El camino del TLC entre Colombia y Estados Unidos

Ocho años después de que se iniciaron las negociaciones, en mayo de 2004, el Tratado de Libre Comercio entre ambos países entró en vigor el pasado 15 de mayo.

Las negociaciones las iniciaron de forma conjunta los cuatro países miembros de la Comunidad Andina, beneficiarias de la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA) en el marco de la cual se permitía el ingreso de productos no tradicionales libres de aranceles al mercado norteamericano. Uno de los motivos centrales de interés para firmar el TLC radicaba en lograr que dichas preferencias arancelarias se hicieran permanentes, toda vez que el programa vencía el 31 de diciembre de 2006.

Por esta razón, los empresarios que exportaban bajo este programa –especialmente del sector textil y floricultura, en el caso de Colombia– fueron importantes propulsores de la firma del TLC. Se consideraba que su vigencia les permitiría ganar competitividad frente a otros países que no gozaban de preferencias similares y estarían en igualdad de condiciones frente a aquellos que ya gozaban de las mismas.

Además, para el gobierno era fundamental blindar aspectos importantes de la política económica como el tratamiento a la inversión extranjera, la liberalización del sector servicios y el fortalecimiento de los derechos de protección a la propiedad intelectual, entre otros, contra el probable intento de algún otro gobierno que intentara modificarlos. La consolidación de la liberalización económica constituiría, en opinión de las autoridades, una garantía para atraer inversiones extranjeras, las cuales generarían fuentes de trabajo.

En esta evaluación los gobiernos andinos desestimaron el hecho que los aranceles no constituyen actualmente las principales barreras para acceder a los mercados de los países industrializados. Tampoco, que en la medida en que Estados Unidos continuara suscribiendo este tipo de tratados con otros países del mundo, como es su objetivo, se irían perdiendo tales ventajas.

En efecto, el gobierno de Estados Unidos, así como también los de la Unión Europea y Japón, utilizan los TLC como la vía para establecer reglas comerciales y económicas que en el ámbito multilateral de la OMC no pueden implementarse por la resistencia de un número importante de países en desarrollo.

La ley de Comercio o Trade Promotion Authority (TPA) de 2002 –que autorizó al gobierno de los Estados Unidos a negociar Tratados de Libre Comercio con otros países, considera que la expansión del comercio internacional “es de vital importancia para la seguridad nacional. El comercio es un factor crítico para el crecimiento económico del país y su liderazgo en el mundo.” En esa misma ley se señala que los acuerdos comerciales maximizan las oportunidades para los sectores críticos y piedras base de la economía de los Estados Unidos, como la tecnología de la información, telecomunicaciones, industrias básicas, equipo de capital, equipo médico, servicios, agricultura, tecnología ambiental y propiedad intelectual. El comercio, se señala, creará nuevas oportunidades para los Estados Unidos, lo que permitirá preservar su fuerza en asuntos económicos, políticos y militares.

El proceso de encuentros para lograr el TLC fue extenso. Lo que se inició como una negociación conjunta (Colombia, Ecuador y Perú, más Bolivia en calidad de observador) terminó con negociaciones individuales. Perú fue el primero en lograr la firma de los presidentes Toledo y Bush, en diciembre de 2007, y entró en vigor en febrero de 2009, mientras que Bolivia y Ecuador lo rechazaron con los respectivos cambios de Gobierno.

En el camino, Venezuela se retiró de la Comunidad Andina en abril de 2006 y solicitó su incorporación al Mercosur, al aducir que “los Tratados de Libre Comercio por parte de Colombia y Perú con los Estados Unidos de Norte América, han conformado un nuevo cuerpo legal que pretende asimilar la normativa de los TLC a la Comunidad Andina, cambiando de facto su naturaleza y principios originales.”

Si bien los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Uribe y Bush lo firmaron en 2006, no se logró la ratificación de parte del Congreso norteamericano por denuncias de algunos sectores en el Congreso y de organizaciones civiles que aducían atropellos en el tema de derechos humanos y laborales. Después de largas negociaciones, y compromisos asumidos por el actual presidente Santos, este fue ratificado por el Congreso norteamericano en octubre de 2011. Mientras tanto, las ventajas arancelarias logradas en el marco del ATPDEA fueron renovándose anualmente.

Mito de las “relaciones privilegiadas” bajo el TLC

Con la entrada en vigencia del TLC, uno de los anhelos señalados por las autoridades de Colombia es convertirse en plataforma exportadora para aquellos países que “no gozan de relaciones privilegiadas con este gran mercado, como Argentina, Ecuador, Brasil y Venezuela.” Son anhelos que fueron también expresados en su momento por las autoridades de Perú y las de Chile.

Sin embargo, la experiencia demuestra que estos no se erigieron como tales para sus vecinos. Las ventas hacia el mercado norteamericano han perdido dinamismo. En Perú, por ejemplo, las exportaciones cayeron 4% en 2011, con respecto al año anterior, a pesar que el total de las mismas registró un incremento en 28% en dicho período.

De ser Estados Unidos tradicionalmente el primer destino de sus exportaciones, hoy es el tercero, después de China y Suiza. Mientras que en 2006 24,2% de las exportaciones peruanas se destinaban al mercado norteamericano, en 2011 se destinaba sólo 12,7%. Por el contrario, las importaciones procedentes de Estados Unidos, que en 2006 representaban 16,4% del total, en 2011 incrementaron su participación al 19,5%. Por esta razón, Estados Unidos ha logrado revertir la balanza comercial con el Perú, la cual ha pasado de registrar un superávit favorable para el Perú de 3.260 millones de dólares, en 2006, a un déficit de 1.520 millones de dólares.

Es cierto que en esta evolución, la revaluación de las monedas locales latinoamericanas frente al dólar ha tenido una influencia importante, pero el escenario de pérdida de dinamismo del crecimiento, y por ende del consumo en ese país, no parecen augurar un buen momento para impulsar las exportaciones a EEUU.

En su discurso ante el Estado de la Unión, en enero de este año, el presidente Obama propuso la recuperación de la economía a partir del impulso de la industria manufacturera local. Planteó reducir impuestos a las empresas que inviertan en el país e incrementarlos en aquellas que se instalara en el exterior.

“Es hora de dejar de recompensar negocios gratificantes que envían empleos al extranjero, y comenzar a recompensar a las empresas que creen empleos aquí en Estados Unidos.” Complementariamente, señaló estar facilitando a las empresas estadounidenses la venta de sus productos en todo el mundo. “Hace dos años, me puse la meta de duplicar las exportaciones estadounidenses en cinco años. Con los acuerdos comerciales, estamos en buen camino para alcanzar esa meta antes de lo previsto…Pronto, habrá millones de nuevos clientes para los productos estadounidenses en Panamá, Colombia y Corea del Sur.”

¿A quién benefician los Tratados de Libre Comercio?

Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL),entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994 y asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y colabora con el Programa de las Américas como columnista.

 

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