Traducción al español por Elena Durán
En el 2009, Mariano Abarca fue asesinado por su activismo contra el proyecto Minero Canadiense. Cansados de esperar por justicia de parte del Estado Mexicano, su familia está llevando el caso a la Organización de Estados Americanos.
Siete años y siete meses han pasado desde la muerte de Mariano Abarca uniéndose a las docenas de defensores ambientales que han muerto en México por resistir los proyectos mineros destructivos que están destrozando el campo mexicano.
Desde ese tiempo, el gobierno mexicano no tiene a nadie para hacer justicia por su muerte. En junio 26, la familia Abarca, habiendo perdido la fe en el sistema judicial mexicano para procesar el caso, mandaron una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (IACHR), por sus siglas en ingles. En la petición se acusa al gobierno mexicano de violar el derecho a vivir de Abarca, su derecho a protección judicial y otros más derechos incluidos en la Convención Americana de Derecho Humanos.
“Es indisputable que la violación al derecho de vida, que la investigación no se haya tomado seriamente, y que nadie haya sido ajusticiado, en este caso la responsabilidad del gobierno de México está clara,” dice Miguel Ángel de los Santos, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) y representante legal de la familia Abarca, lo cual dijo en una entrevista con el Programa de las Américas.
“Está claro que el gobierno no cumplió con sus obligaciones para garantizar los derechos de Mariano, y que los derechos de la familia también han sido violados.”
La familia Abarca se ha unido a tres co-demandantes de la de Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) de la que Abarca era miembro fundador, Otros Mundos Chiapas y el centro de derechos humanos UNACH.
“Una muerte prevista”
Como miembro de REMA, Abarca era de los que estaban al frente de la batalla contra un mina de baritina operada por la compañía canadiense Blackfire Exploration en su pueblo Chicomuselo, Chiapas.
Una serie de investigaciones desde el 2013 por la Mining Watch Canadá y el United Steel Workers hablan de la historia de conflicto sobre la mina, mostrando la complicidad del gobierno de Chiapas, Blackfire Exploración y la Embajada Canadiense sobre los eventos que llevaron a la muerte de Abarca.
Blackfire Exploración, una compañía privada con base en Calgary, Alberta, en el 2005 obtuvo las concesiones mineras de Chicomuselo siendo una comunidad de Chiapas. La concesión con un solapamiento con el territorio de dos ejidos, Ejido Nueva Morelia y Ejido Grecia, los cuales inicialmente se opusieron al proyecto. Oficiales de la Embajada Canadiense viajaron a Chiapas varias veces antes de que la mina entrara en producción, y ayudaron a la gestión de Blackfire a negociar los acuerdos del uso del terreno con los ejidos, aunque los ejidatarios sentían que no habían consentido al proyecto. A fines del 2007, Blackfire comenzó a extraer la baratita, un mineral en el uso de exploración de gas y petróleo.
Por los próximos dos años, las operaciones de la mina llevaron a una serie de conflictos, relacionados a la extracción de la baratita a lo largo de un camino de acceso que la compañía construyo a través del Ejido Nueva Morelia, en violación al acuerdo entre la compañía y el ejido sobre el uso de terreno. Abarca, como líder de REMA en Chicomuselo, organizo a los ejidatarios a defender su territorio, y comenzó a investigar las conexiones de la compañía con el gobierno local y la Embajada Canadiense.
Varias veces entre el 2008 y 2009, los habitantes del Ejido Nueva Morelia bloquearon el acceso al camino a Blackfire, demandando que la compañía cumpliera con los términos del acuerdo de uso de terreno, parar de extraer la baratita a lo largo del camino y pagar al ejido por la baratita que ya se había substraído. Creando dolores de cabeza con un bloqueo del camino para Blackfire y el gobierno local, los cuales respondieron con una serie de amenazas y ataques contra los activistas que culmino con el asesinato de Abarca.
En un incidente en agosto del 2008, hombres armados portando uniformes de Blackfire irrumpieron en la casa de Abarca, sujetando a su esposa a punta de pistola golpeándola y a uno de sus hijos. Un año después, la policía estatal de Chiapas arresto a Abarca a petición de Blackfire teniéndolo detenido por ocho días sin presentarle cargos.
Sabiendo que su vida corría peligro, Abarca comenzó a aumentar su presencia. En julio del 2009, viajo a la Embajada Canadiense en la Ciudad de México para entregar un mensaje sobre la conducta de Blackfire y las amenazas a su persona. Un video de la visita lo muestra diciéndole al representante de la embajada que Blackfire estaba usando a los empleados como violentas tropas de ataque contra los activistas.
En noviembre 23, Abarca sometió una queja al gobierno de Chiapas contra dos empleados de Blackfire por amenazas y acosos. En la queja, dijo, “si algo me llega pasar hago responsable a la compañía canadiense minera Blackfire.”
Seis días después, lo matan.
“Fue una muerte prevista,” dijo Libertad Días Vera, una representante de Otros Mundos Chiapas, en una conferencia de prensa, anunciando la petición a IACHR. “Presentamos testimonios en varias diferentes ocasiones que la vida de Mariano y la seguridad de su familia estaban en riesgo que hubo robos y ataques contra su familia. El fue a la Embajada Canadiense y les dijo de las amenazas que había recibido, aun así, tampoco lo escucharon.”
Tres hombres actualmente empleados de Blackfire, y dos que eran empleados fueron arrestados por su muerte, pero a la fecha todos han sido liberados.
Un conflicto más amplio
“Este caso es importante no solo por justicia para Mariano si no un fin en sí mismo, y porque su grupo es muy importante resistiendo la minería en el sur de México, pero también porque une muchos fenómenos que tienen que ver con el proceso de criminalización a través de México y América Latina,” dice Gustavo Lozano, un vocero de REMA. “Se toma como un concepto de un modelo de extracción donde corporaciones, en este caso las compañías mineras, desposeen las comunidades de sus territorios dando acceso a los minerales que se encuentran en el subsuelo.”
Las pasadas dos décadas, las compañías extranjeras mineras, la mayoría de ellas canadienses, han recibido concesiones baratas de cientos de miles de hectáreas del territorio mexicano bajo términos del Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) y relacionadas con las reformas neoliberales del gobierno mexicano. Las concesiones mineras son ahora más del 10% del territorio mexicano, y las compañías extranjeras han sacado un valor de más de diez billones de dólares de minerales del país por año. Como la extracción de minerales implica la desposesión de las comunidades locales de sus territorios y propiedades comunales, conflictos como el de Chicomuselo se han convertido en algo muy común en México.
La familia Abarca y los que los apoyan esperan que no solo se haga justicia por su padre y esposo, pero también ayudar a defender a los activistas ambientales en lo que se intensifica los conflictos contra las compañías mineras. A pesar de que existen muchos casos donde el gobierno mexicano ha fallado en investigar casos de activistas ambientales asesinados, Mariano Abarca es el primero que ha sido llevado frente al IACHR, y que puede crear un precedente donde existan casos similares que puedan considerase como violaciones a los derechos humanos en la parte del estado eso está por verse.
“Proteger a los defensores ambientales es mas importante que nunca, y esperamos que el caso de Mariano rompa el patrón de violencia e impunidad,” dijo Díaz Vera. “La agente seguirá resistiéndose, y este precedente es importante porque la pelea no va a terminar; solo se va a hacer más intensa.”
