El centro de gravedad en la institucionalización de la estructura presidencial y de su poder, (clave para la gobernabilidad de México) descansa en las Fuerzas Armadas en el marco del autoritarismo (1929-2000) y de la endeble transición democrática (2000-2010). Esta indisoluble ecuación se ha visto alterada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos [1] y por la precipitada estrategia de combate al narcotráfico impulsada por el gobierno federal.
En efecto, las Fuerzas Armadas conforman el último bastión en la institucionalización en la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y más recientemente en la seguridad pública. Sin embargo, por el carácter de las amenazas transnacionales y la conformación de un perímetro de seguridad definido por Washington que incluye a México y Canadá, las fuerzas armadas se encuentran en la transición hacia una colaboración en seguridad y defensa con el “Coloso del Norte” sin precedentes en la historia moderna del país. Incursión que requiere de un alto en el camino para examinar los riegos de esa transformación con base en el interés nacional mexicano.
Está relación necesaria e inaplazable, obliga, sin embargo, a señalar la ausencia de un plan de Estado en defensa y política exterior de México para llevar a cabo esa colaboración con el Pentágono que además tenga la capacidad de anticipar los riesgos para el país en el largo plazo. En el plano doméstico, esa precisión conceptual y política tampoco existe por ejemplo en los avances de la ley de seguridad nacional en el Congreso de la Unión del 2010.
Con ese cambio en marcha, sin embargo, el centro de gravedad ha permanecido escindido (Ejército, Marina Armada de México y Estado Mayor Presidencial) desde 1946 cuando el presidente Miguel Alemán separó a los componentes de las Fuerzas Armadas y los regresó a los cuarteles tras una intensa colaboración con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esa decisión tenía dos objetivos en mente: anticiparse a un golpe de Estado interno en la transición de generales a civiles en 1946 y desactivar el creciente poder que alcanzaron los militares al fin de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, confiriéndoles fundamentalmente un papel central en la seguridad interior. Por lo tanto, los marcos internos y externos de la seguridad y la defensa son insuficientes para sortear los riesgos que presentan las amenazas a la seguridad de México en un contexto transnacional y los desafíos que representa un mundo hostil y anárquico.
El tejido de las policías es aún más endémico a lo largo y ancho del país y se prescindió de una organización ordenada, coherente y responsable con la administración e impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos por décadas enteras que permitieron la coexistencia con la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. La ausencia de un sistema de seguridad pública efectivo en México ha escalado a una crisis que ha afectado a la seguridad nacional y la defensa porque han incluso puesto en riesgo, la seguridad con Estados Unidos.
Tensión del centro de gravedad por la crisis política del 2006
El orden post revolucionario emergió con la premisa de la estabilización y la pacificación del caos y la anarquía que abrió la Revolución, esa tarea tenía que ser finalmente instaurada por la Presidencia de la República. En esas circunstancias, se generó un balance de poder entre Los Pinos, la SEDENA y la Marina, cultivando un extraordinario peso histórico, institucional y político en el seno de los institutos armados que se hizo patente en momentos de crisis graves como en 1968, 1988, 1994 y el 2006 porque afectaron la misma naturaleza del sistema político mexicano. En esas coyunturas, las fuerzas armadas han sido leales y disciplinadas al mando político.
En el acuerdo cívico-militar de la post revolución se ancló la seguridad del régimen e hizo posible (entre otras cosas) la permanencia de nueve mandatarios de la era priísta y dos de la transición. La crisis de legitimidad no vista desde Salinas arropada por las fuerzas armadas hizo posible también la misma llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República en el 2006. Por esa y otras hazañas, el peso de las fuerzas armadas en la actualidad es vital en la seguridad del régimen.
Una vez que se obtiene la constancia de mayoría del actual gobierno, el 5 de septiembre de 2006, el Estado Mayor Presidencial abrió el camino del relevo Fox-Calderón en el Congreso de la Unión y posteriormente viene el anuncio del combate a la inseguridad. Washington asintió la precariedad del momento político mexicano y no sólo apoyó, sino que refrendó la “guerra total contra el narcotráfico” a través de la “corresponsabilidad compartida”. Sin embargo, el sistema de defensa y seguridad mexicanos se ha colocado en el centro de los ataques al régimen.
No obstante, en el 2006, Felipe Calderón recibe un mandato endeble que cuestiona su ascendencia democrática y de legitimidad, reduciendo así, su peso efectivo en el manejo de la institución presidencial. Es entonces cuando se repiensa su poder porque éste descansa en las Fuerzas Armadas. Fue un momento diametralmente distinto del vivido seis años atrás por el arribo de Vicente Fox.
La debilidad de Calderón abre por lo menos cinco frentes:
1. La escasa maniobra de la Presidencia para posicionarse de cara a la nación y el extranjero.
2. Abre fuego contra el narcotráfico en medio de un Estado escindido y un país enfrentado políticamente.
3. Abre paso a un ejército que se vuelve en un actor más político y público.
4. Remueve las compuertas que habían anclado por décadas a la cooperación franca y abierta con Estados Unidos a través de la cooperación bilateral y trilateral.
5. México es más inseguro tras la guerra total contra el narcotráfico
¿Anticiparon este escenario en Los Pinos?
Los desafíos a la seguridad
La escisión del país no sólo se encuentra en las instituciones, la desigualdad económica, los partidos políticos y sus dirigencias; esta descansa también, en el seno de la sociedad que roe en su conjunto y la posibilidad de alcanzar objetivos comunes como Estado-nación.
El federalismo se encuentra resquebrajado también por las dinámicas estatales y municipales que en el fondo, se encuentran enfrentadas entre sí y con la federación. Los rezagos históricos de un fomento al desarrollo y a la educación han pronunciado el resquebrajamiento del tejido social a lo largo del mosaico nacional. Estas ausencias han sido parte del caldo de cultivo para la migración y la vinculación a la delincuencia que alcanza el narcotráfico y el crimen organizado.
Cuatro escisiones estructurales coadyuvan a reducir la conjunción de esfuerzos nacionales:
1) A pesar de que la heterogeneidad étnica y lingüística representa una gran riqueza del país; su diversidad representa un gran desafío para incorporarlos plenamente al desarrollo y productividad de México.
En nuestro país existen 62 lenguas indígenas diferentes. En el 2005 se contaba con 6,011,202 personas (de 5 años y más) que hablan alguna lengua indígena: 2,959,064 son hombres y 3,052,138 mujeres.[2]
2) El legado colonial-criollo, que ve hacia Estados Unidos y Europa.
3) El gran ejército de pobres. Población en situación de pobreza multidimensional: 47.19 millones de personas lo que equivale al 44% de la población. Población con al menos una carencia social: 82.7 millones de personas lo que equivale al 77.2% de la población.[3]
4) Divisiones políticas por el poder agudizado por la elección del 2006, se engarzan ahora en la carrera por la presidencia de la República en el 2012.
Más riesgos a la defensa como base de la seguridad nacional
En la actualidad, las Fuerzas Armadas están a prueba, presionados por Estados Unidos, la comunidad internacional y un cúmulo excesivo de misiones. Si recordamos la historia, el hecho de que el país no se desgajara tras la Revolución de 1910 hizo posible que el arreglo autoritario sembrara la estabilidad. Ahora con excesivas atribuciones, la posibilidad de que ese largo equilibrio histórico se cumpla está en entredicho. Se suman más interrogantes en su actuación por su participación en los conflictos sociales y políticos, la protección de paquetes electorales, de cara a los desastres naturales, el enfrentamiento con las guerrillas, los ataques terroristas, instalaciones estratégicas, aeropuertos, aduanas, fronteras, policías y en algunos casos por su participación como ministerio público y desde luego, en la guerra contra el narcotráfico.
Esta situación ha hecho de las fuerzas armadas una sobre-exposición de sus misiones y aumenta sus riesgos como actores indispensables en la salvaguarda de la nación.
En la guerra contra el narcotráfico
Por si lo anterior fuera poca cosa, el dinero ilícito del narco alcanza los 20, 000 mdd al año [4] y ocupa alrededor de medio millón de personas en México.[5] Esto es un contraste amplio con el presupuesto en 2010 destinado a la seguridad y la defensa que alcanza apenas 8, 478, 000, mdd.[6] La diferencia entre lo que se genera en el narco y el gasto en la seguridad y la defensa es de 11, 522 millones de dólares a favor del narco y por encima del gasto anual en seguridad y defensa en el 2010. Sólo en ese rubro, la estructura oficial se encuentra en abierta desventaja con la criminalidad que genera el dinero ilícito de drogas y que puede corromper a la autoridad.
La zona más insegura de México se encuentra en la región compartida con Estados Unidos y eso obliga a demandar un verdadero compromiso—y no sólo la retórica– de Estado en el combate al consumo de drogas y en la reducción de armas que provienen de Estados Unidos para que exista una efectiva corresponsabilidad con Washington. En el fondo, como están las cosas en Estados Unidos, la ausencia de una respuesta efectiva está incentivando la inseguridad de México y paralelamente, está deslizando cada vez con mayor insistencia, la idea de la intervención militar en México, producto de la inestabilidad.
En este sentido, ¿por qué el gobierno mexicano insiste en una guerra sin cuartel contra el narcotráfico con base en la misma estrategia?, y ¿sin una respuesta de Washington que esté a la altura que las circunstancias demandan?
Reconsiderando el rumbo
Sin duda, el instrumento central en el aparato de seguridad nacional en México es el de las fuerzas armadas que tienen como misión central el uso de la fuerza y el de repeler amenazas internas y externas. Sin embargo, la seguridad nacional comprende un abanico más amplio de misiones que requieren de una mirada extensiva y decidida de la participación del Estado y la nación; en este marco, el uso legitimo de la fuerza es insuficiente.
Algunos elementos son fundamentales: Una ambiciosa reingeniería institucional de la inteligencia cívico-militar, financiera y judicial en una estructura común que jamás antes se haya visto para desarticular la criminalidad, adelantarse a la delincuencia organizada y combatir la corrupción sin ambigüedad; un decidido compromiso de Estado con el desarrollo económico y regional; una política exterior con visión y liderazgo; educación, desarrollo científico y tecnológico, la promoción de la salud; preservación de los recursos naturales; un fomento efectivo al federalismo; una política incuestionable del resguardo de las fronteras; y una visión estratégica con el respaldo de una comunidad profesional y multidisciplinaria de civiles y militares que puedan en su conjunto robustecer la cohesión social en nuestro país.
En suma, México carece todavía de un sistema integral de carácter civil y legal para la seguridad nacional capaz de regular efectivamente la participación de las fuerzas armadas, e integrar la seguridad nacional con el desarrollo económico y social y la política exterior, y de esa forma garantizar el interés nacional de México. El gran desafío es establecer una estrategia geopolítica e internacional que agrupe los intereses, las aspiraciones y las oportunidades de la República y que brinde confianza, certidumbre y estabilidad al grueso de los mexicanos y sea capaz de redefinir una vecindad responsable y madura con Estados Unidos y la comunidad internacional.
Abelardo Rodríguez Sumano es Investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte, en la Universidad de Guadalajara. Es Doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami y Maestro en Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Servicio Exterior, Edmund A. Walsh por la Universidad de Georgetown. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Tiene estudios de Postgrado en Relaciones Internaciones y América Latina por la Universidad de California, Berkeley y es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM.
Entre sus libros se encuentran: La urgente seguridad democrática. La relación de México con Estados Unidos, Taurus, 2008. Co-editor de El Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2009 , Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C., 2009. También ha publicado en el Journal of Strategic Security y Homeland Security Affairs. Es colaborador con el CIP Programa de las Américas www.americas.org/es.
Redacción: Laura Carlsen
Notas:
[1] Por ejemplo en el marco de los Acuerdos de Bucareli de 1928; la Segunda Guerra Mundial; la masacre estudiantil de 1968; la Rebelión Zapatista de 1994; el Grupo de Alto Contacto de 1997 y más recientemente de cara a la Iniciativa Mérida.
[2] http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm.
[4] Con información de la Procuradoría General de la República citado en Aguayo Quezada Sergio, Todo en Cifras, Almanaque mexicano 2008; Aguilar Nuevo Siglo, 2009; p. 214
[5] http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/07/17/narco-sa.
[6] Elaboración con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/index.html.
