La exigencia del gobierno norteamericano para incluir los temas laborales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), durante el reciente proceso de negociación, ha dado lugar a que muchos piensen que Trump se ha convertido en aliado de los trabajadores mexicanos, al invocar al gobierno de ese país a elevar los estándares laborales y los salarios.
Un trabajador estadounidense gana, en promedio, el cuádruple que uno mexicano. Cinco lustros después de que el gobierno norteamericano y los organismos financieros multilaterales alentaran esta situación para beneficiar a las grandes corporaciones, Trump pretende hoy seducirlas para que retornen a las ciudades norteamericanas donde dejaron a miles de trabajadores sin empleo o en condiciones de precariedad.
Era evidente que la construcción de libertades y garantías para los capitales, pero ninguna para el trabajo, consolidada por el TLCAN como política de estado desde 1994, conllevaría una pérdida de empleo no calificado en Estados Unidos ante la ubicación, en México, de los procesos de trabajo intensivos en mano de obra de las empresas estadounidenses. No obstante, los temas negociados en los TLC como el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, la desregulación de la economía y el libre acceso a los recursos naturales siguen siendo importantes para EEUU.
El gobierno norteamericano habla hoy de dumping laboral y de competencia desleal con base a los bajos salarios de México, frente a lo cual sectores en este país temen que incluir un capítulo laboral en el TLCAN podría servirle a Trump para imponer restricciones al comercio. Sin embargo, la inclusión del tema laboral en un capítulo del Tratado, no resolverá las enormes diferencias salariales que existen entre México y sus dos socios de América del Norte.
Prueba de ello son los TLC firmados más recientemente por Estados Unidos, como el caso del Perú, vigente desde 2009. A diferencia del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), paralelo al TLCAN, con una normativa de carácter más general, el tema laboral es abordado en el capítulo 17 del TLC con Perú. En dicho capítulo, ambos países se comprometen explícitamente a adoptar en su legislación interna algunos derechos laborales, tal como están establecidos en la Declaración de la OIT de 1998.1 Sin embargo, su incorporación a las normativas nacionales depende de la voluntad política de los gobiernos.
Con distinto lenguaje, tanto en el caso del TLC de Estados Unidos con Perú, como en el ACLAN, se deja claro que los buenos propósitos anunciados para mejorar las condiciones de trabajo se realizarán en un marco de pleno respeto a la constitución de cada país, y se respetará el derecho de cada uno a establecer y modificar sus propias normas laborales. Asimismo, el Mecanismo de Cooperación Laboral que se establece en ambos Tratados respeta la legislación y soberanía de cada país. En ninguno se homologa la legislación laboral de los países socios, ni se crean órganos supranacionales para el tema.
En La agenda laboral pendiente del TLC Perú-Estados Unidos 2, publicado en 2014—más de cinco años después del que entrara en vigencia el acuerdo–se señala que el salario mínimo del Perú sigue siendo uno de los más bajos de la región y que hay un retraso en el crecimiento de los ingresos de los trabajadores, en comparación con el crecimiento del producto bruto interno (PBI). Solo el 12% de la población ocupada tiene un empleo que cumple con los estándares básicos de trabajo decente; el 51% recibe ingresos menores al salario mínimo; el 66% no cuenta con contrato de trabajo o no está registrado; y el 46% no cuenta con algún seguro de salud. La informalidad laboral involucra al 74% de los empleos de todas las categorías y los sectores.
La inclusión del tema laboral en un capítulo del TLCAN, como lo propone Trump, no resolverá las enormes diferencias salariales que existen entre México y sus dos socios de América del Norte, precisamente porque lo que buscan las corporaciones es un mercado laboral flexible y desregulado.
El mismo estudio señala que al momento de entrar en vigor el TLC Perú-EEUU, gran parte de la legislación laboral provenía de las reformas aplicadas durante los noventa por el régimen de Fujimori. Según un estudio de la OIT, estas reformas representaron una de las experiencias más extremas de flexibilización laboral en la región, y no solo se mantuvieron, sino que se profundizaron con el TLC.
En efecto, se agudizó la dispersión de la legislación laboral, que dificultó a los trabajadores conocer sus derechos; se incrementaron los regímenes promocionales que rebajan el estándar de protección laboral para favorecer la competitividad empresarial; y se crearon nuevas leyes que incrementan la precariedad laboral mediante el uso de la contratación temporal. Además, hubo falta de acciones, políticas y disponibilidad de recursos para atender los objetivos que se pretendían alcanzar.
De los cinco derechos laborales fundamentales reconocidos por la OIT que Estados Unidos y Perú se comprometieron en el TLC a adoptar en sus leyes y reglamentos, los que menos avances han registrado son la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. En el Perú, políticos y empresarios consideran perjudiciales las demandas que realizan los trabajadores a través de acciones sindicales. En este dilema de intereses contrapuestos entre trabajadores y empresarios, la clase política resuelve el conflicto a favor de la clase empresarial.3
La inclusión del tema laboral en un capítulo del TLCAN, como lo propone Trump, no resolverá las enormes diferencias salariales que existen entre México y sus dos socios de América del Norte, precisamente porque lo que buscan las corporaciones es un mercado laboral flexible y desregulado. Disminuir la brecha salarial de los trabajadores requeriría profundos cambios estructurales en México, que no sólo involucran a la economía, sino a la política social mediante la canalización de ingentes recursos destinados a la educación, ciencia y tecnología para dotar a los trabajadores de mayores habilidades, lo cual no interesa a los grupos de poder económico. No obstante, podría ser una buena oportunidad para negociar con los socios del TLCAN la canalización de recursos de cooperación para la calificación de los trabajadores mexicanos y, contribuir así, a la disminución de la brecha salarial.
1 En el ACLAN también se hace referencia al cumplimiento de los derechos laborales mencionados en el TLC con Perú pero sin mencionar la Declaración de la OIT, puesto que aún no se había suscrito.
2 Instituto de Estudios Sindicales (IESI), Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) y Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Lima, 2014.
3 Gamero, J., Bejarano, R., Méndez, I. Avances y retrocesos en materia laboral a cinco años del TLC entre Perú y EEUU, Cuadernos de Globalización con Equidad N| 7, 2014
