 100 líderes comunitarios fueron asesinados en 2017. La evidencia sugiere que son atacados específicamente por su trabajo en derechos humanos. Una parte clave del acuerdo de paz fue la restitución de tierras, y muchos expertos han insistido reiteradamente en la importancia de abordar la distribución desigual de la tierra para poder forjar una paz permanente. Sin embargo, muchas de las personas atacadas han sido demandantes de tierras y activistas comunitarios que bregan por la obtención de los títulos legales de sus propiedades, a menudo en regiones que tienen grandes franjas de territorio carecientes de registros oficiales de propietarios. Sin protección para los líderes sociales y los reclamantes de tierras, no puede haber una paz prolongada en Colombia.
Si bien es difícil determinar quién es responsable por estos asesinatos, la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación muestra que están ocurriendo en regiones históricamente violentas donde el retorno de las FARC a la vida civil dejó un vacío de poder que el gobierno colombiano no ha sabido llenar. Grupos paramilitares ilegales, como las AGC, surgido de la desmovilización fallida de las Fuerzas Unidas de Autodefensa Colombia (AUC) en 2006, han intervenido para asumir el control social, la ocupación territorial y la explotación de los recursos naturales. Hemos sido testigos de esto en San José de Apartadó. En este momento político tenso, mientras Colombia se prepara para votar por un nuevo presidente, las comunidades que han sido más afectadas por las cambiantes dinámicas de poder posteriores a los acuerdos de paz, están incluso en mayor riesgo de violencia.
La responsabilidad del Estado
El cambio de AGC a operaciones más clandestinas hace que sea aún más difícil para el observador casual rastrear las conexiones, pero eso no es excusa para que el gobierno colombiano niegue su presencia. En lugar de desarrollar estrategias para combatir la nueva dinámica imperante en el período siguiente a los acuerdos de paz, muchos funcionarios gubernamentales continúan desestimando la naturaleza sistémica de los homicidios. En diciembre de 2017, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, afirmó que en los casos de asesinatos de líderes sociales que no hubieran sido cometidos por grupos guerrilleros, “la inmensa mayoría ha sido fruto de asuntos sobre límites, sobre faldas, sobre la reivindicación, sobre peleas por rentas ilegales.” Esta sugerencia, de que sólo se tratara de disputas entre vecinos, es inaceptable y debe ser desafiada por la comunidad internacional. El Observatorio de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció los comentarios del Ministro como trivializadores de los ataques y afirmó que sus palabras cuestionan la capacidad del ejército para cumplir con la responsabilidad de garantizar la seguridad a los defensores de los derechos humanos.
El gobierno colombiano tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar a los miembros de grupos armados como las AGC por el asesinato de líderes comunitarios y otras actividades ilegales. Debe reforzar inmediatamente la seguridad pública para desmantelar efectivamente los grupos armados ilegales. Los gobiernos extranjeros que apoyan los acuerdos de paz deben presionarlos para que lo hagan. La Unión Europea emitió recientemente una fuerte declaración llamando públicamente al gobierno colombiano a proteger a la Comunidad de Paz e investigar a fondo el intento de asesinato del 29 de diciembre. El gobierno de Estados Unidos debería hacer declaraciones públicas similares en apoyo a los defensores de los derechos humanos. Hasta que estos líderes estén protegidos y los grupos ilegales controlados, este nuevo período en Colombia puede llamarse en el mejor de los casos, una paz ensombrecida.
Traducido por Viviana Vitulich
Foto de PBI-Colombia
