Seca bajo el sol la ropa colgada frente a las aulas de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sus 500 alumnos interrumpieron las clases desde el ataque que el pasado 26 de setiembre causó la muerte de cuatro estudiantes y la desaparición de 42. Ahora en las instalaciones de la escuela, a lado de los alumnos, viven los padres de los estudiantes desaparecidos y algunos activistas solidarios. Desde allí organizan sus actividades, día tras día, sin parar: marchas, plantones, encuentros públicos, caravanas, asambleas.
Fue entre los edificios de esta escuela normal rural, fundada en 1926 en un terreno expropiado a un terrateniente, que los padres de los alumnos desaparecidos decidieron hacer un llamado a boicotear las elecciones del 7 de junio próximo. Y fue aquí que el pasado 14 de marzo se llevó a cabo la Asamblea Nacional Popular, que decidió tomar las sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) de todo el país, en repudio a las elecciones y en el marco de la decima Acción Global para Ayotzinapa del 26 de marzo. La decisión fue reafirmada en la Segunda Convención Nacional Popular el 11 de abril en que decidieron boicotrear las elecciones “que cuenten con las condiciones apropiadas para dicha acción”.
“Estamos convocando a la sociedad a que no acuda a estas elecciones. Los candidatos están respaldados por delincuentes, votarlos sería votar por la misma delincuencia organizada”, explicó Felipe de La Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En junio el pueblo guerrerense será llamado a elegir alcaldes, diputados y el gobernador. En una entrevista con el periódico español El País, el actual gobernador interino del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega, admitió la existencia de infiltraciones de la criminalidad organizada en el mundo político y judicial. Según Ortega, los criminales financiaban las campañas de los partidos hasta que se dieron cuenta que ellos mismos podían convertirse en políticos.
“Si les da miedo a los de fuera, imagínese a los que vivimos ahí todos los días”, afirmó el gobernador.
La crisis de credibilidad de las instituciones ha sido públicamente reconocida también por Flavio Galván River, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y por al menos dos de los nueve consejos distritales del INE de Guerrero. El 16 de diciembre pasado, el consejo distrital 07 publicó en el diario El Sur de Acapulco un desplegado donde admitió que no existen las condiciones para llevar a buen fin el proceso electoral. De todos modos, según el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, las elecciones en Guerrero se realizarán.
El llamado al boicot electoral que surgió de la escuela normal rural de Ayotzinapa no propone sólo la abstención, sino la creación de las condiciones que lleven a un paro general y a la caída del gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde el octubre pasado, en Guerrero se está también impulsando una alternativa al actual sistema partidista.
“En el estado se conformaron Consejos Populares Municipales con la idea de generar un proceso de construcción política desde abajo, que establezca espacios donde se tomen decisiones colectivamente”, relata Román Hernández Rivas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que trabaja con los alumnos de Ayotzinapa y las familias de los normalistas desaparecidos.
“Los estudiantes están buscando otros espectros de posibilidad organizativa asociados con la auto tutela de los derechos. Se trata de garantizarlos a sí mismos sin pasar por las estructuras del estado”.
Hasta ahora, más de 20 de los 81 ayuntamientos de Guerrero han sido tomados por la población. En seis de ellos -Ayutla de los Libres, Tlapa, Olinalá, San Luis Acatlán, Teconapa y Tixtla- ya están conformados los Consejos Populares Municipales y los alcaldes siguen operando en edificios alternos.
“Estos consejos se están impulsando en territorios con población indígena y tienen una base jurídica en el Convenio 169 del OIL, en el artículo 2 la Constitución y en la ley 701 del Estado de Guerrero”, explica Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. “El objetivo es construir autonomía y la respuesta la ofrecen los pueblos indígenas a través de su sistema organizativo, de allí se está retomando la idea de los consejos. Se está debatiendo sobre que tipo de estructura darles, es una alternativa que todavía está en discusión en las comunidades. Es un proceso que necesita de tiempo; los caracoles zapatistas no se formaron en 3 meses”.
Orsetta Bellani @sobreamerica es periodista independiente y colaboradora con el Programa de las Américas www.americas.org/es
