Las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera con México salen casi a diario, y lo más probable es que así será hasta las elecciones presidenciales de 2020. Jugar con el futuro de México y la región fronteriza del suroeste de Estados Unidos resulta redituable en términos del voto republicano.
La amenaza no es puro bluff, ni tampoco es una medida viable. Los primeros en poner el grito en el cielo no fueron los mexicanos, sino los importadores e industriales estadunidenses. La Cámara de Comercio protestó, y republicanos de los estados fronterizos intentaron minimizar la amenaza, diciendo que fue una expresión de frustración y no una propuesta real. Se calcula que $1.5 mil millones de dólares en comercio pasan por la frontera entre los dos países cada día.
El presidente estadunidense tiene la autoridad para cerrar la frontera con México. En 1969, el entonces presidente Richard Nixon cerró la frontera por las mismas razones que ahora tiene Trump, que son esencialmente tres: para consolidar su base de apoyo en una apuesta a conservar el poder cada vez más autoritario, para coaccionar al gobierno de México, y para desviar la atención de los medios.
Operación Intercept de Nixon impuso la práctica de 100% inspección de vehículos que entrando a EEUU el 21 de septiembre de 1969. Efectivamente fue cerrada la frontera, provocando caos en la zona y en la economía mexicana. Diez días después, se abrió parcialmente y 20 días después se levantó la medida y anunciaron un programa de cooperación dictado desde Washington. La investigadora Kate Doyle señala que el gobierno mexicano fue obligado a sumarse a la guerra contra las drogas recién inventada por Nixon y comprometerse a fumigar vastos campos para la erradicación de la marihuana, dejando estragos duraderos en las comunidades y el medioambiente. Hoy en día, el pueblo sigue pagando el precio de la “cooperación compartida” en una guerra de EE.UU., iniciada torciendo la mano de México vía la frontera.
Pero ahora el objetivo es otro. El pretexto para el show de mano dura no son las sustancias prohibidas, sino los seres humanos que el gobierno de Trump quisiera prohibir, si no erradicar. Las personas centroamericanas que huyen de la violencia en sus países buscando asilo en Estados Unidos son el blanco de una campaña política para redefinir la sociedad estadunidense como una sociedad fundada en los conceptos de la supremacía blanca y el patriarcado, y de paso ganar las elecciones de 2020.
Trump ha acusado repetidamente al gobierno de México de “no hacer nada” para parar a las personas que pasan por su territorio con la intención de entrar a los Estados Unidos. Quiere que el gobierno de México se encargue de deportar a la gente antes de llegar a la frontera. Lo que casi no reporta la prensa, que ha adoptado el lenguaje deshumanizante de una “ola” o “invasión” de migrantes, es que el fenómeno ha cambiado significativamente y requiere de nuevas políticas.
Los últimos datos de las autoridades fronterizas en EE.UU. arrojan que el 61% de las personas que cruzan la frontera y terminan en su custodio son unidades familiares o niños y niñas no acompañados. Casi todos son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Cada vez más la razón por salir de su país es la violencia, y amenazas o ataques contra su vida.
El otro cambio del paradigma de la migración es que la mayoría cruzan —en puertos de entrada oficiales o entres los puertos de entrada—, se entregan inmediatamente y piden asilo. En este tema existe una confusión tremenda, sembrada adrede. Estas familias, aunque no cruzan por los puertos oficiales, no son migrantes indocumentados ni mucho menos “ilegales”. Son solicitantes de asilo, ejerciendo derechos garantizados por leyes y convenios internacionales. Podría ser que después de presentar su caso, una juez decida que no comprobaron su alegato y niegue la solicitud, pero tienen derecho a ser escuchados, derecho a un proceso justo y adecuado, y el derecho de cada padre y madre de buscar un lugar seguro para vivir y criar a sus hijos.
No son amenaza, no son desordenados y no son una invasión. De hecho, aunque el número subió a 76,000 en marzo, sigue muy por debajo de los niveles de principios de milenio.
La respuesta del gobierno mexicano a las amenazas de Trump es, por un lado, de no caer en la provocación, lo cual es loable. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, dijo que México tiene su propia política migratoria y respeta la política de EEUU. El Senado después respondió en términos más fuertes a la amenaza de cerrar la frontera en una carta al líder demócrata, Chuck Schumer. Declara: “el Senado de la República repudia las expresiones vertidas por el Presidente Trump, mismas que degradan la histórica amistad que ha caracterizado la relación bilateral” y pide “combatir discursos que buscan dividirnos.”
Algunas declaraciones del presidente y de integrantes del gabinete y ciertas acciones en las fronteras constituyen focos rojos para la comunidad en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró el 3 de abril en conferencia de prensa, luego de que Trump pareció dar un paso atrás en las hostilidades, “Yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando con mucho cuidado, con mucha cautela, porque se trata de un fenómeno que surge por la desatención a la gente.
Pero, ¿cómo “ayudar” a la agenda antimigrante de Trump? Su agenda implica reprimir, detener y deportar a las familias centroamericanas. Empiezan a llegar reportes de redadas en el sur de México, y de un aumento en las deportaciones, incluso a personas con trámites legales pendientes. El gobierno de AMLO ha suspendido la emisión de visas humanitarias. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, regresó de una reunión con su contraparte, Kirstjen Nielsen, que después se renunción bajo presión, repitiendo el lenguaje de “oleadas” y “seguridad fronteriza” que se emplea para justificar las medidas inhumanas de Trump. Hasta afirmó, equivocadamente, que se formaba una “caravana madre” de 20 mil personas, lo cual precipitó una carta de protesta del gobierno hondureño y respuestas en redes sociales, además de la esperada respuesta propagandística antimigrante en EEUU.
El pueblo mexicano y centroamericano están pagando el precio de la consigna de AMLO de ‘paz y amor’ con Donald Trump. En el tema de la migración, es una consigna y una política absurdas, e imposible de sostener ni en el corto plazo sin violar masivamente los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
La renovada agresión de Trump que sin duda continuará, exige una respuesta más digna y mucho más coherente por parte del gobierno mexicano. En lugar de preguntar a sus simpatizantes si debería pelearse con Trump, como hizo en Veracruz, debería preguntar si México debería mantener su soberanía frente los intentos de Trump de imponer su agenda. Nadie está a favor de buscar pleitos con un súper-poder, pero se ha visto que la sumisión a la EPN solo lleva —en el código macho de Trump— a perder el respeto y acelerar los abusos.
Frente a esto, el único camino digno para México —y es una gran oportunidad— es ser ejemplo en el mundo de otra política migratoria, que reconozca y garantice la necesidad de protección, que busque nuevas políticas de arraigo y no destierro, y que se distinga de la política xenofóbica de Trump. Hay países y fuerzas sociales en EEUU y todo el mundo, que están dispuestos a apoyar a México si decide marcar una postura digna frente a Trump, a favor de los derechos y de la gente más afectada por la desigualdad y crueldad que representa.
Publicado por Desinformémonos
