Cosechando igualdad: Las luchas de las mujeres jornaleras en América Latina 

Por Blanca Juárez

Mujer agricultora protegida para la jornada con paliacates cosechando en un sembradío de chiles.
Agricultora Foto: Blanca Juárez

Bajo el mismo sol llameante, las mujeres jornaleras hacen el mismo trabajo que los hombres, pero con salarios inferiores. En América Latina, las trabajadoras agrícolas comparten otros problemas: la falta de acceso a la tierra y una sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado. Además, sus luchas se han desarrollado en medio de conflictos sociales y violencia político militar.  

Se dice que son débiles, pero son capaces de cargar un costal de más de 20 kilos de chiles con una cría en el vientre que le puede agregar otros 10 kilos. Las comparan con “la madre tierra”, pero les niegan el acceso a un terreno, que ellas mismas trabajan. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), más del 20% del empleo agrícola en América latina lo realizan mujeres.

Las comparan con “la madre tierra”, pero les niegan el acceso a un terreno, que ellas mismas trabajan.

Sin embargo, “de derechos de las mujeres no se habla en las fincas”, reprocha Leiria Vay, mujer maya quiché, integrante de la dirección política del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en Guatemala.

“La vida de las mujeres jornaleras es ruda”, dice Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) en México. El trabajo agrícola es pesado, pero “la discriminación de los gobiernos contra nosotras, de las empresas y hasta de nuestros compañeros” lo hace aún más.

La desigualdad salarial es una de las expresiones de dicha discriminación. En Guatemala, indica Leiria Vay, apenas el 3% de las mujeres jornaleras alcanza a ganar un salario mínimo. En México, a las mujeres que trabajan en la industria agrícola se les paga, en promedio, 200 pesos al día ($10.55 dólares). Mientras que los hombres ganan 230 pesos ($12.13 dólares) diarios en promedio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mismo problema atraviesan las mujeres en Colombia, donde el “contexto tan patriarcal y machista” les impide ganar igual que los hombres, reconoce Daniel Camilo Arciniegas, de Resistencias, un colectivo de jornaleros y jornaleras del municipio de Cajamarca. Según la Sociedad de Agricultores, las jornaleras colombianas ganan en promedio 14% menos que los hombres.

Del hogar a la tierra, el trabajo no acaba para las mujeres

A las 5 de la mañana ya se le ha hecho tarde a Ofelia Hernández. “Tengo que hacer tortillas y algo de lonche. Una parte es para que mi señor, mis dos hijos y yo almorcemos en el campo. La otra es para mis otras dos hijas, la de 11 años se queda a cuidar a su hermanita de tres”, cuenta. Pasadas las 6 de la mañana se encaminan a trabajar en los surcos. 

Ofelia Hernández y su familia son originarias de Guerrero, al sur del país, una de las entidades más empobrecidas de México, pero viven poco tiempo en su casa. La mayor parte del año van persiguiendo los ingresos económicos al ritmo del ciclo agrícola y bajo las condiciones de las empresas. La falta de oportunidades laborales en su comunidad les obliga a emigrar cada año. 

Mujer jornalera agrícola protegida para el trabajo cosechando chiles de un sembradío.
Trabajadora agrícola Foto: Blanca Juárez

Este año tocó viajar a Nayarit, un estado al occidente del territorio mexicano, donde contrataron a su familia y a otras decenas para la cosecha de chile. El año pasado fue Baja California en el norte de México y para finales de éste podría ser Guanajuato, Sinaloa o Durango.

Al terminar el jornal en el campo, a eso de las 4 o 5 de la tarde, el trabajo no ha concluido para Ofelia Hernández. De vuelta al alojamiento temporal en Nayarit, prepara la comida y releva a su hija de 11 años en el cuidado de la más pequeña. Pronto acabará el día y mientras el resto de la familia quizá descansa, ella lava la ropa a mano, hace la cena o adelanta la elaboración del almuerzo para el día siguiente.

En América Latina, el 48% de las mujeres rurales con empleo se dedica a la agricultura, la ganadería o la pesca artesanal, según la FAO. El resto, se dedica al comercio, al trabajo doméstico remunerado o labora en los sectores de salud, educación, turismo o gobierno. 

Sin embargo, los ingresos que obtiene la mayoría en cualquiera de esas ocupaciones son insuficientes para vivir una vida digna. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 58% de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe vive en pobreza multidimensional. Y es quizá en el trabajo agrícola, una labor esencial para garantizar la alimentación de la población, donde tienen “los menores ingresos y peores condiciones de vida en la mayoría de los países latinoamericanos”, de acuerdo con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). 

En ese contexto, las familias jornaleras de la región se enfrentan a una grave precariedad laboral. Principalmente las mujeres, quienes además del trabajo en el campo se encargan de la mayor parte del trabajo del hogar y de cuidados no remunerados. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 58% de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe vive en pobreza multidimensional.

Ante la poca cobertura de servicios de cuidado en las áreas rurales -como estancias infantiles- y la falta de equilibrio en el reparto de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres adultos, muchas niñas asumen parte de ese trabajo. 

Según Unicef, a nivel mundial las niñas de entre 5 y 14 años de edad dedican 40% más de su tiempo a cocinar, limpiar y cuidar de familiares que los niños de ese mismo rango de edad. Asumir esa responsabilidad les quita horas para jugar, estudiar o descansar, derechos fundamentales de la niñez. Además, muchas de las actividades domésticas que realizan pueden ser peligrosas para su edad, por ejemplo, cocinar. 

“Pocas empresas agrícolas tienen guarderías”, dice Abelina Ramírez desde México. “No hemos logrado que, si no todas, al menos la mayoría adopte esa práctica”. En Guatemala, “eso está bien lejos de nuestra realidad, no es algo que veamos en nuestro panorama a mediano plazo”, lamenta Leiria Vay. 

No solo se trata de que las empresas o los gobiernos provean del servicio de cuidado infantil, sino que éste sea de calidad y atienda a las niñeces jornaleras como lo hace con niñas y niños en las ciudades o de familias no racializadas.

“Yo llevaba a mi niña a la guardería de la empresa, pero me la regresaban ronca de tanto que había chillado. Dejan que los niños lloren, no los consuelan, no los abrazan. Un día le habían quitado toda su ropita, nomás andaba en pañal, me dijeron que porque hacía mucho calor. Mejor ya no la llevé, por eso ahora la cuida su hermana”, dice Ofelia Hernández. 

La hermana ha dejado la primaria por hacerse cargo de la bebé. “Uno de los principales problemas de las jornaleras agrícolas es la falta de educación básica”, señala Abelina Ramírez. Además del trabajo de cuidados, la movilidad es otro obstáculo. 

Al poco tiempo de que comienza el ciclo escolar, la familia tiene que irse de casa para trabajar por seis meses o más en otro estado del país. Si a donde llegan hay una escuela cerca, inscriben a los hijos e hijas, pero las niñas con hermanxs menores tienen menos probabilidad de acudir. Luego, cuando termina la temporada agrícola, faltan varias semanas para que el año escolar acabe y tienen que volver a irse. 

Violencia sexual contra las jornaleras 

A partir de 2015 cuando fue fundado el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), Abelina Ramírez, recuerda que algunas mujeres se atrevieron a hablar del acoso sexual en los campos. 

“Descubrimos que es muy difícil que salga la luz. Con aquellas que se han atrevido a contarlo, les hemos dado acompañamiento si es que quieren denunciarlo de manera formal”. Sin embargo, el caso de una joven que presentó una denuncia ante autoridades laborales contra uno de los patrones ha desalentado a muchas. 

“El proceso tardó más de un año y, finalmente, el abogado nos dijo que aceptáramos el dinero que ofrecía la empresa porque la demanda no iba a prosperar. El poder de las grandes compañías contra la palabra de una mujer aún es enorme”, cuenta Abelina Ramírez. 

“En Guatemala no es un tema que se haya documentado debidamente”, dice Leiria Vay. Hace algunos años, cuando desde el Codeca realizaban una investigación sobre las condiciones laborales de las personas jornaleras, pudieron observar más claramente la violencia sexual contra las mujeres.

En una reunión cerca de las fincas bananeras de Tiquisate, en la costa sur, “una señora lideresa, a quien que yo conocía desde hace tiempo pero poco sabía de su vida, hablaba de la sobreexplotación y de todos los problemas que ya sabemos”, recuerda Vay.

Su discurso avanzó y entró al tema de la desigualdad de género y tras una pausa para tomar fuerza, dijo: “Compañeros, estoy aquí con mi hija de 5 años de edad. Bueno, ella es producto de una violación en la finca”. 

Leiria Vay quedó helada, apenas pudo atinar a preguntarle si había denunciado. “Me dijo que tenía otros dos hijos y si denunciaba, ese señor ya no le iba a dar trabajo nunca más”. 

En Colombia, dice Daniel Camilo Arciniegas, “el movimiento feminista ha llegado a la lucha de las personas jornaleras. Varias compañeras hablan del acoso sexual en el trabajo agrícola, lo nombran, porque antes no se le identificaba”.

Criminalización y resistencia

Agricultora protegida para la jornada con una mochila con herramientas y un saco con los productos de la cosecha.
Mujer jornalera Foto: Blanca Juárez

Las luchas de las poblaciones jornaleras en América Latina han encontrado eco en los movimientos por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. También en las organizaciones que reclaman justicia social, política, laboral o económica. Sin embargo, esta relación también ha provocado que sus demandas sean criminalizadas, lo cual afecta a los grupos más vulnerados, como las mujeres.

Codeca fue fundado en 1992 “por compañeros indígenas, que no sabían leer ni escribir, para luchar por el derecho a la tierra y los derechos laborales de las jornaleras y los jornaleros agrícolas”. Vay explica que “cuando se firmó la paz en Guatemala, hace 28 años, nos ilusionamos. Pensamos que habría mejores oportunidades para los pueblos indígenas y campesinos. Pero todo fue para desarmar a la guerrilla y abrirle las puertas a las transnacionales con sus proyectos extractivos”.

El gobierno firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996. En el conflicto armado participaron el Ejército, grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Duró 36 años y dejó a más de 200 mil personas muertas y desaparecidas. En ese tiempo, la violencia contra las mujeres fue particularmente cruel. 

Para Leiria Vay, los acuerdos de paz “afianzaron el sistema neoliberal, creando un mercado en el que vale más el dinero que la vida misma de las personas”. Tras los acuerdos, las familias ricas y las empresas transnacionales pudieron acaparar más fácilmente el territorio. Eso dejó a la población rural e indígena sin tierras, o con terrenos poco fértiles. Sin embargo, las mujeres ni siquiera obtuvieron tierras infecundas.

“Las mujeres que poseen tierras normalmente tienen terrenos más pequeños, de menor calidad y con derechos menos afianzados”, según el reporte Las voces de las mujeres rurales de América Latina y el Caribe ante las crisis multidimensionales, de la FAO. Dependiendo del país, en la región las mujeres son propietarias de entre el 8 y el 30 % de la tierra.

Leiria Vay explica que, tras el despojo en Guatemala, una de las pocas formas para obtener ingresos fue trabajar en las grandes fincas favorecidas por el modelo neoliberal en el país, donde los salarios son bajos, especialmente para las mujeres.

Miles más han cruzado la frontera con México y laboran como jornaleras en Chiapas y, en los últimos años, en los campos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Otras se han ido a Estados Unidos.

En México, de los más de 5 millones de personas con escrituras de tierras ejidales o comunales, sólo 27% son mujeres, según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Es difícil que las jornaleras accedan a la tenencia de la tierra. En cambio, eso se facilita para las grandes empresas, sobre todo para las extranjeras. Parece a veces que estamos destinadas a trabajar siempre en la tierra ajena”, reflexiona Abelina Ramírez. 

“Yo me integré a la lucha de los derechos laborales a partir del paro laboral en el Valle de San Quintín, Baja California, en 2015”, cuenta la activista originaria del estado de Oaxaca, al sur de México. 

“Vivíamos condiciones verdaderamente inhumanas, la gente no tenía baños ni tiempo de comida. Los salarios eran de miseria, pero todavía peor para las mujeres. El acoso sexual de los mayordomos (capataces) y hasta de los empresarios o gerentes a las jornaleras era el pan amargo de cada día”. Al formar el sindicato, muchas mujeres, como Abelina Ramírez, exigieron a sus compañeros que la lucha por los derechos laborales tendría que tomar en cuenta la voz de las jornaleras. En el pasado, movimientos políticos armados, como los liderados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero, y la Liga Comunista 23 de Septiembre en diversas regiones de México en los años 70 incorporaron las demandas de los jornaleros agrícolas, pero no atendieron específicamente las necesidades de las mujeres. Además, su vínculo real o presunto con esos movimientos fue tomado como un pretexto por el Estado mexicano y las empresas para criminalizar las demandas de los jornaleros. 

“La organización de las poblaciones oprimidas siempre se intentará desacreditar”, apunta Daniel Camilo Arciniegas. En Cajamarca, Colombia, “cuando las personas sin tierra nos comenzamos a activar nuevamente hace unos años, se nos asoció con movimientos guerrilleros” del conflicto armado que vive el país desde 1960. 

De esa manera los gobiernos neoliberales, como los describe el activista, buscaban menoscabar sus demandas y no atenderlas. “A pesar de que hay unos predios que podrían ser destinados a familias campesinas, esto difícilmente sucederá”, dice el joven.

En Cajamarca, las familias jornaleras también se organizaron para evitar la operación de una mina a cielo abierto. “Nuestra lucha actualmente es muy diversa, y cada vez vamos comprendiendo mejor que lo que logremos tendrá que ser con las mujeres y para las mujeres”, dice Daniel Camilo Arciniegas.

Abelina Ramírez concluye: “Las mujeres en los surcos han sido invisibilizadas. También nuestro trabajo en los hogares y en luchas sociales. Pero las jornaleras trabajamos la tierra, cultivamos los alimentos, criamos a las personas y es hora de que se oiga y se reconozca todo eso”.

Los procesos de organización de las mujeres jornaleras en México, Guatemala, Colombia y, en general, en América Latina han avanzado a ritmos y por rumbos diferentes. Se han relacionado con movimientos sociales, de defensa de la tierra y derechos campesinos. 

Para Abelina Ramírez, el sindicalismo es una de las formas de organización que más beneficios puede traer a las mujeres jornaleras. Al menos, esa ha sido su experiencia. 

Después de la huelga de 2015, en San Quintín, Baja California, en México, las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas no habían mejorado, así que el SINDJA realizó una caravana desde aquella entidad al norte del país hasta la Ciudad de México.

“Fue cuando empecé a participar públicamente, llevando la voz de las mujeres jornaleras no solamente de San Quintín, sino de todo el país. Fue cuando empecé un trabajo más intenso, más aguerrido. Cambió mi vida, mi forma de pensar sobre las empresas, las trabajadoras y los trabajadores. Y fue cuando descubrí la importancia de difundir los derechos que tenemos las mujeres”, señala la activista mexicana.  

En Colombia, la Plataforma de Incidencia política de mujeres rurales colombianas logró que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se incluyeran algunas de sus demandas laborales. El proyecto gubernamental contempla crear medidas para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, lo cual “implica espacios libres de violencias y discriminaciones, disminución de la brecha salarial de género, la armonización de la vida personal y el aumento de su bienestar integral”.

Y en Guatemala, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) ha ampliado su lucha, propone crear un Estado Plurinacional, explica Leiria Vay. “Hemos luchado mucho, pero nuestras condiciones de vida no cambian. Seguiremos luchando por tierra y por derechos laborales, pero el problema es más grande: es estructural. Son las estructuras del poder, es el sistema mismo, que no permite que las cosas funcionen”. 

Así que han integrado a “redes de mujeres, profesionales, estudiantes, vendedores y otros grupos” para conformar la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, desde donde surja ese Estado Plurinacional. “Que sean los pueblos los que construyan su propio camino”, dice.  

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