Rio de Janeiro, 6:30 de la mañana, día 12 de julio, víspera de la final de la Copa del Mundo de Brasil, disputada por Alemania y Argentina. La abogada y activista Eloísa Samy recibe una visita inesperada en su casa. Hombres de la Policía Civil abren a golpes la ventana del cuarto donde dormía. Los policías ordenan que la abogada abra la puerta y buscan armamento. Incluso con la negativa, ella es aprendida y acusada de formar un comando armado. Samy se desempeñó como activista entre septiembre del 2013 y febrero del 2014, integrando el Instituto de Defensores de los Derechos Humanos (IDDH).
El mismo día, la policía ejecutó 26 órdenes de aprensión, teniendo como saldo la detención de 21 personas, que quedaron detenidas durante cinco días, hasta que la mayor parte obtuvo la libertad provisoria. Dos personas mas ya estaban presas y también forman parte del mismo proceso. En ese momento el delegado Fernando Veloso, jefe de la Policía Civil, alegó a los medios de comunicación brasileños que las detenciones tuvieron un carácter preventivo.
“Estamos monitoreando la actividad de este grupo de personas desde septiembre del año pasado. La detención de ellos impedirá que otros actos de violencia ocurran este domingo [Final de la Copa del Mundo] “. Es decir, que los arrestos eran para “garantizar el orden público”. El mismo concepto sirvió de justificación para la detención, la tortura y la muerte de un sin número de activistas durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985).
La investigación policial, que se ejecuta en secreto, dio lugar a un caso judicial que se parece más a una obra de la literatura fantástica de mala calidad, como definió una de las acusadas y detenidas Camila Jourdan, profesora de filosofía de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Los acusados fueron catalogados como activistas violentos, bajo la sospecha de planear e incitar las protestas violentas. La fragilidad del proceso se hace evidente cuando la línea de investigación de la Policía Civil de Río de Janeiro llegó a considerar al filósofo anarquista Mikhail Bakunin, quien murió en 1876, como uno de los posibles autores de tales actos que atentan contra la ley y el orden.
“Los elementos que se encuentran en el proceso son tan ridículos, son tan bizarros que no tenemos ninguna manera de evitar la conclusión de que se trata de un proceso conducido políticamente. Hay indicios claros de una violación del Estado de derecho. Hay fotos mías, por ejemplo, que fueron reconocidas por una persona que nadie sabe quién es. Esta persona se presentó en la comisaría de policía, Felipe Braz, diciendo que él me reconoció como la persona que estaba murmurando con Elisa Sanzio [otra acusada en el caso]”, dijo la abogada Eloísa a Programa de las Américas.
La activista explica que su actuación en las manifestaciones era como abogada. “Acompañaba las protestas para garantizar la legalidad de las conducta de los policías como la de los manifestantes, pero sobre todo de la policía, porque incluso nos dimos cuenta de que la violencia fue comenzada por parte de la Policía Militar. Mi papel en las manifestaciones fue ponerme lo más cerca posible de los policías y luego informar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por ellos. También prestaba asistencia a las personas arrestadas o detenidas en las comisarías”, explica.
Las pruebas presentadas por la fiscalía se basan en la suposición de la eficacia de las acciones futuras. La ONG Justicia Global de Derechos Humanos denunció las arbitrariedades. “La decisión demuestra la imprecisión en su texto, determinando de que las detenciones se llevaron a cabo en virtud de un posible riesgo de un crimen futuro, el refuerzo de la ilegalidad de la medida, tal como se puede deducir por la siguiente parte: Que existen serios indicios de que esta siendo planeada la realización de actos de extrema violencia para los próximos días, a fin de aprovechar la visibilidad debido a la Copa Mundial de fútbol, siendo así necesaria la acción policial para evitar la consumación de este propósito y también para identificar a otros miembros de la asociación.”
Tan solo en el año 2013, de 696 protestas realizadas en todo país, 15 de ellas concentraron a mas de 50 mil manifestantes, según la ONG Articulo 19, quien también registró por lo menos 2608 personas detenidas durante las protestas y 837 heridos durante las detenciones, de la misma forma se registró en 10 manifestaciones el uso de armas de fuego y en 112, armas no letales por parte de la policía, provocando así un total de 8 manifestantes muertos. Los periodistas no han escapado a la escalada de violencia, y por tanto realizan su trabajo sabiendo que pueden ser heridos o detenidos, pues durante estas protestas del año 2013 hubo un saldo de 117 periodistas agredidos o heridos y 10 detenidos, según la ONG.
30 años sin pedir asilo político
Un día después de haber sido puesta en libertad, Samy y los otros acusados una vez mas se les libró otro orden de aprensión. “En una situación de pánico, la única posibilidad que tenía era para pedir asilo político. Fue entonces cuando me presenté en el Consulado de Uruguay. La situación era tan inusual que el Cónsul ni siquiera sabia cómo proceder.”
Hace mas de 30 años, desde el régimen militar, que un brasileño no pedía asilo político. “Esto es una indicación de que no sabemos exactamente lo que estamos viviendo y lo que nos espera. No considero que el aumento de la represión de las protestas y movimientos fue algo solo por la Copa Mundial.”
Para ella, se trata de una cuestión política. “Sacamos a la superficie los males de los gobiernos. Y no me refiero sólo a los gobiernos estatales y municipales, también al federal. Por qué tal cosa no ocurriría sin la connivencia del gobierno federal. Estas acciones en contra de los movimientos sociales hacia los manifestantes, nunca pasaría si viviéramos efectivamente en todas las esferas de gobierno de un Estado democrático de derecho”.
Policía sin control
Durante el acompañamiento de las movilizaciones de la Copa Mundial, la defensoría publica de Sao Paulo, órgano que presta asistencia jurídica integral y gratuita a las personas que no pueden pagar por los servicios de un abogado, divulgó una relatoría elaborada por una comisión especial instituida para prestar asistencia jurídica a la población durante los actos. Entre las violaciones destacan; detenciones para averiguación y por el crimen de desacato, violentando el derecho de manifestación y de libertad de expresión; dispersión de las movilizaciones mediante una violencia desproporcional; la policía militar hizo acompañamientos de las manifestaciones de forma encubierta.
De acuerdo con Alderon Costa, defensor general de la defensoría publica, que también funciona como control externo de la sociedad entre las instituciones del sistema de justicia, en entrevista para Programa de las Américas, las manifestaciones que iniciaron en junio del 2013 avalaron el estatus quo de la policía, del ejecutivo y del poder judicial. Otro argumento de Costa es que la cultura de la dictadura militar no fue extinta. “En términos policiales la estructura es la misma y, con el avance de la informática ha sido mas sofisticada. La policía militar aun esta vinculada al ejercito. Este dato es fundamental para entender la acción violenta de la policía”, argumenta Costa.
“Hoy se habla mucho sobre la criminalización de los movimientos sociales. Esta realidad la vivimos desde hace décadas y ha empeorando en este ultimo año. Y este empeoramiento se da de forma jurisprudencial, es decir, se están creando leyes que dan base para que el Estado actué de tal forma que se justifica la criminalización de los movimientos sociales”, afirma Costa. “Todos estos elementos están interrelacionados y no van a acabar con el fin de l Copa Mundial o las Olimpiadas del 2016, porque el sistema esta intacto”.
Acusación generalizada
Uno de los problemas a la defensa de los activistas es que las acusaciones no se hacen de forma individual, sino generalizada. “No hay individualización de conductas. No hay prueba alguna de lo que las personas hicieron, cuando hicieron o como hicieron. Las palabras fueron lanzadas casi como un chisme, basado en un testimonio sospechoso”, argumenta la abogada Samy, cuya defensa está siendo tomada por la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
Desde los acontecimientos de junio de 2013, la policía y el poder judicial están vinculando a los manifestantes a “asociación delictuosa” y “conspiración”. Los científicos sociales, que investigan los movimientos sociales, en un manifiesto, cuestionan la caracterización legal de la policía y del poder judicial.
“Nuestra observación y el análisis también ha demostrado que las protestas en las calles de los nuevos movimientos no se caracterizan por la planificación previa de los participantes. Los manifestantes se reúnen espontáneamente en respuesta a un llamado que normalmente se limita a indicar la ubicación de la protesta y de la causa de que se manifiesta. Cientos o miles de personas que se reúnen no constituyen una organización, no antes ni después de las protestas. El hecho de que las redes sociales permiten a las personas que planearon o decidieron participar en las protestas, comunicarse e interactuar, no es suficiente para caracterizarlos como organización, ya que esa interacción es espontánea, informal y no estructurada”, afirman los intelectuales en el manifiesto.
Riego de nueva aprensión
Los acusados viven en un estado de suspenso. El recurso jurídico de Habeas Corpus (HC) – que busca evitar los arrestos arbitrarios, que garantiza la libertad personal del individuo y que hasta el momento les ha permitido una libertad provisoria – debe ser juzgado nuevamente.
En Brasil, cuando se recurre al recurso de HC solicita al juez que, evaluando las circunstancias de la acusación, analice si existen elementos que indiquen que hubo violación de la libertad de ir y venir o cualquier otra ilegalidad en la prisión. Si fue comprobado de que hubo violación, el juez concede la libertad a la persona. Después es marcada una sesión de juzgamiento, hecha por tres jueces -evento que se realizará en los próximos días -, en que esta apreciación se torna definitiva, entonces la libertad es concedida hasta el juzgamiento de los acusados por los crímenes.
La sentencia de merito del HC decidirá, por tanto, si los acusados responderán al proceso principal de la formación de un comando armado. “Si quedamos presos la regla es que las pruebas deben ser presentadas en el transcurso de tres meses hasta que seamos juzgados. Si todos continúan en libertad no existe definición legal de cuanto durará el proceso. Años no digo, no obstante es un juzgamiento que puede durar un año por lo menos”, explica Samy.
Política de seguridad exterior al interior
Como respuesta al escándalo de espionaje que estalló luego de las revelaciones en julio del año 2013 que hizo Edward Snowden – ex funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)-acerca del espionaje rutinario por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos a la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el gobierno brasileño junto con el gobierno de Alemania evocaron el Articulo 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de privacidad e intimidad. Denunciaron que se habían violentado los derechos humanos de estas naciones y presentaron una propuesta de resolución contra invasión de privacidad a la ONU, un tema que será considerado en las próximas sesiones programadas para octubre del año 2014 y 2015.
Efectivamente el artículo 12 de la ONU establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano, y que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
No obstante, la política de seguridad al interior de este país se torna contradictoria al crear un Órgano de monitoramiento de Movimientos Sociales ordenado por el alto comando del Centro de Información del Ejercito de Brasil (CIE) que entre otras decisiones ha determinado incrementar el gasto en tecnología para el Centro de Guerra Cibernética, una reacción a lo que consideran posibles amenazas ciberterroristas.
En relación a la violación de los derechos humanos, la Organización No Gubernamental Articulo 19 de Brasil afirma que también la protesta y la libre expresión es un derecho internacional que forma parte esencial de los gobiernos democráticos, no obstante “ la difusión de acciones institucionales, tienen como objetivo restringir y criminalizar a los medios de actuación política de los manifestantes que están en las calles, es parte de una ofensiva contra las conquistas ya garantizadas. Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación son amenazados cuando hay el contexto de criminalización de las luchas sociales y los movimientos.”
La demandan de estos movimientos son los derechos fundamentales como la alimentación, educación, vivienda digna y libertad de movilidad como lo fundamenta el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado La Protesta Social en América Latina. “La política en las calles ha sido la orientación predominante de los distintos actores, partidos y líderes, y el principal recurso que han encontrado los grupos subalternos y los sectores medios para buscar la satisfacción de sus necesidades y demandas.”
El concepto de terrorismo y guerrilla no solo está en las calles, sino que se ha trasladado al ciberespacio y se adapta a los nuevos manuales de contrainsurgencia que busca contener o redirigir movimientos sociales con procesos de gran alcance o revueltas sociales espontaneas, como las movilizaciones contra la Copa Mundial 2014. Entonces cuando se habla de Guerra, según la doctrina militar, se habla también de un teatro de operaciones y de un enemigo a reducir o controlar, uno de los principales enemigos son los colectivos del denominado Black Block y organizaciones como los Sin Techo o Sin Tierra entre otros, porque se considera que sus métodos son similares a las de la Guerrilla Urbana o Rural, como se cataloga a los acusados de pertenecer a un comando armado que buscaba conspirar contra el Estado.
Santiago Navarro F. es periodista independiente y fotógrafo. Renata Bessi es investigadora y periodista independiente de Brasil. Son colaboradores con el CIP Programa de las Américas www.americas.org/es.
