Edy Tábora, del equipo de abogados del activista Gustavo Castro y del caso del asesinato de Berta Cáceres, resume la situación del ambientalista frente al sistema de justicia hondureño en pocas palabras: “Estamos en la total indefensión”
El también director de C-Libre, el Comité por la Libre Expresión, habla en entrevista con Desinformémonos en el marco del lanzamiento de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia en Tegucigalpa, que juntó a representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos en esta capital hondureña. Convocó a un evento para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres y “la necesidad de que Gustavo Castro salga del país porque es una víctima y ha sido tratado de una manera distinta” por las autoridades hondureñas que siguen violando su derecho de salir de Honduras.
¿Por qué aún sigue aquí, en Honduras, Gustavo Castro, a casi un mes después del asesinato de Berta Cáceres y el atentado contra él?
El tres de marzo comenzaron los abusos contra las derechos humanos de Gustavo Castro, y no sólo por la cuestión de que el Estado no garantiza la vida de las personas en este país, sino porque el mismo Estado empezó a restringir los derechos humanos fundamentales de la víctima.
Primero, se sometió a Gustavo Castro a varias diligencias de investigación el 3, 4 y 5 de marzo, mismas que implicaron sufrimiento a la víctima, pues no se le permitió descansar para participar en las distintas tomas de declaraciones, y se le mantuvo en La Esperanza, Intibucá, sin las medidas de seguridad necesarias.
Luego, no se le consultó sobre la necesidad de que participara en otras diligencias, sino que a sus espaldas se hicieron solicitudes de restricción de salida de la país por parte del Ministerio Público para esclarecer los hechos. Aquí se violó un derecho fundamental que es la libertad física y la libertad de conmoción, así como el derecho básico que es la integridad sicológica, pues no se le permitió el proceso de duelo siendo una persona tan cercana a Berta.
El 4 de marzo la Fiscalía presentó una solicitud para que se le impusiera la restricción de salida del país a Gustavo Castro por 30 horas. Esta salida del país no existe en el código procesal para personas que son testigos y víctimas, solo existe para personas que han sido acusados. Entonces el Ministerio Público empezó a cometer este abuso contra la libertad física de Castro.
La titular del Juzgado Primero de La Esperanza, Intibucá, negó la solicitud del Ministerio Público de salida del país. Pero 24 horas después el Ministerio Público volvió a hacer una solicitud, pero ya pidiendo que participara en una diligencia de careo con otros testigos, porque había contradicciones. Entonces la jueza, que 24 horas antes había dicho que no se podía restringir la libertad de un testigo, dijo que sí a la nueva petición.
A Castro no se le avisó y por eso la embajada mexicana compró los boletos para que saliera del país. Se presentó en el aeropuerto y ya ahí lo trataron de capturar agentes y fiscales del Ministerio Público, quienes le impidieron la salida.
Luego es trasladado a La Esperanza, Intibucá, para que declare. Se le sometió a audiencias de careo de testigos durante 6 o 7 horas. Esto fue el 7 de marzo. El día 6 la Fiscalía hizo una nueva petición de ampliación de la prohibición de salida del país, pero con algo muy puntual: solicita que se le imponga prohibición de salida del país sólo para que cumpla la audiencia que se iba a llevar a cabo el 7 de marzo, aunque esto fuera ilegal.
Cuando terminó la audiencia, a las 5:45 de la tarde, la jueza notificó una resolución de prohibición de salida por 30 días, petición que no se había hecho por parte del MP. Es decir, la misma jueza que había resuelto dos solicitudes, que la primera había dicho que no se podía restringir la libertad personal, luego impuso la restricción de 30 días.
El 8 de marzo se presentó el recurso de reposición a la resolución de la jueza. El 9 lo resolvieron sin lugar, argumentado que sí se podía restringir la salida del país porque era necesaria su presencia para la investigación, aunque la Constitución en el artículo 69 establece que para restringir la libertad personal -un derecho fundamental- la restricción de salida del país debería estar establecida previamente en la ley , lo cual no está previsto.
Luego se presentaron tres recursos: primero, una solicitud de reconsideración para que retirara la prohibición de salida del país en virtud de que se estaba cometiendo una ilegalidad y el Ministerio Público estaba ignorando la Constitución de la República, pero hasta la fecha el Ministerio Público no se ha pronunciado. Entonces, el 16 de marzo, se presentaron dos recursos: uno, de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte, el día viernes, nombro jueces ejecutores y ellos presentaron el informe pero no se pronunciaron sobre el fondo. La Corte pidió que los jueces ejecutores ampliaran y hasta el día de hoy no tenemos respuesta.
El viernes anterior a la Semana Santa, los abogados solicitamos que se habilitaran días y horas hábiles para que la sala constitucional resolviera el habeas corpus presentado, porque la Constitución dice que se tiene que resolver inmediatamente, pero los magistrados tampoco contestaron.
También presentamos un recurso de amparo ante la Corte de apelaciones de la ciudad de Comayagua, y el viernes antes de Semana Santa la Corte declaró sin lugar la petición, porque dice que no se acreditaba el daño producido a la libertad personal a Gustavo Castro
Estamos en un momento de total indefensión en el país, no sólo porque las autoridades violan los derechos humanos, sino porque la Corte Suprema de Justicia ni siquiera se pronuncia. Es decir, aparte de la violación al derecho de la libertad, el derecho de conmoción y el derecho a la integridad física, se niega el derecho a la justicia que tienen las personas por cualquier violación de derechos humanos.
Criminalizan a las víctimas. Mienten. Distorsionan la ley que deben aplicar.
Gustavo Castro ya se ha declarado tres veces. ¿Qué hay detrás de estas maniobras de las autoridades hondureñas para detenerlo en el país?
No sólo ha declarado tres veces. Primero, hizo un retrato hablado. Después declaró ante el Ministerio Público dos veces, luego declaró ante la jueza como prueba anticipada porque tenía que salir del país,. Más tarde hizo el careo con otros testigos, después participó en un reconocimiento fotográfico –aunque previamente había hecho dos reconocimientos fotográficos más-; participó en una reconstrucción de hechos. No sabemos para qué más pueden necesitar a Gustavo Castro.
¿Si la investigación no es la razón, cuál consideran que es el motivo de la detención?
Es el cinismo del poder. Es decir, quieren generar un distractor a la par del asesinato de Berta Cáceres para que nos concentremos en la situación de Castro y dejemos a un lado el asesinato de Berta. El punto neurálgico son las grandes concesiones que han dado del territorio del país.
Estamos en uno de los momentos más graves después del golpe de Estado, en una indefensión total para cualquier persona, nacional o extranjera.
A la compañera Ivania Galeano, que forma parte del equipo, la jueza le suspendió el ejercicio por un reclamo que hizo, simple y sencillamente porque dijo que le había faltado el respeto. La sancionan, la suspende del caso y la suspende del ejercicio de la profesión. Ambas sanciones no existen en la ley, lo cual nos genera una preocupación no sólo por este caso, sino por las cosas que vienen más adelante en cualquier caso de defensa de derechos humanos en el que se exija justicia. Estamos ante la barbarie jurídica, porque se están dando resoluciones sobre normas jurídicas que no existen
¿En este contexto, como ven la exigencia de una Investigación independiente en el caso de Berta Cáceres?
El Estado está dando delaciones y está mintiendo para que se genere una conciencia de que se está trabajando en el caso. Por ejemplo, el Estado mencionó que agentes del FBI estaban participando en la investigación, lo cual es mentira, pues no han sido autorizados por el gobierno de Estados Unidos. Son personas jubiladas que trabajaron en el FBI que ya estaban trabajando en el MP como asesores, las personas que han estado participando y se han presentado desde las autoridades hondureñas como parte de la investigación.
Dos, se mintió por parte del gobierno hondureño al decir que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras había venido porque quería participar y certificar las investigaciones, pero, en las reuniones que hemos tenido con el Alto Comisionado, nos dicen que el mandato que tienen no permite certificar las investigaciones, que ellos están para observar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, no para certificar procesos del Estado.
Hay otra audiencia antes de que cumplan los 30 días, el 6 de abril. El Estado hondureño ha tergiversado sus propias leyes para detener a Gustavo Castro hasta la fecha. Si no se resuelve esta situación, se espera una respuesta de la comunidad internacional.
Están jugando al desgaste con los recursos legales, simplemente para permitir que un ciudadano mexicano -víctima de la represión, la falta de gobernabilidad y la carencia de un Estado de derecho en Honduras- regrese a su país. Queda por delante la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Será la prueba de cuánta impunidad puede aguantar una nación. Si gana la impunidad, el caso de Berta quedaría, junto al golpe de Estado, como uno de los momentos en que la historia prueba que los retrocesos son tan frecuentes como los avances, y con eso el futuro está en grave riesgo.
Está también a prueba la capacidad de la solidaridad internacional para poner un límite a la represión de defensoras y defensores de derechos humanos que sacrifican hasta la vida por proteger nuestros ríos, montañas, bosques y mares del despojo y destrucción. Esta es una prueba en que no podemos fallar.
La versión original de este artículo fue publicado por Desinformémonos https://desinformemonos.org/el-estado-hondureno-miente-criminaliza-a-las-victimas-y-distorsiona-la-ley-en-el-caso-de-gustavo-castro-retenido-ilegalmente/
