Los defensores de derechos humanos en el Chaco Paraguayo no solo han tenido que luchar contra un sistema legal caracterizado por su parcialidad y lentitud, sino que también han tenido que hacer frente a poderosos intereses económicos. Enfrentan una creciente criminalización de los movimientos sociales por parte del estado paraguayo.
Uno de los casos más recientes es el de la abogada defensora de la comunidad Sawhoyamaxa y coordinadora de la organización sin fines de lucro Tierraviva, Julia Cabello Alonso.
En febrero de 2015, Cabello Alonso fue acusada de ‘mala conducta’ por parte de la Ministra de la Corte, Gladys Bareiro de Módica quien inicio un proceso de investigación en contra de Cabello Alonso, la cual enfrentaba una posible suspensión de un año en la práctica de la ley por su defensa de las comunidades indígenas en Paraguay
“Sentí mucha indignación cuando me notificaron de la apertura del sumario, porque es una medida totalmente desproporcionada y arbitraria, por la cual la ministra abusa de su poder, pretendiendo que pierda mi herramienta de trabajo, solo porque se sintió llamada a la atención por una abogada sin poder político alguno.
Cabello Alonso había cuestionado en una gacetilla de prensa la actuación de la juez al haber favorecido al terrateniente alemán Heribert Roedel con la admisión de una medida de inconstitucionalidad contra la expropiación de tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa,
En diciembre de 2015 Cabello Alonso recibió la amonestación a pesar de que el juez recomendó el cierre de la causa por no encontrar elementos suficientes para alguna sanción. Esta amonestación es vista como una violación al derecho a la libertad de expresión, una forma de amedrentamiento a los defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y un nefasto precedente en la labor de la defensa de los derechos humanos en Paraguay.
Cabello Alonso manifestó que la apertura del proceso legal en su contra iniciado por Bareiro de Modica representa un enorme desgaste a nivel de recursos, tiempo y energía y obstaculiza la defensa de los derechos humanos que Tierraviva lleva de otros casos de comunidades indígenas en Paraguay.
La acción ha sido ampliamente condenada por organismos nacionales e internacionales como Amnesty Internacional, International Service for Human Rights y ONGs locales que trabajan en temas relacionados a derechos humanos y protección de comunidades indígenas. El caso ha puesto de manifiesto cómo miembros de la corte utilizan el poder y la estructura del Poder Judicial a los efectos de intimidar, perseguir y amenazar a defensores de derechos humanos.
Cabello Alonso explicó que el caso es un claro ejemplo de cómo el Estado, en este caso, el Poder Judicial, actúa con los detractores de sus acciones.
Sobre la comunidad Sawhoyamaxa
En 1991, la comunidad Sawhoyamaxa inició los trámites para lograr el reconocimiento legal de sus derechos a las 14,404 hectáreas que les corresponde como parte de sus tierras ancestrales.
Luego de haber agotado todas las instancias legales internas, el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien en 2006 dictaminó a favor de la comunidad Sawhoyamaxa. La Corte condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a la personalidad jurídica, a las garantías judiciales y a la protección judicial y ordenó la restitución de las tierras en un plazo de tres años.
El estado no cumplió. Debido a la inacción del estado, en marzo de 2013, algunas familias Sawhoyamaxa decidieron reocupar sus tierras con el fin de renovar sus demandas al estado para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
El 11 de junio de 2014, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, firmó la Ley Nº 5194 de 2014 de expropiación que restituye 14.404 hectáreas de tierras ancestrales en la región del Chaco a la comunidad indígena
Sin embargo, la constitucionalidad de ley fue contestada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En septiembre de 2014, la Corte rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad que se había presentado ante la ley. Con el fallo, se cerró la discusión sobre los derechos del pueblo Sawhoyamaxa y se dio paso al cumplimiento del proceso administrativo que titulaba las tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa.
En el momento en que se debían iniciar los trámites administrativos para cumplir con la orden de la CIDH y la ley promulgada por el congreso paraguayo, la Presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Bareiro de Módica, admitió una segunda acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que expropió las tierras a favor de la comunidad de Sawhoyamaxa.
En esta ocasión las empresas Kansol S.A. y Roswell Company S.A., pertenecientes a Roedel, se centraron en el artículo 3 de la Ley 5194 de 2014. Esta norma trata sobre la indemnización que se le debe pagar al propietario de las tierras que fueron expropiadas a favor del pueblo Sawhoyamaxa.
El contenido de ese artículo ya fue tratado y resuelto en ocasión de estudiar la primera acción de inconstitucionalidad. Alonso Cabello critica esta acción, por la cual es sumariada.
La Corte ha rechazado finalmente la segunda acción de inconstitucionalidad, sin embargo la comunidad Sawhoyamaxa todavía no ha podido tener acceso a la totalidad de sus tierras y siguen recibiendo amenazas de partes de latifundistas y empresas agropecuarias de la zona.
Alonso Cabello manifestó que todo este sumario busca ocultar o distraer la atención sobre un tema de fondo como son los derechos territoriales de comunidades indígenas. La defensa colectiva de estos derechos afecta intereses de sectores económicos y políticos poderosos, en un país donde la búsqueda del lucro desmedido y la explotación son socialmente aceptables.
El hecho dista de ser un acto aislado. En los últimos años Paraguay ha visto un aumento de la criminalización de los movimientos sociales y en particular de aquellos que protegen los derechos indígenas.
Estos casos han sido sistemáticamente recolectados y analizados en el libro Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en el Chaco Paraguayo – Relatos de lucha por la tierra, el cual examina la situación de los defensores de derechos humanos en el Chaco paraguayo.
Maximiliano Mendieta, autor del libro, escribe que en el Chaco paraguayo en la actualidad, existe una dicotomía entre un pequeño grupo de personas y empresas que tienen latifundios y estancias agropecuarias, y otro gran grupo de personas, principalmente indígenas, que viven en pequeñas comunidades. Esta mayoría padecen un Estado que se encuentra presente cuando hablamos de garantizar los intereses particulares de los primeros, y ausente cuando se trata de garantizar los derechos humanos de los segundos.
