Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado mexicano viajaron desde Tixtla, Guerrero, al Centro Cultural Tlatelolco el 25 de julio para recibir el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) que presentó antes de terminar el mandato de su investigación.
Al encuentro llegaron también estudiantes sobrevivientes, activistas de derechos humanos y organizaciones sociales que han construido lazos de solidaridad con las familias desde el crimen cometido el 27 de septiembre de 2014 contra los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa–un crimen que después de más de 9 años aún no ha sido esclarecido.
Cuando terminó el informe todos salieron en silencio, las madres y padres de los normalistas solo dijeron “mañana daremos una conferencia de prensa”. Algunas madres visiblemente dolidas después de escuchar a los expertos independientes.
“Para nosotros no hay condiciones para seguir. Si no tenemos la información, ¿qué vamos a hacer?, ¿con qué vamos a trabajar?, ¿con qué cosas vamos a seguir empujando hacia la verdad? Esa información se necesita; no solamente la necesitamos nosotros, la necesitan los representantes, los padres, las madres, y la necesita el país para poder esclarecer un caso que toca aspectos estructurales del funcionamiento de las instituciones y aspectos estructurales de la impunidad en el país” dijo Carlos Bersitáin
Cronología de un esfuerzo inédito
El experto empezó a hilar la historia que investigó durante siete años, sin alcanzar la verdad que las madres y padres de los normalistas le pidieron cuando el grupo llegó a México el 2 de marzo de 2015.
El equipo estaba integrado por 5 expertos y expertas: el médico español experto en evaluación psicosocial y médica, Carlos Martín Bersitáin; la abogada colombiana experta en derecho penal, Ángela Buitrago; el abogado chileno especialista en derechos humanos, Francisco Cox Vial; la abogada guatemalteca experta en derecho penal, Claudia Paz y Paz; y el abogado colombiano y asesor de la Comisión de la Verdad de Colombia, Alejandro Valencia Villa.
El 6 de septiembre de 2015 el GIEI presentó su primer informe sobre la investigación realizada en torno a la búsqueda de 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos en la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En este informe, los expertos independientes desmontaron la primera hipótesis que presentó el gobierno federal como “La verdad histórica” en la que afirmaron que los estudiantes fueron levantados por grupos criminales y posteriormente quemados… Esto les trajo fuertes críticas, miembros del aparato del Estado, intelectuales y la prensa corporativa calificó a los integrantes del GIEI de extralimitar sus funciones.
El 24 de abril de 2016, el GIEI presentó su segundo informe del caso Ayotzinapa y reforzó su tesis rechazando la “Verdad Histórica” que el gobierno de Enrique Peña Nieto construyó a base de tortura y fabricación de culpables.
Después de este informe, la estancia se prolongó hasta el 30 de abril de 2016. Durante ese periodo, el GIEI estuvo en el ojo del huracán por una campaña mediática en su contra, mientras que las autoridades cuestionaban algunas de esas revelaciones. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) evitaba cumplir con las recomendaciones y dilató el cumplimiento de las diligencias.
En el informe del GIEI se conoció las actuaciones de las corporaciones de seguridad: el Ejército mexicano, la Marina Armada de México, Policía Federal, Estatal y municipales presenciaron la detención y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Los expertos presentaron pruebas audiovisuales, y la manipulación del escenario del río San Juan por altas autoridades de la PGR en la construcción de la “Verdad Histórica”.
Con el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador se reinstaló el GIEI el 3 de diciembre de 2019. Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron a la Comisión Interamericana de Derecho Humano (CIDH) que se pusiera a disposición del Estado mexicano para colaborar en la investigación.
A pesar de algunos avances, esta etapa tampoco llevó a la verdad completa sobre que pasó la noche de septiembre de 2014. “Si las cosas no cambian no podemos alcanzar la justicia, nosotros terminamos nuestro trabajo, lo que hicimos fue documentar y explorar todas las vías” planteó Carlos Bersitáin. ¿Ahora?
El cerrazón militar
En el último informe los integrantes del GIEI, expertos y expertas internacionales, denunciaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ocultar información y obstaculizar la investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Bersitáin dijo que el GIEI regresó en 2019 porque había compromiso del Estado mexicano para acceder a los archivos, sin embargo, “la SEDENA no lo hizo como debería de hacerlo, solo se encargó de obstaculizar la investigación al no entregar la información que se requería para la búsqueda de los chavos” sentenció.
En su intervención, Angela Buitrago sostuvo que el GIEI analizó 500 llamadas del centro de comando de la zona, el C4 en que participan las Fuerzas Armadas. “La relación entre C4 y SEDENA es permanente, recordemos que encontramos a dos hombres de la SEDENA, uno recibía la llamada y otro manipulaba las cámaras y este es el que movía la cámara cuando pasaron las camionetas con los normalistas hacia Taxco”.
La desaparición de los normalistas conmovió al país y al mundo entero. El 26 de septiembre del 2014, un grupo de normalistas salieron de la normal de Ayotzinapa para conseguir camiones y con estos ir a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre–la fecha en 1968 en que elementos del ejército reprimieron a una manifestación estudiantil, matando y deteniendo a cientos de estudiantes. Cuando encontraron que la Central Camionera de Chilpancingo estaba resguardada por la policía estatal con equipo antimotines para evitar que los estudiantes entraran a esa estación, siguieron a la ciudad de Iguala.
El mes de agosto de ese año, un periódico local publicó en su página “los normalistas preparan una marcha a la Ciudad de México para protestar en contra de represión policiaco-militar el 2 de octubre”. De acuerdo con el comité estudiantil, la información era secreta. Sin embargo, luego la investigación del GEI confirmó que la información había sido difundida por militares infiltrados en la Normal de Ayotzinapa. El Ejército Mexicano se ha negado a entregar información sobre la infiltración de elementos castrenses como alumnos de la Normal de Ayotzinapa para obtener la información de la organización estudiantil.
Entre las discrepancias aún no explicadas: “El lugar donde apareció el cuerpo de Julio Cesar Mondragón Fontes no corresponde con el lugar donde fue asesinado. El crimen se cometió a 15 kilómetros del lugar conocido como el Andariego, de acuerdo con el informe del 41 Batallón de Infantería, fue en la cercanía del poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco”, reveló Beristáin.
También dijo que la policía estatal estuvo en la calle Juan N. Álvarez al momento del crimen y la policía ministerial recorrió toda la escena del crimen la noche del 26 y 27 mientras policías municipales de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco e integrantes del grupo civil armado conocidos como Guerreros Unidos atacaron a los normalistas. ¿Y los militares? El informe mostró el contubernio entre grupos criminales, policías de los tres niveles y Fuerzas Armadas contra los estudiantes.
Dijo que el municipio de Cocula también participó en la desaparición forzada y tuvo una actuación dolosa en la investigación al desaparecer la bitácora y otros datos a los que el GIEI no logró acceder. Recapitula: “A las 21:40 había un elemento de SEDENA se movió de diferentes maneras, pero nunca lo sostuvo en la entrevista”.
Contó que entre las “22:30 y 22:39 aparece la policía municipal de Huitzuco. Aquí conocimos algo que no se ha dicho: SEDENA se desplaza al Palacio Municipal, pero nunca lo dijeron en la entrevista inicial que estuvieron en el lugar del crimen”.
Beristáin retomó la palabra: “El papel de CISEN Centro de Investigación …también fue crucial en la noche del 26 de septiembre. En su único informe dice que un elemento estuvo en el lugar de los hechos, pero fue desplazado por presión de la policía municipal; sin embargo, nunca se retiró, sino que permaneció en el lugar de los hechos”.
Continúa
Carlos Bersitáin estableció: “No hay un solo documento que señale a los normalistas con el narcotráfico, lo que sí encontramos en los documentos de SEDENA es que, en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, de hecho, varios presidentes municipales están coludidos con el grupo de narcotráfico”.
Luego, explica el paradero de los normalistas: “De acuerdo con el análisis de comunicación entre el Cholo Palacio y el cabo Gil, por lo menos 17 normalistas fueron movidos en distintos puntos hasta el 4 de octubre. Hasta el corte de la llamada, el último punto fue en el cerro de Tetelilla. Está información la tuvo la SEDENA en tiempo real, el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional supo de este desplazamiento pero no actuaron”.
Detalló que el video que se obtuvo del Palacio de Justicia en Iguala fue entregado al Fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera: “Un funcionario de la policía ministerial señaló que la grabación fue entregada directamente al Fiscal de Guerrero, pero este video no aparece en la investigación, hay una editada y de escasos minutos”.
“Este informe se da en el último mandato de GIEI; tuvimos muchos obstáculos por el ocultamiento de la información. Trabajamos con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), y con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) para empujar la búsqueda de la verdad, el desafío fue monumental” explicó Beristáin.
“Nos preocupan los familiares, el impacto de esta tragedia, su estado de salud. La reparación de daño debe dar para evitar la revictimización y la estigmatización. Por nuestra parte, mantuvimos la investigación incluso cuando vino la crisis en septiembre de 2022. Pero la negativa de proporcionar la información y la contumacia debilitó la investigación” concluyó, Angela Buitrago.
Palabras que hieren
Cada palabra que emana en la mesa de Angela Buitrago y Carlos Bersitáin caían como fuego entre las más de 80 personas que escuchaban atentamente, para los asistentes al ir descubriendo paso a paso los hechos de aquella noche de Iguala. ¿Y cómo no sentirlo, cuando se presentaron nuevos datos que habían permanecido ocultos en el último informe?
Días después, la ONU-DH lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes.
Organizaciones sociales como Artículo 19 respaldaron el informe y abrazaron la lucha de las madres y padres de los normalistas desaparecidos. Un comunicado de más de cien organizaciones y 176 de personas firmaron el respaldo al trabajo que realizó el GIEI en los últimos meses.
Por Kau Sirenio.
