Si en los últimos años Estados Unidos ha batallado para controlar la migración de personas de Centroamérica, ahora durante la Administración del presidente Joe Biden, esa batalla contra la migración se ha vuelto más compleja. La piedra más grande en el camino de los planes de la Casa Blanca para detener la migracion es la corrupción que existe en la región.
La semana pasada, como una medida de presión, el Departamento de Estado, a solicitud del Congreso, nombró en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos a 55 personas. Entre las personas destacadas figuran dos expresidentes, uno de Guatemala y uno de Honduras; ocho funcionarios de alto rango del gobierno de El Salvador; diputados, magistrados y miembros de las Cortes Supremas de Justicia de los tres países.
“Hay un compromiso real con el pueblo de Centroamérica por parte de la Administración Biden y de muchos de nosotros en el Congreso de Estados Unidos. Necesitamos encontrar formas de apoyar a la gente, el desafío en este momento es que muchos de los gobiernos están retrocediendo en lo que respecta a la democracia. Lo que vemos en El Salvador es muy, muy perturbador. Nicaragua y su historial de derechos humanos es horrible, el arresto de todos sus opositores políticos es simplemente inaceptable”, dijo en una entrevista con La Prensa Gráfica de El Salvador el congresista Jim McGovern.
Entre los señalados en la lista de corruptos están los expresidentes Álvaro Colom, de Guatemala y José Pepe Lobo, de Honduras. Además, la secretaria de la Presidencia de El Salvador, Carolina Recinos; el secretario privado del presidente Nayib Bukele, Conan Castro; el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, diputados y magistrados activos de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Así como, ex funcionarios públicos señalados en sus países por corrupción en los últimos años.
Biden nombró a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada del equipo de trabajo que se enfoca en los planes para contener la migración en la región nombrada por Estados Unidos, como el Triángulo Norte, en medio de tensiones. En el Congreso, por su parte, busca aprobar recortes a la ayuda para las fuerzas armadas y las policías de estos países y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció también recortes y reorientación de fondos que recibían las instancias de gobierno de los tres países.
“Estamos reconstruyendo los programas y los fondos, en estos tres países, hacia los intereses de combatir las raíces de la migración que son el irrespeto al Estado de Derecho, la corrupción y por supuesto, de la inseguridad, que al mismo tiempo están acompañadas por las condiciones económicas. Estas son las causas de por qué la gente sigue dejando sus países”, dijo en una conferencia de prensa en Washington, la directora de USAID, Samantha Power, después que en El Salvador los diputados oficialistas destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
A principios de junio, después de que el gobierno de Daniel Ortega, arrestara a periodistas y opositores, Estados Unidos anunció sanciones para miembros del círculo cercano de poder al presidente nicaragüense, incluida su hija. Tres semanas después el gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones para funcionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, con la publicación de la lista Engel.
Según el Departamento de Estado las acciones inmediatas de estas sanciones incluyen la cancelación de visas para los funcionarios señalados y para sus familiares directos; así como, la prohibición de entrada a Estados Unidos y la suspensión de cualquier otro beneficio o documento migratorio que les permita a ellos y a sus familiares directos permanecer en el país por motivos de estudios o de trabajo. Sin embargo, para algunos analistas esta lista no va a generar ningún impacto negativo para el gobierno o para los señalados por corrupción en El Salvador.
“El pueblo salvadoreño le entregó el poder total al presidente Bukele, goza de una popularidad muy alta y eso quedó demostrado el 28 de febrero, que la gente confía en la figura de Nayib Bukele. Por más que uno quiere explicarle a la gente que no es correcto y que creímos que eso iba a cambiar con lo que pasó el 1 de mayo, la gente cree que cada decisión del gobierno es de beneficio para la gente, los que sabemos de leyes, sabemos que no es así. Han pasado cinco días y ni siquiera un funcionario ha renunciado o se le ha destituido. Van a recurrir (el gobierno de Bukele) a la propaganda para hacer creer que Estados Unidos es el malo y que es el que quiere impedir que Bukele trabaje por la gente”, dijo Sulem Ayala, abogada y analista política salvadoreña.
En Honduras, el mismo presidente que, además, ha sido señalado por el Departamento de Justicia como actor principal en el caso de tráfico de droga por el que fue condenado su hermano este año en la Corte de Brooklyn, en New York, dijo se debe respetar la inocencia de los señalados, mientras un juez determine que son culpables y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un documento en el que le exige al Ministerio Público acciones contra los señalados.
“De los 21 señalados en Honduras, 18 son apuntados por corrupción, pero el sistema de justicia de Honduras les ha dado sobreseimiento (libertad de cargos) a todos. Otros políticos han dicho que ese listado refleja cómo se ha abusado del poder en Honduras, por funcionarios y políticos que han ostentado un cargo y que únicamente lo han hecho para beneficio propio y no para el bien común. Esto demuestra que en estos países solo la justicia internacional podría hacer algo para frenar el avance de los corruptos”, dijo a The Americas Program, la periodista hondureña Xiomara Daniela Orellana.
Corrupción y recorte de fondos
Las advertencias de recorte de fondos de ayuda económica de las agencias y del mismo gobierno de Estados Unidos no son nuevas. Estas tomaron fuerza en diciembre del año pasado, después de la aprobación de la Ley de Mejoramiento de las relaciones Estados Unidos-Triángulo Norte. Desde entonces congresistas como Norma Torres, han señalado que al Congreso le interesa saber en qué se ha invertido el dinero de Estados Unidos y si esta ha ido a parar a manos de políticos corruptos.
Torres, de origen guatemalteco, ha presentado las iniciativas de ley y las propuestas de recorte de presupuesto para los gobiernos centroamericanos. Además, solicitó un reporte al Departamento de Estado con información sobre investigaciones en curso y conclusas sobre funcionarios corruptos con vínculos con el narcotráfico en la región. Torres es parte del Comité de Asuntos Exteriores y del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes.
En marzo el presidente Joe Biden anunció que su Administración invertiría más de $4 mil millones en los tres países del Triángulo Norte para combatir las causas de la migración. Pero señaló que esa ayuda financiera no sería entregada a instituciones del gobierno, sino a organismos no gubernamentales. Durante su visita a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris reafirmó que esa ayuda sería entregada a organizaciones civiles y otros socios privados que están dispuestos a cooperar y a seguir las reglas de los planes Biden.
Estados Unidos sabía que la Fiscalía de El Salvador estaba investigando junto a la Comisión Contra la Corrupción (CICIES) disuelta por el presidente Bukele en las últimas semanas, a 12 funcionarios de su gobierno por corrupción y por compras irregulares durante la pandemia, entre el dinero investigado había fondos de la cooperación de Estados Unidos. Con el nombramiento del nuevo fiscal por parte de los diputados oficialistas, Rodolfo Delgado, vinculado en el pasado a grupos del narcotráfico, esos casos se dejaron de investigar.
Sobre la lista de funcionarios corruptos publicada por Estados Unidos, el fiscal salvadoreño restó importancia al documento y dijo que la información no es suficiente para investigar casos o indicios de corrupción en El Salvador porque lo que es delito para el Congreso estadounidense no es delito para El Salvador.
Al respecto, la analista política, Sulem Ayala, cree que este El Salvador ha retrocedido en el avance que había hecho en cuanto al combate de la corrupción en las esferas del gobierno. Pero, señala que la primera responsabilidad de combatir la corrupción en cada país es de sus ciudadanos. Sin embargo, también señala que la actitud del gobierno de Bukele y de sus funcionarios preocupa entre los expertos que siguen de cerca este tema.
“Estados Unidos no es el encargado de corregir los errores, somos los salvadoreños los encargados de corregir el rumbo del país y los problemas. Va a ver un distanciamiento económico lo cual es grave sabemos y me preocupa que, si no hay dinero, el gobierno vaya a recurrir a préstamos con China o a dinero del narcotráfico. Me preocupa que se empiece a ver como algo normal abrirle la puerta a este tipo de intrusos y es preocupante que se estén violando tantos derechos, la libertad de prensa, de expresión… somos vistos como un país donde la corrupción comienza desde el presidente de la Republica”, dijo Ayala.
