La décima Marcha de la Gorra recorre con cansina lentitud el centro de Córdoba, Argentina. La cabeza es cumbia villera. Destacan las madres de los asesinados y desaparecidos portando enormes pancartas que claman “Justicia”. Las chicas villeras lucen como saliendo a la bailanta, pelos pintados, calzas de colores, y exageran poses de estrellas pop. Los varones caminan con sus infaltables gorras. Murgas, batucadas, teatro espontáneo, arte popular circense y cuerpos pintados; múltiples colores sobre cuerpos marcados porque, en los barrios de la periferia, ¿quién no fue golpeado por la policía?
“Ni yuta, ni tuya”, dice el cartelito que la chica lleva colgado al cuello, anudando en una sola frase dos luchas potentes de estos días[1]. A su alrededor revolotea un inmenso caleidoscopio de cuerpos y voces, sonidos y cánticos, danzas y ritmos que emanan de gargantas y de instrumentos, bombos, trompetas y platillos; las calles céntricas se convirtieron, el viernes 18, en un enorme tablado donde 20 mil jóvenes (y un puñado de mayores de 40) escenificaron la alegría de caminar como son, con sus colores y olores, con sus ropas y gorras, sin ser molestados por la policía. Es, dicen, el día de fiesta.
Los grupos que hacen teatro escenifican las razias, arrodilladas con las manos en la nuca, los brazos en alto contra la pared y las piernas bien abiertas, acosados por “canas” que forman parte de la parodia. Algunas pancartas y muchos carteles, frases y consignas pintadas sobre las remeras y sobre la piel. Llama la atención que la piel se convierta en tela de pancarta. Quizá porque sientan todos los días, en el alma y en el cuerpo, la hondura de la frase de Paul Valery: “Lo más profundo es la piel”.
“Los ricos pasean, los pobres merodean”, dice un cartelito, en referencia al Código de Faltas que utiliza la figura del “merodeo” para ensañarse con los pibes de los barrios que tienen prohibido acercarse al centro. Un grupo de más de cien estudiantes universitarios portan, a modo de banderas, balas negras desplegadas al viento, en una danza circular y macabra imposible de eludir.
En la segunda fila marchan los organismos de derechos humanos y detrás las organizaciones sociales. La anarquista Federación de Organizaciones de Base con una nutrida columna de madres y pibes de los barrios, el autonomista Encuentro de Organizaciones, un vistoso grupo de La Poderosa, el grupo surgido en torno a una revista villera, Barrios de Pie con una enorme pancarta y la agrupación estudiantil La Bisagra, cerrando el tramo donde se agrupan hasta trece movimientos que trabajan en los territorios de la pobreza de la capital cordobesa. Más atrás las juventudes de los partidos, haciendo realidad una frase de una investigación sobre las marchas: “A medida que nos alejamos de la ´cabeza´ la cosa se pone más opaca”[2]. Los gestos grotescos y el desbunde dan paso a la seriedad de lo que, en términos sistémicos, se conoce como “la política”. Con mayúscula, claro.
El Código de Faltas
Decir que cada año hay 73 mil detenidos puede sonar exagerado. Lo cierto es que los jóvenes son indagados por “portación de rostro” en las vías públicas, por una policía que los para en función del aspecto. La policía de la provincia ha venido creciendo a la par de las detenciones. En 2007 había 13.400 uniformados. En 2009 ya eran 16.700 y al año siguiente treparon casi a 20 mil. Hoy se calcula que hay 25 mil policías en una población de poco más de tres millones.
Los detenidos por “portación de rostro” escalaron de forma similar: de 27.000 en 2009 pasaron a 42.700 en 2011 y se puede estimar que superan los 50 mil este año, aunque la policía se niega a facilitar datos. El abogado Sergio Job asegura que el 80 por ciento de los jóvenes de la ciudad fueron alguna vez detenidos por la policía. Entre los jóvenes pobres de 18 a 25 años habría que esforzarse para encontrar alguno que no haya sido detenido.
El Código de Faltas fue aprobado en 1994 pero su impronta en la ciudad empezó a hacerse visible desde 1999 cuando asume la gobernación José Manuel de la Sota. Desde los primeros días en el cargo estableció alianzas con el Instituto Manhattan, defensor de la “tolerancia cero”. El Código es considerado inconstitucional porque viola el derecho a la defensa y el acceso a la Justicia consagrados en la Constitución, y porque anula los criterios de parcialidad e independencia ya que otorga a la Policía (según el artículo 114) la autoridad para detener, instruir y juzgar en cualquier punto de la tramitación del hecho.
Como el Código es “simplemente” administrativo, no es necesario que haya jueces que sentencien sino que esa labor corresponde al comisario de cada distrito, quien decide la pena en base a los informes de sus subordinados. “Varios comisarios han sido denunciados penalmente por sus propios dirigidos, luego de que estos recibieran castigos desmedidos por no haber logrado el número de detenciones que cada policía está obligado a hacer por turno”, asegura Job.
Entre las figuras más polémicas por las que se puede detener a personas en la calle, figuran “mendigar” (artículo 46), “prostituirse escandalosamente” (art 45), concurrir a reuniones públicas tumultuarias, autorizadas o no (art 99) y sobre todo “merodeo” (art 98). Es tan general que permite detener a quienes “permanecieran en las inmediaciones de edificios o vehículos en actitud sospechosa”, algo que sólo la policía puede determinar. En los hechos, la figura no permite distinguir entre pasear y merodear lo que, dice el abogado, “se resuelve en los hechos con criterios racistas, clasistas y culturalmente discriminatorios”.
En abril pasado se aprobó un Código de Convivencia que “no es otra cosa que el Código de Faltas dibujado”, según los organizadores de la Marcha. Por eso el lema central fue “El Estado es responsable”, a la vez que exigen la derogación del nuevo código.
Chicos que sobran
El asesinato de Güere fue uno de los crímenes policiales que mejor desnudan la violencia contra los jóvenes pobres. Fernando Güere Pellico y su amigo Maximiliano Peralta, de 21 y 18 años, salieron en su moto a comprar vino un sábado por la noche. Cuando regresaban fueron emboscados por un patrullero que los siguió con las luces apagadas. Dispararon cinco veces. Maxi salió corriendo, herido al caerse de la moto. A Güere lo mataron de cuatro disparos. Los dos trabajaban en los cortaderos de ladrillos.
El viernes, al día siguiente de la Marcha, comenzó el juicio contra los dos policías que les dispararon, el sargento Ruben Leiva y el oficial Lucas Chávez, imputados por homicidio calificado agravado. Güere es uno de los 150 muertos registrados desde 2011, que incluyen los femicidios que en su inmensa mayoría son mujeres asesinadas por sus parejas con armas reglamentarias, o sea son policías, según miembros del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, inspirador de la Marcha de la Gorra.
Es evidente que una política de seguridad de este tipo responde a intereses de los grupos privilegiados, algo que los jóvenes tienen muy claro. “La orientación de sus gobiernos ha fortalecido los intereses de minorías que explotan y disgregan al pueblo. Un plan semejante sólo puede imponerse si logran derrotar a quienes hoy estamos de pie enfrentando sus políticas represivas y de ajuste”, señala la “Carta Abierta al Estado Policial”, manifiesto leído en el cierre de la Marcha, que recuerda el título de la misiva de Rodolfo Walsh a la Junta Militar en 1976.
Dicen que el Estado es patriarcal además de policial, y denuncian “las violaciones y abusos en las cárceles y en los barrios, para no detener a las jóvenes y el pedido de teléfonos y datos, son prácticas que aparecen de manera permanente”. Agregan que el aparato policial es la principal fuente de delitos por su connivencia con el crimen organizado. “El Estado que ustedes administran es un Estado policial, que no comete excesos en nombre de la seguridad, sino que es la fuente misma del delito que dice combatir, y que en estos diez años no ha dejado de subir”, sacude el manifiesto.
Apuntan contra la ley antiterrorista aprobada por el gobierno de Cristina Fernández, que lleva a una creciente intervención militar en el espionaje de organizaciones sociales. Trazan un mapa transparente de sus alianzas: apoyan el Encuentro Nacional de Mujeres, rechazan la criminalización de lesbianas, gays, trans y bisexuales; están contra la penalización del consumo de marihuana y la persecución a las trabajadoras sexuales, y contra la represión a los movimientos sociales.
En suma, una suerte de alianza informal de los que no caben en un sistema dominado por el capital financiero. O, como destaca Job, “quien no consume, sobra”. En su opinión, el hecho de colocar las contravenciones del Código de Faltas al mismo nivel que los delitos establecidos en el Código Penal, dibuja una policía preventiva, de saturación y ocupación territorial que es el núcleo del Estado Policial, que “responde y debe estar enmarcado en la reconfiguración que ha sufrido el sistema capitalista en las últimas décadas”.
Un Estado Policial funcional a la hegemonía del extractivismo, que se resume en la expulsión de campesinos de sus tierras, pero también en la incapacidad del modelo de cobijar con empelo digno a los millones de jóvenes que no tienen otro futuro que trabajos de baja calidad, precarios y mal pagos.
Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos
Lucrecia Cuello egresó de la Facultad de Psicología para volcarse, a comienzos de la década de 2000, en los barrios populares desde la psicología social comunitaria. La revuelta de diciembre de 2001 estaba fresca cuando empezaron a organizar encuentros de jóvenes de diversos barrios, que venían realizando talleres de teatro, murga, revistas y cuanta iniciativa les sirviera para sobrellevar la amarga cotidianeidad.
En uno de los barrios más pobres de Córdoba, Barranca de Yaco, poblado por carreros y cartoneros con viviendas precarias, Huayna explica una realidad tremenda. “Hace unos meses se incendió una vivienda, llamamos a los bomberos y llegó la policía. Alguien se enferma, llamás a la ambulancia y llega la policía. Es lo único que nos mandan”. Lucrecia dice algo similar: “Hacíamos una revista, y si se hablaba por ejemplo de salud sexual y reproductiva, terminaba saliendo la cana, era imposible que no saliera”.
Hacia mediados de la década, la política de seguridad del gobierno De la Sota impuso que los jóvenes de los diversos barrios se empezaran a reunir. “En un encuentro en 2007 los pibes nos dicen a los técnicos que basta de esta lógica que ustedes arman el tallercito y nosotros tenemos que decir lo que ustedes quieren. Queremos tomar las decisiones y queremos salir a la calle”, relata Lucrecia
Sigue: “Fue muy fuerte porque nos interpelaban, pero aceptamos el desafío, hubo un primer momento en que nos separamos y ellos nos decían ustedes los técnicos vayan allá y nosotros nos reunimos por nuestro lado y al final de la reunión nos encontramos. Estuvimos como un año así y nos bancamos”.
Con el tiempo, reflexiona que estaban “reproduciendo el tutelaje colonial sobre los pobres, que siguen siendo subalternos en relación a las ONG y también en las organizaciones de la izquierda”. Fue posible porque venían de un proceso muy intenso con asambleas de hasta 300 de diferentes barrios. “Creo que lo que pasaba es que en cada barrio ellos iban generando cosas muy interesantes, hacían teatro, murga, y cuando se encuentran los barrios, eso explotó. Recuerdo cómo se miraban, cómo descubrieron la geografía en la vivían todo eso”.
El proceso que describe Lucrecia, como parte de una generación de activistas universitarias que se comprometieron en el ciclo de luchas que cuajó en los hechos de 2001, es menos excepcional de lo que parece. Durante años los “técnicos” trabajaron con dinámicas de educación popular para fomentar actividades recreativas. En cierto, momento, las relaciones dieron un vuelco. “Desbordaron la educación popular. El encuentro entre ellos fue determinante para romper con el técnico o con el militante que va al territorio”.
Diez años después de la primera marcha, a la que fueron apenas 50 personas, los jóvenes de los barrios están más seguros de sí mismos, tienen menos miedo y mucha más decisión de seguir adelante. Durante la marcha alguien saca un celular donde aparecen escenas de lo sucedido en Villa La Tela cuatro días antes. La policía hizo disparos y el barrio entero salió a la calle. No es el único caso.
“Está pasando en muchos barrios, creo que eso empieza hace cuatro, cinco años. Después del período del 2000 al 2001, cuando hubo una explosión, vino una anestesia porque las políticas sociales lograron frenar lo que sucedía en los barrios. Pero desde 2010 hay otra cosa, una confianza con el que vive al lado de tu casa. Entra la cana y los vecinos salen con piedras como sucedió en Los Cortaderos, sin saber por qué entró”, explica Lucrecia.
El objetivo de los chicos es llegar al centro, traspasar las fronteras de sus barrios cercados, trascender los límites.
-¿No tienen miedo?
-No tienen. A Güere lo fusilaron dos policías en Los Cortaderos. Los pibes nunca más se detuvieron, aunque saben que los pueden matar por la espalda como a Güere. Es un barrio de cinco kilómetros y la única entrada es la ruta. En ese camino la cana los persigue, pero dicen: “No vamos a parar nunca, si vemos un cana seguimos en la moto”. Y no van a parar.
Muchos consideran la Marcha de la Gorra como una expresión de un mundo en movimiento que cobra visibilidad ese día, aunque en los barrios es lo cotidiano. Una realidad que el Estado y los partidos no parecen reconocer.
Córdoba no es cualquier lugar. En 1918 fue el epicentro de la lucha por la reforma universitaria. En 1968 el Cordobazo fue la insurrección obrera y estudiantil que echó por tierra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. En 2016 se realizó la décima Marcha contra la represión policial, la mayor movilización anual de la ciudad.
-¿Quiénes saldrían si hubiera un nuevo Cordobazo?
-Los barrios saldrían. Tengo mucha más confianza política en ellos que en cualquier otro sector. Ahí no hay democracia, hay dictadura. El sentimiento de “qué más vamos a perder” está en el cuerpo de generaciones.
Notas
[1] Yuta o cana son los nombres populares de policía.
[2] “Callejeando la alegría…y también el bajón”, Córdoba, 2015.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas. www.americas.org
