La marcha en conmemoración y protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa reunió a miles de manifestantes en las calles del centro de la Ciudad de México este pasado sábado 25 de septiembre de 2015. La marcha cobró vida con la música, las actuaciones, las pancartas y los cánticos, en una acción dinámica de memoria y resistencia. La demanda colectiva: Justicia. Tras un año buscando a sus hijos, los padres esperan resultados en la investigación; y la sociedad mexicana ha reafirmado, una vez más, que está prohibido olvidarse de los 43.
Miles de jóvenes se manifestaron, en su mayoría estudiantes universitarios, pero también de la escuela secundaria e incluso niños. La juventud mexicana se lleva la peor parte de la violencia estatal: durante los últimos tres años han sido arbitrariamente detenidos y asesinados, o como en el caso de Ayotzinapa, desaparecidos.
Una juventud sitiada
Durante el mandato de Felipe Calderón, la militarización de las ciudades y zonas rurales mexicanas tras el despliegue de las fuerzas armadas, han deteriorado de forma acelerada la seguridad pública. El país ha visto crecer el número de arrestos y la violencia contra los jóvenes. Muchos de ellos han sido criminalizados e identificados erróneamente como miembros del crimen organizado; una táctica con la que se pretende legitimar el uso injustificado de la fuerza pública en su contra.
Apenas tres meses antes de los ataques del año pasado en Iguala (Guerrero), 22 jóvenes fueron asesinados a balazos en Tlatlaya, en el Estado de México, por una unidad del Ejército. Fueron atacados alegando su pertenencia a una banda que cruzaba la frontera desde Guerrero. De acuerdo con los informes, las armas parecían haber sido colocadas sobre los cadáveres en posturas que emulaban un enfrentamiento. El entonces Fiscal General Murillo Karam, ahora desacreditado en el mundo entero por su mal manejo del caso de Ayotzinapa, informaba que un grupo de soldados corruptos habían asesinado a 8 de los jóvenes y que el resto falleció en el tiroteo. Varios testigos aún niegan dicha versión, y el caso permanece abierto.
Las ejecuciones de Tlatlaya son sólo un ejemplo de cómo el legado de violencia del mandato de Calderón permanece vigente bajo la administración de Peña Nieto. Estos casos de desapariciones y asesinatos representan expresiones extremas del ataque generalizado contra la juventud que llevamos presenciando durante los últimos años.
La criminalización de la protesta social ha afectado enormemente al bienestar de la juventud y ha provocado un impacto negativo en materia de libertades democráticas en México. Según el informe del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social sobre el Control del Espacio Público, la violencia sistemática contra la juventud no ha hecho más que aumentar con Peña Nieto desde diciembre del 2012. Dicha violencia incluye la criminalización de las protestas, las detenciones arbitrarias, y los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
#YoSoy132 y Enrique Peña Nieto
La trayectoria política de represión de movimientos de base en el Estado de México bajo Enrique Peña Nieto advertía de las implicaciones negativas que una victoria electoral tendría en los derechos humanos y la democracia. El movimiento estudiantil #YoSoy132 se creó en 2012 para protestar contra su toma de posesión como nuevo Presidente de la nación.
Durante un periodo de unos siete meses, desde mayo a diciembre de aquel año, dicho movimiento congregó a miles de mexicanos y ciudadanos del mundo que rechazaban la candidatura de Peña, reclamaban unas elecciones limpias, la democratización de los medios de comunicación, y un conjunto de exigencias basadas en el anti-neoliberalismo, la democracia y la justicia.
El desencadenante de dicho movimiento fue una protesta estudiantil espontánea, aunque bien organizada, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México durante una campaña en el campus a favor de Peña Nieto. Los estudiantes de la universidad interrumpieron el acto con gritos que denunciaban su responsabilidad por la represión en Atenco en el Estado de México en 2006, donde un ataque perpetrado por la policía estatal y federal se saldó con dos muertos, palizas, redadas, y varias mujeres violadas y agredidas sexualmente estando bajo custodia.
Durante el evento en la Universidad Iberoamericana, los estudiantes exigían a Peña Nieto que diera explicaciones por la represión en Atenco y cuestionaban su responsabilidad como gobernador entonces del Estado de México. Peña Nieto respondió diciendo que utilizó la fuerza de forma legítima con el fin de restaurar la paz y el orden y asumió la plena responsabilidad de los conflictos violentos. Los estudiantes abuchearon al candidato presidencial hasta que éste abandonó el escenario y el auditorio estalló con gritos de “¡Fuera Peña!” y se llenó de pancartas en las que se leía “¡Asesino!” y “¡Atenco no se olvida!”
Los estudiantes iniciaron un movimiento global con esa protesta espontánea contra la represión. El vídeo se hizo viral y cuando el PRI intentó culpabilizar a un grupo de supuestos agitadores políticos, 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana crearon un nuevo vídeo que condujo a la juventud de todo el país a organizarse bajo el hashtag #YoSoy132, comenzando así el movimiento que llevó su nombre.
En una entrevista en 2012, la estudiante de Relaciones Internacionales de la UNAM Alinna Rosa Duarte explicó por qué cientos de miles de estudiantes por todo el país se opusieron a la candidatura de Peña Nieto. “Somos anti Peña Nieto, porque Peña Nieto es anti-juventud. El partido de Peña Nieto siempre ha sido anti-juventud. Somos una generación que ha visto una crisis tras otra. Somos una generación que se ha nutrido del neoliberalismo, supervivientes de las presidencias de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Somos testigos de la represión en Acteal y Atenco. Pero también somos una generación que se moviliza ahora a favor de la memoria y en contra de Enrique Peña Nieto, del PRI, y de este sistema neoliberal que ha traído tanta violencia e injusticia a nuestro país.”
Algunos de los principios básicos del movimiento eran una llamada a la sociedad mexicana para movilizarse en base a la memoria histórica de corrupción y violencia del partido de Peña Nieto, el PRI (Partido Revolucionario Institucional); así como establecer una línea de acción para prevenir la violencia y el retroceso de la democracia ya debilitada. Al final, Enrique Peña Nieto se apoyó en una apariencia muy bien cuidada (que incluía su matrimonio con una actriz de telenovelas) y en la implementación de la compra de votos –ejemplificado por la distribución de tarjetas de regalo de la cadena comercial Soriana– para ganar las elecciones.
El 1 de diciembre de 2012, el día de su inauguración, miles de participantes de #YoSoy132 y muchos otros ciudadanos de a pie tomaron las calles de forma generalizada para protestar contra lo que consideraban una imposición electoral y política.
En Ciudad de México, lo que empezó como una protesta pacifica en varios puntos de la ciudad se convirtió en un ataque violento de la policía contra los manifestantes.
La policía antidisturbios bloqueó las calles de alrededor del Palacio de Bellas Artes, provocando así que parte de la marcha no pudiera alcanzar el Zócalo. Noventa y seis manifestantes y civiles pacíficos fueron arrestados, acusados de alterar el orden público. Al día siguiente todos, excepto catorce, fueron puestos en libertad. El resto, identificados como presos políticos según varias organizaciones pro derechos humanos, fueron puestos en libertad veintisiete días más tarde.
Recordadas como #1DMX, los ataques y la violencia contra los manifestantes y varios espectadores, que también fueron detenidos de forma arbitraria, conmocionaron a mucha gente acostumbrada a que se respetaran las protestas en la capital. Dejó huella en la administración de Miguel Ángel Mancera y marcó un cambio de rumbo en el futuro.
La criminalización de la protesta social desde 2012
#1DMX representó un cambio de rumbo hacia un aumento de la criminalización de la protesta social en la capital, una tendencia que ha afectado a los activistas juveniles durante los últimos tres años. De acuerdo con los Servicios y Asesoría para la PAZ (SERAPAZ) y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, México lleva experimentando desde 2012 una vuelta a prácticas autoritarias mientras el aumento de la violencia ha afectado al ejercicio de la democracia.
Desde finales de 2012 las movilizaciones masivas en Ciudad de México, incluyendo la protesta conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco y las protestas de Ayotzinapa, se han visto dificultadas por el continuo arresto arbitrario de jóvenes y estudiantes. Al mismo tiempo que el malestar ha ido creciendo durante los últimos meses tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, la violencia policial contra los estudiantes también ha ido en aumento.
Un ejemplo claro de la violencia en contra de la juventud, en relación con la creciente criminalización de las protestas sociales, es el caso de Jacqueline Selene Santa López, una estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Santa López fue detenida el 15 de noviembre de 2014 falsamente acusada de agredir y robar a una policía. Fue detenida junto con su pareja Bryan Reyes Rodríguez, también estudiante, en la delegación Venustiano Carranza del la Ciudad de México por catorce policías federales vestidos de civiles que ni se identificaron ni les informaron de qué se les acusaba.
Santa López fue recluida en la cárcel de mujeres Santa Martha Acatitla durante más de ocho meses, expuesta continuamente a abusos físicos y vejaciones verbales. Antes de su detención, era una organizadora activa de su escuela y participaba de forma continua en protestas locales en apoyo de los estudiantes de Ayotzinapa. Finalmente fue liberada este pasado mes de julio después de que un juez decretara que no había pruebas concluyentes para culparla del robo.
Su caso es uno de cientos en la capital y a lo largo y ancho del país. En 2014 SERAPAZ informó de nueve casos en distintos puntos como Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Ciudad de México. En 2015 se ha informado de al menos siete casos en los estados de Chihuahua, Puebla, Guerrero, Quintana Roo y Baja California. En los 16 casos que incluyen a más de 600 víctimas de violencia y retención, nueve se corresponden con protestas juveniles contra Enrique Peña Nieto y en solidaridad con Ayotzinapa. [1]
El caso más notorio es el de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, atacados mientras coordinaban un grupo de autobuses que se dirigían a la protesta del 2 de octubre en la Ciudad de México – una masiva movilización conmemorativa que reúne a miles de jóvenes y estudiantes de todo el país, y que ha asentado las bases del activismo y la solidaridad juveniles durante los últimos treinta años.
Hace tan sólo dos semanas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una serie de recomendaciones a varias autoridades locales en referencia a casos de criminalización de protestas, detenciones arbitrarias, y ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos. El informe detalla cómo los arrestos bajo acusaciones de alteración del orden público promueven de forma directa una criminalización de la protestas social. Asimismo informan de que los cuerpos gubernamentales correspondientes no han investigado muchos de estos casos, a pesar de las pruebas de existencia de torturas y castigos desproporcionados.
Ayotzinapa y Justicia
Para los jóvenes participantes y activistas involucrados en el movimiento de Ayotzinapa, la violencia y la crisis en materia de derechos humanos dirigida hacia la juventud están demasiado presentes. En la Marcha por Ayotzinapa en la Ciudad de México el sábado pasado, el Programa de las Américas entrevistó a Pavel, un joven ingeniero agrónomo graduado por la UNAM, que explicó la crisis de violencia juvenil que se vive en México hoy en día.
“Creo que la desaparición de los 43 estudiantes es un crimen que no debería ocurrir en ningún país, en ninguna parte del mundo. Actualmente, participar en una protesta en contra de crímenes cometidos por el Estado, en este caso por la justicia para Ayotzinapa, te hace vulnerable y blanco fácil para el arresto arbitrario, y los estudiantes son una población particularmente vulnerable en las protestas.”
Pavel explica que “como resultado de un aumento de la violencia durante los últimos años, todos nos hemos dado cuenta de que le puede pasar a cualquiera; no necesariamente a gente activa en los movimientos, sino que cualquiera puede ser detenido. Se inventarán un crimen: te negarán tu libertad.”
Sin embargo, a muchos jóvenes esta crisis aún les sirve para motivarse o incluso sentirse obligados a seguir participando en las protestas. La estudiante de comunicaciones Gisela Carina Gonzales Flores explica su participación como manifestante y joven reportera: “El caso de Ayotzinapa me parece ultrajante y triste y creo que lo que le está pasando a nuestro país es terrible. Es algo que me ha tocado la fibra sensible. Ser estudiante en México es más peligroso que ser traficante o cualquier otro tipo de criminal. La represión de los estudiantes es muy real: en la protesta de Ayotzinapa el 20 de noviembre del año pasado, la policía nos cerró el paso a un amigo a mí. Fue una experiencia aterradora, pero no me ha impedido seguir participando en otras marchas.”
Con una valiente sonrisa tras su cámara Nikon, Gisela nos explicó: “Intento actuar desde mi propia trinchera, estudiando sin sentir miedo, y trabajo para informar a la gente que me rodea porque creo que es la forma más efectiva de propiciar un cambio, tanto como estudiantes como pueblo organizado e informado.”
Con gritos como el de “¡Fue el Estado!” los jóvenes manifestantes señalan directamente a Enrique Peña Nieto y su gobierno como responsables de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa y los crímenes contra la juventud de México. De acuerdo con muchos otros jóvenes, hace mucho que Peña Nieto perdió su legitimidad como presidente.
Andrea González Aragón, del Campus de Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma:
“Creo que el pueblo mexicano está harto con lo que está pasando y ha pasado. Revela la ineficiencia e incompetencia del gobierno. Enrique Peña Nieto es responsable, por el simple hecho de ser el máximo representante de la República Mexicana y por haber aceptado esa posición.”
Ante la violencia perpetrada contra la juventud, con el caso de Ayotzinapa justo en el epicentro, los jóvenes como Andrea animan a México a cuestionar la legitimidad del gobierno de Peña Nieto, intentando despertar a la sociedad con su espíritu valiente y de resistencia.
“Necesitamos recordar el caso de Ayotzinapa, necesitamos reflexionar. La legitimidad de este gobierno ha caído en picado. Todos nos hemos dado cuenta de que este gobierno es una farsa,” concluye Andrea.
Notas:
[1] Control del Espacio Público: 3er Informe sobre Protesta Social en México, http://serapaz.org.mx/control-del-espacio-publico-tercer-informe-sobre-protesta-social-en-mexico/
Nidia Bautista es la directora gerente del Programa de las Américas y escribe sobre protesta estudiantil, movimientos sociales transfronterizos, y temas de género.
Fotos por Nicole Rothwell y Nidia Bautista
Traducción por Paula Villanueva De Miguel
