Los diputados oficialistas aprobaron a principios de enero la décima extensión de la ley marcial que permite, entre otras cosas, que el gobierno oculte la información de gastos públicos. El régimen de excepción incluye la suspensión de las garantías constituciones de los salvadoreños y el uso de los militares para tareas de seguridad pública.
La estrategia de seguridad estrella del gobierno de El Salvador está marcada desde marzo de 2022, cuando inició su ejecución, por denuncias de violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, abusos de los cuerpos de seguridad, desapariciones forzadas y bloqueos al acceso de la información pública del Estado.
Así lo revela el último informe de la organización Cristosal que junto a otras instancias ha recopilado miles de denuncias de abusos policiales, torturas, persecución y falta de garantías judiciales atribuidas a la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada (FAES) y la Fiscalía (FGR). Sin embargo, los niveles de aprobación se mantienen altos a favor del presidente Nayib Bukele, y las acciones de seguridad, que incluyen el régimen de excepción y el uso de militares para tareas de seguridad pública, también siguen teniendo una buena aceptación.
En nueve meses, Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Red de Defensoras, FESPAD y la organización Azul Originario, recibieron 3,211 denuncias de detenciones arbitrarias.
“El régimen de excepción ha tenido varias etapas y tipologías en cuanto a las capturas. En primer lugar, se pudo observar cómo en los primeros meses fueron capturas masivas, donde había criterios estigmatizantes por los lugares de residencia de las personas. Y por supuesto, como no había criterio de investigación previa, sino sólo del lugar de residencia o la existencia de tatuajes o un rango de edad o apariencia física, se produjeron muchísimas detenciones arbitrarias”, dijo Ruth Eleonora López, abogada de Cristosal.
A finales del año pasado, el Fiscal General Rodolfo Delgado anunció que el gobierno había detenido a más de 60.000 presuntos pandilleros en el marco de una «guerra» lanzada por Bukele en marzo de 2022 y bajo el régimen de excepción. Human Rights Watch (HRW) señaló que un buen número de los arrestos se realizaron basándose en la apariencia física y el lugar de residencia de los detenidos, generalmente de zonas marginadas y que históricamente han sido foco de violencia en el país centroamericano.
De acuerdo con las organizaciones que han documentado las detenciones arbitrarias, la Policía realiza capturas a base de denuncias hechas de forma anónima, veces por familiares o personas que tienen algún desacuerdo con la persona a la que denuncian o por vecinos que señalan a alguien que no tiene vínculos con pandillas.
“Esto es sumamente grave porque se acusa a las personas y no hay investigación. Cuando no hay investigaciones, puede detenerse a cualquier persona pero especialmente, como las personas no tienen derecho a que se les explique las razones de su detención, entonces podría ser por cualquier razón”, explicó López.
Las denuncias no solo son sobre detenciones arbitrarias. Zaira Navas, jefa del Departamento Jurídico de Cristosal, confirmó el 2 de febrero que 102 personas han muerto en las cárceles. Estas personas fueron detenidas bajo el régimen de excepción y estaban bajo custodia de las autoridades de Centros Penales.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista a un canal local a principios de enero, que 3,313 personas fueron liberadas por falta de pruebas en los procesos. El funcionario también confirmó que esta cifra representa el 5% de todas las detenciones que ha realizado la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador en los nueve meses de vigencia del estado de excepción.
“Mil han sido liberadas por el mismo control que ejerce la Fiscalía, otras mil en la jurisdicción del juzgado de menores y los otros mil y algo restantes están relacionados a la actividad del control judicial sobre actuaciones fiscales y policiales. De parte del Ministerio de Seguridad y Centros Penales estamos trabajando para ir sacando a los que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo el ministro.
De todos los detenidos, cerca de mil personas son jóvenes menores de 20 años, según los informes de las organizaciones.
Desde el año pasado, cuatro meses después de haber iniciado el primer régimen de excepción, Amnistía Internacional advirtió el peligro que representaban las extensiones del régimen de excepción y envió una carta al presidente Nayib Bukele señalando que esta medida no cumple con las normas internacionales para la protección a los derechos humanos.
La directora del organismo, Erika Guevera Rosas, enfatizó en el deterioro de las garantías de los derechos humanos, del cierre de los espacios democráticos y de participación ciudadana, los ataques a la libertad de expresión y al derecho de informar, así como el ambiente hostil hacia periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que empeoraron durante las primeras extensiones del régimen de excepción.
El presidente Bukele no ha respondido a las solicitudes para sostener una reunión con organismos internacionales dedicados al trabajo de la defensa de los derechos humanos.
Los detenidos bajo el régimen de excepción no saben si están siendo investigados, si hay antecedentes y debido a que las garantías penales están suspendidas con esta norma, la comparecencia ante un juez puede ocurrir hasta 15 días después de la detención, no durante las primeras 72 horas como lo establece la Constitución.
Además, bajo el régimen de excepción el gobierno y las instituciones de seguridad del Estado pueden intervenir las escuchas telefónicas de cualquier ciudadano sin la autorización de un juez. A finales del año pasado, un grupo de periodistas salvadoreños denunciaron en Estados Unidos el uso del software Pegasus de parte del Gobierno de Bukele para intervenir sus comunicaciones y para espiarlos.
Por su parte, Celia Medrano, activista, consultora e investigadora sobre derechos humanos en El Salvador, dijo en una entrevista con Hecho en América, que la ciudadanía salvadoreña debe saber por qué se ha “decretado” reserva para toda la información pública relacionada a las detenciones, a los procesos que se realizan en contra de los detenidos y todo lo relacionado al régimen de excepción decretado por el gobierno bukelista.
“Tenemos que hablar de la condición permanente de la suspensión de garantías legales y constitucionales en El Salvador. Debería de ser del conocimiento público, accesible a cualquier ciudadano, a periodistas a organizaciones de derechos humanos nacional o internacional, cuántas personas han sido detenidas, bajo qué cargos, bajó qué responsabilidades y los abogados deberían tener acceso inmediato con las personas que van a representar legalmente y conocer el detalle de los procesos por los cuales están siendo privados de libertad estas personas”, afirmó Medrano.
Información gubernamental reservada
A las denuncias de violaciones a derechos humanos, se suman las denuncias de posibles casos de corrupción en las instituciones de seguridad del Estado salvadoreño y la falta de acceso a la información pública. La décima extensión del régimen de excepción aprobada por los diputados y diputadas oficialistas comprende la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños y permite que el gobierno bloquee el acceso a la información, relacionada especialmente a los gastos públicos.
En enero de 2022, los diputados de Bukele aprobaron reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que permitió esconder informes y datos sobre salarios y viajes de servidores públicos, contrataciones y adquisiciones, documentos y decretos de la Casa Presidencial. Gracias al estado de excepción y estas reformas, toda esa información está bajo reserva por los próximos siete años.
“Uno de los derechos más afectados en el régimen actual es el derecho al acceso a la información pública y esto limita el ejercicio de otros derechos. Que no exista información pública sobre el régimen de excepción evita evidenciar más arbitrariedades que pueden generar rechazo en la población, especialmente, cuando estamos hablando de personas que son inocentes”, señaló López.
Y continuó: “Por otro lado, el régimen ha estado asociado a un nuevo régimen de compras públicas y claro, esto implica que no exista información, que la ciudadanía no conoce cómo se están gestionando fondos, procesos de contratación, a quién se le han otorgado los contratos que existen entre el gobierno y particulares”.
Reportajes de el periódico El Faro y de otros periodistas, apuntan a que la estrategia de Bukele ha logrado desarticular a las pandillas en el país. Bukele reportó en Twitter que lleva un año sin un solo homicidio, aunque varios expertos en derechos humanos cuestionan la cifra.
Las organizaciones de derechos concluyen en su informe que el costo de bajar las tasas de delincuencia en el país han sido muy altos, con profundos impactos para los derechos y la democracia. Además, señalan que se ha sacado de las cifras de los homicidios los cuerpos que la Policía o la Fiscalía encuentran en fosas clandestinas y las muertes que se reportan en supuestos enfrentamientos armados entre los cuerpos de seguridad y personas señaladas como pandilleros.
“No podemos evaluar y contrastar la información publicitaria que el gobierno realiza con respecto al número de detenidos. Incluso hay denuncias de fosas en centros penales . No hay información sobre las condiciones de las personas privadas de libertad. Y sacaron de las cifras los homicidios, los feminicidios, esto significa que ahora con la reserva, es muy difícil saber si estamos hablando de datos reales”, señaló Zaira Navas.
Carmen Rodríguez es periodista en El Salvador y EEUU. Su especialización son los temas de Seguridad, Justicia, Migración y Relaciones Internacionales de El Salvador. Ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014. Fotos: Carmen Rodríguez.
