Nota del editor: Este artículo es la primera de una serie de tres partes que analizan las causas del fenómeno del trabajo migrante y los mecanismos que lo originan, y ofrecen propuestas para transformarlo en un sistema más justo y equitativo. El Programa de las Américas se enorgullece en publicar esta serie en colaboración con el autor.
David Bacon
Introducción
Una alianza política se está desarrollando entre los países que tienen una política de exportación de mano de obra y las corporaciones que utilizan esa mano de obra en el norte global. Muchos países que están enviando migrantes al mundo desarrollado dependen de las remesas para financiar servicios sociales y mantener bajo control el descontento social producido por la pobreza y el desempleo, al mismo tiempo que continúan haciendo enormes pagos de sus deudas. Las corporaciones que usan esa mano de obra desplazada comparten un creciente interés con los gobiernos de esos países por regular el sistema que la suministra.
De manera creciente, los mecanismos para regular el flujo de personas son los programas de contratación de mano de obra, llamados “programas de trabajadores huéspedes” o “trabajadores temporales” en Estados Unidos o “migración administrada” (managed migration) en el Reino Unido, al igual que en gran parte de la Unión Europea. Con o sin estos programas, la migración hacia Estados Unidos y otros países industrializados es un hecho de la vida cotidiana. A pesar de que con frecuencia el Congreso de Estados Unidos emplea una retórica que demoniza a los inmigrantes, no está debatiendo la manera para acabar con la migración. De hecho, nada puede lograrlo a menos de que se implemente un reordenamiento radical de la economía mundial.
Tampoco las actuales olas de redadas y deportaciones contra migrantes en Estados Unidos se han propuesto detener la migración. En una economía en la cual el trabajo migrante juega un papel fundamental, el precio de detener la migración sería ahondar la crisis económica. La intención de una política migratoria es regular el flujo de personas determinando su estado migratorio aquí en Estados Unidos en base al interés de los empleadores que ponen a trabajar esa mano de obra.
De cualquier forma, los migrantes son primero seres humanos y su deseo por mantener el sentido de comunidad es tan fuerte como la necesidad de trabajo. El uso de reformas y tratados económicos neoliberales para desplazar comunidades y producir un ejército global de trabajadores -disponibles y vulnerables-, tiene un impacto brutal. Los tratados de libre comercio existentes y propuestos entre Estados Unidos y México, Canadá, Centroamérica, Perú, Colombia, Panamá, Corea del Sur y Jordania, no solamente permiten las transformaciones económicas que destierran a las familias y las lanza a la corriente migratoria, sino que empujan todo ese proceso hacia adelante.
A escala global, el flujo migratorio causado por desplazamiento es todavía generalmente auto-iniciado. En otras palabras, mientras que las personas pueden ser impulsadas por fuerzas que están más allá de su control, se mueven por su propia voluntad y discreción tratando de encontrar oportunidades económicas y de sobrevivencia, y reunir a sus familias, creando nuevas comunidades en los países que ahora consideran su hogar. Pero la idea de regular el flujo de la migración está creciendo.
El argumento de este trabajo es que estas fuerzas económicas globales están impulsando el desarrollo de la política migratoria de Estados Unidos. Crecientemente, las fisuras políticas que dividen al movimiento por los derechos de los migrantes en Estados Unidos están determinadas por decisiones ya sea para apoyar esta tendencia general en la política migratoria y sus representantes políticos en Washington DC, u oponerse a ella y crear un movimiento social que luche por equidad y derechos basado en las propias comunidades migrantes.
El desarrollo de un sistema de suministro de mano de obra y regulación de trabajo que controle el flujo de migrantes, esto es, de personas, requiere crecientemente una férrea aplicación de la ley. Con la criminalización del trabajo para los migrantes indocumentados hace un cuarto de siglo, junto con la reaparición de un programa de trabajo bajo contrato para los migrantes, el Acta de Reforma y Control de Inmigración, IRCA por sus siglas en inglés, de 1986, fueron establecidos los parámetros para los debates sobre política migratoria que continúan hasta el presente. Actualmente, las redadas migratorias, las acciones de reforzamiento de la ley, una legislación severa y racista y la histeria que viene con todo esto, están barriendo el país. Los migrantes de hoy se han convertido en una necesaria mano de obra barata y criminales al mismo tiempo.
Este documento analizará primeramente las fuerzas económicas globales que impulsan el desplazamiento y la migración y su impacto en las comunidades. Luego delineará la estructura básica y propósito de la política migratoria de Estados Unidos y las principales propuestas para cambiarla. Examinará la división entre simpatizantes que comulgan con la idea dominante, surgida de Washington DC, de una reforma migratoria corporativa y por otro lado, los grupos que se apoyan en la comunidad y el movimiento laboral que buscan una alternativa. Finalmente, delineará varias propuestas por una alternativa basada en los derechos humanos y laborales.
Comenzamos con el examen de una corriente particular de migrantes, los indígenas de Oaxaca, primero porque su experiencia es similar a otros migrantes pero también porque las organizaciones en las comunidades involucradas han articulado un sofisticado análisis del sistema en el que se mueven.
Donde Comienza el Flujo de Personas
Rufino Domínguez, ex coordinador del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), quien ahora encabeza el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) estima que hay cerca de 500 mil indígenas de Oaxaca viviendo en Estados Unidos, 300 mil de ellos, solamente en California.
De acuerdo con Rick Mines, autor del estudio titulado Indígenas Trabajadores del Campo (Indigenous Farm Worker Study) del 2010, “la población total de indígenas mexicanos que trabajan en el campo de California es de cerca de 120 mil… un total de 165 mil trabajadores del campo indígenas y miembros de familia en California”. Tomando en cuenta los diversos indígenas que viven y trabajan en áreas urbanas, el total es considerablemente más alto, apunta Mines, fácilmente coincidiendo con el estimado de Rufino Domínguez.
El estudio contabilizó 54 mil personas que han emigrado de 350 pueblos oaxaqueños, es decir, cerca de 150 personas por comunidad. Dado el tamaño de muchas comunidades indígenas, esto respalda la amplia afirmación de muchos indígenas oaxaqueños de que algunos pueblos han quedado abandonados o se han convertido en comunidades de ancianos y niños, en las que la mayoría de personas en edad laboral se han ido a trabajar al norte.
“A principio de los años 90 había cerca de 35 mil indígenas trabajadores del campo en California”, afirma Mines, “mientras que en el período de 2004 a 2008 había cerca de cuatro veces más, o 120 mil indígenas mexicanos trabajadores del campo”. Además, los indígenas representaron el 7 % de los migrantes mexicanos entre 1991-1993, apenas unos años antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Entre el 2006 y el 2008, formaban ya el 29 %, un porcentaje cuatro veces mayor.
California cuenta con una fuerza de trabajo agrícola de cerca de 700 mil trabajadores, entonces, no está muy lejano el día en que los migrantes indígenas oaxaqueños pudieran representar una mayoría. Ellos son realmente la fuerza laboral que ha sido producida por el TLCAN y los cambios neoliberales en la economía global. Incluso, “el sistema de producción de alimentos en Estados Unidos por mucho tiempo ha sido dependiente del flujo siempre cambiante y recién llegado de grupos de trabajadores que establecen los salarios y condiciones de trabajo al nivel más bajo de ingreso, en el mercado laboral agrícola”, indica Mines. Los salarios mínimos pagados a estas olas más recientes de migrantes –indígenas de Oaxaca- establecen la base de salarios para todos los otros trabajadores del campo en California, manteniendo bajo el costo de trabajo y altas ganancias para los productores de California.
Las crisis económicas en México provocadas por el TLCAN y otras reformas económicas están actualmente desterrando y desplazando a estos mexicanos en las áreas rurales más remotas del país, en las que las personas aún hablan lenguas que ya eran antiguas cuando Colón llegó de España. Mientras que hace 20 y 30 años, los trabajadores agrícolas que laboraban en los campos de cultivo de California venían de otras partes del oriente de México, actualmente, los migrantes llegan cada vez más de comunidades indígenas. “No hay trabajos y el TLCAN bajó tanto el precio del maíz que ya no es económicamente posible sembrar”, expresa Domínguez. “Venimos a Estados Unidos a trabajar porque no podemos obtener un buen precio para nuestros productos en nuestro país. No hay alternativa”, lamenta.
Como indica Rufino Domínguez, las políticas de comercio y migración de Estados Unidos están ligadas. Ambas son parte de un solo sistema, no son políticas separadas e independientes. La negociación del Tratado de Libre Comercio fue de hecho, un importante paso en el desarrollo de esta interrelación.
Desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 1993, el congreso de Estados Unidos ha debatido y aprobado varios acuerdos comerciales con Perú, Jordania, Chile y el Tratado de Libre Comercio Centroamericano. Al mismo tiempo, los congresistas estadounidenses han debatido la política migratoria como si esos acuerdos comerciales no tuvieran nada que ver con la creación de olas de personas desplazadas que están migrando a Estados Unidos en busca de trabajo. Mientras tanto, una creciente marea de histeria anti-inmigrante ha demonizado cada vez más a esos migrantes llevando a medidas para negarles trabajo, derechos o cualquier pretensión de igualdad en relación a las personas que viven en las comunidades en torno suyo. Para resolver cualquiera de estos dilemas, desde adoptar políticas migratorias racionales y humanas hasta reducir el miedo y la hostilidad hacia los migrantes, el punto de partida tiene que ser un análisis de la forma en que las políticas públicas estadounidenses han producido la migración y criminalizado a los migrantes.
El Acta de Reforma y Control de Inmigración y el TLCAN
Las negociaciones comerciales y la política migratoria quedaron formalmente unidas cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta de Reforma y Control Migratorio (IRCA) en 1986. Activistas por los derechos de los inmigrantes hicieron campañas en todo el país, en contra de esta ley porque contenía sanciones a los empleadores, que prohibían a los patrones por primera vez a nivel federal, contratar trabajadores indocumentados. Los activistas más radicales argumentaban que la propuesta daba como resultado criminalizar el trabajo para los indocumentados. Los defensores liberales del IRCA tomaron la provisión de amnistía como un logro que justificaba las sanciones, y la iniciativa de ley eventualmente permitió a más de 4 millones de personas que estaban viviendo en Estados Unidos sin documentos migratorios, obtener la residencia permanente. Mostrando el amplio consenso bipartidista en Washington DC por el enfoque migratorio de la iniciativa, ésta fue convertida en ley por el republicano Ronald Reagan, el presidente más conservador del país hasta ese momento.
Pocos notaron otra provisión de la ley. El IRCA estableció una Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y Desarrollo Económico Cooperativo para estudiar las causas de la migración a Estados Unidos. La comisión estuvo inactiva hasta 1988 pero comenzó a sesionar una vez que Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo bilateral de libre comercio. Después de que el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari dejó en claro que favorecía un acuerdo similar con México, la comisión hizo un reporte al presidente George Bush padre y al Congreso en 1990. Encontró, sin ninguna sorpresa, que el principal motivo para que los migrantes vinieran a Estados Unidos era económico. Para disminuir o detener este flujo, recomendó “promover una integración económica mayor entre los países emisores de migrantes y los Estados Unidos a través del libre comercio” y que “la política económica de Estados Unidos debería promover un sistema de comercio abierto”. Concluyó que “Estados Unidos debería acelerar el desarrollo de un área de libre comercio entre Estados Unidos y México, y alentó su incorporación con Canadá a un área norteamericana de libre comercio”, al mismo tiempo advertía que “toma muchos años -incluso generaciones- para que el crecimiento sostenido alcance el efecto deseado”.
Las negociaciones que condujeron al TLCAN comenzaron unos meses después de que se generó el reporte. Mientras el congreso debatía el tratado, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari viajó por todo Estados Unidos declarando al público en general -inconforme con los altos índices de migración-, que la aprobación del TLCAN reduciría dicha migración proporcionando empleo para los mexicanos en México. En casa, Salinas y otros promotores del tratado sostuvieron el mismo argumento. El TLC, aseguraron, colocaría a México la ruta correcta para convertirse una nación de primer mundo.
“Nos convertimos en parte del primer mundo”, afirma Juan Manuel Sandoval, coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de la Frontera del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Ciudad de México. “El patio trasero”.
Sin embargo, la aprobación del TLCAN no condujo a un aumento en los ingresos y empleo para los indígenas, campesinos u trabajadores en general, y por lo tanto, no disminuyó el flujo de migrantes a Estados Unidos. Por el contrario, se convirtió en una importante fuente de presión sobre los mexicanos, particularmente los oaxaqueños, para migrar. El tratado forzó a los productores de maíz amarillo producido por los agricultores mexicanos sin ningún subsidio, competir en el mismo mercado mexicano frente al maíz importado provenientes de los grandes productores estadounidenses, subsidiados por la ley de apoyo para productores agrícolas de Estados Unidos. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México se duplicaron durante los años del TLCAN, de 4.6 mil millones a 9.8 mil millones de dólares anuales -2.5 mil millones solamente en maíz en el 2006. En enero y febrero de 2008, enormes manifestaciones de protesta buscaron bloquear la implementación del capítulo final del acuerdo, el cual redujo las barreras arancelarias sobre el maíz blanco y el frijol.
Como resultado de una creciente crisis en la producción agrícola, exacerbada por el TLCAN, para los años 80, México se había convertido en un importador de maíz. Las importaciones de maíz aumentaron de 2 millones 14 mil a 10 millones 330 mil toneladas de 1992 al 2008. De acuerdo a Alejandro Ramírez, director general de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, México importó 30 mil toneladas de puerco en 1995, un año después de que el TLCAN entró en efecto. Para el 2010, las importaciones porcícolas, casi todas procedentes de Estados Unidos, habían crecido 25 veces más a 811 mil toneladas. Como resultado, los precios de la carne de puerco puesta en el mercado por los productores mexicanos, bajaron un 56 por ciento.
Las importaciones tuvieron un dramático efecto negativo en los empleos mexicanos. “Perdimos 4 mil granjas porcícolas”, estima Alejandro Ramírez. “En las granjas mexicanas cien animales producen 5 empleos, entonces, perdimos 20 mil empleos en las granjas, directamente por las importaciones. Contando los 5 empleos indirectos dependientes de cada uno de los empleos directos, perdimos más de 120 mil empleos en total. Esto produjo una migración considerable desde el campo mexicano a Estados Unidos o a las grandes ciudades mexicanas— lo cual es un gran problema para nuestro país”. Una vez que los productores de carne y maíz mexicanos fueron expulsados del mercado por las importaciones, la economía mexicana fue colocada en una situación de vulnerabilidad frente a los cambios de precio dictados por los agro-negocios estadounidenses y la política comercial de Estados Unidos. “Cuando Estados Unidos modificó su política del maíz para alentar la producción de etanol”, acusa Ramírez, “los precios del maíz aumentaron 100 por ciento en un año.”
Entonces, las cláusulas de TLCAN prohibieron a los socios mexicanos recibir subsidios a la producción, sin los cuales, cientos de miles de pequeños productores del campo encontraron imposible vender el maíz u otros productos del campo al precio del costo de producción. El sistema CONASUPO, a través del cual el gobierno mexicano compraba maíz a precios subsidiados y que después convertía en tortillas que vendía en tiendas con franquicia del gobierno a precios subsidiados, fue abolido.
México no pudo proteger su propia agricultura de las fluctuaciones del mercado mundial. El caso del café ilustra esto de manera muy clara. En los años 90, el colapso del mercado global del café hundió los precios por debajo el costo de producción. Un gobierno menos entrampado podría haber comprado las cosechas de los productores de Veracruz para mantenerlos a flote o haberles proporcionado subsidios para otras cosechas. Pero una vez que las estructuras del libre mercado estaban establecidas prohibiendo la intervención del gobierno para ayudarlos, esos agricultores pagaron el precio. Los campesinos de Veracruz se sumaron a la corriente de trabajadores hacia el norte. Ahí, se convirtieron en una importante parte de la fuerza laboral en la planta procesadora de productos porcinos Smithfield, en Carolina del Norte, así como en otras industrias.
Incluso, con el tiempo, a las empresas de Estados Unidos se les permitió ser propietarias de tierra y fábricas, en cualquier parte de México sin tener socios mexicanos. La compañía ferroviaria Union Pacific, con sede en Estados Unidos, en sociedad con la familia Larrea se convirtió en la propietaria de la principal línea ferroviaria norte-sur del país e inmediatamente descontinuó virtualmente todo el servicio de pasajeros como lo habían hecho las corporaciones ferroviarias en Estados Unidos. El empleo ferrocarrilero en México cayó de más de 90 mil a 36 mil plazas. Enfrentando la privatización, los trabajadores ferroviarios organizaron una huelga para tratar de salvar sus empleos pero perdieron y su sindicato se convirtió en sólo una sombra de su antigua presencia en la política mexicana.
Los reducidos salarios en las empresas privatizadas y los aplastantes acuerdos sindicales sólo incrementaron las diferencias salariales entre Estados Unidos y México. De acuerdo a Garrett Brown de la Red de Apoyo sobre Salud y Seguridad en las Maquiladoras, el salario mexicano solamente representaba un 23 % del salario manufacturero de Estados Unidos en 1975. Para el 2002, era menos de un octavo, de acuerdo a la economista mexicana y ex senadora Rosa Albina Garabito. Brown afirma que desde que el TLCAN entró en vigor, el salario real mexicano cayó en un 22 %, mientras que la productividad laboral aumentó en un 45 por ciento.
Los bajos salarios son el imán usado para atraer inversionistas de Estados Unidos y otros países. A mediados de junio del 2006 la Corporación Ford, ya de por sí una de las empleadoras más grandes de México anunció que invertiría 9 mil millones de dólares más en construir nuevas fábricas. Mientras tanto, Ford anunció que estaba cerrando por lo menos 14 plantas en Estados Unidos, eliminando el empleo de decenas de miles de trabajadores estadounidenses. Ambas jugadas fueron parte del plan estratégico de la compañía para frenar pérdidas, recortando costos laborales drásticamente y moviendo la producción. Cuando la empresa General Motors fue rescatada financieramente por el gobierno de Estados Unidos durante la presente recesión, cerró una decena de plantas en Estados Unidos y despidió a miles de trabajadores. Sus planes de construir nuevas plantas en México siguieron adelante sin ningún impedimento.
A finales de 1994, el primer año del TLCAN, un millón de mexicanos perdieron sus empleos, de acuerdo a cifras oficiales, cuando el peso fue devaluado. Para prevenir la venta de bonos a corto plazo y la invasión de capital hacia el norte.
El Secretario del Tesoro estadounidense Robert Rubin maquinó un préstamo de 20 mil millones de dólares a México, que fue pagado a obligacionistas, mayoritariamente bancos estadounidenses. A cambio, bancos estadounidenses y británicos lograron el control del sistema financiero del país. México tuvo que comprometer su ingreso petrolero para pagar la deuda externa, colocando a la principal fuente de ingreso del país, fuera del alcance de las necesidades sociales.
Mientras la economía mexicana, especialmente la industria maquiladora fronteriza, se volvió cada vez más ligada al mercado estadounidense, los trabajadores mexicanos perdieron empleos cuando el mercado para el que esas fábricas fueron producidas disminuyó durante las recesiones económicas de Estados Unidos. Entre el año 2000 y el 2001, se perdieron 400 mil empleos en la frontera México- Estados Unidos y durante la actual recesión, miles de ellos han sido eliminados.
El Desplazamiento, un Producto de las Reformas de Libre Mercado
Todas estas políticas produjeron personas desplazadas que ya no pudieron ganar un salario para sostenerse o sobrevivir como lo habían hecho antes. Las predicciones optimistas de los impulsores del TLCAN en el sentido de que incrementaría el ingreso y disminuiría la migración, resultaron ser falsas. Un estudio realizado en el 2005 por el Banco Mundial para el gobierno mexicano, encontró que el índice de 35 % de extrema pobreza rural entre 1992 y 1994 antes del TLCAN, subió a un 55 % entre 1996 y 1998, después de que el TLCAN entrara en vigor. Esto podría ser explicado, dice el reporte, “principalmente por la crisis económica de 1995, el lento desempeño de la agricultura, el estancamiento de los salarios rurales, y la caída real de los precios agrícolas”.
Para el año 2010, 53 millones de mexicanos –la mitad de la población del país- estaban viviendo en la pobreza, de acuerdo al Instituto Tecnológico de Monterrey. Cerca del 20 % viven en extrema pobreza, casi todos en las áreas rurales. El crecimiento de la pobreza, en cambio, alentó la migración. En 1990, 4.5 millones de personas nacidas en México vivían en Estados Unidos. Una década más tarde, esa población aumentó más del doble a 9.75 millones, y en el 2008, subió a un punto más alto de 12.67 millones. Cerca del 11 % de todos los mexicanos viven ahora en Estados Unidos. Alrededor de 5.7 millones pudieron obtener algún tipo de visa pero otros 7 millones no lo lograron pero de todas maneras ingresaron al país. 
La gente había estado migrando de México a Estados Unidos mucho antes de que fuera negociado el TLCAN. Juan Manuel Sandoval, director del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), enfatiza que “la fuerza laboral mexicana siempre ha estado ligada a las diferentes etapas del desarrollo capitalista de Estados Unidos desde el siglo XIX –en tiempos de prosperidad, con la incorporación de grandes cantidades de trabajadores en los sectores agrícola, manufacturero y de servicios, entre otros, y en períodos de crisis económicas, con la deportación de grandes cantidades de jornaleros hacia México”. La actual ola de deportaciones –un millón de personas en los últimos dos años-, lo confirma.
Desde 1982 hasta la era del TLCAN, las reformas económicas sucesivas produjeron más migrantes. El desplazamiento de personas ya había crecido desmesuradamente para 1986 cuando la comisión establecida por el IRCA recibió la encomienda de recomendar medidas para detenerlo o desacelerarlo.
Su reporte exhortaba que “los países emisores de migrantes debían alentar la modernización tecnológica fortaleciendo y asegurando la protección de la propiedad intelectual y eliminando los impedimentos existentes para la inversión” y recomendó que “los Estados Unidos deberían condicionar la ayuda bilateral a los países emisores de migrantes a que ellos tomaran los pasos necesarios hacia un ajuste estructural. De manera similar, el apoyo de Estados Unidos para préstamos no relacionados a proyectos por parte de instituciones financieras internacionales deberían ser basados en la implementación de programas de ajuste satisfactorios”. El reporte de la comisión del IRCA incluso reconoció el potencial nocivo al notar que “los esfuerzos deben ser encaminados a aliviar los costos transicionales en sufrimiento humano”.
Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, no fue creado para aliviar el sufrimiento humano. En 1994, el año en que el tratado entró en efecto, los especuladores estadounidenses comenzaron a vender bonos del gobierno mexicano. De acuerdo a Jeff Faux, director fundador del Instituto de Política Económica, “la devaluación del peso en diciembre de 1994 estuvo directamente conectada al TLCAN, el cual había creado una burbuja especulativa para los bienes mexicanos que después colapsó cuando los especuladores los cobraron”.
“Son las caídas financieras y los desastres económicos los que impulsan a las personas a trabajar por dólares en Estados Unidos para reponer los ahorros de toda la vida o sólo para ganar lo suficiente para mantener a la familia unida en el hogar”, afirma el historiador de Harvard, John Womack. “El colapso económico inducido por la deuda de los años 80, antes del TLCAN, empujó a la gente hacia el norte… el colapso financiero y la reforma del TLCAN inducida por Rubin, la expropiación financiera desde Nueva York de las finanzas mexicanas entre 1995 y el año 2000, condujo hacia el norte una vez más, a los arruinados, desposeídos y empobrecidos”.
El debate migratorio de Estados Unidos carece de un lenguaje que describa lo que sucede a los migrantes antes cruzar la frontera –los factores que los obligan a moverse-. En el debate político de Estados Unidos los cortadores de café, desterrados de Veracruz o los trabajadores desempleados de la Ciudad de México, son llamados inmigrantes porque ese debate no reconoce su existencia antes de que ellos salen de México. Sería más correcto llamarlos migrantes y al proceso, migración, ya que esto toma en cuenta tanto a las comunidades de origen de las personas como aquéllas a las que ellos viajan para encontrar trabajo.
El desplazamiento en sí mismo se convierte en una palabra impronunciable en el discurso de Washington. Ni una propuesta migratoria en el congreso en el cuarto de siglo desde que fue aprobada la ley IRCA, ha tratado de lograr una solución respecto a las políticas que desterraron a los mineros, maestros, sembradores de árboles y campesinos, a pesar del hecho de que los miembros del congreso votaron por estas políticas. De hecho, mientras debaten iniciativas de ley para criminalizar a los migrantes indocumentados y establecer grandes programas de trabajadores huéspedes, cuatro nuevos acuerdos comerciales fueron introducidos, cada uno de los cuales causaría más desplazamiento y migración.
La segunda parte Creciente Dependencia en Programas de Trabajadores Huésped
David Bacon es fotógrafo periodístico y escritor basado en Oakland y Berkeley, California. Hace 18 años que es reportero y fotógrafo documentalista, trabajando con muchas publicaciones nacionales. Sus fotos han sido expuestas nacionalmente, en México, el Reino Unido y Alemania. El enfoco de su trabajo son temas de labor, la migración, y políticas internacionales, y el es editor en el Pacific News Service además de colaborar con el Progama de las Américas.
El informe “Deslazados, Desiguales Y Criminalizados- Luchando por los Derechos de los Migrantes en Estados Unidos” fue preparado para la Rosa Luxemburg Foundation.
