Alrededor de las cinco de la tarde del 15 de diciembre, en la ciudad de Iguala, Guerrero se llevó a cabo un Juicio Político Popular al que fueron sometidos los síndicos de Iguala y también los y las regidores que se desempeñan en la presidencia municipal que encabezó el ahora ex-alcalde, José Luis Abarca. El evento se llevó a cabo en los restos de las instalaciones del Palacio Municipal que fue quemado el 21 de octubre[1], y contó con la presencia de dos funcionarios públicos–el presidente municipal interino de Iguala, Silvano Mendiola Pérez y la regidora priísta, Marina Hernández de la Garza.
El evento fue organizado por la Coalición de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, conformada por el Consejo Ciudadano para la Justicia y la Paz, el Frente Igualteco por la Dignidad, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la Organización Genaro Vázquez, entre otros, y contó con la presencia de Julián Lebarón, impulsor del Congreso Nacional Ciudadano.
Lebarón señaló que con base en el artículo 39 de la Constitución se tiene el “[…] inalienable derecho de cambiar nuestra forma de gobierno si no nos sirve; a nuestro liderazgo si no está funcionando. Y lo que vemos en todo el país es que el liderazgo está totalmente podrido.”
Por lo anterior expuso que la propuesta es que el pueblo pueda ejercer dicha facultad. “Necesitamos el poder de correr a los funcionarios que no sirven, despedir a los servidores púbicos que no sirven.”
Por lo anterior Lebarón señaló que él no creé que quienes ocupan los cargos públicos brindarán las herramientas necesarias para que el pueblo tenga la capacidad de removerles de sus cargos, pero que el Juicio Popular que se llevaría a cabo podría ser de importancia nacional ya que “nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que haya consecuencias sociales para las personas que están actuando de una forma destructiva y que, aparte, nos están cobrando.” Durante la intervención de Lebarón fueron mencionados continuamente los logros alcanzados por la comunidad Cherán, Michoacán.
El Juicio Político Popular
Tres fiscales ciudadanos dieron lectura a una lista de acusaciones y las alrededor de 200 personas presentes, mediante el uso de cartoncillos rojos o verdes, sentenciaron o indultaron a los funcionarios públicos. Los y las inculpados fueron invitados a acudir o a enviar algún representante que les defendiera. Sólo asistió la regidora Marina Hernández y como ciudadano el ahora Presidente Interino Mendiola, éste fue criticado en voz alta por los presentes y defendido por alguien que desde el templete señaló que Mendiola no sería juzgado ya que antes no estaba en funciones.
Los funcionarios fueron acusados por su responsabilidad sobre lo ocurrido durante el desempeño de sus labores en la administración pública, obviamente el asesinato y desaparición forzada de los Normalistas de Ayotzinapa ocupó un lugar preponderante en la lista de agravios que se les recriminaron a los y las funcionarios ausentes: Juana Álvarez Martínez, Enrique Marroquín Pineda, Leonel Vallejos, Nicolás Guerrero González, Esther Lorea Vargas, Martha Gregorio Rojas Lagunas y Sandra Luz Mota Rojas. El cuestionamiento, presentado por los fiscales ciudadanos, fue profundo: “¿qué hicieron nuestros regidores, por qué callaron, por qué cerraron filas en torno a él hasta el último momento en que pidió licencia…?”
La única funcionaria que acudió a defenderse en el Juicio Político Popular, Hernández de la Garza, señaló que muchas veces trabajó sola, aceptó algunas posibles fallas del cabildo y enfatizó en la corresponsabilidad de la gente de Iguala. “Yo no voté por José Luis Abarca,” dijo la regidora y acusó, “y que les quede claro que muchos de ustedes, que ahorita están hablando, sí votaron por él.”
Para finalizar su defensa invitó “[…]ahora que elijan a sus próximos gobernantes, pongan a la gente que de verás quiera a Iguala. Del partido que sea, y si hay un ciudadano que se puede poner, adelante, que la pelee y que la gane.”
Al grito de rechazo al PRI, la regidora de dicho partido respondió, “Ni modo, si no lo quieren, voten por un ciudadano, pero un ciudadano que les responda, porque si ese ciudadano les responda, yo misma le vengo a levantar la mano.” Al culminar su defensa los jurados, es decir quienes acudieron al evento, eximieron a Hernández de la Garza de responsabilidad y emitieron sentencia de culpabilidad sobre el resto de los miembros del cabildo.
Para concluir el evento, efigies con fotografías del cabildo fueron incendiadas y las cenizas fueron tiradas en el edificio en el que actualmente llevan a cabo sus funciones. Los organizadores solicitaron que los funcionarios se separen del cargo y LeBarón invitó a la ciudadanía a hacerles saber a esos funcionarios que ya no los quieren.
