Los seis muertos en una manifestación en El Alto, Bolivia en la que militantes del MAS atacaron la alcaldía escudados en una manifestación de padres de alumnos, merece una reflexión sobre la cooptación y la manipulación de movimientos sociales por el Estado.
En la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración de un referendo para decidir si Evo Morales se puede presentar a una segunda reelección, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía de El Alto, desbordó un escaso cordón policial y un grupo de cien manifestantes ingresaron por la fuerza al recinto provocando un incendio en el que murieron seis personas.
El relato periodístico de los hechos muestra la relación entre los manifestantes y el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). “El edificio fue asediado desde las 8 de la mañana por los violentos manifestantes, en su mayoría padres de familia, liderados por ex autoridades municipales y militantes del partido oficialista MAS. Los atacantes cercaron la alcaldía alteña e ingresaron violentamente a las oficinas para quemar documentos, computadoras y mobiliario” (Bolpress, 17 de febrero de 2016).
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcelo Elío, acusó a la alcaldía de El Alto de haber perpetrado un “autoatentado”. De forma inmediata en las redes sociales circularon fotografías de los cabecillas que incendiaron la alcaldía y provocaron las muertes, en las que destacan “ex candidatos del MAS y dirigentes de ´movimientos sociales´ afines al gobierno como Braulio Rocha, entre otros”.
La alcaldesa Soledad Chapetón identificó a funcionarios de la gestión del ex alcalde Édgar Patana (del MAS) en la violenta movilización. Explicó que el ataque, saqueo y quema de documentos tiene relación con la proximidad del fallo judicial sobre 120 funcionarios “fantasmas” que cobraban su sueldo pero no iban a trabajar, bajo la gestión de Patana (La Razón, 17 de junio de 2015).
Poco después, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó lo ocurrido y anunció una inmediata investigación para encontrar a los culpables intelectuales y materiales. Al día siguiente el Ministerio de Gobierno informaba que Rocha había sido detenido, al igual que Wilmer Sarzuri Apaza, excandidato del MAS a concejal de El Alto, por su presunta participación en los hechos que se saldaron con la muerte de seis personas.
Rocha fue acusado en varias oportunidades de ejercer violencia contra sus adversarios sindicales en la organización de comerciantes de El Alto. Los medios aseguran que “en las pasadas elecciones municipales, Rocha apoyó a Édgar Patana del MAS y cuando ganó Chapetón la amenazó con ser ´su peor pesadilla´”. Según testimonios de los vecinos, padres de familia y funcionarios municipales, “los responsables de los desmanes fueron personas infiltradas cercanas a Braulio Rocha, al exalcalde Édgar Patana y a otras personas afines al MAS” (Página Siete, 19 de febrero de 2016).
En paralelo, fue destituido el comandante de Policía de El Alto, ya que la alcaldía cercada desde la 8 de la mañana pidió auxilio policial que llegó varias horas después cuando el recinto ya estaba en llamas. Este retraso parece estar mostrando la connivencia del aparato estatal con los manifestantes ligados al gobierno.
En las elecciones municipales de 2015 la alcaldía de El Alto fue ganada por Soledad Chapetón con el 55% de los votos. Es la primera ocasión en que una mujer ejerce la alcaldía y además lo hace en nombre de la oposición (pertenece al partido Unidad Nacional, de derecha). Para el MAS fue una derrota impensable en uno de sus principales bastiones, la ciudad aymara de un millón de habitantes protagonista de las principales luchas populares contra el neoliberalismo. Desde que Evo Morales es presidente es la principal derrota electoral de su gobierno.
Una vieja práctica perfeccionada
Los hechos de El Alto muestran algunas particularidades del gobierno de Morales: de la cooptación y subordinación de los movimientos sociales se pasó a la utilizarlos contra sus adversarios políticos, pero también contra otros movimientos de base.
Las relaciones entre Estado y organizaciones sociales siempre han sido problemáticas a lo largo de la historia. Tanto los gobiernos socialdemócratas como los nacidos de revoluciones, intentaron subordinarlas ofreciendo cargos a sus dirigentes para garantizar la fidelidad de los movimientos a sus proyectos políticos. Sobre esta cuestión –que se ha dado en llamar “cooptación”- existe una larga tradición en las izquierdas del mundo.
Más recientemente, desde la implantación del modelo neoliberal, los gobiernos de derecha comenzaron a utilizar a los movimientos sociales como una suerte de brazo de sus políticas. En el Cauca de Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe utilizó “movimientos indígenas” creados desde su gobierno para enfrentar al movimiento nasa que había adquirido una fuerza considerable y estaba colocando a los terratenientes a la defensiva[1].
Dos organizaciones surgieron desde arriba, Asonasa y OPIC. Según Manuel Rozental, “Asonasa es una organización cristiana fundamentalista, penetra el territorio, aprovecha la pobreza y la angustia de la gente, promete y trae recursos a cambio de que comuneras y comuneros indígenas abandonen la organización”.
Ambas reciben apoyo del gobierno. “La OPIC (Organización Pluricultural de los Pueblos Indígenas de Colombia), recibe todo el respaldo del gobierno, que organiza su lanzamiento en el Coliseo de Popayán con presencia del Ministro del Interior. La OPIC pretende dividir al proceso indígena en el Cauca, quitarle legitimidad y recoge una estrategia económico-religiosa”[2].
En Chiapas la contrainsurgencia militar ha conseguido subordinar a varias organizaciones campesinas para utilizarlas contra las bases de apoyo del EZLN, como quedó palpablemente demostrado a raíz del asesinato del maestro Galeano (José Luis Solís López) en La Realidad, por integrantes de la Central Independiente de Obreros y Campesinos-Histórica (CIOAC-H) el 2 de mayo de 2014.
No es el único caso, pero es probablemente el más grave y reciente. Buena parte de la lucha contrainsurgente en Chiapas reposa en este tipo de organizaciones más que en los militares, ya que de ese modo se busca instaurar la confusión y pretender que se trata de enfrentamientos entre campesinos.
Lo que sucede en Bolivia tiene algunas particularidades, ya que se trata de un gobierno que se reclama de “los movimientos sociales”. El gobierno ha creado un Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales ocupado por Alfredo Rada. La página web del Ministerio de la Presidencia dice que el organismo se propone “empoderar a las organizaciones sociales y sociedad civil en su participación político y social, en el proceso de cambio” y además “consolidar la participación efectiva y corresponsable de los movimientos sociales y la sociedad civil en la construcción del Estado Plurinacional”[3].
No es común que un gobierno tenga una repartición dedicada a los movimientos. El gobierno boliviano ha podido influir en los movimientos, no sólo a través de la cooptación de sus núcleos de dirigentes sino de modo más directo, incorporándolos a su proyecto político. Pero el verdadero rasgo distintivo se hizo visible en 2011, durante la marcha en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure)[4].
El gobierno pretendía construir una carretera que atravesaba el parque poniendo en riesgo la economía de sus habitantes más antiguos, pero los ocupantes recientes (dedicados al cultivo de coca, o sea cocaleros), apoyaron la iniciativa por conveniencia económica. Las organizaciones indígenas CONAMAQ y CIDOB[5] apoyaron la octava Marcha por la Defensa del TIPNIS que comenzó el 15 de agosto de 2011 en Trinidad, hacia La Paz.
El gobierno movilizó a los cocaleros, que integran la CSUTCB[6], pare frenar a los marchistas. El politólogo Luis Tapia destacó que “se han movilizado algunas organizaciones campesinas contra una marcha indígena, y han operado como un brazo represivo del Estado”[7]. Sostiene que quienes se movilizaron son quechuas y aymaras que bloquearon y asediaron la marcha, “política y discursivamente”, y encarnan la expansión del capital comercial en la zona.
De hecho, el enfrentamiento entre cocaleros y defensores del TIPNIS fue entre organizaciones que antes estaban en el Pacto de Unidad que sostuvo durante los primeros años al gobierno del MAS. De este modo el gobierno tomó partido por una parte de los movimientos más afines y los utilizó para atacar a los que enfrentaban su política. La socióloga Silvia Rivera asegura que, de la mano del MAS, se produjo “la reedición de los estilos políticos del viejo MNR”, que consistieron en “la división de las organizaciones sociales y el prebendismo”[8].
A través de organizaciones afines, como el CONISUR (Consejo Indígena del Sur), el gobierno promovió una “contramarcha” para defender la carretera, que tuvo muy poca repercusión y escaso apoyo popular (mientras la octava marcha fue recibida por cientos de miles de personas), pero los marchistas recibieron el apoyo material de los sindicatos y del gobierno que puso autobuses a su disposición.
Efecto boomerang
Los hechos de El Alto sucedieron en un contexto de elevada crispación social y política, a cuatro días de un referendo decisivo para el futuro de Evo Morales y el MAS, en el que se decide la posibilidad de una nueva reelección, que llevaría la presidencia del cocalero hasta 2025, casi 20 años ininterrumpidos en el poder.
El riesgo de manipular a unas organizaciones contra otras, está a la vista. Antes de eso, es necesario recordar los “golpes de Estado” dados por el gobierno contra CONAMAQ y CIDOB para expulsar a los líderes contrarios a su política y colocar en su dirección a los afines[9]. La manipulación de las organizaciones forma parte de una cultura política que los dirigentes medios y hasta las bases del MAS practican habitualmente, a veces con “excesos” como los del El Alto.
Raúl Prada es sociólogo, integró el grupo Comuna junto al actual vicepresidente Álvaro García Linera, fue miembro de la Asamblea Constituyente en 2006 y viceministro de Planeación Estratégica en 2010. En un artículo titulado “El acabose de un gobierno tramposo”, escribe: “Lo que ha ocurrido en la ciudad de El Alto, a apenas a tres días del referéndum, es un suceso más de lo que ha venido ocurriendo, por lo menos, en el último quinquenio” (Bolpress, 17 de febrero de 2016).
Argumenta que “un partido que se pretende partido-Estado, ha monopolizado el control de las instituciones del Estado y de los órganos de poder, además de la subordinación ilegal de las instituciones de emergencia del Estado, los aparatos armados, de la policía y las fuerzas armadas”. Por esa razón, dice Prada, durante horas transcurrió “una marcha de militantes del MAS, que atacan a una alcaldía donde se instaló el gobierno municipal por medio de elecciones”, sin reacción de las autoridades.
La conclusión de Prada es muy fuerte, pero la formula alguien que conoce desde dentro el aparato estatal bajo el actual gobierno: “Este panorama no es otra cosa que el teatro cruel de la decadencia política, ética y moral de una forma de gubernamentalidad clientelar”.
Un reporte de agencias sostiene que en las calles de El Alto la gente está muy indignada y comenta: “Es una advertencia de la gente del Evo, nos están amenazando, nos están insinuando lo que pueden hacer si los sacan del gobierno” (Bolpress, 17 de febrero de 2016).
[1] Introducción a “Contrainsurgencia y pobreza”, Desdeabajo, Bogotá, 2010.
[2] Idem.
[3] En http://www.presidencia.gob.bo/index.php
[4] Raúl Zibechi, “Bolivia: Un nuevo triunfo de la gente común”, 23 de octubre de 2011 en https://www.americas.org/es/archives/5629
[5] Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia.
[6] Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
[7] Luis Tapia, “Los pueblos de tierras bajas como minoría plural consistente”, en La victoria indígena del TIPNIS, La Paz, 2012, p. 288.
[8] Silvia Rivera Cusicanqui, Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS, Plural, La Paz, 2015, p. 24. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) fue el partido hegemónico surgido de la revolución de 1952 que desde el poder cooptó a las organizaciones sociales.
[9] Raúl Zibechi, “Desarrollismo y movimientos sociales en Bolivia”, 20 de noviembre de 2014 en https://www.americas.org/es/archives/13517
