Como resultado de la primera vuelta presidencial en Colombia el pasado 25 de mayo, es evidente que la ganadora (como en todas las elecciones históricas del país), fue la abstención, que pasó del 50,7% al 59,72% con respecto a las elecciones presidenciales del año 2010. Fueron 19,7 millones de colombianos que estando habilitados para votar, no lo hicieron. Oscar Iván Zuluaga obtuvo 3,7 millones de votos (29,26%) y Juan Manuel Santos 3,29 millones de votos (25,66%).
El crecimiento en casi 10 puntos de la abstención se explica en la frustración ciudadana frente a un discurso de desarrollo y superación de la pobreza que parece existir solo en los informes gubernamentales; un modelo de desarrollo que cifra sus esperanzas en la minería extensiva en detrimento del agro, los bosques y el agua; un sistema financiero indolente que produce ganancias históricas superiores al 45% y que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico; y por supuesto, la bochornosa campaña negra que ronda a los dos candidatos que puntean la contienda electoral.
El recambio político en Colombia es nulo si se tiene en cuenta que los dos candidatos potencialmente presidenciables provienen de la misma “casta” política que mantuvo en el poder entre el 2002 y 2010 al expresidente Álvaro Uribe Velez (hoy convertido en Senador de la República desde el pasado mes de marzo). Juan Manuel Santos, actual presidente que busca la reelección fue Ministro de Defensa en el gobierno de Uribe y Oscar Iván Zuluaga fue su Ministro de Hacienda.
Una incómoda alianza
El conveniente matrimonio que pretendía perpetuar en la sombra el poder de Uribe Vélez en un gobierno títere de Santos entre 2010 y 2014, se fracturó por la distancia que tomó Santos de Uribe ante los escándalos de corrupción y nexos con el paramilitarismo que estallaban cada semana en Colombia, en medio de una pasmosa impunidad, los líos judiciales de sus colaboradores más cercanos y la salida del país de dos personajes centrales: la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad DAS María del Pilar Hurtado (Agencia de seguridad e inteligencia que perpetró todo tipo de seguimientos, interceptaciones ilegales y oscuras alianzas con paramilitares para sacar del camino a los disidentes) y el excomisionado de paz, Luís Carlos Restrepo, señalado de liderar falsos procesos de desmovilización de grupos subversivos y paramilitares.
Pero el tema que más distanció a Uribe del hoy Presidente – candidato Juan Manuel Santos ha sido el anuncio de un proceso de paz y los consecuentes diálogos en la Habana con la guerrilla de las FARC que ya dan frutos en tres temas centrales: a) una reforma agraria integral; b) la participación política de los excombatientes de las FARC, que en esencia reconoce su estatus político y c) la solución al problema de drogas ilícitas, que implica el tácito reconocimiento del fracaso del modelo actual de lucha contra el narcotráfico.
Los diálogos de paz zanjaron una distancia de Santos con Uribe, en una polarización política donde la extrema derecha solo concibe una derrota militar y el aniquilamiento de las guerrillas como salida a un conflicto que supera los cincuenta años y millones de víctimas. El pragmatismo de Santos, su origen familiar de élite ilustrada propietaria del periódico más antiguo de Colombia y sus ganas de pasar a la historia como el presidente que logró la paz en Colombia, difiere de una concepción de gamonal de Uribe Vélez donde el poder se ejerce de manera draconiana y se entiende el país como una gran finca donde los ciudadanos se parecen más a cabezas de ganado, que a seres humanos.
La nefasta política del ‘todo vale’
La incomodidad que expresan la extrema derecha, algunos sectores de los militares y líderes políticos guerreristas encabezados por Uribe Vélez, se traduce en una permanente búsqueda por desinformar a la ciudadanía mostrando el proceso de paz como un retroceso en la seguridad del país y la impunidad que llevaría de inmediato a los líderes guerrilleros al Senado de la República. A la desinformación se suma el evidente cansancio de la sociedad colombiana a una guerrilla que como toda organización armada, comete abusos contra la sociedad civil y desvirtúa su discurso en la convivencia con el narcotráfico y la criminalidad.
Uribe Vélez distanciado de su otrora ministro y aliado Juan Manuel Santos, creó un movimiento político con el ambiguo nombre de “Centro Democrático” (ni son de centro ni son democráticos), y buscó entre sus alfiles políticos quien pudiera ejercer a cabalidad el rol de marioneta que Santos no cumplió, por lo cual acudió a Óscar Iván Zuluaga, el mismo que ganó este domingo la primera vuelta presidencial con 3.7 millones de votos y el 25,66% de los votantes (recordemos que “ganamos” los abstencionistas, pero en la práctica sigue perdiendo el país).
En los últimos meses son varios los escándalos que enlodan a los antiguos aliados: la acusación que hizo Uribe de una posible financiación de la mafia a la candidatura de Santos en el año 2010 (que de hecho compromete al mismo Uribe Velez), pero tal vez por eso mismo no pasó de ser un aspaviento soberbio desde su cuenta de twitter, que luego no fue capaz de sostener con pruebas frente a la Fiscalía General.
Por su parte y gracias a investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y de medios como la revista Semana, se puso en evidencia que desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga se habrían contratado expertos informáticos para interceptar fraudulentamente las comunicaciones del presidente Juan Manuel Santos, y más grave aún, obtener información del avance de los diálogos en la Habana entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC para hacer todo tipo de propaganda negra contra el proceso de paz.
Uno de los antiguos colaboradores de la empresa criminal que hacía las interceptaciones, filtró a los medios un video donde salen Zuluaga, su aliado de campaña y exembajador de Colombia en la OEA durante el gobierno de Uribe, Luis Alfonso Hoyos y el mismo hacker que hoy está detenido por la Fiscalía General de la Nación; reunidos y compartiendo información clasificada sobre el proceso de paz.
En otros contextos estas conductas habrían provocado la indignación ciudadana y precipitado la renuncia del candidato Zuluaga, pero en Colombia y haciendo uso del mayor cinismo, el candidato salió a decir que el video era un “montaje” y obtuvo el primer lugar en las elecciones del pasado domingo, que lo deja como un fuerte candidato a la presidencia.
El retorno del fantasma de la ‘seguridad democrática’
En Colombia se recuerda el gobierno de Uribe Vélez por su carrera militarista y de aniquilamiento de las guerrillas a sangre y fuego para asegurar la inversión extranjera, esta política conocida como “Seguridad Democrática” y promovida desde los Estados Unidos como una alianza internacional contra el terrorismo, permitió el uso de todos los medios posibles para reducir militarmente a la subversión y a todos los disidentes que despectivamente eran denominados “aliados del terrorismo”.
Esa misma política fue la que propició que miembros de las fuerzas militares asesinaran jóvenes de sectores humildes para luego hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate en lo que el mundo conoció como “falsos positivos”; o el uso de la agencia de seguridad estatal para interceptar magistrados, periodistas, líderes políticos y sociales de izquierda, y perseguir líderes ajenos a un régimen de terror disfrazado de democracia.
Esa práctica de interceptación, propaganda negra y hostigamiento, es la misma que se pone en evidencia nuevamente en la campaña de Oscar Iván Zuluaga y llevó al presidente Santos proponer en los últimos días pedir en extradición a la exdirectora de la agencia de inteligencia María del Pilar Hurtado, quien se encuentra con asilo político en Panamá. La pregunta obvia es ¿Por qué pedir a Hurtado cuando se busca usar esa carta con fines políticos contra Uribe y no como un auténtico acto de búsqueda y compromiso con la verdad y sanción ejemplar contra quienes usaron sus altos cargos para crear una empresa criminal? Esa es otra de las razones del “triunfo” apabullante de la abstención, y el miedo que los sectores democráticos hoy perciben en el país ante el posible retorno al poder de los más oscuros intereses.
Las posibles alianzas de cara a la segunda vuelta
En su discurso luego de las elecciones, el presidente Juan Manuel Santos dejó abiertas las puertas para una posible alianza en torno a la búsqueda de la paz con los otros candidatos: Marta Lucía Ramírez, exministra de Uribe Vélez y candidata del partido conservador quien obtuvo el tercer lugar en las elecciones con 1.9 millones de votos (15,53%); Clara López Obregón, que representa la alianza de izquierda entre el Polo Democrático y la Unión Patriótica con 1,9 millones de votos (15,23%); y Enrique Peñalosa del Partido Verde y exaliado de Uribe Vélez en las pasadas elecciones a la alcaldía de Bogotá con 1,64 millones de votos (8,29%).
En las siguientes tres semanas tanto Santos como Zuluaga buscarán adherir a sus filas a los demás candidatos, esperando que sus electores también lo hagan. La aliada natural para Zuluaga por su fuerza electoral e ideológica será la conservadora Marta Lucía Ramírez. Esta colectividad se acerca a Santos por su condición de presidente y las prebendas burocráticas que eso pueda representar, pero perder la primera vuelta seguramente los acercará a Zuluaga por el anhelo de poder y su lealtad hacia el expresidente Uribe Vélez. ¿Será que los escándalos de Zuluaga seguirán siendo ignorados y sumarán fuerzas para llegar a la presidencia?
Santos buscará todos tipo de alianzas que incluye a la candidata de izquierda y al Partido Verde, especialmente apáticos a Uribe Vélez y cercanos a la necesidad de seguir adelante en el proceso de paz con las FARC.
Por su parte es posible que un buen número de abstencionistas vayan a las urnas ante la amenaza del retorno en la práctica de Uribe Vélez, y como apoyo a un proceso de paz necesario y que avanza pese al disgusto de los guerreristas. No obstante, las cifras muestran que la decepción ante las dos propuestas de gobierno no lograrán que los votantes superen el 50% de histórica abstención.
Los ‘huérfanos’ de la nueva figura presidencial
La condición básica para la sostenibilidad de un proceso de paz y la salida al largo conflicto colombiano no es la eliminación uno a uno de los combatientes, o la dejación de las armas. Se trata de encontrar salida a los problemas estructurales que se expresan en violencia y que sesenta años después siguen sin resolverse. Se requiere además legitimidad de las instituciones y un gobierno que no siga inerme a prácticas de corrupción que se fraguan desde sus propias dependencias.
Indistintamente del candidato que llegue a la presidencia del país en tres semanas, los problemas y desafíos para el país asociados a la paz rebasan la figura presidencial. ¿Dónde está el compromiso de los empresarios y banqueros que financiaron ejércitos privados y ahora no quieren apoyar la pacificación del país? ¿Cómo revertir un modelo de exclusión que ubica al país como el más desigual del continente después de Haití y es el obvio caldo de cultivo para todas las violencias?; ¿Cómo se van a incluir en la “próspera” bonanza que profesa el gobierno desde la inversión extranjera y las concesiones mineras a los arruinados campesinos? ¿Qué tan competitivo es un país con un sistema educativo que profundiza las brechas entre la educación pública y privada, y donde la calidad dista mucho de los mínimos estándares internacionales? ¿Cuál es la propuesta para cambiar de una vez por todas un sistema de salud desigual y que solo genera víctimas por la falta de atención médica?
En resumen los “huérfanos” del proceso electoral somos el 59% de los ciudadanos que no estamos identificados con las mafias, el viejo estilo del “todo vale”, los varios rostros de una misma sed de poder que pretende perpetuar una venganza personal que solo deja sangre y dolor; y del otro lado la incapacidad de una izquierda inconsecuente, que no tiene grandeza para superar odios históricos, hacen uso de las mismas prácticas clientelistas y los deja fuera de una opción real de poder.
En suma, la apatía abstencionista no es solo una cifra que desvirtúan medios y analistas, es el resultado de no hablar el mismo lenguaje de los ciudadanos del común que ven sus ciudades con altos índices de criminalidad, desempleo y ausencia de cobertura básica en salud. Los debates programáticos han sido pobres y no evidencian cómo serán posibles los cambios sociales donde la privatización obtiene ganancias de la salud, la educación y los servicios públicos, mientras crecen las brechas entre ricos y pobres. Es un modelo arrogante de quienes tienen el poder sin darle rumbo a una sociedad que aprendió a sobrevivir indistintamente de quien sea el presidente.
La desinformación sobre los diálogos de la Habana y la importancia de una paz negociada para el país es un esperanzador camino para generaciones que no hemos conocido una sociedad libre de violencias y los autoritarismos que generan las armas. Sin embargo este es solo un primera paso en un largo camino de paz cotidiana, de esquinas en barriadas y veredas, que nos lleve finalmente a la reconciliación como nación, y ofrezca a nuestros hijos un país donde “los más” (las mayorías) no sigamos siendo “lo de menos” (lo que nada vale, lo que nunca importa).
Alex Sierra R. es antropólogo y se ha desempeñado como investigador y consultor independiente en temas como Derechos Humanos, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Políticas Públicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su país durante los últimos 12 años. Es columnista mensual con el Programa de las Américas www.americas.org/es
