Tracy L. Barnett
Diecisiete años después de que Miguel Ángel López Rocha, de 8 años, cayera al Río Santiago y muriera por envenenamiento tóxico, su muerte continúa impulsando uno de los movimientos de justicia ambiental más determinados de México. El aniversario, conmemorado este 13 de febrero en El Salto, Jalisco, llega en un momento crucial mientras las comunidades enfrentan tanto crecientes impactos en la salud como nuevas amenazas por la expansión industrial.
“Antes de Miguel Ángel, nuestra lucha parecía muy etérea”, reflexiona Raúl Muñoz, residente de El Salto. “Después de Miguel Ángel, nuestra causa tuvo nombre, apellido y rostro”.
La realidad descrita por Eduardo Galeano en su libro “Los Hijos de los Días” sigue siendo cruda: “No murió ahogado. Murió envenenado. El río contiene arsénico, sulfuro de hidrógeno, mercurio, cromo, plomo y furanos, vertidos en sus aguas por Aventis, Bayer, Nestlé, IBM, DuPont, Xerox, United Plastics, Celanese y otras empresas que tienen prohibido hacer tales ‘donaciones’ en sus países de origen”.
El Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto ha documentado meticulosamente el costo humano: 4,146 personas han enfermado y 2,842 han muerto solo en El Salto durante los últimos 17 años. En 2024, se registraron 97 nuevos casos de insuficiencia renal crónica terminal y 37 nuevos casos de cáncer.
Sin embargo, mientras las comunidades lidian con esta crisis de salud, el gobierno federal ha anunciado planes para construir 100 nuevos parques industriales en todo el país. “No estamos en contra del desarrollo”, explica María González, defensora de derechos humanos y directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), una organización sin fines de lucro que ha trabajado durante 62 años con las comunidades afectadas por megaproyectos. “Estamos en contra de las zonas de sacrificio”.
Esta tensión entre el desarrollo industrial y la salud comunitaria llega a su punto crítico en el nuevo Plan Nacional Hídrico 2024-2030. Mientras los funcionarios han prometido 7 mil millones de pesos para limpiar la cuenca Lerma-Santiago, las organizaciones comunitarias advierten que sin cambios fundamentales, esto podría convertirse en otra promesa incumplida, advirtió González.
“Durante décadas, la limpieza del Río Santiago ha sido una bandera política para todos los partidos y gobiernos”, dijo González. “Hemos visto miles de millones gastados en plantas de tratamiento que no abordan las causas raíz ni responsabilizan a la industria”.
Pero el movimiento que surgió de la muerte de Miguel Ángel se ha convertido en una sofisticada red de organizaciones comunitarias con demandas claras y visiones alternativas. Están pidiendo una nueva Ley General de Aguas que fortalezca la protección de los derechos humanos y la participación comunitaria en la toma de decisiones. Sus propuestas, respaldadas por comunidades indígenas, agricultores, organizaciones urbanas y académicos, ofrecen un camino a seguir que prioriza tanto el desarrollo como la salud.
El desafío que enfrentan es sustancial. La región del Río Santiago y el Lago de Chapala se han convertido en lo que los activistas llaman “zonas de sacrificio” – áreas donde las regulaciones ambientales no se aplican y las agencias de inspección han sido debilitadas o comprometidas. Sin embargo, la persistencia misma de su movimiento, mantenida a través de 17 años de documentación, organización y elaboración de propuestas, demuestra la resiliencia y determinación de las comunidades.
“Esto no se trata solo de limpiar un río”, enfatiza González. “Se trata de transformar cómo pensamos sobre el desarrollo, sobre quién asume sus costos y sobre qué voces importan al tomar estas decisiones”.
Mientras México se encuentra en una encrucijada entre la expansión industrial y la protección ambiental, las comunidades de El Salto y Juanacatlán están demostrando que otro camino es posible – uno que honra tanto la memoria de Miguel Ángel como el futuro de todas las comunidades mexicanas.
