La Constitución de El Salvador prohíbe la privatización del agua y ordena que este recurso se mantenga como un “bien común”. Sin embargo, los tres partidos de derecha que luego de las elecciones de marzo tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, junto a la empresa privada, están impulsando en el parlamento salvadoreño la creación de un organismo capaz de decidir y controlar sobre la distribución del recurso en el país controlado por ambos.
“El agua no puede ser privatizada por Constitución, pero sí pueden privatizar en la práctica el organismo que va a administrar el agua y eso es peligroso… No van a necesitar privatizar el agua, sino que de hecho lo que van a hacer es privatizar su distribución y con esa base van a privilegiar intereses de ganancia, de negocios y no los intereses del servicio a la ciudadanía”, señaló el diputado por el partido Cambio Democrático, Juan José Martel.
La propuesta que está en la mesa, que cuenta con los votos suficientes para ser aprobada, dicta la creación de una junta o ente rector que dirija la actual Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que distribuye el agua y que esté conformada por dos representantes del sector privado, dos representantes del consejo de alcaldes (COMURES), ahora dominado por los partidos de derecha, y un representante del gobierno salvadoreño, designado por el presidente de la República.
“La ley trata de monopolizar el control del agua. En sus decisiones, esta junta directiva va a ser el organismo máximo de toma de decisiones, dominado por los partidos de derecha, que dependen de la empresa privada”,dijo Mauricio Sermeño, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.
Al respecto de las acusaciones y señalamientos de organizaciones civiles, de muchos ciudadanos, y de las iglesias protestantes y católica, contra la intención de la empresa privada y los partidos de derecha de privatizar el recurso y controlar su distribución, representantes del partido ARENA aseguran que no hay ninguna intención de privatizar el agua, sino que la propuesta es para mejorar o garantizar que todos los sectores del país tengan acceso al líquido.
“La Constitución lo prohíbe, esta es una falsa noticia que se ha difundido… Lo que hemos dicho siempre es que este recurso debe estar disponible a la mayor cantidad de salvadoreños. Estamos en un período preelectoral y se acostumbra en períodos preelectorales levantar estribillos, consignas con propósitos que todos conocemos. Nosotros no estamos de acuerdo ni en privatizar el agua, ni en politizarla”, dijo el presidente del parlamento salvadoreño y líder del partido de derecha ARENA, Norman Quijano.
En un breve mensaje, al respecto de las discusiones y protestas por la ley del agua, el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, dijo que el gobierno no permitirá que se privatice ni el agua, ni la distribución de la misma.
“Tenemos una amenaza muy seria y como Gobierno no vamos a permitir que se privatice el agua, vamos a luchar. Estamos de acuerdo en que hay que administrar de mejor forma el agua, porque es un bien para todos y hay que administrarlo bien, pero el ente rector que va a administrar el agua, no tiene que estar dominado por el sector privado”, dijo el presidente salvadoreño.
Las discusiones para la aprobación de una Ley General de Agua en el parlamento salvadoreño llevan poco más de 20 años. La Comisión de Medio Ambiente, formada por partidos de izquierda y derecha, de la legislatura que finalizó su período en abril de este año aprobó cinco artículos; uno de estos, es el que habla sobre la creación del ente rector para la administración del agua. Estos cinco artículos aprobados fueron tomados del borrador de ley que presentaron en la Asamblea Legislativa los partidos de derecha y la empresa privada.
Motivos ocultos
Ante la noticia de que los diputados retomarían las discusiones, organizaciones civiles, representantes de universidades y hasta la Iglesia Católica, pidieron al parlamento que les permitiera participar en las reuniones para garantizar que se mantendrá la premisa de que el agua es un derecho humano y un bien común para los salvadoreños.
Sin embargo, estos sectores denuncian que los diputados se han negado y a que además, están mintiendo cuando dicen que el borrador de ley ha sido redactado con base a opiniones de expertos en el tema y con la participación de las organizaciones civiles o expertos en materia de derechos humanos y recursos naturales.
“Los diputados mienten, porque la propuesta de la Ley Integral del Agua… fue elaborada por un ‘comité de técnicos expertos’ conformado por personas escogidas por la gran empresa privada. Las decisiones que se están tomando en torno al agua, hay que ubicarlas en el contexto de la recuperación de la hegemonía política por parte de la derecha, encabezada por el partido ARENA, partido comprometido con el neoliberalismo que ha traído enormes beneficios para los empresarios”, señaló el rector de la Universidad Centroamericana UCA, Andreu Oliva, en el editorial “Mentira sobre mentira”.
Sermeño de la UNES también dijo que las organizaciones sociales han solicitado a los diputados que, en la directiva que se pretende crear, se incluya a representantes de otros ministerios de gobierno, como Medio Ambiente, Salud y Economía y a representantes de organizaciones campesinas, indígenas y de comunidades para que se garantice que no haya ningún intento de privatizar el agua. Sin embargo, estas peticiones no han sido escuchadas.
Como sucede pocas veces en el país, las iglesias protestantes y católicas se han unido a las organizaciones sociales para protestar por el intento del control del agua. Tanto pastores y sacerdotes han hecho un llamado a sus feligreses para que se unan para proteger el recurso. El cardenal salvadoreño dijo que el hecho de darle el control de la distribución del recurso a la empresa privada es una acción que permitirá la privatización del agua.
“Sería gravísimo que el agua no estuviera a disposición de los pobres, porque sería condenarlos a muerte. Se debe pensar en los más pobres. La intención de la iglesia católica es de defender la vida. En esta propuesta que se está discutiendo, la empresa privada tiene la mayoría, eso se llama privatización. No hay ningún interés político de nuestra parte, sino de apoyar a los más necesitados”, dijo el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez.
Un bien desprotegido
Entre 2001 y 2013, la Asamblea Legislativa ha recibido unas cinco propuestas de borradores sobre la ley de agua, de parte de organizaciones civiles y hasta del Medio Ambiente. Ningún artículo de estos documentos ha sido incluido en los cinco artículos aprobados el año pasado y sobre los cuales se ha tomado la discusión entre los diputados.
Una de estas propuestas dice que debe regularse lo relacionado a la explotación del recurso y al abuso de empresas privadas que se están lucrando del uso del agua, porque el país no cuenta con una ley o un reglamento que regule a estas empresas.
En 2015, la Alianza por la Solidaridad y el Foro Nacional del Agua, dos organizaciones no gubernamentales salvadoreñas, denunciaron que la empresa ILC-Sab Miller, que produce la famosa bebida Coca Cola, ha estado aprovechando y explotando el recurso para producir y comercializar sus bebidas. Advirtieron además, que al no crear un marco regulatorio para esta empresa, habrá una reducción considerable del manto acuífero en los próximos años.
Según el estudio presentado por estas organizaciones, mientras la empresa produce unas 100 mil cajas de la bebida carbonatada por día, el 40 por ciento de las familias que viven en los alrededores de Nejapa, zona de ubicación de la planta de producción, carecen de suministro de agua.
Además, recientemente, pobladores de los alrededores del lago de Coatepeque, al occidente de la capital salvadoreña, denunciaron su preocupación porque el nivel del agua de la zona ha bajado considerablemente, debido a que hay empresas que están extrayendo agua para comercializarla en los alrededore del lago.
David Ramírez, jefe de guardarecursos de la Fundación Coatepeque, dijo al periódico La Prensa Gráfica, que dos empresas están extrayendo a diario del lago miles de litros de agua y que además, ambas perforaron dos pozos en lugares donde se encuentran nacientes de agua que alimentan el lago.
Mientras las discusiones continúan en el parlamento salvadoreño, empresas como la Sab Miller y las que comercializan con el agua, seguirán explotando y aprovechándose del recurso, debido a la falta de regulación para estas y en consecuencia, poco a poco, se irán agotando los nacimientos naturales que son explotados, como lo ha advertido el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos años.
