La semana pasada, miles de mexicanos salieron a las calles para denostar la violencia relacionada con el narcotráfico, y la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno mexicano para evitarla. Los activistas de Estados Unidos y la comunidad internacional que quieran solidarizarse con el pueblo de México deben reconocer que la medida más eficaz que podemos tomar es llevar la guerra contra las drogas a su fin.
La prohibición de las drogas no sólo ha fracasado en reducir el consumo de drogas en Estados Unidos o en México, sino que no ha hecho nada para disminuir el poder de los narcotraficantes enzarzados en sangrientas batallas entre sí y con las fuerzas de seguridad mexicanas.
Por el contrario, la prohibición dio origen a los imperios delictivos de los narcos actuales y sostiene sus fenomenales ingresos. No veríamos los mismos altos niveles de violencia, crimen y corrupción que azotan a México si no fuera por estas políticas. Al volver clandestino el comercio de drogas, la prohibición ha creado un inmenso mercado negro para estas substancias que es a la vez increíblemente lucrativo y de una competitividad llena de violencia. La prohibición garantiza que este mercado sea manejado por criminales violentos en lugar de por comerciantes autorizados.
En un círculo vicioso, las utilidades exorbitantes que genera el comercio clandestino de drogas conducen cada día a mayor violencia, más corrupción, más asesinatos de funcionarios públicos y la degradación de las frágiles instituciones democráticas mexicanas.
La respuesta del presidente mexicano Felipe Calderón ha sido lanzar al ejército y la policía federal contra los narcotraficantes, en tanto que la de Estados Unidos, como es habitual, ha sido lanzar contra el problema millones de dólares en ayuda militar. La estrategia mostraría resultados casi nulos, si no fuera por una suma de muertes siempre en aumento: casi 38,000 seres humanos han sido asesinados en México en los últimos cuatro años, incluyendo miles de niños, jóvenes, migrantes, periodistas y funcionarios gubernamentales. Y a medida que las fuerzas federales de seguridad mexicanas han salido a las calles a perseguir a los cárteles, las violaciones de derechos humanos cometidos por ellas se han vuelto inaceptablemente cotidianas.
Estamos presenciando la misma dinámica básica que reinó durante los años de la Prohibición (de bebidas alcohólicas) en E.U., pero esta vez de una naturaleza mucho más letal. Tras menos de 14 años, Estados Unidos decidió volver a legalizar el alcohol porque su prohibición, como la de las drogas hoy, resultó insostenible e imposible de hacer cumplir. La Prohibición provocó un incremento enorme y violento en crimen organizado, violencia y corrupción, así como la muerte de miles de personas por beber alcohol industrial o de fabricación casera. También creó una nueva población de presos no violentos; de nuevo, el mismo fenómeno que experimentamos con las drogas ilegales hoy.
La demanda estadunidense de drogas ilícitas enciende y alimenta la crisis mexicana. En tanto exista demanda de drogas, habrá alguien que las suministre, sobre todo cuando su prohibición garantice unas ganancias tan colosales. El actual enfoque prohibicionista no ha logrado reducir la demanda. De hecho, parece que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera lo está intentando. Alrededor de dos tercios del presupuesto federal de E.U. para combate a las drogas se concentra en la oferta (incluyendo los $1,600 millones de dólares de la Iniciativa Mérida y otras estrategias bélicas destructivas como el Plan Colombia). Solamente una tercera parte se concentra en reducir la demanda en la ecuación; es decir, en una combinación de educación, prevención y tratamiento.
Lo que es más, las pequeñas cantidades que el gobierno estadunidense invierte en reducción de la demanda no se encauzan a programas eficaces. En lugar de concentrarse en los métodos de tratamiento y educativos mejores, comprobados y basados en evidencias, E.U. todavía gasta demasiado en políticas ineficaces y destructivas en el nivel nacional e internacional.
Para dar fin a la incesante tragedia que viven regiones de México y para prevenir otras formas de militarismo vinculadas a la guerra contra las drogas, debemos reformar nuestra política relativa a las mismas.
Existen muchas opciones para tal reforma: la primera, y más sencilla, es que el gobierno de E.U. cambie sus prioridades presupuestarias para invertir más, y más sabiamente, en disminuir la demanda. Debe eliminar o reducir significativamente las políticas inútiles, ruinosas y dañinas como los programas de erradicación y asistencia militar. Debiera requerirse que todas las políticas de E.U. sobre drogas adopten indicadores básicos de su desempeño de manera que quienes toman estas políticas y la sociedad puedan constatar si están funcionando con claridad y transparencia, y juzgar los efectos de estas políticas. Los indicadores de desempeño también podrían y deberían abarcar normas sólidas para el respeto a los derechos humanos. Actualmente, sólo una fracción de los fondos para la Iniciativa Mérida está indexada a cualquier clase de normas o medidas de rendición de cuentas respecto a los derechos humanos; tampoco se marcan etapas para medir el progreso.
Sin embargo, lo que más se necesita, es cambiar el paradigma actual de la prohibición de drogas y avanzar hacia un nuevo paradigma de legalización y regulación de éstas. La legalización y regulación de las drogas permitiría a la comunidad internacional asumir el control de los mercados para estas mercancías, desplazando a los traficantes violentos y erosionando la base económica que utilizan para sobornar o asesinar a funcionarios y reclutar a nuevos miembros que diariamente cometan homicidios.
El avance hacia la legalización y regulación será paulatino, comenzando por la mariguana. La sola legalización de la mariguana impactaría gravemente a la delincuencia organizada. El año pasado tanto la DEA como el FBI testimoniaron ante el Congreso de E.U. que “La mariguana es la principal generadora de ingresos para las organizaciones mexicanas del narcotráfico: es una cosecha en efectivo que financia la corrupción y la carnicería de la violencia año tras año.”
La Drug Policy Alliance (DPA, Alianza para Políticas sobre Drogas) y sus partidarios están trabajando activamente hacia la legalización de la mariguana en varios estados de E.U. El año pasado casi lo logramos en California, donde la Propuesta 19 –la iniciativa de votación para legalizar, gravar y regular la mariguana- acopió el 46.5% de los votos en una elección no presidencial con baja votación. Se espera que iniciativas similares para legalizar la mariguana en varios estados sean votadas para 2012. Todos aquellos comprometidos con la ayuda al pueblo de México y la defensa de los derechos humanos debieran unírsenos para apoyar esas iniciativas.
Además de impulsar el movimiento para terminar con la prohibición de la mariguana, debemos también levantar un debate mucho más amplio de políticas sobre drogas que comprenda opciones de regulación legal para todas ellas. Si bien para las drogas más peligrosas y adictivas estas opciones pueden no ser viables en el futuro previsible, seguimos necesitando ventilar y estudiar seriamente estas alternativas, porque nunca nos será posible disminuir la demanda lo suficiente para eliminar el crimen y la violencia inherentes en el mercado negro de drogas.
Por igual, los presidentes Calderón y Obama han reconocido con renuencia que la legalización es objeto legítimo de debate. Ello proporciona a los partidarios de la legalización una oportunidad histórica para abrir el debate para educar y sensibilizar a la sociedad en Estados Unidos, México y otras partes acerca del grado hasta el cual los azotes actuales de la violencia, crimen y corrupción en México son producto de las políticas prohibicionistas fracasadas.
La solución no es que Estados Unidos persiga más enérgicamente las drogas dentro de sus propias fronteras; muy al contrario, la guerra interna contra las drogas en E.U. es un desastre costoso. Más bien, la solución es derogar la prohibición, regular las drogas legalmente, tratar la drogadicción como un problema de salud pública y recordar que tener éxito en disminuir la demanda casi siempre significa reducirla entre quienes más consumen drogas, lo que se consigue mejor proporcionando tratamiento eficaz contra las drogas y permitiendo a los individuos drogadictos obtener la droga que quieren o necesitan de proveedores legales.
Este año señala el cuadragésimo aniversario de la fallida guerra contra las drogas. Ya es urgente hallar una estrategia para salir de esta guerra imposible de ganar. Éste es el momento de poner todas las opciones sobre la mesa. Ha habido demasiadas muertes como para esperar más.
Daniel Robelo es un investigador asociado de la Oficina de Asuntos Legales de la Alianza para Políticas sobre Drogas.
Traducido por María Soledad Cervantes Ramírez.
