La escena es trágica, horripilante. Dos vehículos quemados con 19 cuerpos adentro, uno con 113 impactos de bala, alcanzados en el infierno que es la franja fronteriza de Tamaulipas, cerca de Nuevo León y Texas.
Retratar en detalle su muerte sería una violación a la dignidad de las víctimas y a la sensibilidad de sus familiares. Sobrevivientes del ataque —según los reportajes, viajaban juntos, pero se quedaron atrás por problemas mecánicos— dicen que eran migrantes guatemaltecos. El alcalde del pueblo mam, Comitancillo, relata que algunos parientes recibieron llamadas informando sobre la masacre, y agrega que fueron muchos más quienes salieron con el mismo coyote, y que algunos pudieron haber cruzado la frontera.
Casi todos los casquillos fueron cuidadosamente recogidos de la escena del crimen. Hay versiones de que la policía participó en la agresión y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dijo en “la mañanera” que están investigando también a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, ya que una de las camionetas estuvo en su custodia antes de ser encontrada calcinada en la carretera. Para la gente que conoce las rutas migratorias en México, la complicidad del INM con los coyotes es bien sabida.
Hasta ahora, solo cuatro personas —dos mexicanos y dos guatemaltecos— han sido identificados. Las familias guatemaltecas, desesperadas, están organizándose para enviar muestras de ADN con la esperanza de recibir los restos de sus hijos.
Fue otra masacre más, otros migrantes asesinados en su viaje hacia el sueño americano. Causa indignación unos días, y después queda en la más absoluta impunidad. Como San Fernando 1 y 2 y Cadereyta y los miles de migrantes desaparecidos. Animal Político reporta que la misma CNDH tomó 32 testimonios de migrantes que registran asesinatos, secuestros, tortura, extorsión y abuso sexual sufridos entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 y que nunca dio a conocer los informes. Cuando el presidente declaró hace unas semanas que “ya no se violan los derechos humanos de los migrantes”, contribuyó a la invisibilización y repetición de los crímenes contra ellos.
La matanza de Camargo en este momento de cambios geopolíticos realza las contradicciones de las políticas regionales, desde Estados Unidos hasta Centroamérica. Es una coyuntura en que existe la posibilidad de rectificar estas políticas y desmantelar, de una vez por todas, la trampa mortal que la globalización neoliberal ha tendido para las personas migrantes.
El nuevo presidente Joe Biden empezó a deshacer las políticas antimigrantes de Donald Trump desde el primer día de su gobierno. El 2 de febrero anunció otras tres órdenes ejecutivas: una para trabajar en la reunificación de las más de 5,500 familias separadas y poner fin a la política de cero tolerancia que quitó niños y niñas a sus papás en la frontera; otra para iniciar el proceso para solicitantes de asilo después de la suspensión del programa “Quédate en México” y dirigirse a las causas de la migración; y la tercera para revisar todas los cambios de reglas y procedimientos que hizo Trump en contra de las personas migrantes y simplificar el proceso de naturalización. Las reformas serán lentas y probablemente insuficientes, sin embargo, representan otro marco para entender la migración, distanciándose de la xenofobia y supremacía blanca explícitas en la política de Trump-Miller.
Esto tiene repercusiones en los países del sur. En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto las políticas migratorias de México, de manera destacada en el sexenio de EPN con la presencia del Comando Sur en la frontera con Guatemala, y en este sexenio con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte y la aceptación de Quédate en México y otras iniciativas antimigrantes de Trump por parte del gobierno de AMLO. El giro iniciado por Biden, y promovido por los movimientos de migrantes en el país que contribuyeron a su triunfo electoral, es una oportunidad para hacer una reforma profunda de las políticas migratorias en México, basado en el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho de migrar. Sin embargo, hasta ahora no se ve una intención de reforma, ni siquiera un reconocimiento real del problema.
La única propuesta de Biden que ha tenido eco en el gobierno de México es el proyecto para invertir en Centroamérica, que la Cuarta Transformación quiere extender al sur de México. Nosotros, en el Programa de las Américas, junto con otras organizaciones hemos señalado que el planteamiento debe tomar en cuenta que el neoliberalismo basado en los megaproyectos de inversión privada, la explotación de recursos naturales que son del pueblo, el extractivismo, la destrucción ambiental, la explotación laboral y la privatización son causa de las desigualdades, conflictos y violencias que expulsan a la gente. Además, si les dan ayuda internacional a los gobiernos centroamericanos corruptos y promueven inversiones trasnacionales que violan los derechos humanos, solo se profundizarán los patrones de represión y concentración de riqueza que obligan a migrantes a salir de sus hogares en búsqueda de la sobrevivencia.
Sin resolver las crisis políticas, no se puede resolver las crisis económicas. Sin cambios estructurales democráticos, no se puede ir a la raíz de las causas de la migración.
En enero, una caravana de miles de hondureños fue violentamente reprimida en Guatemala, después del hostigamiento que encontraron en retenes militares en su propio país y antes de llegar a las tropas que fueron desplegadas para detenerlos en la frontera con México. Los políticos no preguntaron por qué huyeron, ni qué necesitan, solo mandaron a los soldados a detenerlos.
Lo más triste es que como resultado de las políticas antimigrantes y discursos xenofóbicos, una parte de la población también criminaliza a las personas migrantes, repite las mentiras de Trump y compañía, que aseguran que ellas vienen a quitar el sustento y el empleo a los nativos, que no hay espacio para ellas y sus familias. Por la mezquindad, no se ve a la gente migrante como seres humanos que sufren, como vidas que vale la pena salvar.
El primer paso para crear un marco humanitario para la migración es entender que la vida de una persona migrante vale igual que la vida de cualquier otra persona, y que luchar por la vida es el compromiso más importante que tenemos como sociedad. Suena obvio, pero implica un ajuste profundo en los conceptos y las políticas actuales.
