Por David Bacon, Rosalinda Guillen y Mark Day.
En el marco de la aprobación legislativa de la S. 744, la propuesta de reforma migratoria integral, es importante recordar que trabajadores e inmigrantes nunca han logrado progresos significativos en cuanto a obtener derechos civiles ni humanos en los EE. UU. sin una lucha. Lo mismo aplica en nuestros días.
Ningún partido político ni “pandilla de ocho” de congresistas puede otorgar derechos a los inmigrantes indocumentados, estos sólo pueden ser logrados mediante un movimiento social organizado. El Presidente Barack Obama no hubiera emitido una orden ejecutiva para diferir la deportación de estudiantes indocumentados de no ser por la lucha contra las deportaciones, las protestas y la propuesta de su propia reforma migratoria– Dream Act (Acta de Ensueño)–por parte de estos valientes jóvenes.
La propuesta del senado, sin embargo, no refleja la realidad en la que la mayoría de los inmigrantes vive, comenzando por las razones por las cuales la gente viene a los Estados Unidos.
Esta propuesta no detendrá el flujo de inmigrantes indocumentados, como se propone, ya que no atiende las raíces causales de la migración. Tan sólo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha desplazado a millones de trabajadores y campesinos mexicanos, obligándolos a dejar su país. Cuando entró en vigor, 4.6 millones de mexicanos vivían en los Estados Unidos. Hoy hay 13 millones – 11% de la población de México.
En cambio, la propuesta del senado busca canalizar ese flujo de manera tal que aquellas industrias que dependen de mano de obra barata se beneficien más allá de cualquier beneficio para las comunidades migrantes. La legislación presenta programas de trabajadores invitados y más estricta aplicación de las leyes migratorias. Estas medidas no van a detener el flujo de personas por la frontera, ni tampoco están diseñadas a proteger los derechos de los inmigrantes. Pero sí siguen transformando nuestra política migratoria en un sistema de abastecimiento de mano de obra para las corporaciones.
Esta transformación se ha ido forjando desde la reforma migratoria de 1986. Tan sólo en los últimos años, el gobierno estadounidense ha deportado a 400,000 personas por año. Al mismo tiempo, corporaciones han reclutado anualmente 250,000 trabajadores invitados a través de programas laborales oficiales, y miles más bajo otras categorías de visa.
Esto representa un retroceso a un logro importante de nuestro movimiento por los derechos civiles. En 1965 el programa bracero, un inmenso programa de trabajadores invitados, fue abolido. En su lugar, un sistema preferencial familiar se integró a nuestra política migratoria, permitiendo que las familias se reunificaran en los EE. UU. La nueva propuesta del senado, no obstante, restringe la inmigración fundamentada en la reunificación familiar y da mayor prioridad a las necesidades laborales de los empresarios que a los vínculos familiares.
No hay garantía de que los abusos descarados hacia los trabajadores invitados en el pasado terminarán ahora bajo los programas descritos en la nueva ley. Recientemente, en una planta procesadora de alimentos marinos en Beau Bridge, Los Ángeles, un patrón bloqueó las puertas para impedir que las trabajadoras invitadas utilizaran el sanitario. Cuando protestaron, el dueño amenazó con violentar a sus familias en México. Afortunadamente protestas comunitarias acudieron a la ayuda de las mujeres.
Para los y las trabajadores invitados, desempleo significa deportación. Por tal motivo grupos de derechos de trabajadores y migrantes prefieren el otorgamiento de visas de residencia permanente a los migrantes en lugar de la obligación de ingresar como trabajadores invitados. Las visas de residencia garantizan los derechos y no castigan a los inmigrantes por perder sus trabajos.
La propuesta del senado criminaliza a las personas migrantes y a la inmigración. Expande el presupuesto para la aplicación de leyes migratorias en la frontera en $47 millones de dólares, mientras que los ajustes presupuestales del llamado “secuestro” están cerrando centros de cuidado de infantes y despidiendo a maestros de las escuelas. Además militariza la frontera a través del suministro de drones (aviones no tripulados), y estimula la construcción de prisiones migratorias privadas.
Cientos de miles de trabajadores inmigrantes ya han sido despedidos dado que las leyes de EE. UU. convierten su empleo en un crimen. Pero en vez de descriminalizar el trabajo, la nueva propuesta obliga a todos los patrones a revisar la situación migratoria de sus trabajadores mediante la base de datos E-verify y exige una identificación fotométrica para obtener un trabajo. Esto conducirá a una ola de despidos mayor.
Un gran porcentaje de los 11 millones que necesitan estatus legal no serán candidatos dadas las restricciones de la propuesta, en especial sus requisitos salariales que castigan a los pobres. La base de datos E-Verify los hará aún más vulnerables a la presión, dado que tendrán que trabajar extra oficialmente. Familias y comunidades sufrirán, y el número de inmigrantes forzados a vivir en la penumbra crecerá.
Millones de personas tienen la esperanza de obtener estatus legal y algún día la ciudadanía, y crear un ambiente de cambio político progresivo. Pero la presente propuesta no es un camino seguro. En años recientes comunidades y uniones de migrantes han propuesto alternativas mucho más progresivas.
Organizaciones de migrantes indígenas mexicanos buscan eliminar los acuerdos comerciales que desplazan a sus comunidades de origen en México. Trabajadores despedidos tanto de Silicon Valley como de San Diego quieren desaparecer el E-Verify, los despidos y la criminalización de su trabajo. Organizadoress de Washington y Mississippi quieren un alto a los programas de trabajadores invitados, y activistas en México concuerdan con que el sistema de reclutamiento corrompe a los políticos y arroja a la gente a las deudas.
Todos ellos buscan una alternativa progresiva que pueda terminar con la trata mercantil de migrantes valuados tan sólo como mano de obra barata, y no como seres humanos que merecen dignidad y respeto.
David Bacon es el autor de “Illegal People–How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants” y del “The Right to Stay Home”. Rosalinda Guillén es la directora de Community2Community, una organización popular en las comunidades de trabajadores del campo del estado de Washington. Mark Day es el director ejecutivo del San Diego Day Laborers and Household Workers Association. Son contribuidores con el Programa de las Américas www.americas.org/es
Foto: David Bacon
Traducción: Victor D. Cruz Aceves
