En noviembre de 2011, seis meses antes de los Estados Unidos le diera a Colombia un certificado de buena salud y permitiera que el Tratado de Libre Comercio tomara efecto entre ambas naciones, paramilitares invadieron la casa de Juan Carlos Galvis en Barrancabermeja. Dos invasores vestidos de negro celebraron una pistola a la cabeza de la hija de Galvis y le dijo a su madre que iba a matarla. Otro niño fue atado y amordazado.
Luego la pareja de invasores preguntaron dónde estaba Galvis y su hijo. Cuando la familia no les pudo decir lo que querían saber, pintaron con pintura aerosol slogans en la cara y cabello de la esposa de Galvis, Mary Jackeline Rojas Castañeda, una activista en el Movimiento Popular de la Mujer. Este no era la primera vez que paramilitares buscaban a Galvis y su compañero de trabajo, William Mendoza. Ambos han sido amenazados y atacados por varios años, porque ellos son lideres de SINALTRAINAL, el sindicato para la compañía embotelladora de Coca Cola.
En el año 2003, el carro de Galvis recibió varios impactos de bala después de haber sido amenazado por el grupo paramilitar “Muerte a Los Sindicalistas”. La esposa de Mendoza evito un intento de secuestro de su joven hija en un parque público un año antes. Después de eso, Mendoza se mudo lejos de la ciudad, como Galviz hizo después de la invasión de su hogar. Pero ellos no dejaran Barrancabermeja por si mismos.
Ambos dicen que la implementación del Tratado de Libre Comercio le ha dado al gobierno colombiano la señal para reasumir los ataques a los sindicalistas, a pesar de las promesas que un Plan de Acción Laboral los iba a proteger. Sindicalistas están aun siendo asesinados en Colombia a pesar de los compromisos asumidos en el Plan de Acción Laboral acordado con el gobierno de Estados Unidos. Ocho miembros del congreso de Estados Unidos anunciaron en setiembre que a pesar del progreso alcanzado durante los 17 meses desde que el plan fue firmado, “más trabajo es necesario para asegurar que sus objetivos se conviertan en realidad.
El acuerdo sobre derechos laborales, firmado entre el Presidente Santos y el Presidente Obama en abril de 2011 se comprometió a brindar protección a los sindicalistas y a adoptar medidas para abordar la violencia anti sindical. Se trata de una condición esencial para la ratificación del acuerdo de libre comercio entre ambos países por el Congreso estadounidense. Según estadísticas proporcionadas por la Escuela Nacional Sindical, la principal organización encargada de observar el sector laboral en Colombia, 34 sindicalistas han sido asesinados y 485 líderes han recibido amenazas de muerte desde que el Plan de Acción Laboral se puso en marcha.
“Aunque el Plan de Acción Laboral incluyo algunas medidas importantes, su alcance era demasiado limitado,” la AFL-CIO, la mayor Federación de sindicatos en los Estados Unidos, reporto en julio de 2012. “No resolvió ni las graves violaciones de la libertad sindical ni la continua violencia y amenazas contra defensores de los sindicalistas y los derechos humanos”.
El 14 de diciembre, un mes después de la invasión de hogar de Galvis, tanto él como Mendoza fueron acusados de “terrorismo”, como consecuencia de la explosión de una bomba en la planta embotelladora local hace catorce años. Los testigos llamados por la fiscalía son paramilitares, en prisión por los asesinatos de activistas laborales y del movimiento social. “Una vez que el acuerdo de libre comercio fue firmado, el gobierno colombiano ya no tenía miedo que una votación en el Congreso de Estados Unidos podría ir contra ellos,” dice Mendoza. “El gobierno colombiano ha intentado utilizar falsas acusaciones contra nosotros antes. “Pero si ellos nos meten a la cárcel esta vez, nosotros nunca saldremos vivos de allí”.
Tres hombres acusan a Galvis y Mendoza. Uno, Rodrigo Pérez Alzate, es el comandante de un grupo paramilitar denominado “Bloque Bolívar Central,” en la cárcel porque confesó 45 asesinatos. Perez dice que Galvis es simpatizante con guerrilleros armados, una acusación que históricamente es utilizada contra sindicalistas para hacerlos blancos de la violencia. La segunda, Wilfred Martinez Giraldo, estuvo a cargo de los paramilitares en Barrancabermeja. La tercera, Saul Rincon, trabajó como guardián en la planta embotelladora y está en prisión por asesinar al tesorero del Sindicato de trabajadores del Petróleo (USO) en Barrancabermeja.
“Ellos dicen”, explica Mendoza, “que la bomba que exploto, probablemente fue colocada por el EPL (uno de los grupos guerrilleros de Colombia), fue utilizada por el sindicato para presionar a la empresa a hacer concesiones. Pero ese año nosotros tuvimos realmente que dar concesiones a la compañía para evitar cerrar la planta. Nosotros no teníamos ninguna conexión con el atentado y no teníamos nada que ganar del mismo. La acusación fue fabricada años más tarde y aún no tiene sentido.”
Grupos paramilitares han sido ligados a los militares colombianos y al gobierno por dos décadas. En teoría, ellos fueron desmovilizados en 2004 y 2005. Pero en su lugar, se han formado nuevos grupos, como los Rastrojos. En Barrancabermeja los residentes dicen que actúan como los antiguos paramilitares, y controlan secciones enteras de la ciudad. El 17 de agosto, los Rastrojos distribuyeron un folleto anunciando: “no estamos jugando. Es nuestra última advertencia a las organizaciones de la guerrilla que se esconden detrás de la retórica de los defensores de los derechos humanos”. Mencionaron a SINALTRAINAL y amenazaron: “Nosotros declaramos nuestro objetivo de ser una sentencia de muerte. Nosotros tenemos a William Mendoza, el líder de la guerrilla, bien identificado”.
En las últimas dos décadas, otros dirigentes asesinados de SINALTRAINAL incluyen Isidro Segundo Gil, José Avelino Chicano y Oscar Dario Soto Polo. Cuando los tribunales colombianos no castigo a los asesinos de estos y otros dirigentes sindicales, SINALTRAINAL acudió a la corte federal de Estados Unidos en Florida en el año 2000 con los sindicatos United Steel Workes y The International Labor Rights Fund , acusando y responsabilizando a Coca Cola bajo la ley Alien Tort Claims Act. Finalmente, la corte de Florida declaró que Coca Cola no tenía control sobre sus embotelladoras colombianas. Pero el caso ayudó a presionar a los negociadores del tratado de libre comercio a través de las concesiones que ellos prometieron acabaría con los asesinatos – el Plan de Acción Laboral.
Muchos otros sindicatos sobre el terreno confirman que el PAL no ha parado los asesinatos. Jhonsson Torres, miembro del sindicato de cortadores de caña de azúcar SINALCORTEROS, dijo a una audiencia en Washington DC en junio que Daniel Aguirre, Secretario General del sindicato, fue asesinado el 27 de abril. “Después de nuestra huelga de dos meses fue capaz de mejorar las condiciones de trabajo, el gobierno colombiano acuso a varios de nosotros y a nuestros aliados de conspiración y sedición,” declaró.
Cinco miembros de FENSUAGRO, el sindicato más grande de Colombia para los trabajadores agrícolas, han sido asesinados en el Cauca. Los ataques a FENSUAGRO han sido tan violentos que Leo Gerard, Presidente de la United Steelworkers, escribió una carta en nombre de su sindicato y el sindicato Unite de UK, al gobierno colombiano pidiendo que este tome cartas en el asuntor. FENSUAGRO es blanco de la violencia, Gerard dice, “por su activismo en el campo laboral y en la busqueda de la paz. En algunos casos, parece que el mismo ejército colombiano puede estar involucrado en esta violencia”.
Para Edgar Páez, representante internacional de SINALTRAINAL, “los paramilitares son un proyecto del estado para proteger a las empresas transnacionales en Colombia. Quien sea que levante su voz con una visión diferente es un candidato para el asesinato”. El objetivo, dice él, es “un ambiente mucho más favorable para la explotación de nuestros recursos naturales y nuestra fuerza de trabajo.”
David Bacon es un periodista y fotógrafo que regularmente contribuye al CIP Programa de las Américas. Este articulo esta basado en el estudio hecho para su libro que esta por salir el próximo año de Beacon Press, The Right to Stay Home, la cual examina el movimiento en México opuestos a el desplazamiento y la migración forzada.
Traducido por Luis Saco
