Un oleoducto corre a lado de la carretera que une la ciudad de Cúcuta al pueblo de Sardinata. La gente empobrecida de la región del Catatumbo en Colombia, al norte del departamento de Norte de Santander, no recibe ningún beneficio de la venta del petróleo que ve pasar frente a sus casas y contaminar a su tierra. UUna tierra que no garantiza la seguridad alimentaria de los habitantes de la región, ya que produce palma africana, la nueva “bonanza” luego de la hoja de coca que alimenta el consumo de cocaína local e internacional. Según el último censo anual de cultivos ilícitos de la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), en 2012 en el Norte de Santander 4.516 hectáreas estaban sembradas con coca.
“Hace diez años entré en crisis: la venta de yuca y maíz ya no me daba para comer. Las carreteras de esta región son muy malas y me costaba más llevar mis productos al mercado de la ciudad que lo que ganaba de su venta”, relata al Programa de las Américas Juan B., campesino del Catatumbo.
El problema de Juan es común entre los agricultores de la zona, penalizados por los Tratados de Libre Comercio que hacen sus productos poco competitivos en el mercado colombiano. Muchos campesinos tomaron la decisión más viable: cultivar coca, planta muy rentable que no se pudre por el camino hacia los mercados locales porque, a diferencia del plátano o la yuca, es recogida directamente en las fincas. El ya citado informe de la UNODC revela que, entre 2011 y 2012, la superficie cultivada con coca en el Catatumbo aumentó 51%, mientras que a nivel nacional los cultivos cayeron 12%. Además, el Catatumbo se convirtió en la región con mejor rendimiento del país.
“Hay mucha estigmatización de los campesinos que cultivamos coca, los medios nos tratan como narcotraficantes y colaboradores de la guerrilla, mientras que para nosotros es la única salida económica”, nos explica José M., cocalero del Municipio de Sardinata.
“No me gusta cultivar coca, sé que causa un problema social y tengo miedo a la represión del ejército, pero no hay otra solución que el estado nos brinde. Hace 5 años producía alimentos, pero con estas carreteras es imposible comercializarlos”.
Los compradores de los cocaleros son los actores del conflicto armado colombiano. “Con la caída del comunismo las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) perdieron su financiación internacional y, aprovechando del vacío de poder creado por el desmantelamiento de los carteles de Medellín y de Cali, entraron en el negocio, controlando zonas de cultivos y laboratorios”, dice Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes de Bogotá.
Explica que los actores armados, tanto la guerrilla como los paramilitares, están involucrados en el tráfico de drogas, de distintas maneras.
“Las FARC y, más recientemente, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) están involucradas sólo en las primeras etapas de la producción, es decir el cultivo de hoja de coca y su transformación en pasta. En algunas zonas llegan hasta producir cocaína, y han establecido alianzas estratégicas con narcotraficantes para sacarla del país. Al contrario, los paramilitares y las Bacrim (Bandas Criminales), que son un reducto de ellos, están vinculados directamente con el narcotráfico. Son ellos mismos que llevan la cocaína afuera de Colombia”.
Históricamente la presencia de la contrainsurgencia en el Catatumbo ha sido escalofriante, se estima que en la región han sido asesinadas más de 11,000 personas, realizadas más de 60 masacres y 14,000 han sido desplazados violentamente.
La fumigación y erradicación manual
Los campesinos son los que perciben la menor ganancia en la cadena desde la producción hasta la venta en las calles de la cocaína, y viven bajo el riesgo de ser procesados por el Estatuto Nacional de Estupefacientes (ley 30 de 1986), que tipifica como delito la siembra y financiación de los cultivos de uso ilícito. Las familias cocaleras están también expuestas a las consecuencias de las aspersiones aéreas con el glifosato Roundup, un herbicida producido por Monsanto que se utiliza para acabar con las matas de coca.
Este tipo de fumigación está prevista por el “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” – también denominado “Plan Colombia” -, que desde 2000 regula la cooperación militar entre Estados Unidos y el país suramericano en su lucha contra el narcotráfico. El plan se ha hecho tristemente célebre por su énfasis militarista y represivo, y sólo el 20% de sus recursos se destinan a programas de prevención y tratamiento para adicciones.
El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (PECIG) ha sido reglamentado por el Consejo Nacional de Estupefacientes desde el 1994 y está a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Colombia es el único país del mundo que fumiga con glifosato los cultivos de uso ilícito, una superficie que comprende, anualmente, más de 100,000 hectáreas.
“La aspersión ha sido muy dañina para la salud, además de ser ineficiente en término de reducción de este tipo de cultivos”, afirma Londoño. “Nuestra investigación encontró que en las zonas de aspersión hay más problemas dermatológicos y una mayor tasa de abortos. Otros trabajos revelaron efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la confianza en las instituciones del estado de las personas que tienen fumigaciones en sus municipios”.
La región de Catatumbo también ha sufrido las consecuencias de otra estrategia que el gobierno colombiano está utilizando para acabar con los cultivos ilícitos–la erradicación manual de las plantas. En 2012, la erradicación manual afectó a más de 30 mil hectáreas, llevada a cabo por equipos de civiles usualmente acompañados por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Es una estrategia poco eficaz, siendo que el día siguiente los cultivadores pueden resembrar la coca, creando un circulo potencialmente infinito. Además, muchos erradicadores han muerto por pisar las minas antipersonales sembradas en las parcelas por guerrilleros y paramilitares.
“Fui victima de erradicación por primera vez al principio de 2010”, relata Nancy, cocalera del Municipio de Sardinata. “Los erradicadores venían cada 3 meses, al día siguiente nosotros resembrábamos y luego llegaban a erradicar otra vez. Así vivimos durante 3 años, hasta junio de 2013 cuando, después de una grande campaña de erradicación, los campesinos de la zona empezamos a movilizarnos”.
La movilización de los cocaleros catatumbenses
Con su movilización, los cocaleros catatumbenses – que, según la UNODC, en un 70% quieren soluciones alternativas al cultivo de coca – pedían financiamiento del gobierno para otras actividades económicas.
“Nuestra reacción fue la respuesta a años y años de represión y abandono estatal. Por incumplimiento de algunos acuerdos y después de una campaña de erradicación forzada que dejó a los agricultores literalmente sin comer, empezamos a bloquear las carreteras. En menos de tres días llegaron más de 20 mil campesinos, prácticamente toda la región entró en paro”, relata Leonardo Rojas Díaz al Programa de las Américas, representante de Ascamsat (Asociación Campesina del Catatumbo) en la mesa de interlocución con el gobierno.
Después de 53 días de paro de vías y choques con el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), que cobraron 4 muertos entre los campesinos y centenares de heridos, el gobierno abrió una mesa de negociación con Ascamcat. “Uno de los acuerdos firmados prevé la reparación de las 400 familias victimas de erradicación forzada, y se negociaron inversiones estructurales”, explica Rojas Díaz.
Según ella, “La sustitución de los cultivos debe ser social, gradual, concertada, ambiental y estructural. Nosotros proponemos desarrollar los cultivos de coca en términos industriales para la producción de cremas, analgésicos, tés y ron.”
El último punto de las negociaciones es “la propuesta de crear una Zona de Reserva Campesina, una figura jurídica que garantiza algunos importantes derechos a los campesinos, como la formalización de la propiedad de la tierra – en siete municipios del Catatumbo”, señala Rojas.
Se esperaba que el 20 de marzo pasado el Incoder (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) declarara la creación de la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo. Sin embargo, la Procuraduría General de la República paralizó el proceso por la interposición de una tutela y una demanda de inconstitucionalidad.
“El Gobierno sabe que tiene hasta la primera semana de mayo para evitar que se desate otro paro en el Catatumbo”, declaró César Jerez, vocero de los campesinos del Catatumbo y líder de ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina). El
Orsetta Bellani (@sobreamerica) es periodista que cubre América Latina. Escribe, entre otros, para el Boletín Américas del Programa de las Américas www.americas.org/es
