La transición mexicana desde el estado autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el siglo XX hacia una democracia incierta ha sido un asunto sangriento. Y continúa siéndolo en este año electoral.
Mientras la atención de la prensa internacional recae sobre todo en el caos generado por las confrontaciones entre las bandas del crimen organizado, la violencia actual va más allá del marco mediático de la guerra de las drogas entre el gobierno y los narcos, y golpea a gente de todos los ámbitos de la sociedad, desde periodistas hasta activistas medioambientales, líderes indígenas comunitarios, defensores de los migrantes, miembros de partidos políticos, personalidades vinculadas con el gobierno e individuos sin otra relación aparente que la de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
La geografía de la violencia en este año electoral 2012 coincide con el debilitamiento del control político centralizado, la reubicación del poder y el crecimiento de lo que el experto en seguridad y crimen organizado Edgardo Buscaglia llama el proceso de feudalización o Balcanización del poder en México.
La violencia en el 2012 se suma, pero es distinta, al derramamiento de sangre que acompañó otros dos periodos críticos de la historia política mexicana: la ofensiva electoral contra el PRI entre 1988 y 1991, y los asesinatos que marcaron el último año del mandato del Presidente Carlos Salinas de Gortari en 1994.
En el primer caso, la violencia apuntaba contra un movimiento electoral insurgente cohesionado en torno a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, que más tarde se institucionalizaría como el nuevo Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las ramas del PRD fueron golpeadas con especial dureza en los estados meridionales de Guerrero y Oaxaca, donde el nuevo partido representaba una amenaza no solo para el PRI a nivel nacional sino también para los hombres fuertes que acaparaban el poder a nivel regional, conocidos como caciques.
En un documento preparado por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), reunido en Ciudad Juárez a finales del último mes, se afirmaba que 500 miembros del PRD fueron “ejecutados” y otras 322 personas asesinadas a causa de la violencia relacionada con las elecciones desde 1988 hasta 1994. Los asesinatos de los primeros activistas del PRD quedaron sin resolver, y la actual cúpula del partido no ha considerado la investigación y el castigo de los crímenes como un asunto prioritario.
La violencia contra el PRD siguió a la represión de la Guerra Sucia y a los años decadentes de la presidencia de Miguel de la Madrid, cuando 1.200 desapariciones forzosas de presuntas guerrillas y activistas opositores (de las cuales, 650 tuvieron lugar solo en el estado de Guerrero) fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad gubernamentales, de acuerdo al documento del TPP.
Al igual que los asesinatos de militantes del PRD, los casos de desapariciones durante la Guerra Sucia no han sido investigados judicialmente y es probable que así se queden. Las figuras clave de la represión, incluyendo al antiguo titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro, y al General Humberto Quirós, murieron de muerte natural, mientras que el general retirado Mario Acosta Chaparro, que también estuvo implicado en el crimen organizado, fue baleado en Ciudad de México el pasado abril. Antiguo jefe policial del estado de Guerrero, Acosta Chaparro había sobrevivido a un intento similar en 2010.
1994 fue un año fundamental en la lenta desintegración y mutación del viejo régimen. México estaba conmocionado por el asesinato del probable próximo presidente, el candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, y por el homicidio del Secretario General del PRI y anterior Gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, quien era además cuñado del Presidente Carlos Salinas de Gortari.
El hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, fue acusado del crimen pero años más tarde fue exonerado por un juez después de pasar algún tiempo en prisión. Como los asesinatos de activistas del PRD, los homicidios de Colosio y Ruiz Massieu (hechos que modelaron el destino de un país) permanecen envueltos en misterio. Al igual que ocurre con la continua controversia en torno al asesinato de JFK en los Estados Unidos, los mexicanos ponen en duda la historia oficial de que Colosio fuera tiroteado por un asesino solitario, Mario Aburto, que fue condenado por el crimen.
Si el levantamiento Zapatista de 1994 y los asesinatos de dos líderes del PRI no fueron suficientes para sacudir la nación, el año terminó con México agonizando económicamente. La crisis llevó a un gigantesco rescate público del sector financiero reprivatizado, favoreció el desmantelamiento de la economía rural, desencadenó una migración masiva hacia las ciudades y los Estados Unidos, profundizó la dependencia respecto de Washington y fue testigo de la consolidación de organizaciones criminales como los cárteles de la droga de Juárez, Tijuana y El Golfo. De acuerdo al analista político Gustavo Esteva, la porción de la actividad económica nacional en manos del Estado se redujo drásticamente de dos tercios a un quinto entre 1982 y 2000.
Políticamente, los años de crisis en los noventa fueron cruciales para establecer los cimientos del actual conjunto de relaciones de poder. El viejo estado nacido de la Revolución Mexicana de 1910, hoy en el basurero de la historia, ha sido reemplazado por el gobierno alterno de múltiples partidos políticos con diferentes grados de corrupción; la aparición de un uno por ciento de súper ricos dentro del uno por ciento más rico; y el surgimiento de estructuras del llamado “shadow state” (un gobierno paralelo y oculto) manipuladas por el crimen organizado, sobre todo pero no solo, a nivel local y de los estados.
El que fuera el aparato burocrático de una elite gobernante jerarquizada, el PRI, que podría volver a hacerse con el poder el 1 de julio, actualmente se parece más a una cadena de franquicia de oscuros intereses regionales que a una organización estrechamente controlada desde arriba, aunque se trata de una agrupación política “más peligrosa” que la vieja, escribe Esteva.
Es dentro de este contexto político-económico donde el paisaje electoral de 2012 se tiñe de episodios violentos.
La nueva red de violencia
En 2012, la violencia contra integrantes de los partidos políticos ha sido notable en los lugares en los que se celebrarán elecciones locales y estatales, además de las nacionales. En el estado de Guerrero, por ejemplo, una ola de asesinatos, secuestros, tiroteos y amenazas ha golpeado no solo a los partidos pertenecientes al movimiento liderado por el candidato presidencial de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador, sino también a personas relacionadas con el PRI y el PAN.
La violencia contra personas con conexiones políticas tiene lugar en medio de una guerra general en la que participan varios grupos del crimen organizado. Recordando a Ciudad Juárez dos años atrás, Acapulco ha sido convertida en un sangriento campo de batalla. Desapariciones forzadas, secuestros y enfrentamientos armados son el pan nuestro de cada día. Desde principios de 2011, el número de muertos ronda las 1.200 víctimas en la vieja ciudad turística de 800.000 habitantes.
Una vez más los periodistas han vuelto a ser el blanco durante este año electoral. Al asesinato esta primavera de la corresponsal política del diario Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, le siguieron inmediatamente los asesinatos en el mismo estado de otras cuatro personas relacionadas con la prensa. En el norte, fue asesinado Marco Antonio Ávila García, el reportero que cubría las fuentes de policía de Sonora, mientras que las oficinas de los diarios El Mañana y Hora Cero, en Nuevo Laredo y Reynosa respectivamente, fueron atacadas con armas de fuego y explosivos.
Desde Ciudad de México, el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) envía comunicados de rutina en los que denuncia los ataques contra la prensa y los periodistas como afrentas al derecho de la sociedad a ser informada. “Urgimos a las autoridades competentes a que se lleven a cabo investigaciones serias y en profundidad para que los culpables materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia” escribió CEPET tras el incidente de Reynosa.
Poquísimos sospechosos de los cientos de ataques contra periodistas y medios de comunicación han sido arrestados o condenados.
Bajo la cobertura de violencia generalizada, las amenazas y asaltos a las comunidades indígenas han ido en aumento. Teódulo Santos Girón, luchador social y líder natural de la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, que reclamó territorios ancestrales en 2009, fue asesinado hace poco. Tres hombres fueron acribillados en una comunidad Triqui desplazada en Oaxaca que llevaba mucho tiempo sitiada por grupos paramilitares. Defensores de derechos humanos, laborales y medioambientales también ocupan un lugar destacado en esta lista.
Esta primavera, el padre Alejandro Solalinde, conocido defensor de los migrantes centroamericanos que atraviesan México, abandonó el país por miedo a su seguridad, tal y como hizo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el estado de Guerrero. Según se informa, la amenaza específica contra Rosales incluía referencias al apoyo de Tlachinollan a los pequeños propietarios de tierras que se oponían al megaproyecto de presa hidroeléctrica La Parota, cerca de Acapulco, y a las protestas de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, reprimidas por la policía nacional y la estatal de Guerrero el pasado diciembre, dejando como resultado dos estudiantes asesinados.
El mes pasado, la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) canadiense envió una alerta de acción urgente en defensa del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), una organización de derechos laborales que brinda apoyo a los trabajadores de la industria textil y otras, en el estado de Puebla. Recientemente, José Enrique Morales Montaño, miembro de esta organización, fue secuestrado y amenazado por hombres armados, y su directora, Blanca Velázquez Díaz, fue amenazada de muerte a través de una llamada realizada desde el teléfono celular que le robaron a Morales.
Los ataques contra este grupo de trabajo se han “intensificado”, dijo Lynda Yanz, directora ejecutiva de RSM.
“No es seguro organizarse para defender los derechos laborales en México, o la libertad de asociación.”
Según Yanz, tres mil personas de todo el mundo respondieron a la alerta de acción de la RSM. En respuesta al llamamiento, la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, aseguró en una carta que un alto funcionario investigaría el caso de CAT.
En lo que va de año en Guerrero, activistas que protestaron contra las nuevas concesiones marítimas han sido detenidos, amenazados e incluso asesinados en este estado mexicano. En mayo, Raúl Evaristo Pérez, líder de un grupo que se opone a la construcción de un nuevo muelle cerca de Acapulco, fue arrestado por agentes de la policía federal. A finales de ese mismo mes, fue asesinada Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización medioambiental Guerreros Verdes, que luchaba para parar proyectos dañinos para el hábitat de la zona ecológicamente sensible de la laguna Coyuca de Benítez.
A comienzos de la primavera, Obdulia Balderas Sánchez, presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), recibió una amenaza telefónica. Balderas se opuso activamente al proyecto para la construcción de un muelle de cruceros en la Bahía de Zihuatanejo, y más recientemente a la concesión otorgada a la empresa FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para operar las instalaciones portuarias y sus aguas adyacentes en la Bahía de Zihuatanejo y la laguna Barra de Potosí.
Una veintena de organizaciones mexicanas y latinoamericanas envió una carta al Presidente Calderón y otros funcionarios del gobierno solidarizándose con Balderas. Antes de las amenazas, ROGAZ y otros activistas locales consolidaron su relación con los normalistas de Ayotzinapa y los movimientos opositores a la hidroeléctrica La Parota y a las nuevas explotaciones mineras en Guerrero.
En las agresiones contra periodistas, activistas medioambientales y comunidades indígenas resuenan muchos de los rasgos que aparecen en la tesis de la Guerra Sucia que el investigador Carlos Fazio presentó ante el TPP de Ciudad Juárez el mes pasado. Como tribunal internacional de conciencia, el TPP está reuniendo evidencias de violaciones de derechos humanos que puedan ser enviadas a instituciones oficiales de justicia, como la Corte Criminal Internacional.
Dirigiéndose a un panel internacional de jueces, Fazio delineó diferentes fases de la Guerra Sucia desde los años sesenta hasta hoy. El analista señaló que los conflictos por la tierra estuvieron detrás de la masacre de Acteal en la que 45 indígenas mayas fueron asesinados por grupos paramilitares apoyados por el gobierno, del operativo y la violación de mujeres por parte de la policía en Atenco en 2006, y de la estrategia de “tierra quemada”, so pretexto de la guerra contra el narcotráfico, en el Valle de Juárez y Chihuahua desde 2008.
Fazio afirmó que la larga Guerra Sucia fue implementada primero por militares entrenados en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Washington y continuada después con el apoyo de los Estados Unidos en el marco de la Iniciativa de Mérida y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que incluye a los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Todo lo que está sucediendo aquí con el gobierno de Calderón cuenta con el apoyo de los Estados Unidos,” sostuvo.
La respuesta de la sociedad civil después del 1 de julio
Los mexicanos no se mantienen indiferentes ante la violencia. En las últimas semanas, los periodistas se han manifestado a lo ancho del país en apoyo de sus compañeros. El movimiento de jóvenes YoSoy#132, que ha sacudido la escena política con una serie de grandes manifestaciones en las que pedían responsabilidad democrática y mediática, también está denunciando la denominada guerra contra las drogas, y atrocidades como la muerte de docenas de niños en el incendio de la guardería ABC en Sonora. En los debates públicos, los ciudadanos han planteado a los candidatos presidenciales la cuestión de la crisis de los derechos humanos.
Dada la profundidad de la crisis, un importante grupo de personalidades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil están llamando a la acción colectiva más allá de las elecciones del 1 de julio. En un comunicado distribuido por el TPP, cientos de personas y grupos respaldaron la formación de un comité “patriótico” para rescatar a México de la descomposición social, el colapso ecológico y la violencia.
México, declararon los firmantes, ha sufrido la destrucción de su tejido social, ha visto una severa pérdida de soberanía nacional a favor de Washington, ha padecido la destrucción medioambiental y ha experimentado violaciones masivas de los derechos humanos.
“Miles de muertos y desaparecidos conforman un panorama de dolor, sufrimiento y angustia que enluta nuestros hogares,” puede leerse en la proclama por el rescate de la Nación. “Ninguna generación presente había padecido tanta muerte y desolación…”.
Figuras destacadas, entre las que se cuentan el obispo Raúl Vera, el que fuera rector de la UNAM Pablo González Casanova, el poeta y activista por la paz Javier Sicilia y la fundadora del Comité ¡Eureka! y senadora Rosario Ibarra de Piedra, así como cientos de organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas y comunitarias de 26 estados y la capital, se adhirieron a este llamamiento urgente.
“Tenemos la convicción de que independientemente de cuál sea el resultado electoral, la participación de la sociedad civil será necesaria,” se lee en la proclama. “Si gana la opción de cambio serán importantes la organización y la movilización para demandar y apoyar los cambios de estrategia y de política de los gobiernos precedentes. Si no resulta así, con mayor razón se necesitará un gran movimiento de resistencia civil y pacífica que obligue el cambio de rumbo.”
Kent Paterson es periodista independiente y cubre el suroeste de Estados Unidos, México y América Latina. Colabora como analista para el Programa de las Américas www.americas.org
Traducido por Sara Plaza
