Por Luis Roberto Zamora Bolaños
Es claro que tomar la decisión de proscribir un ejército nacional es una medida que requiere gran determinación y valor, pero que depende del respaldo del pueblo y sus valores más sagrados. Costa Rica adoptó la proscripción del ejército en 1948, delineando con claridad meridiana la vocación pacifista de su pueblo. Incluso, la Corte Suprema se refirió a la paz como un “valor fundante de nuestra Nación”.
Lastimosamente, este “valor fundante” ha venido sufriendo duros embates por parte de las autoridades costarricenses, incluso vaciando de contenido y propósito el hito de la abolición del ejército en este país de paz.
Hasta el año 2003, Costa Rica fue referente indiscutible de paz, tanto en la vida social así como eje del actuar gubernamental. A partir de ahí, y con evento de la invasión a Irak, la guerra también comenzó aquí, pero contra la paz misma.
El gobierno de Abel Pacheco apoyó la invasión británico-estadounidense en un acto violatorio tanto de nuestro espíritu pacifista como de nuestra obligación de neutralidad. Dichosamente y ante el amplísimo descontento popular, la Corte Suprema anuló tal decisión ante una demanda presentada por el escritor, en un fallo histórico para el país.
Posteriormente, el gobierno de Oscar Arias abandonando el espíritu y las políticas pacifistas de Costa Rica, autorizó la extracción de uranio y la fabricación de combustibles y reactores nucleares para fines bélicos, lo cual resulta además contrario al sistema internacional de las Naciones Unidas. Ante otra demanda presentada por quien escribe, también la Corte Suprema anuló la autorización y reconoció constitucionalmente la existencia del derecho a la paz en Costa Rica.
Las amenazas a la paz continuaron, sin que en adelante la Corte Suprema defendiera la constitución ni las leyes, ni mucho menos el espíritu de su pueblo. Así, con la aquiescencia de la Corte Suprema, el país sin ejército actualmente se arma de un aparato de seguridad castrense.
El artículo 12 de la Constitución costarricense, a la vez que proscribe el ejército establece que para preservación y conservación del orden público, “habrá las fuerzas de policía necesarias” y que en caso necesario, las fuerzas militares que transitoriamente se establezcan estarán siempre subordinadas al poder civil.
La profundidad de tal determinación difícilmente puede exagerarse, por cuanto el artículo 12 no sólo proscribe el ejército, sino que delinea con firmeza y claridad uno de los pilares centrales del Estado, como lo es su política de seguridad interna basada en el poder civil. Costa Rica, como República civil, democrática, pacifista y desarmada ha decidido delegar en la policía civil la conservación del orden nacional.
Lo anterior hace eco de la abolición del ejército como acto que encierra un gran simbolismo en rechazo del ejército y sus mecanismos, tal y como la misma Corte Suprema estableció en sentencia 9992-04. El artículo 12 no sólo abolió el ejército, sino también sus medios.
No obstante lo anterior, desde el 2010 se autoriza la realización de actividad policial por parte de soldados estadounidenses (sobre lo cual existe litigio pendiente). Desde el 2007 la aquiescencia del presidente Arias permitió el entrenamiento militar de policías costarricenses en la Escuela de las Américas (WHINSEC), hecho que fue dado a conocer en el 2011, gracias a cables de Wikileaks. Al respecto de esto último existe litigio pendiente ante la Corte Suprema. Que la policía costarricense reciba entrenamiento militar es inconstitucional. Que la policía reciba entrenamiento de cualquier tipo en la Escuela de las Américas es necesariamente también inconstitucional.
La Escuela de las Américas (WHINSEC), también conocida como la Escuela de Asesinos o la Escuela de Dictadores, es un centro de adoctrinamiento y entrenamiento político militar perteneciente al ejército de los Estados Unidos y ubicada en éste mismo país. Durante su existencia, ha entrenado a más de 8 dictadores y a personal que ha participado en más de 11 dictaduras en América Latina.
Los objetivos de la Escuela de las Américas han sido claros. Mantener la hegemonía de Estados Unidos a través de gobiernos títeres con líderes de su predilección. Para ello recurrieron con éxito y frecuencia a golpes de Estado con aplicación de tácticas terroristas, como la tortura, el asesinato, el secuestro y la violación entre otros.
La contradicción aparece de manera grosera ¿Para que un país sin ejército entrena a sus policías en escuelas militares y tácticas terroristas? ¿Por qué en la Escuela de las Américas?
La excusa oficial para el patrullaje de soldados y el entrenamiento militar de policías es la supuesta “guerra contra las drogas”, pero en la Escuela de las Américas también han entrenado a narcotráficantes. Incluso el más grande de los narcos, Manuel Antonio Noriega, exdictador de Panamá, es graduado de la Escuela de las Américas.
Evidentemente la excusa oficial no es creíble y así, mediante delegación de labores de policía en soldados extranjeros y entrenamiento de policías en tácticas terroristas y militares, Costa Rica–el país sin ejército–está formando un cuerpo de seguridad castrense, con lo cual declaramos y ejecutamos la paz al mundo con un ejército encargado de sus ciudadanos (o cargando contra sus ciudadanos).
Qué contradictorio resulta que el país de paz esté en guerra consigo mismo, destruyendo lo que tanto beneficio social trajo al país y tanta gloria nos dio en el concierto de las Naciones. Costa Rica, país sin ejército pero con policía castrense.
Luis Roberto Zamora Bolaños es abogado litigante en su natal Costa Rica. Ha litigado exitosamente ante la Corte Suprema a favor y defensa de la paz, logrando el retiro del apoyo de Costa Rica a la coalición que invadiera Irak y el reconocimiento constitucional del derecho a la Paz. Especialista en paz y desarme, Zamora actualmente mantiene procesos legales contra el gobierno de Costa Rica por sus recientes actividades contrarias a la paz constitucionalmente reconocida en el 2008. Colabora como analista político regional con el CIP Programa de las Américas www.americas.org/es
