La Corte Suprema de Justicia salvadoreña dejó sin efecto esta semana la Ley de Amnistía en el país, abriendo así la posibilidad para que se realicen juicios contra militares, exfuncionarios de gobierno y exguerrilleros que ahora ocupan cargos públicos y que están señalados en crímenes o masacres contra civiles ocurridos durante la guerra civil de los años 80.
La sentencia ha provocado sentimientos encontrados en la sociedad salvadoreña. Para las víctimas es una luz para alcanzar la justicia que por tantos años han esperado, pero algunos políticos, militares y algunos funcionarios de gobierno dicen que la sentencia podría poner en peligro “la estabilidad” del país que se ha alcanzado desde que terminó la guerra en 1992.
La ley que fue aprobada en enero de 1993 después de la firma de los
Acuerdos de Paz y después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad que señaló que durante la guerra civil se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, concedió “amnistía total a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes… cometidos antes del 1 de enero de 1992”.
De acuerdo al comunicado de los magistrados que aprobaron la derogatoria de la ley, esta sentencia establece que “los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado son imprescriptibles, según el derecho internacional. Por lo que no debe impedirse la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia”.
Es decir, que con la sentencia todos los crímenes, violaciones a derechos humanos, masacres, casos de torturas y desapariciones incluidos o no en el informe de la Comisión de la Verdad, que recomendó en 1993 superar la impunidad del país, pueden ser denunciados, investigados y llevados ante los tribunales del país.
Pero además, la sentencia abre las puertas para que los tribunales internacionales que ya tienen procesos como el caso de los sacerdotes españoles jesuitas asesinados por la Fuerza Armada salvadoreña en 1989 o el caso de los marines de la Fuerza Armada de Estados Unidos, asesinados por la guerrilla, en 1985 en San Salvador continúen y logren una sentencia condenatoria.
“Las autoridades salvadoreñas no podrán alegar la amnistía o la prescripción de los delitos como argumento para no enjuiciar los casos. Esto da la posibilidad a las víctimas de impulsar casos que no avanzaron en el sistema judicial por la amnistía”, explicó Abraham Flores, director de la Fundación del Estudio para la Aplicación de Derecho (FESPAD) de El Salvador.
Flores explicó que la sentencia podría provocar que el Estado salvadoreño acepte su responsabilidad en los casos de crímenes de lesa humanidad ya instalados en tribunales internacionales, ya que varios de estos tienen que ver con la responsabilidad del Estado por no haber juzgado a los responsables.
Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana IDHUCA, instancia que presentó la demanda para que se declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, dijo que esta sentencia es un paso para el combate de la impunidad en El Salvador y argumentó que la sentencias es una resolución a favor de las víctimas del conflicto armado que han esperado durante más de una década justicia y reparación.
“La Sala abrió las puertas para que se haga justicia en el país. Al presentar la demanda buscamos que funcionara el país, queremos que se haga justicia restaurativa porque la sociedad no avanza por la impunidad que ha habido en el país. No se había combatido la impunidad, no se va desestabilizar el país, porque el país ya estaba desestabilizado”, dijo Cuellar al Programa de las Américas.
El procurador de Derechos Humanos, David Morales, celebró la decisión de la Corte Suprema y pronosticó cambios positivos en la sociedad salvadoreña, ya que es la primera vez en 24 años después de la firma de los Acuerdo de Paz que se verán las primeras luces de reconciliación en el país.
“Debemos ver esta sentencia como una conquista de las víctimas, que aunque de manera atrasada, ha llegado. Las heridas siempre estuvieron abiertas, la sangre derramada jamás fue reivindicada”, dijo Morales a los medios de comunicación local, luego de conocerse la resolución de la Corte Suprema.
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“La Sala abrió las puertas para que se haga justicia en el país… la sociedad no avanza por la impunidad que ha habido en el país”
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En un comunicado especial, Erika Guevara Rosa, de Amnistía Internacional para Latinoamérica, expresó que los salvadoreños están ante un hecho histórico que llevara ante la justicia a todos los responsables de los crímenes atroces que dejó el conflicto armado.
“Es un día histórico para los derechos humanos en El Salvador. Al darle la espalda a una ley que no ha hecho más que dejar que criminales hayan escapado a la justicia por décadas tras cometer serias violaciones a los derechos humanos, el país está finalmente enfrentando su trágico pasado”, expresó Guevara.
Según Amnistía Internacional, El Salvador no debe esperar más para llevar ante la justicia a todos los responsables de asesinatos y desapariciones forzadas que se cometieron durante la guerra civil, ya que las víctimas han esperado mucho tiempo para poder recibir justicia y reparar los daños causados por la guerra.
El reto de juzgar crímenes de guerra
Han pasado ya 37 años desde que inició la guerra civil en El Salvador. Algunos casos citados por el informe de la Comisión de la Verdad, como el del asesinato del obispo de San Salvador, Oscar Romero, ocurrieron hace 36 años y según expertos judiciales esto puede hacer casi imposible que se llegue a esclarecer algunos hechos.
Un juez de San Salvador que habló con el Programa de las Américas que prefirió no ser identificado dijo que será “casi imposible recolectar las pruebas necesarias para sostener acusaciones” en algunos casos ocurridas durante la guerra por el paso del tiempo.
El juez dijo que está de acuerdo con el único voto en contra que recibió el fallo de la Corte Suprema porque la resolución de derogar la Ley de Amnistía se dio basada en “análisis de aplicación de tratados internacionales sobre Derechos Humanos a los que está suscrito El Salvador, pero no son objeto ni competencia” de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña el determinar si la Ley de Amnistía entorpece la aplicación de estos tratados.
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre el papel que la Fiscalía debería desarrollar al recibir denuncias de crímenes o delitos cometidos durante la guerra civil, se limitó a decir que la institución hará lo que está en sus manos hacer.
“Desde la fiscalía vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y que nos corresponda constitucionalmente. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales”, respondió Meléndez.
Flores, de FESPAD, considera que los papeles más importante los tienen la Fiscalía, las organizaciones de Derechos Humanos y las víctimas, ya que se está frente a un gran reto de superar “las dificultados probatorias” que son muchas y que han prevalecido en casos como la masacre del Mozote y el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
El director del IDHUCA, por su parte, considera que la Fiscalía debería buscar desde ya a socios para poder investigar los casos y denuncias que puedan empezar a ser interpuestos ante el Ministerio Público y crear además una comisión especial que investigue y que se dedique a combatir la impunidad en El Salvador.
Inconformidad en la clase política
Aunque para muchos la sentencia representa la esperanza de tener la justicia anhelada, otros no están de acuerdo. Muchos políticos y militares no consideran necesaria la aplicación de esta justicia en casos de crímenes del conflicto armado y aseguran que con la firma de los Acuerdo de Paz, se debieron cerrar todas las heridas que dejó la guerra civil.
Y es que los nombres que pueden llegar ante los tribunales van desde miembros rasos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, a altos jefes militares, exfuncionarios de gobiernos de administraciones del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y hasta funcionarios de alto rango que ocupan cargos públicos en el gobierno de la extinta guerrilla del Frente Farabundo Martí (FMLN), entre ellos el presidente Salvador Sánchez Cerén.
El presidente es uno de los que no está de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema. En un breve mensaje dirigido a la población en cadena nacional un día después del fallo dijo que la sentencia que anula la Ley de Amnistía afecta la institucionalidad, el clima de desarrollo y la armonía que el país ha alcanzado en los últimos años.
“La sentencia de la Corte Suprema no contribuye a la institucionalidad existente en el país. Ignora y no mide sus efectos en la convivencia de la sociedad. Hago un llamado a todos los sectores de la sociedad para ver esta situación con madurez. Estamos llamados a diseñar el modelo de sociedad que deseamos para el futuro y no debemos desenfocarnos de los verdaderos retos cotidianos que tiene el país”, dijo el presidente.
Sánchez Cerén dijo también que la sentencia “agudiza la problemática diaria de los salvadoreños” y señaló que para terminar de cerrar las heridas de la guerra solo es necesario que el país busque el entendimiento, la plática y el diálogo que fueron establecidos con la firma de los Acuerdos de Paz hace casi 25 años.
El ministro de la Defensa Nacional y comandante de la Fuerza Armada salvadoreña, David Munguía Payes, calificó el fallo de la Corte como un “error político”, ya que según él podría poner al país en crisis porque significa un retroceso al proceso de paz que se instauró con la firma de los Acuerdos de Paz.
“Fue un error declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, espero que no se convierta en una cacería de brujas (contra los militares)… No quiero pensar que la derogatoria de la ley podría poner de cabeza al país. No podemos hablar a la ligera de un tema que es grave, serenamente hay que ver si hay que hacer reformas legales, pero lo primero es leer con calma la sentencia porque esto implica a miles de personas”, dijo el militar.
El diputado del partido de oposición ARENA, René Portillo Cuadra, declaró: “Dios nos libre… porque abrir procesos judiciales por los crímenes de guerra puede hacer que el país se quede sin presidente, sin medio gabinete de gobierno y sin la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa”.
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La Comisión de la Verdad investigó más de 22 mil denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada y la guerrilla salvadoreña.
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Rodolfo Parker, diputado por le Partido Demócrata Cristiano (PDC) y señalado en el informe de la Comisión de la Verdad por encubrir, ocultar y alterar las declaraciones de los militares involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, restó importancia a la sentencia de la Corte Suprema y aseguró que el falló no causará ningún cambio político en el país.
“Yo me siento orgullosísimo de haber sido asesor de la Fuerza Armada del país, así se siente toda mi familia también. Nunca he actuado fuera de la ley, puedo ver a los ojos a cualquier persona y jamás una acusación mal infundada va a rozar si quiera mi dignidad y tampoco lo voy a permitir”, dijo el diputado Parker.
El coronel retirado de la Fuerza Armada y diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), formado por militares retirados, Antonio Armendáriz, señalado también en el informe de la Comisión de la Verdad, dijo que “desde el punto de vista militar la amnistía sirvió” para que el país no se continuara “sangrando” y dijo también que muchos militares fueron condenados por casos que no habían comentido.
Por el descontento que generó el fallo de la Ley de Amnistía entre los políticos y los implicados en el informe de la Comisión de la Verdad, algunos diputados hablan de presentar una ley de amnistía, en los próximos días.
“La reacción de los políticos en las próximas semanas puede ser determinante. No se sabe si harán otra burla a las víctimas o se abra la posibilidad de regular un proceso de conocimiento de la verdad y reparación que sería importante. Un escenario que algunos temen es que se abra una serie de juicios y casos entre ambos bandos que abone a la polarización, pero las posiciones de los dos partidos no parecen ir por ese lado”, dijo Flores de FESPAD.
El informe de la Comisión de la verdad
Desde su creación en 1991, la Comisión de la Verdad investigó más de 22 mil denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada y la guerrilla salvadoreña. Según los documentos de este informe, el 60% de las denuncias son de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por grupos paramilitares financiados por empresarios y personas a fines a la derecha salvadoreña, el 25% son casos de desapariciones forzadas y el resto son denuncias por casos de torturas.
La Comisión de la Verdad concluyó que el asesinato del obispo salvadoreño, Oscar Romero cometido el 24 de marzo de 1980 fue ordenado por el fundador del partido ARENA Roberto d’Abuisson. El papa Francisco reconoció el año pasado el martirio del obispo y se espera que sea canonizado el próximo año pero el caso nunca fue judicializado y no se condenó a los responsables.
Además, pese a las negaciones de los gobiernos salvadoreños instalados antes de la firma de los Acuerdos de Paz, esta comisión confirmó la masacre del Mozote, que dejó cientos de campesinos brutalmente asesinados en 1981, en el operativo “tierra arrasada” ejecutado por el Batallón Atlacatl, el mismo que cometió el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
El informe también señala al exministro de Defensa, José Guillermo García, deportado de Estados Unidos el año pasado por su participación en crímenes y violaciones a derechos humanos y a los jefes militares y del Estado Mayor de la Fuerza Armada René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Guillermo Benavidez e Inocente Montano (también deportado de Estados Unidos), todos involucrados en el operativo de asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras salvadoreñas.
Documentos de informes del Gobierno de Estados Unidos, también incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, señalan al ahora secretario privado de la presidencia del gobierno de Sánchez Cerén, ex ministro de Seguridad y excomandante guerrillero, Manuel Melgar, como el responsable del asesinato de cinco marines de la Fuerza Armada estadounidense, donde además murieron ocho civiles.
