Colombi
a se desangra con las interminables manifestaciones que estallaron el 28 de abril y que ya han segado 60 vidas, dejado centenares de heridos, 120 desaparecidos y 113 hechos de violencia por razones de género, sin que se haya logrado un acuerdo con el gobierno. Estas se iniciaron a raíz de la presentación de un proyecto de reforma tributaria que afectaba a los sectores de menores recursos, que un impotente presidente Duque tuvo que retirar, al igual que a su ministro de Hacienda, el 2 de mayo.
Sin embargo, los manifestantes se mantuvieron en la calle reclamando por las muertes y la violencia ejercida por el gobierno. La respuesta de Duque, ante la negativa de desbloquear las ciudades, fue enviar más fuerzas militares y, al mismo tiempo, convocar nuevamente al diálogo con la ciudadanía y los movimientos políticos y gremiales del país. El gobierno condiciona las negociaciones con el Comité Nacional del Paro –que incluye a diferentes fuerzas sociales, partidos políticos, entre otros — al cese de los bloqueos y las protestas, con lo que se ha entrado a un círculo vicioso.
Parecería que ningún funcionario escuchó decir al presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que América Latina y el Caribe tuvo durante 2020 el peor declive de sus economías en 200 años, lo que ha afectado a la región de forma “desproporcionada”. Más de 39 millones de personas han perdido sus trabajos de tiempo completo y 44 millones han caído en la pobreza. Señaló que, antes de la pandemia, el crecimiento económico de la región ya era el más lento del mundo y la brecha entre ricos y pobres la más amplia. Además, que el número de muertes en la región era 3.5 veces superior al promedio mundial.
Pero el presidente Iván Duque y su equipo económico estaban preocupados por cubrir el forado del déficit fiscal debido a los gastos incurridos por la pandemia para no perder el “investment grade”. Se trata del calificativo que otorgan las calificadoras de riesgo a los países que cumplen mejor la tarea de tener sus cuentas macroeconómicas en orden, sin consideraciones por los impactos sociales que conllevan.
Demandas acumuladas
El proyecto de reforma tributaria fue un error político que, en las circunstancias descritas, despertó la ira ciudadana. Sin embargo, la indignación se arrastra desde noviembre de 2019, cuando el gobierno se comprometió a modificar la primera reforma tributaria que, entre otros, exoneraba de impuestos y perdonaba deudas a las grandes empresas (mineras, financieras, entre otras). Entonces, se desencadenaron protestas que causaron cuatro muertes, pero fueron disipadas con el ofrecimiento del gobierno de reunirse con las fuerzas políticas y organizaciones sociales para lograr una propuesta consensuada. Pero éste le dio largas, apareció la pandemia, y volvieron a estallar con más fuerza el 28 de abril de este año cuando Iván Duque presentó el nuevo proyecto de reforma tributaria.
Las recientes protestas canalizan las frustraciones acumuladas de una sociedad herida que reclama reformas al precario y fragmentado sistema de salud, al de pensiones, la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato, la reducción de la desigualdad y una reforma policial.
Asimismo, muchos manifestantes reclaman que el gobierno se pronuncie sobre el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que confirma el alto número de “Falsos Positivos” nombre con el que la prensa denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia.
El alto número de sindicalistas asesinados es otro de los temas que agobia a los colombianos. Según la Escuela Nacional Sindical, entre 1973 y 2019, fueron asesinados 3.300. Según la ONU, desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, los asesinatos de líderes sociales han aumentado y suman 900. La organización considera que Colombia es el país más peligroso para defender los derechos humanos. Michel Forst, entonces relator especial para los derechos humanos de ese organismo señaló en marzo de 2020 que Colombia “sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de estos derechos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”.
Sin embargo, el gobierno no reconoce la existencia de estos problemas Para Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, los causantes de los saqueos y desmanes que tuvieron lugar en medio de manifestaciones mayormente pacíficas corresponden al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC de Gentil Duarte.
Desde el exterior, se acusa a Venezuela de infiltrarse en las protestas sociales, de forma similar a las que, sin ninguna prueba, hizo el gobierno de Trump durante las protestas en Chile en 2019. Desde el Foro “Defensa de la Democracia en las Américas”, organizado en Miami por la Sociedad Interamericana de Prensa que agrupa a los dueños y gerentes de los grandes medios de comunicación, fue el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, el encargado de decir que “los servicios de inteligencia ecuatorianos habían detectado e informado al gobierno colombiano, la intromisión del dictador Nicolás Maduro en Colombia”. En el foro participaron, entre otros, Carlos Alberto Montaner, Luis Almagro –quien desde la OEA auspició el golpe de Estado en Bolivia en 2019 contra Evo Morales– y Mauricio Macri.
Con la mirada siempre puesta en Venezuela, se pasa por alto que en los últimos años se ha deteriorado, también en Colombia, el equilibrio de poderes. El uribismo ha usado la mayoría que, en general, ha obtenido en las dos cámaras del Congreso para copar organismos constitucionalmente autónomos. El politólogo Ariel Ávila señala que “el balance para la democracia colombiana en el último tiempo es sencillamente desolador. (…) Como corriente política, el uribismo controla el Ejecutivo, logró unas mayorías silenciosas en el Legislativo y además tiene la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Lo tiene todo, solo les faltan las altas cortes”. Este copamiento del Estado le ha sido de utilidad a Duque en las actuales protestas. Según el diario El Espectador, varios líderes de opinión y manifestantes han alertado sobre la ausencia de entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que están llamadas precisamente a proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente en las convulsionadas protestas recientes.
Escenario político
Las protestas sociales ponen en evidencia un agotamiento del “uribismo” por su discurso incendiario que, inclusive algunos sectores a los que representa, rechazan. Su permanente oposición e incumplimiento a los acuerdos del proceso de paz en Colombia le ha producido una pérdida de respaldo internacional, con excepción del período del gobierno de Donald Trump.
Asimismo, detrás de las manifestaciones subyace el descontento social acumulado que se ha visto agudizado con la pandemia. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en la región, después de Brasil y el séptimo en el mundo. Su nivel de pobreza monetaria llega a 42%. Esta se vio agudizada en 2020 por la caída del 7% de su economía.
El gobierno continúa eludiendo respuestas serias a las demandas ciudadanas. El abuso de la violencia contra las protestas ciudadanas, en su mayoría pacíficas, fue condenada por Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y hasta la OEA. Asimismo, se ha hecho llegar una denuncia a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde diversas organizaciones sociales y el senador Iván Cepeda, acusan al presidente Iván Duque, a su ministro de Defensa y a la Fuerza Pública de Colombia de cometer “delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales que se viven desde el 28 de abril.
En medio de estas denuncias, la vicepresidenta colombiana, Marta Lucia Ramírez, señaló en las reuniones sostenidas con el secretario de Estado, Anthony Blinken, el 29 de mayo, que este “expresó un apoyo irrestricto a Colombia”. El gobierno de Duque autorizó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigida desde el inicio de las protestas por organizaciones de la sociedad civil, después de las reuniones con Blinken. Producto de sus actividades entre el 7 y 10 de junio, la CIDH Indefectiblemente certificará la violación de derechos humanos y el abuso de la las fuerzas policiales en ese país.
El gobierno estadounidense considera a Colombia su aliado estratégico, pero está monitoreando la situaciòn en el país. En un comunicado del Departamento de Estado, el portavoz Ned Price, señaló que Blinken “expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas en Colombia y reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente”. No se la hizo fácil. A la par que le pide al gobierno respetar los derechos humanos y avanzar en las negociaciones con los manifestantes, le exige también el fortalecimiento de la asistencia militar y la fumigación con glifosato, cuya prohibición es una de las banderas de los manifestantes. El gobierno estadounidense no puede evitar mantenerse al margen de las condenas que han realizado los organismos internacionales y la Unión Europea. Un Duque debilitado probablemente siga recibiendo el apoyo verbal, pero continuará con las exigencias propias de los intereses estratégicos de siempre, pero mostrando buenas calificaciones en el respeto a los derechos humanos.
Faltan once meses para las elecciones presidenciales el 29 de mayo de 2022, por lo que la elección de candidatos en las primarias de las coaliciones políticas existentes en el país, a realizarse en marzo, será el paraguas bajo el que discurrirán las negociaciones entre un gobierno debilitado y la oposición. El escenario es convulso y se avizoran signos de cambio político. Gustavo Petro, precandidato del izquierdista partido Colombia Dignidad, tiene por lejos el mayor respaldo en las últimas encuestas. Además del agotamiento de un modelo económico que ha incrementado la desigualdad en Colombia, la ciudadanía rechaza el autoritarismo y la incapacidad del actual gobierno para escuchar las demandas de la población. El fracaso del gobierno de Duque le pasará factura al “uribismo”, lo que dará al paso a un gobierno de signo opositor, consolidando los sucesos ocurridos en Chile y en Perú.
