El Protocolo de Escazú entra en vigor el 22 de abril, 2021, fecha en que se celebra el Día de la Madre Tierra y cuatro años después de su adopción, así lanzando una nueva etapa regional de campañas de base. El reto: lograr que los gobiernos de la región implementen la protección de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, fase que podría ser la más difícil y esencial de todas.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado global que contiene disposiciones específicas sobre las personas defensoras del medio ambiente y de derechos humanos.
Varias organizaciones de la sociedad civil y personas científicas participaron en las negociaciones de Naciones Unidas que lograron la adopción gubernamental del acuerdo en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Su nombre formal lo describe precisamente como el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia para Asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.
El Acuerdo obliga a los Estados miembros a prevenir e investigar ataques contra quienes protegen y defienden los derechos ambientales. Explicita además que los Estados deben proporcionar sin prejuicio alguno, reparaciones a cualquier víctima de violencia que ocurra durante la represión de manifestaciones de resistencia pacífica en contra de proyectos de desarrollo.
Las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente a lo largo y ancho de esta región que comprende 33 países participaron masivamente para obtener aprobaciones de sus Congresos nacionales para la ratificación. Como resultado, México y Argentina presentaron oficialmente su documentación de respaldo en enero.
Y, con la más reciente de las 12 ratificaciones nacionales alcanzadas, el tratado ha logrado sumar una adhesión más de las que son necesarias para pasar a la etapa de implementación.
Al celebrar el hito este mes, los signatarios no obstante, se enfrentan a la abrumadora tarea de lograr la ratificación en los países restantes y procurar su aplicación nacional. Se espera además que los países adheridos al Acuerdo entiendan que este esfuerzo por lograr la justicia ambiental viene en un momento crítico para la región.
De acuerdo a la encuesta anual más reciente de Global Witness, más de dos tercios de los 212 defensores del medio ambiente asesinados en el mundo eran de América Latina y el Caribe. El informe “Defender el futuro” deja pocas dudas de que la región es la más peligrosa del planeta para ejercer la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Por si fuera poco, estos defensores particulares son los guardianes de un rico tesoro de biodiversidad, ya que habitan junto a un 60% de la vida silvestre. Sin embargo, se encuentran en la primera línea de defensa en contra del cambio climático, la explotación, los sectores de servicios, las instituciones financieras y la agroindustria.
Urge el cumplimiento del Acuerdo de Escazú porque “no se puede crecer a costa del medio ambiente y no se puede gestionar el medio ambiente si se ignoran nuestras economías y nuestros pueblos”, dice Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el organismo de la ONU que lo administra.
Dado que los asesinatos, la intimidación y los ataques se están convirtiendo en el pan de cada día para los activistas medioambientales y los pueblos indígenas en todo el mundo, la comunidad de expertos de la ONU ha desarrollado una denominación abreviada para las personas que se encuentran en el fuego cruzado. Los “EHRD” por sus siglas en inglés, o defensores de los derechos humanos y del medioambiente, sufren crímenes que en muchos casos no se investigan a fondo ni se llevan ante la justicia.
Clásico es el caso de la líder indígena lenca hondureña y medioambientalista Berta Cáceres. Su muerte precedió por dos años al Acuerdo de Escazú. Aunque siete hombres fueron condenados por el crimen, los autores intelectuales no han sido llevados ante la justicia por el asesinato de Berta, cuyo objetivo era socavar su lucha pacífica y la de su organización contra el proyecto de la presa de Agua Zarca en Río Blanco.
Por si fuera poco, en marzo de este año, el veterano defensor de la tierra lenca Juan Carlos Cerros Escalante también murió en un tiroteo durante un incidente que los dirigentes del Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, en Estados Unidos, calificaron de asesinato político. Dirigía un grupo local llamado “Comunidades Unidas”, en oposición a la presa hidroeléctrica El Tornillito, en el Río Ulúa.
Su aparente asesinato añadió un insulto a la reputación de Honduras. Con 20 asesinatos de EHRD en 2020, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para ellos, según Global Witness. En este pequeño país centroamericano se encuentran al menos 120 de los defensores del medio ambiente asesinados entre 2010 y 2017, señala el infome.
Los siguientes países en la lista son Brasil, Colombia, Guatemala y México. De ellos, sólo México ha ratificado el tratado. También lo han ratificado Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Además de exigir salvaguardias en el sistema jurídico para los defensores de los derechos humanos en el ámbito de la educación, el acuerdo constituye una ley vinculante que hace realidad los esfuerzos de los organizadores de base en todo el hemisferio. Obliga a cada Estado miembro a “garantizar el derecho de acceso del público a la información medioambiental que posea, controle o custodie, de conformidad con el principio de máxima divulgación”.
Obliga a las partes a “tomar las medidas necesarias… para promover el acceso a la información ambiental en posesión de entidades privadas, en particular la información sobre sus operaciones y los posibles riesgos y efectos sobre la salud humana y el medio ambiente”.
Incluye medidas específicas para garantizar “mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones” y establecer “un registro de emisiones y transferencias de contaminantes que abarque los contaminantes del aire, el agua, el suelo y el subsuelo, así como los materiales y los residuos en su jurisdicción”.
Todo ello se desprende del Principio 10 de la Declaración de Río de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río+20) de 2012. El acuerdo es aún más relevante en el marco de los objetivos de justicia climática de la Agenda 2030 de la ONU. Esto se debe a que es un instrumento para hacer que los derechos humanos y medioambientales sean fundamentales para asegurar la resiliencia en la recuperación de la pandemia.
Para ayudar a que los términos del Acuerdo de Escazú se hagan realidad, involúcrate a través del Mecanismo Público Regional establecido para ello. Regístrate: https://www.cepal.org/en/topics/principle-10/regional-public-mechanism
Por Talli Nauman, asesora de temas de medio ambiente y acceso de información para el Programa de las Américas; co directora de periodismo para incrementar la conciencia del medio ambiente.
