Desde el pasado 28 de mayo de 2016 la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá está realizando un ambicioso operativo que promete desmontar uno de los mayores espacios abiertos de consumo y venta de drogas del mundo, conocido como la “calle del Bronx”.
El operativo se realiza en medio de un ambiente político que define el Plan de Desarrollo para la ciudad en los próximos cuatro años. Algunas voces consideran que la estrategia de la alcaldía es una cortina de humo para desviar la atención hacia polémicas decisiones como la venta de la empresa pública de Teléfonos de la ciudad, mientras la administración se defiende con la tolerancia cero a las mafias y al narcotráfico en la ciudad.
El énfasis mediático se ha centrado en desmantelar las mafias que se lucran del negocio del narcotráfico y atender de manera efectiva a las miles de personas sumidas en el uso problemático de drogas en la capital de Colombia. No obstante, el reto para la ciudad será abordar el fenómeno de las drogas desde estrategias que no criminalicen o estigmaticen el uso problemático de drogas, que se atiendan los derechos de quienes padecen la hostilidad de las calles y atacar efectivamente las mafias criminales que están profundamente enquistadas en altas esferas de la sociedad Colombiana.
La dimensión del problema de habitantes de calle en Bogotá
El primer aspecto a tener en cuenta es que no se sabe a ciencia cierta cuantas personas habitan las calles y no se toma en cuenta que están presas de un uso problemático de drogas como el llamado bazuco (pasta base de cocaína con todo tipo de aditivos como polvo de ladrillo conocida en otros países como paco). En el año 2011, cuando se registró que estaban en las calles 9.614 personas, lo que implica que 12 personas por cada 100.000 habitaban las calles para esa fecha en Bogotá. Desde entonces, no se realiza un censo de la población de las calles.
Entre las principales razones para estar en las calles, las personas censadas en el año 2011 decían haber tenido tensiones con sus familias (44,3%) y el consumo de drogas (33,75%). Esta información es muy relevante pues con frecuencia se dice que quienes terminan en las calles son desplazados por la violencia en el país (solo el 1% de los encuestados dijeron serlo), o el abuso sexual, que reconocieron menos del 1,6% de los entrevistados. El 93,8% de quienes habitan las calles usan drogas, y de ellas el 72,9% está “enganchado” en el bazuco.
Es evidente además que el temor de las familias y el desconocimiento de cómo abordar la situación ante un tema tabú como es el uso de drogas en muchos casos empeora la situación. Muchas personas terminan en las calles precisamente porque el tema permanece vedado en los ámbitos escolares y familiares por una histórica tradición conservadora que prescribe el uso de drogas pero tolera ampliamente el abuso del alcohol.
Casi el 25% de quienes hoy habitan las calles de la ciudad iniciaron esta penosa experiencia antes de los 17 años y el 85% del total son hombres, lo cual implica que son los jóvenes hombres los más afectados por el fenómeno. En cuanto a su origen, el 59,17% son de la ciudad y el 40,18% dicen haber llegado desde otros municipios del país. Más de la mitad de las personas en las calles de la ciudad no alcanzaron a culminar los primeros grados de la educación secundaria, lo que evidencia una vez más que el flagelo de uso problemático de drogas se concentra entre las personas más humildes del país. Y finalmente el 58% de quienes fueron censados en el año 2011 en Bogotá reconocieron tener algún tipo de destreza artística o cultural, lo que deja muy mal parada la política pública en la materia en un país como Colombia.
Ante la pregunta de cuál era la forma de obtener sus precarios ingresos, el 46,76% reconoció que principalmente lo hacía de recoger objetos reciclables y solo el 4.82% dijo que prefería delinquir para sufragar sus gastos. Este es otro de los mitos frente a las personas que habitan las calles–la percepción de “inseguridad” o que hacen parte de circuitos delincuenciales. Resulta que muchos de ellos y pese a su consumo problemático de drogas, prefiere buscar entre las bolsas de basura su comida y forma de financiar su adicción. Cuando se les preguntó cuáles eran las violencias que con mayor frecuencia recibían, el 51,45% dijo que se trataba de las golpizas efectuadas por la policía.
La capacidad de la ciudad para atender el fenómeno
El Alcalde Enrique Peñalosa y el subsecretario de seguridad Daniel Mejía, este últi
mo connotado experto en políticas de drogas, frente al operativo policial realizado en la calle del Bronx la pasada semana dijeron que desmantelarían las mafias, atenderían integralmente a las personas que estaban en las calles y que adelantarían un proceso de renovación urbana en el sector, pues una futura estación del metro –si algún día se construye– estaría justo a escasos metros del lugar.
Sin embargo las cifras no cuadran porque la capacidad de los albergues que actualmente tiene el distrito no superan los 800 cupos y se está desmantelando un innovador programa de Centros de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD) que con limitaciones ante las promesas iniciales de atención integral, llevó por primera vez equipos médicos al corazón de las calles donde difícilmente entraba la misma policía hace tan solo tres años. La iniciativa en su momento levantó revuelo e indignación de una sociedad fácilmente manipulable que consideraba que eso era “botar la plata” y donde figuras como el Procurador Alejandro Ordoñez, conocido por su posición de derecha, ordenara investigar el programa para determinar si efectivamente servía.
A los CAMAD no se le pueden pedir resultados de años de indolencia ante el uso problemático de drogas de toda una sociedad y son de hecho una estrategia reconocida mundialmente por su enfoque de llevar asistencia médica a zonas álgidas y que resulta ser una puerta de entrada para estrategias mucho más amplias de atención y reducción de los daños derivados por el abuso de sustancias como el bazuco.
Por su parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto para la Protección de la Niñez (IDIPRON), han venido atendiendo a los niños y menores de edad que fueron “encontrados” en la calle del Bronx en un despliegue igualmente mediático que hace preguntarse: ¿Por qué estas entidades actúan solo en un evento de coyuntura y no de manera decidida y permanente? La respuesta evidentemente es la voluntad política y las prioridades político electorales. Los “ñeros” como son llamados los habitantes de las calles ni votan ni son una prioridad para nadie.
¿Recuperar las calles o desplazar el problema?
Una muestra más de la improvisada acción del gobierno de Bogotá es la reacción ante la toma de la calle del Bronx que generó enfrentamientos. Cientos de habitantes de la calle se tomaron la Plaza España, ubicada como el mismo Bronx a escasos metros del palacio presidencial y el Congreso de la República. Se presentaron enfrentamientos entre los habitantes de la calle, al parecer influidos por las mafias que controlan el mercado de drogas en el sector, y se presentaron casos de vandalismo y hurto a diferentes locales comerciales.
Surgen preguntas como, ¿Si se había planificado una toma del lugar, por qué no se pensó primero en fortalecer programas de reducción de daños, ampliar la cobertura en salud y albergues para quienes están actualmente en las calles? ¿Por qué nuevamente el énfasis de la lucha contra las drogas está en el microtráfico y los ya estigmatizados habitantes de las calles y no en combatir el lavado de activos, y frenar los ríos de dinero que corren para financiar campañas y comprar conciencias en las altas esferas del poder político del país?
La presión policial sobre la llamada calle del Bronx está generando una dispersión de la población habitante de calle hacia sectores como el barrio San Bernardo y otras zonas de la ciudad, repitiendo la historia de una acción que realizó el entonces gobierno de izquierda de Luis Eduardo Garzón quien en abril de 2005 se tomó la conocida calle del “Cartucho” con la misma promesa de acabar las mafias y atender a los habitantes de la calle. El resultado fue la descentralización del fenómeno de personas habitando las calles a los andenes, caños y calles de toda la ciudad, y el surgimiento–a unos cuantos metros de all–de la “calle del Bronx” que hoy Peñalosa quiere otra vez acabar o reubicar unas cuadras más al occidente de la ciudad.
Como en el 2005, el fenómeno puede detonar en más estigmatizaciones, polémicas detenciones para luego abandonar a los habitantes de calle en otros municipios, sangrientas limpiezas sociales y el manejo del miedo ante la ciudadanía en general. Esta semana se difundieron por los medios de comunicación y mediante mensajes de texto y correos contenidos alertando que los habitantes de calle, estaban siendo armados con chuchillos y ácido por parte de los líderes de las mafias para atacar a los inermes ciudadanos como retaliación ante la toma del Bronx.
¿Quienes son las mafias del Bronx?
Evidentemente quienes controlan el mercado de drogas en la llamada calle del Bronx en Bogotá no son quienes la habitan y que deambulan como zombies. Se realizaron capturas de supuestas cabecillas y asesinos que controlan territorialmente la zona conocidos coloquialmente como los “Sayayines”, pero habrá que esperar la diligencia de la Fiscalía General de la Nación para identificar por qué a escasos pasos del palacio presidencial se convive desde hace tantos años con un poder mafioso tan espantoso como poderoso. ¿Quiénes son las personas que desde el poder político y policial se lucran con la pervivencia de zonas como el Bronx?
El poder de las mafias involucra de manera directa a la Policía Nacional y este no es un problema menor. En febrero de 2016 fueron capturados 14 policías por supuestos vínculos con las mafias que controlan el narcotráfico en el Bronx. El gobierno de Colombia viene adelantando una “purga” interna en la policía que permitió sacar a cerca de 2.000 uniformados de la institución, pero aún se requiere dar golpes efectivos contra los altos policiales y militares, que como otros ámbitos del poder político en Colombia, siguen siendo parte de las complejas redes del narcotráfico.
¿Qué hacer?
A juzgar por el improvisado operativo de la última semana, pareciera que la prioridad está más centrada en desplazar a quienes tienen el infortunio de caer en una compleja adicción para facilitar la recuperación inmobiliaria del sector, que adelantar una verdadera política que de una vez por todas enfrente el problema y entienda que la primera línea de ataque debe ser quitarle la capacidad corruptora del narcotráfico y esto es, así muchos se ruboricen, regular el mercado de sustancias como la cocaína.
Está ampliamente demostrado que el mayor impacto en la salud de quienes usan sustancias ilegales es precisamente que no saben qué consumen, lo cual facilita que sean rendidas con todo tipo de aditivos, medicamentos o componentes altamente dañinos para la salud de los usuarios de drogas. Entiéndase bien que regular no es como muchos quieren erróneamente presentar, la liberalización del mercado de drogas. Es sacar el problema de debajo de la mesa y ponerlo en una discusión pública, abierta y necesaria para el país, justo en un momento que busca ponerle fin a un conflicto armado y social de más de 60 años.
Regular es precisamente avanzar en aspectos como qué sustancias serán motivo de regulación, quienes pueden adquirirlas, quienes pueden venderlas, en qué lugares, en cuantas cantidades y obviamente eso permitiría monitorear mejor quienes se excedan en su uso. Eso precisamente es lo que no pasa con el alcohol que es una droga legal, pero no regulada y es la más nociva que existe pues es la causante de más de 6 millones de muertes anuales asociadas a las más de 200 enfermedades que genera según la Organización Mundial de la Salud.
La regulación del mercado de la cocaína le pondría límite a otros de los mayores problemas para Colombia como son el homicidio, las disputas territoriales de los grupos que compiten por los mercados y la presión que ejercen a todo nivel por su capacidad económica.
Si a esta propuesta, ya sea por “inmoral” o porque no existe la voluntad para dar la discusión pueda resultar vetada, todavía hay varias cosas que pueden hacerse desde la administración de la ciudad de Bogotá.
Regular el alcohol es una de ellas, y evitar el abuso del mismo entre los jóvenes es claramente una de las mayores acciones preventivas, seguida por la educación para la prevención y atención del problema de manera temprana desde una perspectiva secular y con base científica. Actualmente la prevención es identificar al chico que usa drogas para luego expulsarlo(a) del colegio, sin antes avergonzarlo públicamente y a su familia. Las drogas son una realidad incómoda para muchos, pero ocultándola no la vamos a abordar como sociedad. Los ambientes escolares y familiares son centrales en esta tarea. Existen experiencias muy valiosas como la de una docente mexicana que lejos de evadir el tema de drogas, buscó instruirse, conocer en profundidad el tema y así poder orientar de mejor manera a sus estudiantes.
En cuanto a las acciones del gobierno, el llamado es a que no sigan intentando apagar el fuego con gasolina.
Desmantelar las mafias debe ser un propósito importante, pero igualmente lo es atender a quienes usan de las drogas de manera agónica. La extinción de dominio en una sensata lógica, y debiera ser el mecanismo para que al mismo tiempo que se expropian bienes adquiridos con dinero del narcotráfico, se financien programas públicos de reducción de daños, prevención y atención a personas con usos problemáticos de drogas.
Es importante resaltar el término PÚBLICO, porque la tercerización de toda la operación estatal no solo ha sido costosa para el país, sino que además tiene una limitación técnica básica: no se pueda fácilmente reorientar. Con un acostumbrado operador privado se contrata un objeto específico y cuando se quiera hacer cualquier cambio, habrá que celebrar un nuevo contrato o un cambio contractual que será el motivo de frenadas burocráticas y corrupción. Por otro lado, un programa financiado desde la Secretaría de Salud o de Integración Social permitiría la contratación directa del equipo, el uso de instalaciones y la permanente reorientación metodológica en función de los resultados y particularidades de las personas que habitan las calles de la ciudad.
Salir de la dinámica eficientista de costo–beneficio es otro desafío, invertir recurso público para atender personas altamente vulnerables que están en las calles no es “botar la plata”, es un derecho y un deber de una sociedad en su conjunto. El valor de un programa de atención a personas que habitan las calles y que usan drogas de manera problemática durante un año, no supera uno solo de los escándalos de corrupción como la calle 26, agro ingreso seguro, o el más reciente e indignante caso de Reficar.
En materia de problemas de drogas, ningún país del mundo tiene recetas mágicas. Hay experiencias importantes pero los avances se han dilatado precisamente por un paradigma de criminalización y penalización que impide desarrollar otras perspectivas.
Habrá que esperar que la Alcaldía de Bogotá asuma con sensatez el desafío de buscar salidas al fenómeno del narcotráfico, pues en Colombia no podemos seguir hablando con el eufemismo del “micro” tráfico, es el gran mercado de las drogas el que es necesario frenar y buscar golpear con inteligencia y sin la brutalidad o la violencia. Seguir llenando las cárceles de pequeños expendedores no ha generado más que una crisis carcelaria, que no resuelve de fondo el problema.
El Bronx es solo la punta de un iceberg que compromete a la nación en su abordaje. Ojalá y las políticas públicas con enfoque en la salud y los derechos humanos primen sobre la fuerza y la violencia, y que así como el metro, algún día los Bogotanos salgamos de las promesas y podamos gozar de una ciudad distinta.
