Nota del editor: Este artículo es la final de una serie de tres partes que analizan las causas del fenómeno del trabajo migrante y los mecanismos que lo originan, y ofrecen propuestas para transformarlo en un sistema más justo y equitativo. El Programa de las Américas se enorgullece en publicar esta serie en colaboración con el autor.
David Bacon
Antes de la Guerra Fría, la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente de los procedentes de México, Centro América y Asia, fue puesta en marcha mayormente por las comunidades trabajadoras de migrantes, y las alianzas que construyeron con el ala izquierda del movimiento laboral en Estados Unidos. En el momento en el que la izquierda comenzó a ser atacada y fue parcialmente destruida durante la Guerra Fría, las líderes por los derechos de los migrantes también fueron blanco de ataque para la deportación. Como en ningún otro momento de su historia, la política migratoria de Estados Unidos se convirtió más claramente en un esquema de suministro de mano de obra barata.
En los años de 1950, en la cúspide de la Guerra Fría, la combinación de reforzamiento de la ley y la mano de obra contractual alcanzó un punto culminante. En 1954, un millón 75 mil 168 mexicanos fueron deportados de Estados Unidos. De 1956 a 1959, entre 432 mil 491 y 445 mil 197 mexicanos fueron traídos a Estados Unidos cada año bajo visas temporales de trabajo, en lo que fue conocido como el “programa bracero”. El programa comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, y fue finalmente abolido en 1964.
El movimiento por los derechos civiles terminó con el programa bracero y creó una alternativa al régimen de deportaciones. Los activistas chicanos de la década de 1960 –Ernesto Galarza, Cesar Chávez, Bert Corona, Dolores Huerta y otros- convencieron al Congreso de rechazar (en 1964) la Ley Pública78, una ley que autorizaba al programa bracero. Los trabajadores del campo se fueron a huelga, al año siguiente en Delano, California y así nació el Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW). También ayudaron a convencer al Congreso en 1965 para aprobar una legislación migratoria que estableció nuevas vías para la inmigración legal, como por ejemplo, el sistema de preferencia a la familia, de esa manera, las personas podían reunir a sus familiares en Estados Unidos. Los migrantes recibieron visas de residencia permanente, permitiéndoles llevar vidas normales y gozar derechos humanos y laborales básicos. Esencialmente, un sistema orientado hacia la familia y la comunidad sustituyó al viejo programa de suministro de mano de obra-deportación.
Luego, bajo la presión de los empleadores a finales de 1970, el Congreso comenzó a debatir las iniciativas de ley que eventualmente resultaron en el Acta de Reforma y Control Migratorio de 1986. El debate estableció la línea divisoria en el movimiento moderno por los derechos de los migrantes. El IRCA estaba compuesto por tres elementos. Reinstituyó un programa de trabajadores huésped tipo bracero al crear la categoría de visa H2-A. Penalizó a los patrones que contrataran trabajadores indocumentados (“sanciones a los empleadores”), y les exigió revisar el estado migratorio de cada trabajador. También estableció un proceso de amnistía para los trabajadores indocumentados que hubieran permanecido en el país antes de 1982.
La principal federación de sindicatos de comercio a la que pertenecen la mayoría de sindicatos de Estados Unidos, la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), apoyó las sanciones diciendo que ellas detendrían la migración indocumentada (y por lo tanto, presumiblemente la competencia laboral con ciudadanos o trabajadores residentes legales). La Iglesia Católica y otros simpatizantes liberales en Washington D.C., apoyaron la amnistía y estaban dispuestos a aceptar a los trabajadores huésped a cambio de una aplicación de la ley. Los patrones querían programas de trabajadores huésped. La iniciativa de ley enfrentó la oposición de las comunidades migrantes y defensores de los derechos de los migrantes de izquierda, desde grupos como el Centro de Acción Social Autónomo (CASA), fundado en Los Angeles por el dirigente sindical y por los derechos de los migrantes, Bert Corona, hasta el Comité del Area de la Bahía Contra Simpson Mazzoli en el norte de California y grupos similares en todo el país. Activistas y líderes sindicales también se opusieron a la iniciativa de ley pero no eran suficientemente fuertes como para cambiar la posición laboral a nivel nacional. La coalición con sede en Washington DC, logró los votos en el Congreso y Ronald Reagan, uno de los presidentes más conservadores del país, firmó la iniciativa convirtiéndola en ley.
Una vez que la iniciativa fue aprobada, muchas organizaciones locales que se oponían a ella, formaron coaliciones de base en la comunidad para lidiar con los impactos de ésta. En Los Angeles, donde existe la concentración más grande de trabajadores indocumentados mexicanos y centroamericanos, activistas sindicales a favor de los migrantes abrieron centros para ayudar a las personas a procesar solicitudes para la amnistía. Ese esfuerzo, junto con el previo, en su mayoría campañas encabezadas por la izquierda para organizar trabajadores indocumentados, construyeron la base para el posterior incremento de inmigrantes que cambió la política y el movimiento laboral de la ciudad.
En otras áreas de Estados Unidos, defensores locales de los derechos de los inmigrantes formaron coaliciones para encontrar maneras de defender a los trabajadores indocumentados en contra del impacto generado por las sanciones a los empleadores. Las coaliciones de base entonces comenzaron ayudando a los trabajadores a establecer centros para jornaleros, trabajadores de la costura, empleadas domésticas, y otros grupos de migrantes generalmente ignorados por los sindicatos establecidos.
El movimiento desde IRCA
En 27 años desde que se aprobó el IRCA, una división general ha marcado al movimiento por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Por un lado, están las organizaciones de defensa migratoria bien financiadas con sede en Washington DC, que tienen lazos con al Partido Demócrata y las grandes corporaciones. Son las que formulan y participan en las negociaciones que tienen que ver con las propuestas de reforma migratoria que combinan los programas de suministro de mano de obra y una creciente aplicación de la ley en contra de los indocumentados. Por otro lado, están las organizaciones de base de las comunidades migrantes, activistas laborales y políticos, que defienden a los migrantes indocumentados y que resisten contra las propuestas de un mayor reforzamiento de la ley y los programas laborales con derechos disminuidos.
A finales de la década de 1990, cuando la administración Clinton accedió en los esfuerzos para aprobar la represiva legislación (lo que eventualmente se convirtió en el Acta de Reforma Migratoria y Responsabilidad Inmigrante), grupos de cabildeo en Washington pugnaron para que fuera aprobada una estrategia que permitía medidas dirigidas a mayores deportaciones de indocumentados (llamándolas “inexorables”) mientras orquestaban una defensa únicamente de inmigrantes que fueran residentes legales. Varias coaliciones de base en las comunidades se retiraron de los esfuerzos de cabildeo en Washington negándose a lanzar a los lobos a los indocumentados. La estrategia fracasó de todas maneras, y esta virtual ley incluye provisiones dirigidas a los inmigrantes legales así como a los indocumentados.
En el movimiento laboral, el creciente fortalecimiento de los trabajadores migrantes, en combinación con un compromiso para organizar las industrias en las que estaban concentrados, crearon la base para cambiar la posición sindical. Durante la convención de la AFL-CIO de 1999, en Los Angeles, la federación pidió rechazar las sanciones a los empleadores; se pronunció por una nueva amnistía y por defender los derechos laborales de todos los trabajadores. La federación ya se oponía a los programas de trabajadores huésped. Esa posición fue sostenida por la AFL-CIO, incluso después de que varios sindicatos se salieron para formar la federación rival Change to Win (Cambio para Ganar), hasta el 2009. En ese tiempo, las dos federaciones pactaron un compromiso en el cual ambas retiraron su previa oposición a las sanciones contra los patrones, siempre y cuando fueran implementadas “de manera justa”.
Entre los años 2003 y 2009, una sucesión de iniciativas de ley de reforma migratoria “integral” fueron presentadas al Congreso. En el centro están los programas de trabajadores huésped propuestos por los empleadores. Los cabilderos de los patrones firmaron las primeras propuestas de ley y han sido apoyados por una coalición política que incluye a algunos sindicatos, grupos de cabildeo, así como algunas iglesias. A excepción de la vacilante y dividida posición de los sindicatos, esta es la misma coalición política que logró la aprobación del IRCA en 1986.
Algunas coaliciones locales por los derechos de los inmigrantes también han apoyado las iniciativas de ley, a pesar de que la mayoría no han estado dispuestos a aceptar los programas de trabajadores huésped y un mayor reforzamiento de la ley. Los promotores de las iniciativas de ley integral han organizado una sucesión de esfuerzos de cabildeo de alto perfil, los cuales han recibido amplio apoyo de fundaciones. La estructura de las iniciativas de ley ha sido básicamente la misma desde el comienzo – la misma estructura de tres partes del IRCA: trabajadores huésped, reforzamiento de la ley y algún grado de legalización.
En la última década, sin embargo, ha crecido una laxa y desorganizada red de grupos que generalmente se ha opuesto a la mayoría de las iniciativas de ley de Reforma Migratoria Integral y sus provisiones, y que también han organizado los movimientos en los lugares de impacto que se han opuesto al incremento de aplicación de la ley y represión dirigidas en contra de las comunidades inmigrantes. Fuera de los corredores de Washington, las coaliciones comunitarias, los grupos sindicales y por los derechos de los inmigrantes están luchando por otras alternativas. Algunas de ellas son grandes contrapropuestas a la estructura de Reforma Migratoria Integral. Otras buscan lograr un estatus legal para una parte de la población indocumentada, como un paso hacia un cambio mayor.
Una de esas propuestas es el Dream Act (Acta de Ensueño). Presentada ante el Congreso por primera vez en el 2003, la iniciativa de ley permitiría a los estudiantes indocumentados que se gradúan de las preparatorias de Estados Unidos tramitar la residencia permanente si concluyen dos años de colegio o prestan dos años servicio en el ejército. Existen cálculos de que esto permitiría a más de 800 mil jóvenes obtener el estatus legal y con el tiempo, la ciudadanía. Durante 7 años, miles de jóvenes “sin papeles” han marchado, protestado sentándose en calles y oficinas de gobierno, escrito cartas y utilizado todas las tácticas de las luchas por los derechos civiles para lograr que su propuesta de ley sea incluida en la agenda de Washington DC.
Muchos de ellos han “salido de las sombras”, declarando abiertamente su falta de estatus migratorio legal en entrevistas a los medios y desafiando a las autoridades a detenerlos. Tres de ellos fueron arrestados cuando acudieron a la oficina del Senador por Arizona John McCain, exigiéndole apoyar la iniciativa, al mismo tiempo que retaban a las autoridades de migración a arrestarlos. Los impulsores del Dream Act obtuvieron un voto en Washington. Aprendieron a detener las deportaciones en un momento histórico en el que un mayor número de personas han sido deportadas desde la época de la Guerra Fría.
Cuando fue originalmente escrita, la iniciativa de ley habría permitido a los jóvenes lograr la legalización con 900 horas de servicio comunitario, como una alternativa a asistir al colegio o la universidad, lo cual muchos de ellos no pueden pagar. Sin embargo, cuando la propuesta fue sometida al Congreso, el Pentágono presionó para sustituir el servicio militar por el comunitario. Varios jóvenes activistas se desgarraron por esta provisión, y ultimadamente, la iniciativa no fue aprobada en el Congreso, ni siquiera con la ventaja propuesta. No obstante, muchos activistas por los derechos de los inmigrantes ven el Dream Act como un importante paso hacia una reforma de las leyes de inmigración del país.
Apoyar el Dream Act y otras protecciones parciales para los indocumentados representan un eje central para los trabajadores en todo el país. Este movimiento se basa en centros organizativos para los trabajadores eventuales, que en su mayoría son indocumentados. Algunos de los centros han hecho suyas las protestas contra la represión en Arizona y luchado para lograr la aprobación de leyes en California, Nueva York y otras partes, prohibiendo a la policía entregar a las personas a los agentes de inmigración. Especialmente han desarrollado modelos de trabajo de base para organizar a los migrantes que buscan empleo en las esquinas, y estos proyectos se han unido a la Red Organizativa del Día Nacional del Trabajo. La Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos, fue organizada el año pasado, en parte usando la experiencia de la organización de los jornaleros, para lograr derechos para los trabajadores domésticos, de los cuales casi la mayoría son mujeres. Logró la aprobación de una ley sobre derechos en Nueva York, y está trabajando para lograr su aprobación en California.
En una escala más amplia, ¿Cuál sería una ley que liberara a las personas y que no las convirtiera en modernos esclavos? Varias organizaciones progresistas por los derechos de los migrantes han buscado formular una respuesta a esta pregunta, especialmente en respuesta a las propuestas de Reforma Migratoria Integral que existen en Washington y a las que ellos se oponen.
El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), llevó a cabo una serie de discusiones organizadas entre sus comités en California para formular una posición muy progresista sobre reforma migratoria, con la perspectiva única de una organización de migrantes y comunidades emisoras. Debido a su membresía indígena, el FIOB lucha por los derechos de los migrantes en Estados Unidos, por una amnistía de inmigración y una legalización para los inmigrantes indocumentados pero también condena las propuestas de programas de trabajadores huésped. Al mismo tiempo, “necesitamos un desarrollo que haga de la migración una opción en lugar de una necesidad, el derecho a no migrar”, explica Gaspar Rivera Salgado, ex coordinador binacional del FIOB. “Ambos derechos son parte de la misma solución. Tenemos que cambiar el debate en el que la inmigración es presentada como un problema, a un debate sobre derechos. El problema real es la explotación”, agrega Rivera Salgado. Esta perspectiva es especialmente importante en Estados Unidos, donde quienes debaten la política migratoria necesitan escuchar las voces de los mexicanos, especialmente de la izquierda, mientras discuten el movimiento de personas yendo y viniendo por la frontera.
La propuesta sobre reforma migratoria del FIOB es similar a la que promueve la Campaña por la Dignidad (Dignity Campaign), una imprecisa coalición de organizaciones en todo el país que han propuesto una alternativa a las iniciativas de reforma integral (suministro de mano de obra, más reforzamiento de la ley). Las organizaciones que la forman han participado en otras coaliciones previas que se oponen a las sanciones de los patrones y programas de trabajadores huésped. La Campaña por la Dignidad une a organizaciones por los derechos de los migrantes y de comercio justo para alentarlos a ver las conexiones globales entre la política de comercio, el desplazamiento y la migración. También une a los sindicatos y a las organizaciones por los derechos de los migrantes para incentivar el crecimiento de la lucha contra el reforzamiento de la ley en contra de los trabajadores, subrayando la necesidad de oponerse a la criminalización del trabajo.
Propuestas Progresivas
La propuesta de la Campaña por la Dignidad utiliza esfuerzos previos, particularmente uno promovido por el Comité de Servicios de los Amigos Americanos llamado “un nuevo camino,” un conjunto de principios morales para cambiar la política migratoria de Estados Unidos. Hubo otros esfuerzos anteriores, sobre todo por parte de la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (NNIRR por sus siglas en inglés), por definir un programa alternativo y crear el apoyo entre otras organizaciones a nivel nacional para avanzar sobre estas líneas de trabajo. Es importante mencionar las contribuciones hechas por otras organizaciones. La lista de estas organizaciones se ve en el sitio de internet, www.dignitycampaign.org.
La crítica compartida por todas estas organizaciones sostiene que el marco de la Reforma Migratoria Integral ignora los tratados comerciales como el TLCAN y el CAFTA (Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica), los cuales producen ganancias para las corporaciones estadounidenses pero aumenta la pobreza en México y Centroamérica. Mientras continúen la política de comercio de Estados Unidos, los programas de ajuste estructural y las reformas económicas neoliberales, millones de personas desplazadas seguirán viniendo sin importar cuántos muros sean construidos en la frontera.
En las propuestas de “reforma migratoria integral” promovidas por los grupos defensores de Washington DC durante varios años, algunas de las cuales fueron sometidas como iniciativas de ley al Congreso, las personas que trabajan sin papeles continuarían siendo despedidas y hasta encarceladas, y las redadas incrementarían. La vulnerabilidad hace más difícil a las personas defender sus derechos, organizar sindicatos e incrementar los salarios. Eso mantiene bajo el precio de la mano de obra migrante. Esto no va a detener a las personas para que vengan a Estados Unidos, pero producirá un sistema de detenciones mucho más grande. El año pasado, más de 350 mil personas pasaron por prisiones privadas para inmigrantes indocumentados. Al mismo tiempo, todas las propuestas de Reforma Migratoria Integral surgidas en Washington DC, amplían los programas de trabajadores huésped, en los cuales los trabajadores tendrían pocos derechos y ningún mecanismo para organizarse por mejores condiciones. Finalmente, las medidas de legalización de la Reforma Migratoria Integral impondrían barreras haciendo ilegibles a muchas de los 12 millones de personas que necesitan estatus legal. Estas propuestas condicionan la legalización a “asegurar la frontera”, lo cual se ha convertido en un eufemismo de Washington DC, que significa una fuerte presencia militar aumentando 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, y creando un clima de una total negación de los derechos civiles y humanos de las comunidades fronterizas.
“Los gobiernos de México y Estados Unidos dependen de la mano de obra barata de los mexicanos. No lo dicen abiertamente pero lo hacen,” concluye Rufino Domínguez. “Lo que mejoraría nuestra situación es un estatus legal para las personas que ya se encuentran aquí y una mayor disponibilidad de visas en base a la reunificación familiar. La legalización y más visas resolvería muchos problemas, no todos pero sería un gran paso”, agrega. “Los muros no van a detener la migración, lo que disminuiría la presión que nos obliga a dejar nuestra tierra sería la creación de salarios decentes e inversión para la creación de fuentes de empleo en nuestros países de origen. Penalizándonos haciendo ilegal el tener un trabajo no va a parar la migración ya que eso no soluciona el por qué la gente viene”, advierte.
El hecho de cambiar la política de comercio corporativa y detener las reformas neoliberales es tan central para una reforma migratoria como lograr un estatus legal para los inmigrantes indocumentados. No tiene sentido promover más acuerdos de libre comercio y luego condenar la migración de las personas que ellos desplazan. En su lugar, el Congreso de Estados Unidos debe acabar con el uso del sistema de libre comercio como un mecanismo para producir trabajadores desplazados. Eso también significa desligar el estatus migratorio y el empleo. Si a los patrones se les permite reclutar mano de obra contractual en otros países, y esos trabajadores solo pueden quedarse si son empleados de manera permanente, nunca van a tener derechos que puedan ser reforzados por la ley.
La raíz del problema con la migración en la economía global es que es una migración forzada. Una coalición por una reforma debe luchar por el derecho de las personas a elegir cuándo y cómo migrar. La libertad de movilidad es un derecho humano. Incluso en un mundo más justo, la migración va a continuar porque las familias y comunidades están ahora conectadas a miles de millas y muchas fronteras. Una política migratoria debería por lo tanto, hacer más fácil este movimiento.
Al mismo tiempo, los trabajadores necesitan derechos básicos sin importar su estado migratorio. Sería mejor destinar más recursos a reforzar los estándares de trabajo para todos los trabajadores en lugar de penalizar a los trabajadores indocumentados por trabajar y a los patrones por contratarlos. “De lo contrario”, afirma Rufino Domínguez “los salarios se van a deprimir en una carrera hacia abajo ya que si un empleador tiene una ventaja, otros van a buscar lo mismo”.
Para aumentar el bajo precio de la mano de obra migrante, los trabajadores migrantes necesitan poder organizarse. Un estatus legal permanente facilita la organización. Los programas de trabajadores huésped, las sanciones a los empleadores, el reforzamiento de la ley y las redadas hacen mucho más difícil la organización. Actualmente, la sección de trabajadores sin beneficios y los salarios más bajos es la que se está expandiendo más rápidamente. Una coalición popular debe empujar en sentido contrario, hacia un estatus más igualitario, el cuál ayudará a unir a diversas comunidades.
Para construir una coalición política por una reforma a favor de los trabajadores y los inmigrantes se tiene que comenzar buscando intereses mutuos entre los trabajadores. Ese terreno común es una lucha por empleos y derechos para todos. El desempleo en la comunidad afroamericana, por ejemplo, está en niveles catastróficos. Este desempleo no es causado por los inmigrantes sino que mayormente es causado por el declive de la manufactura y los recortes en los empleos públicos. En la recesión del 2001, 300 mil de 2 millones de trabajadores de fábrica afroamericanos perdieron su empleo. En la creciente industria de los servicios y alta tecnología, los trabajadores afroamericanos y chicanos desplazados son una anatema. Los empleadores piensan que ellos son muy tendientes al sindicato. Exigen altos salarios que las compañías no quieren pagar.
Es imposible lograr grandes cambios en política migratoria sin hacerlos parte de la lucha para lograr las metas de afroamericanos, sindicatos y comunidades trabajadoras. Para acabar con la competencia laboral, por ejemplo, los trabajadores necesitan que el Congreso adopte una política de empleo completa. Para lograr derechos organizativos para los inmigrantes, todos los trabajadores necesitan el Acta de Libre Elección del Empleado y una reforma en la ley laboral. El ganar esas demandas requiere una alianza entre los trabajadores (inmigrantes y nativos, latinos, afroamericanos, asiático-americanos y anglosajones). Una alianza con los patrones dándoles nuevos programas de trabajadores huésped incrementará la competencia laboral, bajará los salarios y hará imposible la Acción Afirmativa (la cual garantiza igualdad de oportunidades para las minorías étnicas).
La propuesta de la Campaña por la Dignidad, por lo tanto, no sólo es un programa alternativo para cambiar las leyes y políticas, sino una estrategia implícita de alianzas entre esas comunidades y sus integrantes, bajo la base de un interés mutuo. Los elementos básicos de una alternativa como tal incluyen:
*Proporcionar visas de residencia permanente o tarjetas verdes, a las personas indocumentadas que ya se encuentran aquí y aumentar el número de tarjetas verdes disponibles para los nuevos migrantes.
*Eliminar la acumulación de años en procesar las visas de reunificación familiar, fortaleciendo a las familias y comunidades.
*Permitir a las personas solicitar la residencia permanente en el futuro, después de haber estado viviendo en Estados Unidos por unos años.
*Acabar con el reforzamiento de la ley que ha llevado a miles de deportaciones y despidos.
*Rechazar las sanciones a empleadores, reforzando los derechos laborales y las leyes de protección a los empleados para todos los trabajadores.
*Acabar con todos los programas de trabajadores huésped.
*Desmantelar el muro fronterizo y desmilitarizar la frontera para que las personas ya no mueran cruzándola y restaurar los derechos civiles y humanos en las comunidades fronterizas.
*Responder a la recesión y las ejecuciones hipotecarias, con programas de trabajo para garantizar un ingreso y acabar con el temor de competencia laboral.
*Redirigir el dinero gastado en las guerras en Irak y Afganistán para reconstruir las comunidades, refinanciar los préstamos hipotecarios y restaurar los servicios sociales requeridos por las familias trabajadoras.
*Renegociar los tratados comerciales existentes para eliminar las causas de desplazamiento y prohibir nuevos tratados comerciales que desplacen a las personas o reduzcan los estándares de vida, incluyendo la intervención militar para aplicar las reformas neoliberales.
*Prohibir a las agencias del orden locales reforzar las leyes de inmigración, acabar con los retenes en las calles, las redadas y cerrar los centros de detención.
En Estados Unidos existe una demanda de mano de obra y las prioridades del presupuesto deben ser cambiadas a redirigir los recursos a las áreas que producirán empleos e incrementarán el bienestar. Para resolver los dilemas de la migración y la globalización, Estados Unidos necesita un sistema que produzca seguridad, no inseguridad. Las corporaciones y aquellos que se benefician de las actuales prioridades podrían rechazar esta alternativa pero millones de personas si la apoyarán.
Una nueva era de derechos y equidad para los migrantes no va a comenzar desde Washington DC, más de lo que ha hecho el movimiento por los derechos civiles. Una reforma de derechos humanos será un producto de los movimientos sociales de este país, especialmente de las personas de abajo y fuera de los corredores del poder. En 1965, un movimiento social logró avances que eran tomados como poco realistas y políticamente imposibles una década antes. La propuesta de la Campaña por la Dignidad podría ser inviable en un Congreso dominado por nativistas del Tea Party y corporaciones en busca de programas de trabajadores huésped, pero al igual que fue necesario un movimiento de derechos civiles para aprobar el Acta del Derecho al Voto, cualquier cambio básico para establecer los derechos de los inmigrantes también requerirá un cambio social y un fundamental realineamiento de poder.
David Bacon es fotógrafo periodístico y escritor basado en Oakland y Berkeley, California. Hace 18 años que es reportero y fotógrafo documentalista, trabajando con muchas publicaciones nacionales. Sus fotos han sido expuestas nacionalmente, en México, el Reino Unido y Alemania. El enfoco de su trabajo son temas de labor, la migración, y políticas internacionales, y el es editor en el Pacific News Service además de colaborar con el Progama de las Américas.
El informe “Deslazados, Desiguales Y Criminalizados- Luchando por los Derechos de los Migrantes en Estados Unidos” fue preparado para la Rosa Luxemburg Foundation.
