En una secuencia sorprendentemente rápida de acontecimientos, el Senado paraguayo votó a favor de la destitución del poder del presidente Fernando Lugo, empujando al país a la mayor crisis política de la última década. Si bien Lugo, un ex obispo católico, aceptó los resultados del juicio político – establecido a toda prisa, calificó los hechos como un “golpe de estado exprés”. El juicio político, así como los acontecimientos conducentes al mismo, destacan la lucha entre partidos y los enormes desafíos democráticos a los cuales Paraguay se enfrenta, después de una dictadura de 35 años (1954-1989) y de seis décadas de un mismo partido, el Partido Colorado, en el gobierno.
El “golpe de estado exprés” comenzó cuando la Cámara de Diputados del Congreso Paraguayo decidió, el 21 de junio pasado, iniciar el proceso de destitución del presidente Lugo. En un período de 24 horas, el Senado logró reunir a sus miembros, presentar las acusaciones y enjuiciar a Lugo. Ese mismo día, el Senado también aprobó una resolución en la que obliga al presidente Lugo a presentar una defensa de dos horas al día siguiente. Los Senadores rechazaron el pedido de parte de Lugo de otorgar más tiempo para preparar la preparación de la defensa y después de un juicio político que duró menos de 5 horas, la mayoría del Senado votó a favor de destituirlo del cargo (39 votos a favor, 4 en contra y 2 miembros ausentes). Después de la decisión, el vicepresidente Federico Franco, miembro del Partido Liberal y quien unió fuerzas con su rival histórico, el Partido Colorado, para derrocar a Lugo, fue rápidamente juramentado como el nuevo presidente del Paraguay.
Las acciones del Congreso han suscitado un intenso debate en toda la región, poniendo de relieve la fragilidad de las instituciones democráticas, especialmente países con una larga historia de dictaduras. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha calificado la situación de Lugo como un “golpe de estado,” Cuba y Ecuador calificaron el hecho como un “golpe de estado parlamentario.” El Gobierno de Chile dijo que “en Paraguay no se cumplieron con las normas mínimas del proceso,” mientras que Colombia declaró que se realizó un abuso de los procedimientos legales. La situación ha llevado a varios gobiernos latinoamericanos a aumentar la presión sobre el Paraguay. El bloque comercial sudamericano, Mercosur, ha decidido suspender la participación del Paraguay en la próxima cumbre presidencial que se celebrará en Argentina el próximo jueves. Argentina, Ecuador y Venezuela han retirado a sus embajadores del país, mientras que Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana y México han llamado a los suyos para consultas. Hugo Chávez también ha anunciado la interrupción del envío de petróleo a Paraguay, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) han llamando a sesiones extraordinarias para tratar el asunto.
La expulsión de Lugo se da luego de una confrontación armada que tuvo lugar el 15 de junio, en la ciudad de Curuguaty, la cual dejó seis policías y once campesinos muertos. Las víctimas formaban parte de un grupo de 150 pequeños agricultores que se habían apoderado de una propiedad que pertenece a un ex senador Colorado y aliado cercano al ex dictador Stroessner.
Los oponentes al gobierno culparon a Lugo por la violencia, mientras que las acusaciones seguían de ambas partes. Los políticos colorados afirman que la policía fue emboscada y que los campesinos estaban armados y entrenados por grupos de izquierda cercanos a Lugo. Los agricultores afirman que fueron atacados por la policía.
El enfrentamiento tuvo lugar tras una serie de enfrentamientos entre la policía y los agricultores por disputas sobre tierra, demostrando la lucha permanente que se vive en Paraguay relacionada a la enorme inequidad en la tenencia de tierra, un de las mas elevadas en Latinoamérica, la cual alcanzó sus peores momentos durante la dictadura de Stroessner. Stroessner tenía como práctica regular distribuir tierra entre los miembros leales al régimen del Partido Colorado, lo que permitió a varias personas cercanas al gobierno acumular extensas cantidades de tierras. El clientelismo partidario fue tan pronunciado, que hoy el 80% de las tierras cultivables del Paraguay está en manos de un 1% de la población, de acuerdo con la Federación Nacional de Campesinos (FNC). Otro factor que colaboró al incremento de las tensiones de parte de los agricultores es el auge del precio de la mercancía. Paraguay es el cuarto exportador de soja a nivel mundial, pero los pequeños campesinos han tenido poco o ningún acceso a la riqueza que se ha generado en el país.
Lugo fue elegido en el 2008, poniendo fin a seis décadas de gobierno del Partido Colorado. Su campaña política se basó en las necesidades de los pobres y promesas de reforma agraria prometida y tierra para las cerca de 87.000 familias sin tierra que viven en Paraguay. Como líder de un gobierno de coalición, Lugo se presentó como un candidato moderado, pero las sospechas entre los partidos tradicionales que era un izquierdista radical causó fisuras en la coalición poco después de las elecciones.
Su presidencia ha estado salpicada por escándalos de paternidad, Lugo admitió tener dos hijos cuando era obispo católico. El Partido Colorado, que controla el Congreso, afirmó que Lugo intentó politizar a los militares y evadir el Congreso en la toma de decisiones referentes a tratados internacionales.
Las implicaciones políticas y regionales
Luego de aceptar los resultados del juicio, Lugo hizo una sorpresiva aparición en la televisión pública el 23 de junio, donde denunció los hechos como un “golpe de estado parlamentario que atenta contra la democracia y la ciudadanía.” El 24 de junio intensificó su ataque estableciendo un gobierno alternativo y comprometiéndose a socavar a los líderes paraguayos recién nombrados en la próxima cumbre regional del Mercosur. Más tarde esa misma noche, su ex jefe de gabinete, Miguel Ángel López Perito, llamó a un “movimiento de resistencia”.
La crisis ha dejado al público paraguayo, extremadamente dividido. Mientras que los partidarios de Lugo protestan contra un “golpe de estado parlamentario”, sus opositores afirman que de ninguna manera se violó la constitución. Existe así mismo una gran parte de la población que está en desacuerdo con la política de Lugo y sus acciones, pero que tampoco está de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo el juicio político. La Constitución paraguaya otorga al Congreso el poder de llevar a cabo un juicio político, pero no establece las reglas ni los procedimientos a seguir durante el proceso de juicio político.
Así mismo también existen dudas acerca de si el presidente Lugo habría cometido una infracción censurable o no. Un observador, quien prefirió permanecer en el anonimato, calificó las acusaciones contra Lugo de “débiles, carentes de fundamento y sin la presentación de pruebas reales o jurídicas.” La Comisión Interamericana puso en duda alegando:
“la velocidad con que se llevó a cabo la destitución del presidente constitucional y democráticamente elegido. Teniendo en cuenta que se trataba de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es muy dudoso que esto se pueda hacer en un periodo de 24 horas sin dejar de respetar las garantías del estado de derecho necesarias para un juicio imparcial”.
Por otro lado, representantes del sector privado han dicho que el proceso podría ser definido como “algo correcto que fue llevado a cabo de una manera terriblemente incorrecta “, señalando que Lugo ya había perdido el apoyo de la mayoría del Congreso antes de la destitución. Christopher Sabbatini, Director de Política del Council of the Americas, dijo que el juicio representa “el uso de instituciones democráticas para fines antidemocráticos.”
La forma en que la comunidad internacional decide denominar a la situación tendrá profundas consecuencias en el futuro de Paraguay. ¿El país seguirá siendo miembro del Mercosur, Unasur y la OEA? ¿Decidirán Argentina y Brasil, los países con más influencia política y económica sobre el Paraguay, cortar las relaciones diplomáticas con el país? ¿Decidirán los países de la región de imponer sanciones? Y si es así, ¿qué significa esto en términos de aislamiento para el Paraguay, un país sin salida al mar que depende de sus vecinos para el transporte, la importación y exportación, además de ser uno de los países más pobres de la región? Y si todo esto sucede, ¿cómo podrá Paraguay recuperar su estatus democrático?
La decisión final probablemente se encuentre en manos de Brasil, el socio comercial más importante del Paraguay y la mayor economía de la región. La postura de Brasil tendrá el mayor peso, pero lo más probable es que busque actuar en consenso con el Mercosur y otros países de América del Sur a fin de evitar actuar unilateralmente.
Mas allá que el juicio político haya sido un “golpe de estado” o no, el proceso fue una afrenta obvia al estado de derecho, un abuso de los procedimientos legales por el Congreso, y un retroceso para la democracia en América del Sur.
Franco, quien en su discurso inaugural prometió ocuparse de los problemas sociales más acuciantes como la pobreza y la reforma agraria, tiene una difícil tarea por delante. Con sólo nueve meses restantes en el poder, lo más probable es que se vea obligado a enfrentar disturbios sociales. Por el momento, el Partido Colorado es el mayor triunfante con la división de la oposición.
Con o sin Lugo, la lucha campesina seguirá y las probabilidades de otra convulsión social en el Paraguay se mantendrán hasta que el problema de tenencia de tierras se resuelva. Paraguay no puede posponer la resolución de un problema que se viene arrastrando hace décadas. Una reforma agraria integral es la única manera de evitar mayor inestabilidad política a futuro, pero los paraguayos son muy conscientes de que ésta es una tarea en la que ningún político se encuentra interesado.
Claudia Pompa es paraguaya, y consultora con extensa experiencia en desarrollo y análisis de riesgo político. Ha trabajo para varias organizaciones internacionales y compañías consultoras en Asia, América Latina, y el Medio Oriente. Es egresada de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. con una Maestría en Servicio Exterior.
Para mayor información:
Kaos en la Red, “Un golpe dirigido a la región a través de Paraguay”
Agencia Latinoamericana de Información, “Estados Unidos, Venezuela y Paraguay”
