Por Víctor M. Quintana S.
La hambruna en la Sierra Tarahumara no revela solo un problema coyuntural, sino la explotación, la exclusión estructural de las etnias Rarámuri, O’odam, Warixó y Odame que la habitan. Ante la oleada de solidaridad pero también de preocupación de la opinión pública local, nacional e incluso internacional, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez acaba de declarar que gobierno y sociedad tienen una “deuda histórica” con los pueblos indios que habitan el estado más grande de México.
Si algo no puede discutirse es que Chihuahua y el país entero estamos en deuda con los pueblos originarios de estas tierras. Medio milenio de despojos que acaban sólo cuando o se acaba lo que hay que despojar o aquellos a quienes se despoja. Lo que hay que debatir es cómo se pagan las deudas históricas.
Ciertamente no se pagan ni con despensas ni cobijas ni mucho menos con discursos. Se pagan con políticas públicas eficientes y efectivas. Con decisiones, orientaciones presupuestales, reformas legales hechas cumplir, acciones afirmativas. Con todo lo que significa hacer justicia en los hechos.
Las acciones del gobierno de Bolivia, encabezado por Evo Morales constituye una clara muestra de cómo se pagan las deudas históricas con los pueblos indios. Las expone con lucidez el vicepresidente de aquel país, Alvaro García Linera, en una entrevista con Luis Hernández Navarro(La Jornada, 7 de febrero de 2012).
García Linera parte de un hecho: la colonización no ha terminado con la independencia política. Por lo tanto, los gobiernos que quieran hacer justicia a los pueblos indios deben involucrarse en un proceso de descolonización.
Se trata, según el vicepresidente boliviano, de “un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales, culturales y simbólicas que subsumen la acción cotidiana de los pueblos a los intereses a las jerarquías y a las narrativas impuestas por los poderes territoriales externos. La colonialidad es una relación de dominación territorial que se impone a la fuerza y con el tiempo se normaliza inscribiendo la dominación en los “comportamientos normales”, en las rutinas diarias, (incluso) de los pueblos dominados”.
Las acciones fundamentales de este proceso de descolonización parten de que los indígenas se han constituido en sujetos de la política y de la institucionalidad real del poder, son sujetos que toman las decisiones políticas básicas. Con el movimiento indígena dirigiendo al Estado, se ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en manos del extranjero, como son el petróleo, el gas, el agua y parte de la energía eléctrica, para ponerlos en manos del Estado. Otros recursos como las tierras y los bosques han pasado al control de las comunidades campesinas e indígenas.
“Gracias a estas acciones, a este protagonismo de los indígenas, insistimos, que son mayoría en Bolivia, los indígenas que estaban predestinados a ser campesinos, obreros, porteros o meseros, hoy son ministros, legisladores, directores de empresas públicas, magistrados de justicia, gobernadores o presidente”, concluye García Linera. Ese empoderamiento de los indígenas es el medio y a la vez el resultado de la revolución social pacífica que está viviendo Bolivia desde que el movimiento indígena y Evo Morales asumieron el poder.
Sería tal vez iluso pretender tanto en Chihuahua, pero si el reconocer la deuda histórica con los pueblos indios de nuestro estado, pretende hacerse cumplir y no quedarse en la retórica, entraña severas exigencias. La primera de ellas, reconocer y desmantelar la colonización que sigue sojuzgando a nuestras comunidades indígenas. Que se les restituyan sus territorios y sean ellas quienes decidan si van a explotar el bosque, SU bosque y cómo.
Quienes decidan si van a llevar a cabo proyectos turísticos o no y cómo. Que se termine con ese despropósito monumental que establece por ley que la explotación minera tiene prioridad sobre los usos que las comunidades quieran darle a su suelo. Despropósito que se hace mayúsculo cuando el suelo y el subsuelo se les entregan a mineras extranjeras.
Pagar la deuda histórica con los rarámuri y demás pueblos indígenas de Chihuahua va mucho más allá, incluso de “crearles” fuentes de trabajo, o de “llevarles” caminos y hospitales. Exige la voluntad política de reconocer su plena ciudadanía con toda la igualdad y toda la diferencia que esto implica; de dejar de tratar a la Sierra como un protectorado en manos de padrinos mestizos, por más que sean de buena voluntad. Significa quitar todas las trabas para que las comunidades indígenas devengan en sujetos activos y conscientes de sus procesos económicos, ecológicos, políticos, culturales, sociales.
Víctor M. Quintana es asesor al Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colaborador con el Programa de las Américas
