El pasado 28 de abril de 2011, un juzgado costarricense anuló un decreto presidencial emitido por el anterior presidente Óscar Arias, que otorgaba a los jefes de policía el poder de autorizar y utilizar armas de guerra. El fallo representa una victoria, pero las medidas que socavan el compromiso histórico del país con la paz y el Estado de Derecho continúan siendo una tendencia preocupante.
En noviembre de 2008, el entonces presidente Óscar Arias concedió a los jefes de unidades policiales la facultad de autorizar el uso de armamento militar cada vez que lo considerasen necesario. Esto ha permitido a la Policía emplear fusiles AK-47, subfusiles Uzi y Mini Uzi y otro tipo de material bélico para practicar detenciones por delitos comunes.
El uso de estas armas por parte de las fuerzas policiales fue prohibido por ley, salvo en los casos de estado de emergencia, estado de sitio, conmoción interna o invasión, que deberán ser declarados por el Presidente mediante un decreto de emergencia. Incluso en estas circunstancias tan excepcionales, solamente el Presidente puede autorizar el uso de dicho material bélico.
El decreto de Arias, sin embargo, excedió la potestad reglamentaria conferida por la Constitución y la ley para armar a la Policía con armas de asalto. A pesar de reconocer la necesidad de dotar a las brigadas policiales de un equipamiento adecuado y de un mejor entrenamiento, el juzgado concluyó que era ilegal emplear un instrumento como el decreto de emergencia en la lucha contra los delitos comunes. El juzgado mencionó la necesidad de reformas estructurales y legales para mejorar la situación, e hizo notar que dichas reformas debieron haber sido reivindicadas durante la Administración Arias, antes de adoptar la medida extrema que supone la publicación de un decreto presidencial.
El decreto forma parte de una serie de acciones que han amenazado la paz en Costa Rica desde que el país tomó la audaz decisión de abolir su ejército. En el año 2006, el presidente Arias dictó un nuevo decreto autorizando la extracción de torio y uranio, la fabricación de reactores nucleares, incluidos aquellos con fines bélicos, y la producción de combustible nuclear.
Yo interpuse un recurso de apelación contra este decreto ante la Corte Suprema. El Supremo declaró inconstitucional el decreto en una sentencia histórica, la cual dictaminaba que estas actividades son contrarias al derecho a la paz y a un medio ambiente sano. En su resolución, la Corte estableció la prohibición de que el país se involucre en cualquier actividad que implique artículos susceptibles de ser empleados en una guerra, con la excepción constitucional de las ya mencionadas situaciones de estado de emergencia, estado de sitio o invasión.
Desde su campaña presidencial en el año 2005 y hasta su aprobación en 2007, Óscar Arias también impulsó activamente la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). Entre las numerosas cláusulas del acuerdo, un anexo específicamente referido a Costa Rica permite el comercio de prácticamente todos los tipos de material de guerra, armas y munición. Todo ello a pesar del hecho de que el país está en paz, y con el silencio cómplice de su Presidente, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987. La cláusula sobre las armas que aparece en el Tratado de Libre Comercio fue elevada a la Corte Suprema, claramente pro-CAFTA, la cual desestimó el caso y la envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde actualmente está siendo estudiada.
El decreto Arias revocado por el reciente fallo judicial autorizaba a los oficiales de policía a usar armas de guerra, lo que significa que mientras estuvo vigente muchos recibieron entrenamiento en la utilización de equipamiento militar.
Además, durante el segundo mandato de Arias, los oficiales de policía costarricenses fueron enviados de nuevo al Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad, situado en Fort Benning, Georgia (WHINSEC, por sus siglas en inglés), también conocido como la Escuela de las Américas. Al menos once dictadores latinoamericanos se capacitaron en ella desde su apertura en 1948.
¿Qué clase de país democrático y pacífico envía a su Policía a recibir formación militar en semejantes escuelas?
La sentencia judicial que anula el decreto Arias sin duda representa una victoria. Pero los esfuerzos para avanzar en la militarización del país continúan. En Costa Rica, la paz está siendo atacada desde dentro.
Luis Roberto Zamora Bolaños es abogado litigante en Heredia, Costa Rica. Paralelamente a su trabajo como abogado, Zamora presta asistencia jurídica gratuita en temas relacionados con la paz. Participa como experto en el derecho a la paz y desarme nuclear en distintos foros internacionales y es un colaborador habitual de CIP Americas Program www.americas.org
Traducido por Sara Plaza
