“En [en el valle de] San Quintín nos tienen muriendo de hambre desde hace veinte años”,
Javier Ramírez, Jornalero, marzo 2015
“…. Lo que hay detrás nuestro es el hambre, es el salario de hambre que recibimos”,
Fidel Sánchez, Jornalero, marzo 2015
“Aquí [en los campos del valle San Quintín] es peor, porque los niños tienen hambre, llegas y vendes todo lo que tienes porque no tienes ni un centavo; definitivamente aquí es peor, porque llegas con promesas, ilusiones, y no pasa nada, te va peor, me da tristeza”, Julián de Jesús, Jornalero.
Reportaje San Quintín, el valle de la explotación laboral, junio 2014
El valle de los contrastes, entre la explotación y la resistencia
El valle de San Quintín, uno de los lugares de México con mayor producción agrícola mercantil destinada principalmente a la exportación, es también uno de los sitios con las condiciones de trabajo más abusivas, antihigiénicas y nocivas para los jornaleros. Desde este contexto, las recientes revueltas y movilizaciones de trabajadores agrícolas de marzo pasado en demanda de sus derechos laborales y de condiciones de trabajo justas no fueron improvisadas ni gratuitas, sino resultado de la injusticia. Tras dos fallidas mesas de negociación en octubre de 2014 y enero 2015, estas acciones de los jornaleros organizados respondieron al desdén y mutismo del soberbio sector patronal y a la indiferencia y falta de respuesta efectiva y voluntad política de las autoridades estatales. Con esto, los trabajadores agrícolas, además de exigir el cumplimiento de sus demandas, mostraron y denunciaron que hoy día la explotación laboral exacerbada es una realidad social aguda y vigente que padecen decenas de miles de personas en San Quintín.
En este contexto, hablar actualmente de esclavitud no es una exageración, sino, como han manifestado diversas organizaciones en pro y defensa de los jornaleros dentro de México y en Estados Unidos,[1] es una referencia clara a condiciones de explotación laboral muy precisas: jornadas de aproximadamente 60 horas semanales, ausencia de contrato laboral, situaciones de trabajo nocivas (exposición a agroquímicos, pesticidas, insolación), explotación infantil, acoso y abuso sexual a las mujeres, carencia de las prestaciones de ley, así como ausencia de seguridad social y de servicios médicos.[2]
Después de meses de tensión, el jueves 14 de mayo, en una prolongada reunión entre los representantes de los jornales y las autoridades estatales y federales, se llegó a un acuerdo preliminar que, además de un salario de 200 pesos por jornal, contempló proveer de seguridad social gratuita a los trabajadores, el establecimiento de programas de mejora de vivienda y la garantía del ejercicio de los derechos laborales y humanos de los jornaleros en los campos agrícolas.[3] No obstante, nuevamente se he generado un impasse ante la reciente negativa de los dueños de los campos agrícolas de cumplir con estos acuerdos, principalmente el concerniente a proveer un salario diario de 200 pesos.[4]
Los jornaleros agrícolas, campesinos sin futuro y ciudadanos del olvido estatal
Gran parte de los jornaleros de San Quintín cargan historias de exclusión previas y son originarios de diversos estados del país, principalmente de las entidades del sur de México, como Oaxaca y Guerrero, que cuentan con una alta población étnico-rural y presentan los niveles más altos de mortalidad infantil y materna, así como una de las menores esperanza de vida y los indicadores más bajos de educación e ingreso. No pocos de estos trabajadores agrícolas del sur pertenecen a diversos grupos indígenas (mixtecos, triquis, zapotecos) y han tenido arduas y difíciles historias migratorias. Salieron huyendo de la miseria y en el norte encontraron pobreza, exclusión y explotación.
Estos campesinos e indígenas dejaron sus tierras natales en busca de mejores condiciones de vida y tratando de dejar atrás las carencias histórico-estructurales de servicios sociales (salud, empleo, educación) en sus localidades rurales de origen. Fueron y son los desheredados, los sujetos olvidados de manera sistemática y constante por el Estado. No obstante, a raíz de la política neoliberal en el agro se agudizaron las crisis de las economías campesinas y se desincentivaron los apoyos y estímulos a la pequeña producción agrícola, y estos desheredados vieron recrudecer sus ya de por sí precarias condiciones de existencia, incrementándose los desplazamientos hacia el norte del país en aras de encontrar oportunidades de empleo. Tanto la imperiosa urgencia de salir para subsistir como su condición de migrantes pauperizados y en necesidad, han acentuado la vulnerabilidad de estos sujetos y es algo de lo que se han aprovechado a manos llenas los empresarios agrícolas del valle de San Quintín para incrementar sus ganancias.
San Quintín, agrio reflejo de una explotación generalizada
En el contexto de México con el decimoctavo país en el ranking mundial de la esclavitud,[5] las condiciones de abuso y explotación laboral que viven los jornaleros en San Quintín son sólo una muestra de lo que sufren cerca de dos millones de trabajadores agrícolas en los campos agrícolas de dieciocho estados del país;[6] la mayoría de estos jornaleros provienen de los estados más pobres de México (Oaxaca, Guerrero, Chiapas).
No obstante, el caso de San Quintín sirvió para mostrar la forma en que estos sistemas de explotación, por un lado, descansan sobre las complejas relaciones entre empresarios agrícolas y políticos estatales, y, por otra parte, cómo se abusa de la imperiosa necesidad de laborar del jornalero para retribuir su trabajo con un raquítico salario.[7] Si estos trabajadores agrícolas pueden ser “utilizados” como mano de obra barata y desechable es, justamente, porque las instancias estatales no hacen que se respecte la ley federal del trabajo y, de facto, permiten condiciones laborales inhumanas e ilegales. Esta ausencia efectiva del cumplimiento de la ley se debe a que, en Baja California como probablemente en otros estados del país, varios de los empresarios agrícolas han sido y son funcionarios estatales y están directamente relacionados al poder político. Así, en la medida en que el dinero que debería recibir no llega al trabajador y se dirige a los empleadores, la ausencia del ejercicio de los derechos laborales de los jornaleros se traduce en fuertes ganancias económicas para estas élites. El beneficio monetario derivado de esta explotación va a los bolsillos de los propietarios de los campos, el hambre y los salarios de miseria son para los jornaleros; no en balde estos jornaleros son de los trabajadores peor pagados y más maltratados del país.[8] De facto, la complicidad entre el Estado y los empresarios no sólo promueve este estado de cosas, sino que, además y por añadidura, supone una condición de impunidad y fomenta la ilegalidad. Esto conduce a la lectura de que, en los hechos y allende de los discursos y las buenas intenciones, el Estado antepone los excesivos privilegios y prerrogativas de los empresarios a la aplicación de la ley federal del trabajo y la defensa de los trabajadores desprotegidos y en situación vulnerable.
La dignidad y los rostros de la resistencia
No obstante y pese al drástico escenario de las condiciones laborales en los campos agrícolas de San Quintín, los jornaleros no sólo son personas que viven en carne propia una explotación descarada, también son sujetos que tienen iniciativas y realizan acciones dirigidas a modificar sus ominosas situaciones de trabajo y de existencia. Desde hace meses, no sólo fueron participes de un fallido proceso de negociación con el Estado y el sector patronal, sino que también han mostrado, mediante diversas actividades e iniciativas, su capacidad de organización y acción social mediante varias medidas: diálogos con instituciones estatales, movilizaciones sociales y paros laborales (en marzo pasado), caravanas y recorridos por diversas localidades y ciudades de Baja California y el país para difundir su lucha y crear convergencias, visitas y encuentros con autoridades de otros estados del país (Gobierno del Distrito Federal) e instituciones del gobierno federal (Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaria de Gobernación), alianzas con grupos y organizaciones laborales y étnicas de México y Estados Unidos[9] así como con albergues de religiosos, colectivos y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los trabajadores. Mediante estas acciones han generado un amplio proceso de visibilización pública y mediática de sus demandas y condiciones de trabajo y vida, así mismo esto ha producido un amplio respaldo ciudadano y de la sociedad civil organizada.
[1] “Valle de San Quintín un ejemplo de explotación y abusos que ocurren en 18 estados del país”. Red de Jornaleros Internos, La Jornada, 27 de marzo 2015.
[2] “Frente indígena binacional se solidariza con jornaleros de San Quintín”, La Jornada, 27 de marzo 2015.
[3] “Ganarán jornaleros de San Quintín $ 200 diario”, La Jornada, 15 de mayo 2015.
[4] “Patrones rechazan para $200 al día a jornalero de BC”, La Jornada, 16 de mayo 2015.
[5] De acuerdo al Índice Global de Esclavitud, México es primer país de América en este rubro y tiene al menos 266 mil personas que son víctimas de esclavitud, siendo los tres principales sectores donde se presentan estas prácticas el agrícola, el minero y el turístico. “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina”, Animal Político, 30 de marzo del 2015.
[6] De acuerdo a la Red de Jornalero Agrícola, los estados donde se presenta la explotación de jornaleros agrícolas son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas. “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina”, Animal Político, 30 de marzo del 2015.
[7] “Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social”, Contralínea, 12 de abril de 2015.
[8] “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina”, Animal Político, 30 de marzo del 2015.
[9] “Valle de San Quintín un ejemplo de explotación y abusos que ocurren en 18 estados del país”. Red de Jornaleros Internos, La Jornada, 27 de marzo 2015.
Guillermo Castillo es maestro y doctor en antropología por la UNAM, ha realizado proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de trabajo en migración nacional e internacional y procesos de movilidad geográfica de grupos indígenas y campesinos en México. Ha realizado trabajo de campo en el noroeste de Sonora y en suroeste de Chiapas.
