El Estado salvadoreño cerró toda posibilidad a cualquier tipo de negociación con las pandillas. La sentencia de la Sala de lo Constitucional que dicta que a partir de agosto de este año los pandilleros son consideradores por las leyes salvadoreñas como terroristas también alcanza a los miles de colaboradores que tienen las pandillas, que van desde taxistas hasta familiares.
Sin comunicación entre pandilleros y seguidores, gobierno o mediadores, las autoridades salvadoreñas buscan encontrar remedios para solucionar el problema de la violencia que ha llevado a que las cifras de homicidios en el país sobrepasen las alcanzadas durante el conflicto armado de los años 80 que dejó más de 75 mil muertos.
La sentencia emitida por la máxima autoridad jurídica del país, representa un giro dramático a las políticas de la administración Funes que apoyó la tregua entre las pandillas instalada en marzo de 2012 y que fue la medida que bajó drásticamente las cifras de homicidios y violencia en el país, que ahora se coloca en el primer puesto de los violentos de Latinoamérica.
De acuerdo a la sentencia emitida: “El terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes jurídicos, individuales y colectivos, busca intimidar de forma general a la población, controlar territorios poblacionales, compeler a las autoridades gubernamentales a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico de una nación, el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos fundamentales contemplados en la Constitución”.
Varias semanas antes de que se emitiera esta sentencia, autoridades del gobierno y de la Fiscalía General de la República (FGR) responsabilizaron a las pandillas de orquestar varias acciones contra el transporte público para paralizar el país y hacer presión para que el gobierno accediera a un diálogo con los cabecillas de las pandillas que buscaban regresar a penales de seguridad media, después de ser trasladados al penal de máxima seguridad del país, conocido como “Zacatraz”.
El 27 de julio, un grupo de empresarios de 44 líneas del transporte público que circulan en el gran San Salvador paralizaron labores porque supuestamente recibieron amenazas de pandilleros mediante sus empleados. El empresario Roberto Soriano, dijo al Programa de las Américas que uno de sus empleados le comunicó que pandilleros llegaron a su oficina para advertir sobre el paro del transporte.
“Todo se manejó como un rumor. Desde el domingo se nos comunicó que las pandillas les dijeron a los motoristas y operadores sobre las amenazas. Nosotros informamos a la Policía, pero no pusimos una denuncia”, explicó Soriano.
Las supuestas amenazas se hicieron llegar hasta los empresarios el domingo. El lunes a las cuatro de la mañana un motorista fue asesinado y esto hizo que el rumor de las amenazas creciera. El 7 de agosto, siete conductores del transporte público fueron asesinados. Sin embargo, la Policía dijo que no se había comprobado que los asesinatos estuvieran relacionados con las amenazas o con el paro del transporte público.
“Esto no es nuevo y lo hemos venido atravesando desde hace varias semanas. Las amenazas las recibieron unas cuantas empresas cuya zona de influencia está claramente identificada como de alto riesgo, pero estamos investigando”, afirmó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, en conferencia de prensa.
Mientras miles de salvadoreños caminaban kilómetros para llegar a sus trabajos y algunos vehículos particulares cobraban un dólar por persona para hacer viajes en la capital, el secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, aseguraba que el sabotaje al transporte público impulsado por pandilleros había sido controlado gracias al trabajo de inteligencia de las instituciones del estado.
“Los transportistas no han paralizado sus labores por reivindicaciones, sino que se trata de un sabotaje terrorista contra el transporte público. No han afectado al Gobierno, sino a la población”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.
Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos Hernández Mauricio, pandilleros del Barrio 18, fueron los señalados por el Gobierno como los responsables de paralizar el transporte público y de las muertes de los siete conductores asesinados.
En menos de dos días la Policía y la Fiscalía presentaron a otros diez pandilleros como parte de la red de la pandilla 18 que se encargó de amedrentar a los transportistas. Las autoridades salvadoreñas aseguraron que los sujetos repartieron panfletos y hojas volantes con las amenazas. Pero algunos de los detenidos quedaron en libertad horas después por falta de pruebas, mientras otros continúan esperando el proceso judicial en su contra.
Con la sentencia de la Sala, las pandillas dejan de ser vistos como grupos de jóvenes incomprendidos y marginados y se convierten en el peor enemigo del Estado salvadoreño, que busca en experiencias de otros países como Colombia frenar el accionar de las pandillas y desmontar sus estructuras que según las autoridades salvadoreñas están también vinculadas ahora con el narcotráfico de región.
Desde mayo de 2015, los homicidios en el país con una extensión territorial de poco más de 21 mil kilómetros–de similar tamaño al estado de Massachusetts en Estados Unidos–están sobre pasando las cifras record. La Fiscalía vaticina que este año podría convertirse en el más violento en los últimos diez años.
Con la tregua entre las pandillas que inició en marzo del 2012, la cifra de homicidios descendió a un promedio de cinco asesinatos por día. En agosto la cifra ronda ya los 51 asesinatos diarios. El Ministro de Seguridad, Benito Lara responsabiliza a las pandillas de estar detrás de los crímenes en el país y además señaló que la mayoría de las víctimas son miembros de las pandillas.
“Los delincuentes quieren dar la impresión de que están doblegando al gobierno y no es así. La gran mayoría de los muertos son pandilleros, estos grupos están en una pugna interna por el relevo de los mandos y por el control del territorio”, dijo el ministro Lara en declaraciones al Programa de las Américas.
Pero pese a la sentencia de la Sala, hay sectores del país que consideran que es necesario escuchar a los pandilleros e instalar una mesa de diálogo para lograr que se controle la violencia y se reduzcan los asesinatos en el país.
Representantes de la Iglesia Luterana y Anglicana repudiaron la situación de violencia del país, e insisten en que debe haber un diálogo para evitar que más personas sean asesinadas.
“Abogamos por el trabajo pastoral que hacemos las iglesias, estamos preocupados por todos los actos de dolor y los asesinatos, por eso consideramos importante que se establezca un diálogo. Consideramos que el diálogo es el único camino para la paz”, dijo al Programa de las Américas el obispo luterano Medardo Gómez.
Carmen Rodriguez es periodista en El Salvador y miembro del equipo del Programa de las Américas. www.americas.org/es
Fotos: John Sevigny
