¡Sí a la vida!
En uno de los países más violentos de América Latina, esta consigna se hizo realidad en marzo pasado. La lucha de más de 12 años liderada por comunidades campesinas dio sus frutos en El Salvador, al aprobarse una ley que prohíbe parcial o totalmente la minería metálica en todo su territorio.
“La victoria es una reafirmación de lo que las comunidades rurales se habían trazado cuando empezaron su lucha por la vida. Las comunidades campesinas celebran hoy la oportunidad de tener un medio ambiente sano, de construirlo porque la minería iba a ser el tiro de gracia para los ecosistemas de la zona norte de El Salvador”, dijo al Programa de las Américas, Alejandro Labrador, representante de las comunidades en la Mese Frente a la Minería, organización que ha trabajado por mucho tiempo acompañando la lucha campesina.
La ley que solo tiene 11 artículos, prohíbe la exploración y explotación de empresas nacionales o extranjeras o personas que se dedicaban a la extracción de metales en el país y además prohíbe el uso de sustancias tóxicas que pongan en riesgo la salud de las comunidades campesinas y del medio ambiente.
“Para nosotros que hemos trabajado por la aprobación de la ley, esto es algo sumamente grande porque tiene que ver con la protección de la vida. Las comunidades campesinas son las más beneficiadas porque ya es posible tener las condiciones para evitar más daño a la vida y al medio ambiente”, explicó Saúl Baños, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) que ha trabajado de cerca con la Mesa Frente a la Minería.
La presión para que el parlamento salvadoreño aprobara la ley fue grande. En las primeras semanas del mes de marzo, la Iglesia Católica se unió a la lucha de los campesinos, el obispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, junto a sus obispos auxiliares y otros religiosos se presentaron ante los diputados para entregar un documento con 30 mil firmas, en el que expusieron la necesidad de la aprobación de la ley.
Ahora -explica Saúl Baños- el gobierno tiene que generar las condiciones y la capacidad para que este ley empiece a rendir sus frutos. Los Ministerios de Medio Ambiente y Economía son los encargados de regular la ley y las organizaciones campesinas y sociales serán los garantes para que se construyan las condiciones y la aplicación.
La empresa canadiense Pacific Rim, que ya realizaba trabajos de exploración en El Salvador, tendrá que cerrar y retirar sus operaciones e instalaciones. Además tendrá que reparar los daños causados al medio ambiente con sus operaciones y también pagar una millonaria deuda al Estado salvadoreño luego de perder un caso en una Corte Internacional por no haber cumplido con las regulaciones requeridas por El Salvador para sus trabajos.
Un camino difícil
Después que la guerra terminó en el país a principios de la década de los 90, los campesinos empezaron a repoblar las zonas que fueron campos de batallas entre la guerrilla y el ejército salvadoreño, al norte de San Salvador.
En 2005 los campesinos organizados identificaron la presencia de empresas que buscaban hacer exploración para la extracción de metales en la zona. Rápidamente se informaron y buscaron apoyo con las organizaciones medioambientales nacionales e internacionales.
“Los beneficios que traerían las empresas serían mucho menores a los activos comparados con el daño al medio ambiente y a las comunidades, Centroamérica está vulnerable frente al cambio climático. Las empresas que buscaban explotar la minería nunca comprobaron su capacidad técnica para proteger el medio ambiente, se comprobó que no traerían ningún tipo de desarrollo sostenible en las comunidades”, explicó Labrador.
Un año antes, en el departamento de Cabañas, se fundó el Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura, en el mismo lugar la empresa canadiense Pacific Rim ya hacía operaciones de exploración y además se hacía de alianzas entre las alcaldías y otros empresarios para ganar apoyo para expandirse.
“En 2012 el Ministerio de Medio Ambiente determinó que los ríos de esa zona estaban en condiciones pésimas, que ninguno tenía calidad de agua excelente y que la capacidad de potabilidad del agua sería cara”, dice Alejandro Labrador.
Desde 2005 hasta 2017 cinco activistas, miembros de organizaciones ambientales y campesinas fueron asesinados. El hecho más triste se dio en 2009 cuando, en una emboscada, fueron asesinados por hombres armados Ramiro Rivera, Felicita Echeverría y una niña de 13 años.
Saúl Baños, de FESPAD dice que la aprobación de la ley es también un tributo a estas víctimas que murieron en medio de la defensa de las comunidades campesinas que buscaban proteger sus tierras y los recursos naturales de la zona.
En octubre del 2014, los habitantes del pueblo de San José las Flores, en Chalatenango, votaron a favor de la creación de una ley local para prohibir la minería metálica en la zona. La iniciativa fue apoya por la alcaldía, por organizaciones locales nacionales y por organizaciones internacionales.
Esto significó un gran paso y animó más a las organizaciones para continuar la lucha y llevarla hasta el congreso donde para que se aprobara una ley nacional.
La sorpresa para muchos fue cuando la Iglesia Católica se unió a la lucha contra la minería. Unas semanas antes que la ley fuera aprobada, la curia católica organizó una masiva marcha que llegó hasta el parlamento para exigir a los diputados la aprobación de la ley.
Pacific Rim le debe al Estado salvadoreño
En octubre de 2016, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) resolvió a favor del Estado salvadoreño contra la empresa canadiense Pacific Rim, en un litigio que tenía más de siete años.
Según se determinó en el proceso, la empresa dedicada a la explotación minera en El Salvador, no cumplió con los requisitos de ley que el país tenía para la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Pero además, en marzo pasado el CIADI también ordenó a la empresa el pago de la deuda de $8 millones más el 2% de intereses anuales que ha generado el dinero adeudado al Estado salvadoreño y que no se ha empezado a pagar.
Durante el proceso Pacific Rim intentó promover una demanda contra el Estado salvador por una indemnización de $315 millones, argumentando que el Estado no cumplió con las condiciones establecidas para la inversión extranjera y la exploración de la minería metálica, lo que generó a la empresa pérdidas millonarias.
“Ganada la última demanda se generaron las condiciones para que se llevara al debate de la prohibición de la minería. La prohibición de facto o la acción que se había logrado era algo que solo prohibía proyectos mineros. La iglesia católica se unió a la gente y eso también ayudó”, señaló Alejandro Labrador.
