16 días de activismo contra la violencia de género
Discurso pronunciado por Sra. Charo Mina-Rojas En el debate público del Consejo de Seguridad de la mujer, paz y seguridad
Bonjour. Buenos días. Desde los territorios ancestrales de los pueblos afrodescendientes en Colombia, les traigo nuestro tradicional saludo de vida, alegría, esperanza y libertad.
Estoy aquí hoy en mi capacidad como parte del equipo de derechos humanos del Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Red de Solidaridad Afrocolombiana, la Alianza Negra por la Paz y la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos, y también hablo en nombre del Grupo de Trabajo de ONGs sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Soy una mujer Afro-descendiente, y una activista por la paz y los derechos humanos que ha pasado la mitad de mi vida educando y luchando por los derechos culturales, territoriales y políticos de las mujeres afrodescendientes y de nuestras comunidades, así como por nuestra libre autodeterminación. Es un honor y una gran responsabilidad haber sido nominada por mis colegas a nivel mundial para representar hoy a la comunidad y sociedad civil de mujeres, paz y seguridad en este importante debate.
Como vocera del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), estuve extensamente involucrada en el histórico proceso de paz de La Habana entre el gobierno Colombiano y el grupo guerrillero FARC y abogué para garantizar que los derechos y expectativas de los Pueblos Afrodescendientes fueran parte del Acuerdo de Paz que Colombia y el mundo celebran hoy. Puedo hablar de primera mano sobre la importancia de procesos de negociación e implementación incluyentes que apoyan la participación de mujeres y grupos de origen étnico y racialmente diversas, los cuales son objetivos emblemáticos y principios de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad.
Colombia se ha convertido en una nueva fuente de esperanza debido al amplio acuerdo de paz alcanzado. Dos disposiciones fueron particularmente progresivas y podrían generar cambios radicales en futuros procesos de paz alrededor del mundo: la primera, la inclusión explícita de una perspectiva de género como principio interseccional y la segunda, la inclusión del Capítulo Étnico que proporciona salvaguardas importantes para asegurar respeto de la autonomía y la protección y promoción de los derechos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes desde una perspectiva de género, familia y generaciones. La inclusión de estos dos principios específicos es un avance histórico con respecto a la paz y la seguridad del que podrían aprender tanto las Naciones Unidas, como otros países que experimentan violencia y conflictos armados. Para la sociedad civil, las mujeres, los pueblos indígenas y Afro-descendientes y nuestras comunidades, llegar al Acuerdo de Paz fue muy importante y seguimos esperando, en su implementación, nuestra inclusión y activa participación.
Colombia, sin embargo, corre el riesgo de perder esta oportunidad para la paz, si no se desarma por completo y si las comunidades más impactadas durante el conflicto armado interno, incluyendo mujeres liderezas y activistas de derechos humanos, continuamos siendo ignoradas en la implementación del Acuerdo de Paz. Estoy aquí hoy para hacer visibles sus urgentes llamados y quiero enfatizar que para mi gente, esta es una verdadera cuestión de vida o muerte. Hoy quiero concentrar mi declaración en tres áreas prioritarias urgentes: la participación de mujeres étnicamente diversas; garantizar la seguridad de activistas, defensoras y defensores de derechos humanos de la sociedad civil y comunidades indígenas y afrodescendientes; y el monitoreo e implementación incluyente y participativo de los procesos hacia la paz.
En primer lugar, está el garantizar la participación continua de las mujeres en todas las áreas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, reconociendo su carácter diverso. Al igual que otras mujeres de todo el mundo, las mujeres en Colombia, y particularmente las mujeres afrodescendientes, nos hemos movilizado durante décadas para hacer visibles las violaciones a nuestros derechos, pero también para garantizar transformaciones significativas en la forma en que se abordan la paz y la seguridad. Mi querida hermana Rita Lopidia de Sudán del Sur estuvo aquí el año pasado para dar testimonio sobre la importancia que tiene que las mujeres de su país participen en los diálogos de paz y seguridad que se están dando. En Afganistán, las pocas mujeres en el Consejo Superior para la Paz deben seguir luchando para que sus voces sean escuchadas. En Colombia, no hay una representación étnica Afrodescendiente en la Instancia de Alto Nivel de Género, el organismo que se estableció para monitorear la implementación del capítulo de género del Acuerdo.
Colombia corre el riesgo de perder esta oportunidad para la paz si no se desarma y si las comunidades más impactadas durante el conflicto armado interno, incluyendo mujeres liderezas y activistas de derechos humanos, continuamos siendo ignoradas
Mientras las partes en el Acuerdo de Paz trabajan con la comunidad internacional para desmovilizar a combatientes de las FARC, paramilitares y otros actores armados han llenado el espacio dejado por las FARC en muchas áreas de Colombia. Esto ha creado una necesidad urgente de que las organizaciones locales de mujeres y líderes comunitarios sean consultadas y participen en el diseño de estrategias locales de protección para mantener seguras a nuestras comunidades. El Consejo de Seguridad y la comunidad internacional deben apoyar al gobierno Colombiano en el diseño y la implementación de sistemas de seguridad y autoprotección con perspectiva de género, propuestos por las comunidades indígenas y Afrodesendientes, garantizando su participación y consulta. No estar escuchando nuestras preocupaciones y advertencias sobre la seguridad ha tenido resultados devastadores.
Esto me lleva a mi segundo punto, la necesidad de garantizar nuestra seguridad integral y colectiva. La seguridad implica la seguridad de líderes y liderezas y de las comunidades, así como el respeto y la protección de los territorios y los derechos territoriales. La proliferación de armas está alimentando un aumento del miedo y desplazamiento forzado entre las comunidades mayoritariamente indígenas y afrodescendientes e impactando negativamente la participación y movilidad de las mujeres, así como también está resultando recrudecimiento de la violencia sexual y de género. Nos alarma el creciente número de asesinatos y amenazas a los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas en Colombia. Por ejemplo, en Tumaco, un municipio cercano a la frontera con Ecuador, líderes de la zona urbana y miembros del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, continúan siendo blanco de grupos paramilitares y de disidentes de las FARC que buscan control territorial para cosechar y vender coca. Tan solo la semana pasada, enterramos a Jair Cortés, el sexto líder asesinado en ese Consejo, y tuvimos que trasladar con urgencia a varias liderezas y sus familias bajo amenazas de muerte.
La violencia sexual y de género y la estigmatización que ésta conlleva, especialmente para las mujeres indígenas y afrodescendientes y sus hijos e hijas, es también una cuestión de seguridad integral y colectiva. El silencio en torno a estos crímenes es tan atroz como los crímenes en sí mismos. Las mujeres activistas arriesgan sus vidas para llevar los casos ante el las autoridades. Existe una necesidad urgente de establecer una línea de comunicación directa entre las autoridades indígenas y afrodescendientes y representantes de las organizaciones de mujeres, en todos los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para garantizar que estos casos sean priorizados, que los perpetradores sean llevados ante la justicia y los y las sobrevivientes reciban reparadores servicios médicos y psicosociales.
“La paz en Colombia y en otros lugares, no es simplemente una cuestión de acabar con la guerra y la violencia, sino abordar colectivamente las raíces del conflicto provenientes de las injusticias sociales, de género y raciales, y promover el bienestar de todas las personas de todas las razas y religiones”.
Finalmente, es crucial que el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz incluya metas e indicadores específicos diseñados para medir el progreso y los resultados de las políticas, programas y reformas de tal forma que correspondan a las necesidades, valores y derechos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes. Es fundamental que el gobierno Colombiano y la Comisión de Implementación (CASIVI) acepten e integren el enfoque étnico, incluyendo los indicadores étnicos específicos de género, desarrollados y proporcionados por organizaciones indígenas y afrodescendientes a principios de este mes. Se necesita voluntad política sobre estos indicadores para incluirlos en el marco legal del Acuerdo de Paz. Su inclusión ayudará a transformar de manera efectiva las condiciones de guerra que impiden el bienestar, el desarrollo social y la seguridad colectiva de las mujeres indígenas y afrodescendientes y de nuestras comunidades.
Para las mujeres afrodescendientes en Colombia, y las mujeres líderes indígenas alrededor del mundo, garantizar nuestra seguridad colectiva también significa que los principios de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; la autonomía; la integridad cultural, y la participación significativa sean respetados y que nuestros derechos, consagrados en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, sean promovidos y protegidos completamente. La paz en Colombia y en otros lugares, no es simplemente una cuestión de acabar con la guerra y la violencia, sino abordar colectivamente las raíces del conflicto provenientes de las injusticias sociales, de género y raciales, y promover el bienestar de todas las personas de todas las razas y religiones. Se trata de apoyar los esfuerzos de las mujeres activistas locales para desmilitarizar y desarmar a todas nuestras sociedades, y frenar el flujo de armas pequeñas según lo prescrito en el Tratado sobre el Comercio de Armas y otros instrumentos legales. Es responsabilidad de todos los actores, incluyendo al Consejo de Seguridad, el sistema de Naciones Unidas, organizaciones regionales y sub-regionales, y de manera importante, Estados Miembros, cumplir con sus obligaciones. La agenda de mujeres, paz y seguridad, de ser implementada y financiada, puede ser un camino hacia la paz en mi país y en todo el mundo, donde la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la protección de los derechos de las mujeres son fundamentales para la prevención de conflictos y la paz sostenible.
Charo Mina Rojas es miembro del equipo de derechos humanos del Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Red de Solidaridad Afrocolombiana, la Alianza Negra por la Paz y la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos, y del Grupo de Trabajo de ONGs sobre Mujeres, Paz y Seguridad. La transcripción original se publicó en NGO Working Group on Women.
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