La Resistencia Pacífica La Puya celebra 11 años de organización comunitaria en defensa del territorio, del agua y de la vida, en un momento crítico para el futuro de la organización y de sus comunidades. Después de haber logrado la suspensión del proyecto de minería Progreso VII Derivada, enfrenta una demanda por más de 400 millones de dólares de la empresa minera, Kappes, Cassiday y Asociados, con sede en Nevada, EEUU contra el Estado de Guatemala. El arbitraje se lleva a cabo en un tribunal del Banco Mundial que permite que empresas extranjeras demanden a gobiernos como represalia contra la legítima defensa de su territorio y bienes por parte de las comunidades afectadas y las leyes nacionales.
En este contexto, el 6 de diciembre representantes de La Puya y organizaciones aliadas se reunieron para conocer un nuevo estudio titulado “El arbitraje como un mecanismo de presión en el caso del proyecto Progreso VII Derivada”, hecho por Ana Sandoval, activista del movimiento y estudiante de derecho, y platicar sobre la situación actual de la lucha. El estudio fue publicado por El Observador y se puede consultar AQUÍ La Puya ha sido un gran ejemplo en todo el mundo de la resistencia comunitaria contra la minería impuesta en territorios indígenas y campesinas. Ahora es ejemplo de la movilización social para oponerse a estos tribunales, que buscan castigar al pueblo por defenderse contra el saqueo y la contaminación de sus bienes para generar ganancias para empresas transnacionales.
Ana Sandoval, integrante de La Puya y estudiante de derecho, abrió el evento con una breve historia de su lucha. “La resistencia inició un proceso en 2012 y desde el inicio planteaba a las instancias gubernamentales que se reconociera el derecho de consulta, pues esta consulta se debió haber hecho previamente a que el proyecto se iniciara”, dijo. No fue así y en 2014, las comunidades presentaron una acción de amparo solicitando a la Corte Suprema de Justicia que se reconociera el derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrada en el convenio 169 de la OIT y en las leyes guatemaltecas. En 2016 ganaron la suspensión de la licencia de explotación de la empresa minera, y después el amparo definitivo. La decisión de la corte también ordenó la realización de la consulta.
Al perder su caso en las cortes guatemaltecas, la empresa metió una demanda contra el Estado guatemalteco por $400 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una instancia del Banco Mundial creado bajo el CAFTA. La acción llevó a la resistencia a un terreno de batalla desconocido y de alto riesgo. “Es una cantidad exorbitante que en definitiva puede afectar significativamente el presupuesto y con eso afectar otros derechos de todos los guatemaltecos”, afirmó Sandoval.
Para enfrentar la demanda, el gobierno guatemalteco hizo un análisis y contrató a personas expertas para evaluar los argumentos de la empresa. Se concluyó que no existe justificación alguna para la demanda, ni mucho menos la cantidad multimillonaria que exige KCA. El Estado presentó una contrademanda contra la empresa por 2 millones de dólares por los daños que ya se han ocasionado.
Sandoval contó que ahora, “estamos a la espera de conocer la sentencia del panel de arbitraje que está conociendo el proceso. Estos procesos de arbitraje son procesos totalmente ajenos a los marcos de derechos humanos”, dijo. Agregó que no ha sido fácil tener información sobre el caso: “Han tratado de excluir a la población más cercana al proyecto”.
El arbitraje internacional: Un mecanismo para la explotación y la violación de derechos
Jen Moore, investigadora del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explicó que el uso de demandas de arbitraje internacional por parte de las empresas transnacionales, en particular desde el sector extractivo, se estableció en los Tratados de Libre Comercio de los años 90 para generar un sistema favorable para los intereses de las corporaciones transnacionales. El resultado es un andamiaje de acuerdos internacionales de inversión y sistemas supranacionales para protegerlas
Esta imagen ilustra la red de más de 2,800 acuerdos internacionales de inversión que proporciona este mecanismo de resolución de controversias entre inversionistas y Estados.
Moore explicó que este sistema de resolución de controversias entre inversionistas y Estados está únicamente disponible a las empresas transnacionales. Ellas pueden acceder a un tribunal compuesto por tres abogados altamente pagados y demandar al Estado no sólo por la cantidad invertida, sino también por su especulación sobre ganancias futuras supuestamente perdidas, que puede ser –como en el caso de KCA– hasta el 80% de la demanda total.
En el caso de KCA-Guatemala, las comunidades lograron mayor transparencia y que algunos representantes de la comunidad pudieran dar su testimonio, pero lo común es que las comunidades directamente afectadas no tengan ni información ni incidencia en el proceso. El bienestar de los pueblos, sus derechos colectivos, el medio ambiente no son considerados.
Los tribunales de arbitraje internacional tienen un claro sesgo: Un estimado de 60% de los fallos es a favor de las empresas transnacionales. Moore señaló que no hay un proceso de apelación real que podría corregir errores en sus decisiones. Ya existen muchos ejemplos en el mundo en donde las empresas están recurriendo a este mecanismo para tratar de evadir las decisiones de las cortes de justicia en los países de sus inversiones. La mayoría son empresas extractivistas. Alrededor de 30 de las demandas metidas en 2021 fueron por parte de empresas petroleras y mineras, la gran mayoría transnacionales de cinco países del norte: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Australia.
El sistema refuerza las relaciones desiguales del neocolonialismo, hace posible que las empresas embolsan grandes cantidades de recursos públicos de los países pobres, y socava la independencia de la justicia en los países que son demandados. Una revisión de todos los casos de demandas mineras llevado en contra de gobiernos de América Latina entre 1998 y 2019 encontró que la mayoría de las demandas en el fondo son represalias de las empresas por los procesos de resistencia y de reivindicación de los derechos desde los pueblos por temas de protección del medio ambiente, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y/o las decisiones soberanas de los gobiernos para asegurar que la mayor parte de las ganancias que generen sus recursos naturales beneficien a la población. La investigadora destacó que el caso de KCA se inserta en una tendencia regional y global que va en aumento. La mera amenaza de una demanda de este tipo podría generar un efecto de enfriamiento sobre las decisiones de regular las actividades extractivistas o aplicar leyes nacionales que defienden intereses públicos contra la avaricia de las empresas, concluyó.
El mapa regional de la minería
A continuación, Guadalupe Garcia, coordinadora del Observatorio de Industrias Extractivas–una plataforma de investigación independiente que busca adquirir, organizar y publicar datos sobre proyectos extractivos mineros y petroleros en Guatemala–presentó una mirada geográfica de cómo se fue formando y cómo se han ido transformando los proyectos extractivistas en el territorio, enfocado en la región conocido como el Cinturón de Oro donde se ubica el proyecto.
La imagen muestra las principales empresas extractivas que tienen intereses en el oriente del país; del lado derecho son las licencias activas en rojo y las solicitudes en amarillo. Todas las licencias en rojo son de Mineral de Sierra Pacífico, lo que ahora son los nuevos intereses mineros de lo que inició el proyecto de Progreso VI Derivada en la Puya. Muestra los intereses mineros del níquel en el nororiente, más en la cuenca del Lago de Izabal, y la cantidad de solicitudes que responden al interés global en extracción de níquel.
Garcia señaló que en el occidente se ubica la Mina Marlin, también parte de este conglomerado de proyectos. Otros intereses en el occidente, incluye Reservas del Caribe, una nueva sociedad anónima que tiene bastantes solicitudes en la parte de San Marcos y Huehuetenango.
En el Cinturón de Oro de El Tambor, actualmente la canadiense Radius concentra todas sus exploraciones en la falla del Motagua. Esta zona cubre una zona de “oro epitermal”– depósitos de oro relacionados con aguas termales.
Radius adquirió todas las licencias otorgadas en ese momento a la minera Tombstone, y además empezó a hacer nuevas solicitudes. El Proyecto Minero El Tambor estaba constituido de 12 solicitudes que en total sumaban 107 mil hectáreas.
Este cuadro, elaborado con información del Ministerio de Energía y Minas, muestra las licencias actuales otorgadas en esta área: en rojo son licencias que fueron actualizadas en enero de este año (2022), En esta zona está la licencia de explotación Progreso VII Derivada, ahora suspendida, y las licencias de exploración están en Santa Margarita, Carlos Antonio y La Laguna.
Si se incluye el área de Holly-Banderas, una nueva área de interés de explotación minera desde el 2020, se ve que los mismos actores están usando otra subsidiaria que se llama Minerales Sierra Pacifico para realizar exploraciones en San Jacinto Chiquimula. Incluso se sabe que ellos han provocado incendios para erradicar bosques comunales que están sobre un área que es la principal fuente de agua de Chiquimula. Esta misma empresa tiene solicitudes en Sansare, dentro del área comunal indigena de las comunidades de Santa Maria Xalapan.
Para finalizar, la investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas presentó un diagrama de la estructura corporativa de Radius y cómo opera a través de Volcanic.
La política y la extracción
Fernando Solis, director de la Asociacion Civil El Observador, hizo un análisis de las relaciones de poder que están detrás de los proyectos de inversión privada en el Cinturón de Oro que comenzaron exploraciones en la primera mitad de la década de los 90.
“Eran proyectos que estaban allí, que se habían identificado la existencia de las vetas, pero es en el gobierno de Jorge Serranos Elias cuando en realidad empieza a producirse en Guatemala un proceso de liberalización económica”, comentó el periodista. Explicó que “el embrión de todos estos proyectos de exploración y explotación de oro tienen un origen en un grupo transnacional, que llega a Guatemala en 1990 y que empieza a hacer negociaciones con grupos de capital nacional para instalar proyectos de inversión. Hay una empresa matriz que va a dar origen y que va a hacer acuerdos con capitales nacionales y con el gobierno de Alvaro Arzú para empezar a constituir este grupo de licencias”.
Identificó al menos seis factores económicos y políticos que permitieron que los proyectos extractivistas pudieron constituirse con licencias: 1. El fin del Conflicto Armado Interno y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996
- La llegada de Alvaro Arzú a la presidencia en 1996 y del Partido de Avanzada Nacional (PAN), un gobierno abiertamente empresarial, que puso en marcha una ofensiva económica y política neoliberal para atraer inversiones, que incluía la privatización de los principales servicios estratégicos del Estado y la ampliación de las explotaciones petroleras y mineras.
- Su ministro de Energía y Minas, el ingeniero Leonel Lopez Rodas, apoyó el proceso y después como presidente del Congreso promovió una serie de reformas a la ley de minería.
- 4. La reforma a la Ley de Minería en 1997 de Arzú, que redujo la cantidad de regalías y abrió la inversión a transnacionales y a grupos de capital que antes no tenían mucha potestad de poder intervenir en ese tipo de inversiones.
- Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota fundado en el 2002, también fue clave, como diputado entre el 2008 y el 2012 y presidente de la Comisión Legislativa de Energía y Minas. Promovió una serie de iniciativas para poder generar licencias.
- La aprobación de la Ley General de Electricidad en 1996 abrió el sector eléctrico a las inversiones transnacionales, permitiendo que hasta la fecha las empresas de capital nacional e internacional controlen el sector, desde la generación hasta el transporte, la distribución, y la comercialización.
Solís señaló que las empresas principales que llegan son: Ramon Goldcorp, Intrepid Minerals de Canadá, BHP Billiton, Minera Urbana Guatemala, Aurora Gold Corporation, Montana Gold, Tombstone Explorations, Marwest Resources, y Exploration Mayan Minerals. Instalan los proyectos Marlin aprobado en el 2003, El Tambor, El Escobal (que está en proceso de consulta hoy bajo la propiedad de Panamerican Silver), y Cerro Blanco que el 18 de septiembre de 2022 hubo una consulta comunitaria en Jutiapa.
Para entender mejor cómo operan estos intereses entrelazados, Solis explicó en detalle el funcionamiento de uno de ellos, Marwest, de Montana Exploradora que opera la mina Marlin. Randy Reifel es fundador de Montana Exploradora y un accionista de varias empresas mineras de origen canadiense. El principal operador de los proyectos es Simon Ridgway, vinculado a Volcanic, empresa nueva vinculada a los proyectos anteriores. Otro operador es el abogado Jorge Asensio, del bufete Asensio y Aguirre, y el principal operador de la Ley de Minería actual siendo también abogado del grupo corporativo de Cementos Progreso y de los proyectos de extracción de oro. Cementos Progreso, es el monopolio de cemento, continuó Solis en su exposición, pero también el principal grupo corporativo vinculado a los proyectos mineros. Se le atribuye ser uno de los grupos que está financiando al gobierno, y que ha estado financiando la estrategia contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de criminalización de operadores de justicia, junto a otros 2 o 3 grupos de capital.
Otro grupo es CMI, Corporacion Multi Inversiones. Se les conoce como los dueños de Pollo Campero, propietarios de una de las hidroeléctricas más grandes que se han construido hasta el momento que es Renace. El Grupo Campollo Codina, dueño del Ingenio Madre Tierra, también promueve la estrategia extractivista, y es financista de operaciones o instancias de derecha, como Fundacion contra el Terrorismo, vinculado a ONGs como Vida Pro Patria y Guatemala Inmortal. Existen vínculos concretos entre la presencia de Cementos Progreso y los otros grupos en proyectos de inversión de oro, y en la política de derecha que ha venido siendo desplegada desde el gobierno de Jimmy Morales y está siendo profundizada durante el actual gobierno de Giammattei Falla.
Dado esta constelación de poderes, ¿Qué pasa si el arbitraje es favorable a las comunidades de La Puya?
El proyecto El Tambor está compuesto por 11 licencias que tienen una vigencia de 25 años. Si cancelan una licencia, no significa que los proyectos se terminen porque pueden haber otras licencias que pueden ser activadas, según Solís. “El arbitraje es un movimiento que KCA está haciendo de cara a recuperar o resarcirse de las ganancias que pudo haber generado, está especulando con esto, con la operación de El Tambor”.
Ahora después de que la Corte de Constitucionalidad suspendió la licencia y obligó al Ministerio de Energía y Minas a activar la consulta comunitaria, “KCA y El Estado no han dejado de generar intereses a través de la consulta. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas no está convocando a las comunidades cercanas al proyecto”.
“Entonces hay un juego de KCA y del Estado, creemos a dos y tres bandas, en el sentido que pretenden ganar 400 millones de dólares a través de un proceso de arbitraje, pero a la vez están pensando que si se hace la consulta, puedan aislar a las comunidades que han sido parte de la resistencia y generar un proceso muy similar al que hicieron en Izabal–una consulta manipulada, una consulta que convocó a COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural) que fueron comprados por la misma empresa.
“En síntesis, la empresa y el Estado están previendo utilizar el arbitraje a la par de la consulta como un proceso en donde la empresa no va a perder lo que hasta ahora ha invertido en el proyecto de El Tambor.
“El Estado se acercó a las comunidades en un principio, les pidió a las comunidades que intervinieran y que lo apoyaran en el proceso de arbitraje, pero también está jugando a dos bandas con el proceso de consulta. Esta es la situación que hay en este momento y no solo está pasando en El Tambor, hay otros procesos de arbitraje en los que el Estado está siendo demandado, por ejemplo, en Huehuetenango en el caso de la hidroeléctrica en Ixquisis, San Mateo. Ya el Estado perdió dos procesos de arbitraje: con Teco Energy, una empresa vinculada al grupo Campollo Codina, le tuvo que pagar más o menos 19 millones de dólares, y posiblemente puede activarse el proceso de Trecsa contra el Estado.
El camino pedregoso hacia la consulta
Ana Sandoval añadió que “a pesar de que el Convenio 169 establece que los procesos de consulta deben ser libres e informados y deben de ser acordes a las costumbres y tradiciones de cada pueblo indigena, se ha encasillado en procedimientos meramente occidentales y no se permite la organización propia de los pueblos. Esto es un aspecto muy importante y que no solo se está dando en el caso de La Puya, también se ha observado en otros procesos de consulta”.
José Angel Llamas, miembro de la Resistencia Pacífica La Puya, señaló que el Ministerio de Energía y Minas ha intentado restringir la participación de las comunidades en la consulta. “No nos consideran comunidades indígenas, pero sí, lo podemos demostrar ya que tenemos muchas costumbres arraigadas dentro de nuestra población.” Dijo que por ejemplo el MEM busca excluir de la consulta a la comunidad de La Choleña que se ubica muy cerca de la mina y que desciende del pueblo Xinca.
“También el Ministerio de Energía y Minas ha tratado de frustrar que varias municipalidades manden a sus representantes,” dijo. “Esa es la preocupación que tenemos como comunitarios que esperamos que se nos respete y se nos permita hacer valer ese derecho.”
Llamas señala que aún en sus fases iniciales, la organización de la consulta presenta una serie de anomalías–no están informando a las comunidades sobre el proceso y sus derechos. “Es por esfuerzo de las comunidades que hemos buscado la información y estamos tratando de que esa consciencia en toda la población sea conocida ya que de parte del ministerio no se da esa posibilidad.
“A pesar de las dificultades, el evento sobre el arbitraje y la consulta fue una prueba más de la capacidad organizativa de la Resistencia Pacífica La Puya. Lograron socializar la información y el análisis y denunciar públicamente las violaciones de sus derechos, también advirtiendo sobre riesgos en el horizonte. La solidaridad se vio en la misma organización del evento que contó con el apoyo de la asociación El Observador, Human Rights Defenders Project, Earthworks, JASS, Guatemala Human Rights Commission, el Instituto para Estudios Políticos, NISGUA, Protección Internacional y la Generalitat Valenciana.
Más recursos:
Olivet, Cecilia y Luciana Ghiotto, “Justicia Paralela: ¿Cómo el sistema de protección de inversiones pone en riesgo la independencia del Poder Judicial en América Latina?”, Transnational Institute, 2021. https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/justicia-paralela
Consentimiento libre, previo e informado Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Consejo de Derechos Humanos, Aportes del Estado de Guatemala. Guatemala, Centro América. Febrero 2018
Sandoval, Ana, “Informe Especial No. 35 -El Arbitraje Internacional como mecanismo de presión y chantaje de KCA en el caso del proyecto minero El Tambor”, El Observador, 2022. https://elobservadorgt.org/2022/11/24/informe-especial-35-el-arbitraje-internacional-como-mecanismo-de-presion-y-chantaje-de-kca-en-el-caso-del-proyecto-minero-el-tambor-1/
(Resumen de la memoria del evento realizado el 6 de diciembre, preparado por JASS Mesoamérica)
