Durante las últimas semanas, los cuerpos de tres mujeres fueron encontrados en tres diferentes municipios del Estado de México. El Estado de México es el más peligroso para las mujeres – 10 veces más mujeres han sido asesinadas allí que en Ciudad Juárez en los últimos 21 años.
El cuerpo baleado de una mujer fue encontrado al borde de las aguas negras del municipio Tequixquiac en Feb.17. Los residentes encontraron el cuerpo de la víctima, vestida con un par de pantalones jeans, una chamarra negra y botas, con traumatismo craneal severo. En esa misma semana, una madre encontró el cuerpo de su hija de veinte años, Marisol, en la calle de San Roque. La tercera mujer joven, Rosaura, fue encontrada muerta flotando en un canal del río en Tenancingo.
Marisol, Rosaura, y la mujer encontrada en Tequixquiac son sólo tres de más de 1.500 mujeres asesinadas en el Estado de México desde 2005. Son víctimas de feminicidio – violencia de género informado por la discriminación, el sexismo y la misoginia e incluye patrones de violencia sexual, asalto físico y otros signos de mutilación y tortura antes del asesinato. En México, al igual que gran parte de América Latina, el feminicidio se vincula con la violencia estructural enraizada en desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales.
Feminicidio, Epidemia Nacional
Durante un período donde la demanda por justicia para Ayotzinapa sigue paralizando las calles de todo el mundo, la epidemia de violencia contra la mujer crece y la justicia para las víctimas sigue siendo relegado a un laberinto de impunidad, ineficiencia y indiferencia del gobierno.
Sin embargo, la demanda por justicia contra el feminicidio no sólo ha sufrido tres décadas de violencia, pero también sigue movilizando gente a través de las fronteras. Al final de la Marcha para el Día Internacional de la Mujer en Los Angeles el 8 de marzo, Carla Castañeda comenzó una huelga de hambre de 72 horas para exigir justicia para su hija desaparecida Cynthia Jocabeth Castañeda y todas las hijas de Ciudad Juárez, México. Carla, junto con las madres de los estudiantes de Ayotzinapa y los miles de otros familiares de desaparecidos, busca información sobre su hija secuestrada hace seis años. Carla está exigiendo la presentación de los archivos del gobierno sobre la investigación de la desaparición de su hija al Consulado de México en Los Ángeles.
Aunque las estadísticas oficiales y los de grupos de derechos humanos varían, informes documentan un aumento de feminicidio que se remonta por lo menos veinticinco años. A escala nacional, el feminicidio ha aumentado un 55 por ciento entre 1990 y 2011. De acuerdo con un informe elaborado por ONU-Mujeres en el año 2012, los casos de feminicidio en el país han visto un aumento constante desde el año 2007. Y, más recientemente, El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una coalición de 43 grupos que documentan la violencia, identificó que sólo el 24 por ciento de los 3.892 feminicidios identificados por el grupo en 2012 y 2013 fueron investigados por las autoridades y donde sólo el 1,6 por ciento de los cuales dio lugar a condenas.
Además, de los aproximadamente 4.000 mujeres desaparecidas en todo el país en el período 2011-2012, sobre todo en Chihuahua y en el Estado de México, la mayoría se presumen asesinadas o victimas de la trata sexual.
A pesar de la epidemia de violencia contra las mujeres en México, no existe en la actualidad una política integral que facilita la justicia para las víctimas a causa de la ineficacia institucional en todas las etapas del proceso penal. Muchos de estos casos de violencia contra las mujeres son pasados por alta por las investigaciones del gobierno.
El Otro Ayotzinapa
La demanda por justicia para los normalistas de Ayotzinapa ha catalizado protestas a lo largo de cientos de ciudades de todo el mundo y ha inspirado una denuncia colectiva en contra de la desaparición forzada y la violencia del estado en México y globalmente. Ha planteado serias preguntas en torno a las deficiencias del gobierno mexicano, y la impunidad y la falta de transparencia en sus investigaciones de estas violaciones de derechos humanos. Las protestas en la ciudad de México, encabezados por las familias de los desaparecidos, han convocado cerca de medio millón de personas a las calles. Durante estas manifestaciones masivas, mujeres han marchado para exigir justicia para los 43 estudiantes y miles más, en su inmensa mayoría mujeres, que han sido desaparecidas y cuyos casos siguen sin resolverse.
La agrupación feminista Pan y Rosas México organizó una serie de foros y protestas bajo “Mujeres: El Otra Ayotzinapa” en la Ciudad de México para discutir y dar a conocer el feminicidio. El colectivo, fundado en Argentina y establecido en México en 2010, trabaja para combatir el feminicidio.
En una entrevista con el Programa de las Américas, Francisca, miembro de Pan y Rosas y participa en la iniciativa “El Otro Ayotzinapa”, explica la historia de la agrupación.
“Desde nuestros inicios como colectivo en México, hemos tratado de organizar un frente fuerte contra el feminicidio. Las mujeres son asesinadas cada día a lo largo y ancho del país. Se dictaminó recientemente que cada 6 horas y 20 minutos 7 mujeres son asesinadas y estas cifras reflejan una realidad que todas como mujeres vivimos como resultado de un fenómeno que se destapa desde hace más de 20 años en Ciudad Juárez – el feminicidio de la mujeres de Juárez– que hoy se ha extendido a todos los estados del país .”
Francisca cita la violencia generalizada y sistemática contra la mujer que a pesar de que una vez fue documentado como más extenso y abrumador en Ciudad Juárez, ahora está presente en el Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Francisca afirma que el feminicido es un problema importante en materia de derechos humanos en México, sin embargo, ha sido marginado por muchos expertos y académicos que no lo consideran una categoría de análisis. Pan y Rosas cree feminicido es un crimen que ilustra la combinación letal de la pobreza, las condiciones de trabajo precario de las mujeres, y la tortura sexual y la violencia contra los cuerpos de las víctimas.
“Los feminicidios se han extendido por todo el país de una manera muy terrible y se han incrementado como consecuencia de la violencia relacionada con el narcotráfico y esta íntimamente ligado a la trata de mujeres,” dijo Francisca al Programa de las Américas. “
En una época donde la gente es desaparecida todos los días y fosas comunes han sido descubiertos a lo largo de Guerrero y del país, como activista feminista Francisca vincula la historia de activismo en torno a los feminicidios con el dolor que muchas familias se han enfrentado tras la desaparición de sus seres queridos.
“Son años de impunidad las que pesan sobre nuestras espaldas. En los últimos años el feminicidio ha despertado a muchos padres de estas mujeres desaparecidas, como fue el caso de Norma Andrade, quien es de Nuestras Hijas al Regreso a Casa, que justo correaban la misma consigna que se correaba en los 70, cuando las madres buscaban a sus hijos en la Guerra Sucia, bajo la consigna, “Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos”, ahora las madres de Juárez lo retomaron para sus hijas. Y hoy por hoy, en ese marco, se da todo un movimiento hace unos meses que estalla con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero que estaba íntimamente ligado a que en México la desaparición forzada, los feminicidios, la violación a los derechos humanos, y los políticos corruptos es el pan de cada día.”
Ella explica que esta es la razón por que Pan y Rosas se une a la protesta colectiva contra la impunidad y la violencia del Estado provocado por Ayotzinapa. Francisca cree que el caso Ayotzinapa ha detonado un fenómeno democrático en las calles que ha servido como motor para denunciar muchas injusticias, desde el feminicidio a la criminalización de la protesta social bajo el partido gobernante PRI. Ayotzinapa ha ayudado a descubrir el vínculo que existe entre el gobierno y los narcotraficantes y como el gobierno ha fallado en dar respuesta acerca a dónde están los normalistas y que es el Estado el que es responsable de su desaparición, nota Francisca.
“Es por esto que es importante decir que las mujeres son el otro Ayotzinapa porque también vivimos la impunidad y porque hay cientos de madres que comenzaron a organizarse y se convirtieron en activistas que exigían la devolución de sus hijas,” Francisca concluyó.
Pan y Rosas ha presentado foros en universidades y centros comunitarios desde diciembre en donde el alerta de genero que se propuso y fue rechazado por Enrique Peña Nieto durante su gubernatura del Estado de México en el 2011 y el feminicidio de una empleada de Liverpool en la Ciudad de México son solo algunos de los temas tratados. Ellas también participaron en un panel con las madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 07 de marzo en la Ciudad de México.
“Nos parece muy alegador participar en esa mesa con las madres de los 43 normalistas, que se hicieron activistas en la búsqueda de sus hijos y aunque el estado a querido apaciguarlas, siguen al pie del cañón y desconfían de las versiones oficiales que dicen que están muertos y en lugar siguen buscándolos,” dijo Francisca.
Derechos Humanos
Rosa-Linda Fregoso es una académica y experta en el feminicidio de la Universidad de California en Santa Cruz, quien se desempeñó como juez en las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la violencia de género y el feminicidio en Ciudad Juárez el 21 a 23 de septiembre 2014.
Durante el Tribunal Permanente de los Pueblos, Fregoso junto con otros cuatro jueces escuchó 27 casos de feminicidio y violencia de género, desde la desaparición forzada y la trata, la violencia doméstica, las mujeres en condiciones de guerra, la violencia contra los defensores de los derechos humanos, el exilio forzado, y la violencia estructural. Los jueces escucharon, atestiguaron, validando y dictando sentencias sobre la violaciones de los derechos y violencia cometida por el gobierno mexicano, a través de la acción directa de los funcionarios del gobierno o indirectamente por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la complicidad del Estado.
El Programa de las Américas pidió a Fregoso su opinión sobre la falta de movilizaciones contra el feminicidio en vista de las manifestaciones masivas de miles de personas que han salido a las calles para protestar la desaparición de los normalistas de Guerrero.
“No creo que los feminicidios han sido necesariamente dado por alto sino que no han recibido el apoyo constante y la atención de los medios de comunicación y de activistas progresistas,” dijo Fregoso.
“Hay un número de razones por las movilizaciones grandes para los estudiantes de Ayotzinapa. Por un lado, el espectro del masacre de Tlatelolco de octubre 1968 sigue acosando a México, cuando las fuerzas de seguridad mataron a trescientos manifestantes estudiantiles y detuvieron a cientos más. Al igual que en la anterior guerra sucia, en esta nueva guerra sucia – denominado La Guerra contra el Narcotráfico – el gobierno mexicano ha utilizado sus fuerzas para suprimir rivales políticos, mediante la subcontratación de la violencia del Estado, ya sea a la fuerza paramilitar como el Batallón Olimpia de Tlatelolco o por medio de la policía municipal a los traficantes involucrados en Ayotzinapa,” Fregoso afirmó al Programa de las Américas.
Fregoso cree que el caso Ayotzinapa representa el punto de inflexión para esta nueva guerra sucia contra la sociedad civil. Ella relata el costo humano de la guerra contra las drogas abaluartado por el ex presidente Felipe Calderón que se ha resultado en el asesinato de más de 130.000 personas, y 30.000 desaparecidos y 5.000 desaparecidos sólo en 2014.
“Hemos escuchado decenas de casos de “desapariciones forzadas” durante las audiencias de violencias y feminicidios de género del PPT, en testimonios de madres, familiares y organizaciones no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, que ha estado participando desde hace años en el movimiento por la justicia para los desaparecidos. Así Ayotzinapa fue el punto de inflexión para las atrocidades en curso y los casos de terrorismo patrocinado por el Estado en contra de la sociedad civil,” declaró Fregoso.
La falta de movilizaciones masivas en apoyo a las mujeres desaparecidas, dice la académica, puede tener que ver con una jerarquía dentro de un régimen de derechos humanos, en el que la violación de los derechos civiles y políticos son vistos como más intolerables que la usurpación de los derechos económicos, sociales y culturales.
“Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por ejercer sus derechos políticos de protestar, mientras que los motivos detrás de las desapariciones de mujeres y niñas son mucho más variadas, algunas mujeres han sido desaparecidas y/o asesinadas por exigir justicia o por ejercer sus derechos políticos y civiles, pero muchos otras han desaparecido y / o han sido asesinadas por ser miembros de un grupo social, como las mujeres.”
La renuencia, la indiferencia, el desprecio y falta de respeto de las autoridades gubernamentales y estatales hacia violaciones de derechos humanos relacionados con el feminicidio representa un gran problema y una forma de la violencia indirecta del Estado que también merece ser denunciado y inspirar movilizaciones grandes según Fregoso.
Ella explica que es necesario tanto para convencer a la población y los activistas de derechos humanos de la importancia de la movilización por la justicia en nombre de las mujeres y niñas desaparecidas y ampliar el marco de violaciones de los derechos humanos y la violencia del Estado. Ampliar el marco de los derechos humanos implica la clasificación de feminicidio como desaparición forzada, una categoría definida por el derecho internacional que obliga a la intervención directa o indirecta del Estado.
Definido como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,” de acuerdo con La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ‘desapariciones forzadas’ si se aplica a los feminicidios obligaría a las autoridades gubernamentales a resolver la inmensa mayoría de los casos en el país. Actualmente feminicidio se clasifica como “desapariciones”.
“Se necesita asociar a los feminicidios como desapariciones forzadas porque lo que estamos tratando en México es un Estado fallido, un estado feudalizado, que, como una de las madres en la Audiencia sobre Feminicidio y Violencia de Género declaró sobre los culpables de la desaparición de su hija: “Son los mismos, agentes estatales de día y sicarios de noche,” concluyó Fregoso.
El trabajo incansable de las activistas feministas, las madres, académicos de los derechos humanos, y los cientos de personas que salieron a las calles el pasado 8 de marzo en la Ciudad de México y en todo el mundo, demuestran que la lucha sin tregua contra la violencia de género patrocinada por el Estado sólo descansará cuando se haga justicia para las miles de víctimas de feminicidio en México.
