Participes en la delegación del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW por sus siglas en ingles) en México pidieron la suspensión del Plan Mérida el mes pasado después de reunirse con los movimientos sociales mexicanos y organizaciones de derechos humanos en la ciudad de México, Guerrero y Chiapas. Las visitas, organizadas con grupos que trabajan activamente para poner fin a la militarización y la violencia de Estado en el país, se llevó a cabo del 21 de junio al 1 de julio y culminaron en un llamado urgente para poner fin a la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a México.
La delegación comenzó en la Ciudad de México, donde se reunieron con periodistas y expertos para discutir temas que van desde los efectos de las nuevas reformas en la sociedad civil mexicana a la militarización. Allí también visitaron a Nestora Salgado, una ciudadana estadounidense y dirigente de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero quien fue arrestada en 2013. Salgado actualmente se encuentra presa en la Ciudad de México y es considerada una presa política por muchas organizaciones internacionales. Posteriormente, el grupo viajó al sur de Guerrero, donde se reunieron con la policía de la comunidad de Olinalá, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CHRM) “Tlachinollan”, en Tlapa de Comonfort, y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos Ayotzinapa. En Chiapas, se reunieron con defensores de los derechos humanos y visitaron la comunidad autónoma zapatista de Morelia, terminando el viaje en Tapachula, en la frontera sur.
La gira fue organizada por SOAW, un movimiento popular estadounidense que busca cerrar la escuela de entrenamiento militar, que ahora se llama oficialmente el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC). El Departamento de Defensa de Estados Unidos proporciona entrenamiento militar a los funcionarios militares y policiales de América Latina. Entre los graduados en sus más de 60 años de historia se encuentran notorios dictadores y violadores de los derechos humanos en países de todo el hemisferio.
Fundada en 1990, SOAW se solidariza con personas en América Latina y el Caribe para desmilitarizar la política exterior estadounidense. En los últimos años se ha hecho un llamamiento para poner fin a la Iniciativa Mérida, la ayuda de Estados Unidos a México para combatir la guerra contra las drogas.
Arturo Viscarra, un abogado de inmigración, se desempeña como coordinador legislativo de SOAW. En una entrevista con el Programa de las Américas, Viscarra habló de la importancia del fomento del poder popular contra la militarización, porque el Plan Mérida apoya a las fuerzas gubernamentales responsables de crímenes como el de Ayotzinapa, Tlatlaya y la violación de los derechos de los migrantes centroamericanos.
“Son nuestros impuestos que pagan por estas violaciones de los derechos humanos y desapariciones a escala masiva. Así que nuestro gobierno es cómplice de la delincuencia organizada y las fosas comunes, asesinatos y violación de los derechos humanos “, dijo.
El 26 de junio, fecha que marca el aniversario de nueve meses de las desapariciones de Ayotzinapa, la delegación realizó una conferencia de prensa para informar sobre las visitas a La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Tixtla y Tlapa y condenaron las desapariciones de Ayotzinapa. El grupo anunció que estará activo en los Estados Unidos en las campañas para poner fin a la Iniciativa Mérida.
Durante la conferencia, Viscarra declaró: “Estados Unidos ha proporcionado más de $3 mil millones para el gobierno mexicano desde 2008, la mayor parte bajo la Iniciativa Mérida, y estos fondos se han utilizado para profundizar y ampliar la militarización que ha causado la tortura, las desapariciones forzadas y ha desplazado a las comunidades bajo el pretexto de la guerra contra las drogas “.
Cambias, activista desde hace mucho tiempo en Chile y Estados Unidos, informó que WHINSEC no sólo entrena personal militar del Ejército Mexicano en sus instalaciones en Fort Benning, Georgia, sino también ofrece capacitación en el país. Ella declaró que el Instituto ha capacitado a más de 16.000 policías en los últimos tres años en un centro de formación en Puebla.
También citó el costo humano de la guerra contra las drogas financiado por los Estados Unidos. Señaló el Programa Fontera Sur, un programa lanzado por Enrique Peña Nieto el año pasado responsable por el aumento de las deportaciones y la presencia de la policía militar y los abusos en la frontera sur de México – un resultado directo de la presión de Estados Unidos para militarizar la frontera sur de México bajo el Plan Mérida. Según la activista, “el Pentágono está gastando más de $90 millones de dólares para entrenar al Instituto Nacional de Migración (INM)”.
Cambias declaró: “El programa ha aumentado la persecución, la vulnerabilidad y la deportación de los migrantes en México huyendo de la violencia que los propios Estados Unidos ha creado en sus países de origen.”
En reconocimiento del aniversario de los ataques a los estudiantes, Cambias declaró: “Expresamos nuestra solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y SOAW exige a los EE.UU. poner fin al Plan Mérida. Ha financiado las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares, que han descaradamente matado y torturado a personas extrajudicialmente”.
Delegada Teresa Camaranesi, que también participó en la conferencia de prensa, recordó que el 26 de junio fue el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Camaranesi declaró: “Es en este contexto en el que expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la tortura y la represión en México y en la región y exigimos transparencia y la rendición de cuentas del Estado.”
Entrevistado al término de la delegación, Viscarra enfatizó el momento crítico que México enfrenta y la convicción de muchos movimientos sociales que la violencia y los abusos generalizados contra los derechos humanos en el país han llegado a un punto de inflexión.
“Lo que une a todos con quien hablamos-de familias de los desaparecidos, a los que trabajan en temas ambientales, problemas de la minería, de la policía comunitaria, o defensores de derechos de los migrantes -era un sentido de urgencia. Todo el mundo tiene una palpable sensación de urgencia que México está viviendo una crisis de derechos humanos en este momento “, dijo Viscarra.
Mientras SOAW comienza a construir vínculos transfronterizas con los movimientos sociales y prioriza su campaña para acabar con el Plan Mérida, Viscarra afirma la necesidad de la solidaridad con las personas que se ven directamente afectados por la militarización en México patrocinado por los Estados Unidos. SOAW y sus delegados tienen previsto difundir sus hallazgos dentro de la organización, sus seguidores y el público estadounidense.
El mensaje principal, que la mayoría de los actores de los movimiento sociales quisieron transmitir a la comunidad internacional según Viscarra, fue que tanto los gobiernos locales y federales y las fuerzas de seguridad no sólo son desinteresados en la protección de las vidas y los bienes de las personas, sino que se encuentran en liga con el crimen organizado. Según ellos, no hay segmentos limpias del gobierno mexicano.
“Hay un consenso de que la militarización está empeorando las cosas. Que más que un interés por derrocar al crimen organizado, el Estado se empeña en luchar contra el pueblo organizado”, concluyó Viscarra.
