El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar los asesinatos de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, concluye que la versión de los hechos presentada por parte del gobierno de México es falsa.
El informe señala numerosas contradicciones e irregularidades y establece que la tesis central del gobierno, que sostenía que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, no sólo no es coherente sino que resulta físicamente imposible dadas las pruebas encontradas.
Tras el informe de los expertos, el grito original de “Fue el estado” ha tomado fuerza. Los resultados del mismo demuestran que todos los niveles del gobierno conocieron el crimen, estuvieron de alguna forma implicados en la coordinación de las actividades llevadas a cabo y permitieron la masacre.
Junto a familiares y simpatizantes, consideramos que este informe es un paso adelante hacia la verdad y la justicia. Y de la misma forma, condenamos firmemente el intento del gobierno mexicano de cerrar este grave caso con una versión falsa de los acontecimientos.
“Las conclusiones de los expertos validan las sospechas de los familiares y la sociedad mexicana, así como las conclusiones de otras fuentes, de que los estudiantes no podían haber sido ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula. Dicha refutación, incluso por sí sola, desmiente la teoría presentada por el Procurador General de la República, que en su momento se presentó como si de un hecho se tratara,” afirmó Laura Carlsen, directora del centro de investigación de Ciudad de México.
“Asimismo, plantea algunas cuestiones preocupantes en lo que respecta al origen y el objetivo de las falsas explicaciones aportadas por el gobierno”, agregó.
Los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, que según documenta el informe fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad mexicanas y comandos en acciones coordinadas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, ha conmovido a la nación y al mundo entero. Este primer caso de desaparición forzada masiva empujó a la sociedad mexicana a exigir en masa que se trajeran de vuelta vivos a los estudiantes; que se buscara y castigara a los culpables y que se pusiera fin a las desapariciones – no sólo en la región de Guerrero, sino también en todo el país.
En base a los hallazgos del informe del GIEI y otros, así como a las numerosas entrevistas a estudiantes, familiares y expertos algunos presentes en las escenas del crimen llevadas a cabo por nuestro centro, consideramos urgente abrir nuevas líneas de investigación sobre estos asesinatos y desapariciones.
Estas líneas de investigación deberán incluir: la renovación de la búsqueda de los estudiantes con vida; una amplia investigación en torno a la participación de figuras del gobierno y fuerzas de seguridad durante la noche del crimen (haciendo especial hincapié en el ejército mexicano, que ha rechazado interrogatorios directos a cargo de los expertos); aquellos actos de represión cometidos anteriormente contra la Escuela por su actividad política, incluyendo el asesinato de dos estudiantes en 2011 a manos de las fuerzas estatales; la hipótesis presentada por el GIEI sobre el supuesto tráfico de drogas en uno de los autobuses; así como otros motivos y supuestos plausibles que surgieran en el transcurso de una investigación de fondo.
En este contexto de probable encubrimiento, nos sumamos también a la creciente demanda de una investigación completa de las numerosas irregularidades en la gestión del caso por parte del gobierno, que incluya algunos aspectos mencionados en el informe, tales como: indicios y declaraciones de tortura a los sospechosos detenidos; la destrucción y pérdida de pruebas; la falta de cooperación por parte de las fuerzas armadas, y la incapacidad para conservar y suministrar pruebas según los estándares mínimos. Tal investigación deba ser gestionada con transparencia total por investigadores independientes y deba llevar ante la justicia todos los responsables.
Tomando como base los protocolos y la legislación vigente en materia de derechos internacionales, exigimos al gobierno mexicano que reconozca formalmente la desaparición de los 43 estudiantes como una desaparición forzada y que cree y apruebe la Ley General de Desapariciones Forzadas. Dicha ley deba incorporar las recomendaciones presentadas por las organizaciones de víctimas, que desgraciadamente poseen una amplia experiencia en lo que a deficiencias en la situación actual se refiere, como por ejemplo la existencia de lagunas en la legislación vigente o la discriminación, re-victimización y corrupción que se vienen practicando.
En el mismo sentido exigimos una investigación por parte del Congreso de los EE.UU. con respecto a la posible utilización de armamento, entrenamiento y equipos proporcionados por la Iniciativa Mérida y otros programas de ayuda extranjera estadounidense en los ataques de Iguala. Dicha investigación debe incorporar operaciones de inteligencia y monitoreo por parte del centro de comando C-4 en Iguala. El informe considera que dicho centro, operado por el Ejército Mexicano esta noche con la participación de la Policía Municipal, Estatal y Federal, observó los movimientos de los estudiantes desde que abandonaron la escuela y estaba al corriente de los ataques; sin embargo las fuerzas de seguridad no hicieron nada para evitarlos ni prevenir un mayor derramamiento de sangre, y eliminó pruebas relativas a momentos críticos de aquella noche.
Establecida por EE.UU., la Iniciativa Mérida ha financiado la construcción, la organización y las operaciones de los centros de comando regionales, generando graves preocupaciones sobre el uso de dichos fondos en casos de violación flagrante de los derechos humanos.
El caso Ayotzinapa –la desaparición trágica de los 43 estudiantes, la muerte de tres estudiantes y otros tres individuos, y los 40 heridos– debería marcar un punto de inflexión en la historia de México. Ahora es nuestra responsabilidad asegurar que las cuestiones planteadas por el informe sean resueltas y que la verdad sobre los crímenes salga a la luz.
Esta responsabilidad recae directamente sobre la sociedad mexicana y el gobierno que debe responder a las alegaciones directas; pero también sobre las personas conmocionadas de todo el mundo que comparten el estandarte de las familias de Ayotzinapa.
El gobierno de EE.UU. en particular debe tomarse muy en serio los resultados de este informe. El Congreso debe cerrar la Iniciativa Mérida y suspender toda ayuda en materia de seguridad a México. Es urgente que el Congreso evalúe quién se está beneficiando y quién sale perjudicado –o desaparecido, o asesinado– de su política y estrategia actual de apoyo militar/policiaco. Resulta inadmisible que se continúe financiando a las fuerzas de seguridad mexicanas mientras aún quedan cuestiones sin resolver relativas al crimen de Ayotzinapa y otros incidentes de ataques a civiles, entre ellos Tlatlaya, Tanhuato, Apatizingan and Villa Purificación.
Una evaluación plena deberá incluir un análisis de cómo las políticas de prohibición en el contexto de una demanda incontrolada de drogas ilegales en EEUU. así como de guerra militarizada contra las drogas exportada a México, ha contribuido a la creación de las condiciones propicias a crímenes contra la ciudadanía perpetrados por fuerzas mexicanas financiadas por EE.UU.
Tras la caída de la explicación del gobierno de que fue el crimen organizado y unas policías municipales corrompidas quienes incineraron a los estudiantes, nosotros aquí desde México –junto a nuestros aliados en Estados Unidos y simpatizantes de todo el mundo –, tenemos la oportunidad de romper con la cadena de impunidad, exigiendo una investigación profunda de los hechos, y que se formulen acusaciones formales acordes con la legislación vigente.
No podemos permitirnos dejar pasar esa oportunidad.
