La fuerza de los pobladores que se oponen al despojo de sus tierras para implementar más parques eólicos en Oaxaca está en su asamblea, que ya decidió que el proyecto de Mareña Renovables no pasa y que rechazarán la consulta gubernamental al respecto por no ajustarse al derecho que les asiste como pueblos indígenas.
Después de la Caravana de Solidaridad con los pobladores de Álvaro Obregón del 17 de febrero –momento en el que el secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez, declaró que respetaría la voluntad de los pobladores y luego se retractó- la campaña gubernamental para desacreditar a los habitantes y organizaciones que se oponen a la multinacional española arreció.
“El gobierno dice que somos una minoría, y que la mayoría de la gente quiere su consulta; es su estrategia para intentar nuevamente meter el proyecto” y manipular a la gente, indica en entrevista con Desinformémonos Rodrigo Peñaloza, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio y uno de los luchadores sociales más amenazados por los grupos de choque locales.
La consulta que impulsa el gobierno no es tal, señala Rodrigo. “Están pensando que se haga como las hacen para los partidos”, en un día y sacando algunos nombres al azar, indica el luchador social. En cambio, los opositores exigen desde 2004 una consulta “previa, libre e informada” que por sus características se podría llevar hasta dos años para desarrollarse. Peñaloza precisa que antes de cualquier consulta se requiere información amplia y suficiente en lengua originaria que diga quiénes son los inversionistas, cuál será el beneficio económico para los empresarios y la comunidad, así como el impacto ambiental, pero que en este momento no hay condiciones para ello.
“Es un acuerdo internacional vigente que el gobierno mexicano firmó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Los gobiernos, acusa, han hecho oídos sordos “porque para ellos no existen los pueblos indígenas”.
La disputa por el viento
Los pobladores denuncian que desde hace más de una década el gobierno de Oaxaca creó una suerte de “cartel eólico” y otorgó concesiones ilegales a empresas, sobre todo de capital español como Iberdrola, Preneal y Unión Fenosa, y obtuvo permisos por medio de la corrupción a las autoridades locales.
“Este viento es parte de nuestra cultura, tradiciones y espiritualidad, pero para estas empresas es simplemente es una fuente de riqueza, proveniente tanto de la venta de electricidad eólica como de la venta de bonos de carbono (verificados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio o Clean Development Mechanism) y el acceso a otros mecanismos financieros de la mal llamada ‘economía verde’”, denuncian en una carta a Omar Gómez, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales las asambleas de pobladores de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Blas Atempa, Santa Rosa de Lima, Juchitán, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Álvaro Obregón, Ejido Charis y Ejido Zapata, así como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo De Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y la Unión De Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
La electricidad que se produce en los parques eólicos, denuncian, va sobre todo para grandes empresas, como Wal Mart, FEMSA, Heineken, Cemex y Bimbo. Los pobladores apuntan en la carta que las empresas tienen electricidad a bajo costo, “mientras que las comunidades pagamos tarifas sumamente altas, y sufrimos la persecución judicial en el caso de que no podamos pagar los altos cobros de luz”.
Las asambleas destacan a la resistencia contra Mareña Renovables como una de las más importantes. El proyecto, señalan, tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y “afectará irreversiblemente una barra de arena y manglar que divide las lagunas Superior e Inferior del Istmo. Esta barra, denominada Barra de Santa Teresa, es una parte esencial del frágil ecosistema de la que dependemos los pueblos pescadores Ikojts y Binizaa”, informan en el documento.
Las agresiones contra los opositores siguen a la orden del día desde noviembre de 2012, cuando la empresa entró para instalarse en la Barra Santa Teresa, acompañada por la policía, que comenzó a controlar el acceso de los habitantes a su tierra. En esa ocasión, los pobladores lograron echar al dúo empresa-gobierno a costa de golpes y detenciones, e instalaron un plantón permanente de vigilancia. Los lugareños sufren desde entonces de constantes incursiones policiacas y amenazas de muerte.
Rodrigo señala que el episodio más reciente se dio los días 1 y 2 de febrero, cuando los pobladores de Álvaro Obregón tuvieron que repeler la agresión de cientos de uniformados que pretendían romper el plantón, y que terminaron huyendo a pie hasta Juchitán. Esta incursión se dio a pesar de que hay un amparo vigente que dicta la suspensión de la construcción del parque eólico de Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa “debido a que pone en peligro el uso y disfrute del área de bienes comunales para los comuneros y la comunidad”, informa Peñaloza. Además, la empresa “ya no tiene manifestación de impacto ambiental” porque el mismo amparo hizo que fuera revocada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), precisa Rodrigo.
El luchador social informa también que grupos de pistoleros van a las asambleas con lista en mano, buscando a activistas como “Carlos Beas, Bettina Cruz, Mariano López Gómez, Alejandro López López y a mí”. No hay condiciones para hacer la consulta por el paramilitarismo que ha establecido Mareña Renovables, así como los millones de pesos que ha repartido a comisariados y presidentes municipales y la compra de prensa estatal y regional, señala Peñaloza. “Acaban de mandar a nueve periodistas a Dinamarca”, desde donde hablan a favor de la energía eólica, denuncia.
Por este clima enrarecido, las asambleas de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y Juchitán –donde hace menos de una semana se constituyó la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco “en contra del proyecto de Gas Natural Fenosa”, indica Rodrigo- tienen la posición de rechazo rotundo al proyecto, de no permitir la consulta y de no hacer comisiones de negociación.
La fortaleza del movimiento
Peñaloza considera que no todo acto de oposición es un acto de resistencia, que es donde en este momento se ubican los pueblos. El movimiento, señala, está adquiriendo madurez en cuanto a la capacidad de organización, discusión y análisis, así como en la confianza en la asamblea como órgano máximo de toma de decisiones. “La asamblea tiene muy claro que el enemigo es el capital transnacional y los tres niveles de gobierno, mientras que los aliados son los pueblos ikjots y zapotecas que empiezan a organizarse en torno a defender el territorio”, señala el luchador.
Las asambleas determinaron que no haya más comisiones negociadoras con el gobierno para evitar la cooptación de líderes. Si los funcionarios quieren dialogar, tendrán que acudir al territorio a dar la cara ante los pobladores en diálogo público y abierto para recibir las exigencias y decisiones de la asamblea.
Este procedimiento envía el mensaje de que “los pueblos indígenas sí tienen capacidad de toma de decisiones, conocen su vida y saben qué les beneficia y qué les perjudica”, precisa Rodrigo, frente a la habitual postura gubernamental de tratarlos “como menores de edad, y que siempre hay alguien atrás que los manipula”.
“En la ruta jurídica mantenemos la defensa del amparo; en la vía del diálogo mantenemos la posición de que con la única persona que sigue para sentarse en la mesa de exigencias es con el gobernador Gabino Cué Monteagudo, con nadie más, para que respete la decisión de la comunidad y el pueblo vea lo que es el mal gobierno”, informa Peñaloza.
Los pobladores están conscientes de que solamente la organización y la movilización obligarán al gobierno a acatar su voluntad, que es la cancelación del magaproyecto eólico en la Barra de Santa Teresa. Mientras tanto, los ikjots y binnizá siguen construyendo su espacio a través de rituales –como la celebración de la Santa Cruz de los Pescadores-, el mantenimiento de las asambleas en cada pueblo, la guía de los consejos de ancianos y el servicio a la comunidad por medio de cargos mandatados en asamblea, como las comisiones de información.
Así, la conducción comunitaria de la lucha en San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, San Mateo del Mar y Juchitán es la fortaleza que resistirá “a las embestidas de los malos gobiernos, que hoy está claro que son mandaderos serviles de las empresas y el capital transnacional”, concluye Peñaloza.
Adazahira Chávez es editora de desinformémonos.org, un “proyecto autonomo global” y organización hermana al programa de las americas.
