Colombia: Una sociedad cansada de guerra

Los acuerdos de paz están siendo boicoteados por la ultraderecha, pese a que las FARC y el gobierno de Santos siguen avanzando hacia el fin del conflicto. Pero la principal fuerza que empuja hacia la paz son los cambios que se producen en una sociedad cansada de guerra.

Se palpa clima electoral. Se habla de candidaturas y presidenciables, de la reelección del presidente Juan Manuel Santos; se habla de La Habana, de los acuerdos firmados y de los pendientes, se comenta que al fin la paz se perfila en el horizonte. En marzo se elige nuevo Congreso y en mayo es el turno de la Presidencia.

Lo más importante es que en La Habana decidieron no precipitar los acuerdos de paz antes de las elecciones por razones de tiempo, pero es evidente que un segundo mandato de Santos permitiría abrochar todo.

Se habla, y mucho, de la reciente resolución del Procurador General de la República que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, el progresista Gustavo Petro. Hasta ahora fue el mayor golpe a los acuerdos de paz que vienen tejiendo trabajosamente, desde hace un año, el gobierno y las FARC. Sin embargo, la sociedad ya no está dispuesta a tolerar autoritarismos.

Síntoma de la nueva etapa que atraviesa el país, 2013 fue el año de la protesta social, que involucró un amplio abanico de actores: desde campesinos y agricultores hasta trabajadores de la salud y docentes. Como si el comienzo de las negociaciones de paz hubiera sido, también, el inicio del descongelamiento de una atrincherada y temerosa sociedad, luego de seis décadas de conflicto armado.

En noviembre se sucedieron dos hechos que modifican el escenario: se acordó el segundo punto en las negociaciones de La Habana sobre la participación política y el presidente Juan Manuel Santos decidió postularse a la reelección, para la cual parte como favorito indiscutido pese a que es improbable que lo consiga en la primera vuelta. Como telón de fondo, grandes manifestaciones en todo el país en protesta por la violencia hacia las mujeres.

Colombia ostenta cifras muy elevadas de violencia machista, y no sólo a causa del conflicto armado. Cada día son abusadas 245 mujeres, 26 mil quedaron embarazadas a causa de violación entre 2011 y 2009 y hay casi dos millones de desplazadas, el 30 por ciento dejó sus hogares por violencia sexual y el 25 por ciento volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio. Cientos de miles están saliendo a las calles, sin miedo, apuntando responsables.

Los acuerdos de paz

El primer acuerdo fue sobre la tierra. El segundo, que acaba de firmarse, fue sobre participación política que para los observadores era el más complejo. El 6 de noviembre las FARC y el gobierno libraron un comunicado en el que aseguran que llegaron a consenso en tres temas: derechos  y garantías para el ejercicio de la oposición política, “y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final”.

Además, acordaron mecanismos nuevos de participación ciudadana, “incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y en los diversos temas”; y medidas efectivas para promover la participación política en todos los niveles, en particular de “la población más vulnerable”, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

Puede decirse que se trata de palabras bonitas que se las llevará el pragmatismo político. Es posible. Sin embargo, nunca las partes habían llegado tan lejos. El acuerdo avanza lentamente, paso a paso, y va delineando lo que define como una “apertura política” al final del proceso.

Establece la formación de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia de carácter territorial y, quizá un punto clave, Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para “promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un período de transición estas poblaciones tengan una representación especial en la Cámara de Representantes”.

En opinión de la analista Juanita León, el punto decisivo es la idea de democracia directa que introduce el acuerdo. Frente a la figura de la representación defendida por el gobierno, las FARC propusieron que se concediera garantías la participación de movimientos sociales como los de estudiantes, indígenas y campesinos[1]

Pero son las circunscripciones especiales las que pueden darle representación parlamentaria a las FARC. Se trata de once zonas que durante un tiempo determinado podrán postular a sus representantes que serían votados sólo por los ciudadanos de esas regiones. “Este acuerdo”, sostiene la directora de La Silla Vacía, “es muy significativo pues puede modificar desde “abajo” el mismo sistema electoral ya que la participación de la gente sería mucho más directa en asuntos de planeación, de veeduría y de quienes llegan al Congreso”.

Ciertas zonas especialmente conflictivas, como el Catatumbo en frontera con Venezuela, donde hubo un potente movimiento campesino meses atrás, y el Cauca en el sur, donde se asienta el movimiento indígena nasa, podrían formar parte de esas circunscripciones además de las Zonas de Reserva Campesina.

En paralelo, el grupo armado habría aceptado la “dejación de las armas”, un tópico más que delicado toda vez que algunos jefes en armas afirmaron en su momento que no se vería la foto de ellos entregando las armas. Sin embargo, si los acuerdos de paz le garantizan una consistente representación parlamentaria a las FARC, por decreto o por la vía de las circunscripciones especiales, además de una inserción institucional en las regiones donde tienen mayor presencia, el abandono de las armas podría estar justificado ante sus bases campesinas.

Al haber acordado el segundo punto, clave desde todo punto de vista, el gobierno se coloca en mejor situación, lo que le permitió a Santos anunciar su postulación para la reelección. Las FARC también ganan, al conseguir introducir cambios significativos que “garantizan la participación política de sus bases sociales”[2].

Hacia el fin del conflicto

El próximo punto a negociar será sobre la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos legales. Santos llevó el tema a su encuentro con Barack Obama el 3 de diciembre en Washington. El presidente estadounidense apoyó sin fisuras el proceso de paz y Santos confesó durante una conferencia en la Universidad de Miami, un día antes, que propuso este tema en la reunión “porque las FARC siempre han dicho que esencialmente no son traficantes de drogas y han utilizado el narcotráfico sólo como una forma de financiación para la guerra política, y que de llegarse a un acuerdo no seguirían traficando”[3].

Desde la izquierda, el periodista Alfredo Molano sostiene que el Estado debe financiar el tránsito de unos cultivos a otros, “porque no sólo no impidió, sino que facilitó, el cambio de café, maíz, arroz, por marihuana, coca y amapola. Hay que buscar el origen de la tragedia, que tanta sangre ha costado, en la constante burla de la reforma agraria”[4].

Recuerda que no por casualidad el Pacto de Chicoral coincidió con el inicio de los cultivos de marihuana. En 1972 se realizó una reunión entre liberales, conservadores y latifundistas ganaderos, arroceros y bananeros en el departamento de Tolima, citada por el presidente conservador Misael Pastrana.

El objetivo era detener al nuevo movimiento campesino agrupado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, impulsada desde 1968 por el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, que buscaba facilitar el acceso de los campesinos a la tierra, como forma de frenar el descontento rural y aislar a las guerrillas.

Molano señala que el Pacto de Chicoral fue una contrareforma agraria por la cual los grandes hacendados pudieron reprimir por la fuerza, con el amparo del Estado, el intento de los campesinos de invadir sus tierras.

A diferencia de sus vecinos, en Colombia nunca se realizó una reforma agraria. La hubo en Perú y en Ecuador de la mano de los gobiernos militares  motivados por pujantes movimientos campesino-indígenas. Dos grandes reformas agrarias se realizaron en México y Bolivia impulsadas por sendas revoluciones nacionales. Incluso en Argentina y Brasil, en la década de 1930, el centro de la economía pasó de los terratenientes a la industria, con lo que se facilitó la modernización del sector agropecuario.

Pero en Colombia la hegemonía de una reaccionaria y nunca derrotada oligarquía terrateniente empujó a los campesinos, en particular a los de las zonas de colonización, a defenderse con las armas.

Desmontar esta historia no será sencillo. Como señala el director del Centro de Investigación y Educación Popular, Luis Guillermo Guerrero. Señala que si bien la paz debe hacerse a nivel nacional, es imprescindible construirla “desde los territorios y regiones que han vivido de manera severa el conflicto armado”; o sea, debe hacerse carne en “las veredas campesinas, los resguardos indígenas, los territorios de los consejos comunitarios negros, la zonas agroindustriales y minero-energéticas y los cascos urbanos más impactados por el conflicto urbano”[5].

Es en ese sentido que Molano apunta un doble problema: desmontar la economía de la coca que se ha vuelto dominante en la región Pacífico, y sustenta la guerra, y en paralelo, reformular las políticas minera y agropecuaria, lo que se termina estrellando con el TLC. Por eso, “el gobierno debe aceptar que no puede arreglar las cosas sin sacrificar algo, que, bien vistas las cosas, no es mucho”[6].

Es cierto. Pero para amplios sectores del empresariado, sobre todo el más tradicional ligado a la tierra, lo que “no es mucho” en opinión de la sociedad, para ellos es demasiado.

Un buen ejemplo es la inasistencia de los gremios empresariales al “Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas”, realizado del 24 al 26 de setiembre en Bogotá, en el marco de las negociaciones gobierno- FARC. Llegaron más de mil representantes de organizaciones sociales, no gubernamentales y académicas de todo el país[7].

Ni las entidades financieras ni los ganaderos asistieron a un foro organizado por la ONU, aunque sí lo hicieron los industriales agrupados en la Asociación Nacional de Empresarios. La Sociedad de Agricultores de Colombia manifestó su desacuerdo por la mediación del organismo internacional cuando el paro agrario de agosto y setiembre, y su portavoz aseguró que “esos paros son organizados por las FARC”[8].

Es evidente que una parte nada despreciable del empresariado sigue anclada en la lógica de la guerra, de ahí su apoyo al ex presidente Álvaro Uribe, quien no puede candidatearse pero cuyo presidenciable, Oscar Iván Zuluaga, adelantó que en caso de triunfar suspenderá las negociaciones de paz. “Nos oponemos a que el presidente Santos negocie con las farc las leyes agropecuarias”, tuiteó Uribe apenas conocer la postulación de su ex ministro de Defensa[9].

Una sociedad más autónoma

La paz será posible porque en la sociedad colombiana se han producido cambios importantes, por lo menos en tres niveles: las clases dominantes, las guerrillas y los movimientos populares. Tres actores que viven en un país mayoritariamente urbano y ya no rural, de clases medias alfabetizadas y donde el campesinado es minoritario.

Un país de 50 millones de habitantes, con un pib per cápita de 8.000 dólares, que ingresó 15 mil millones de inversión extranjera directa en 2012, más que México y Argentina, y cuyos grupos empresariales invirtieron en el exterior 8.000 millones de dólares.

Uno de los mayores cambios se registra entre los empresarios. Sectores tradicionales como el café y la ganadería ya no juegan un papel significativo. Los cuatro principales grupos económicos están vinculados a las finanzas y las manufacturas industriales.

El grupo Santo Domingo tiene su origen en la industria cervecera Bavaria en la década de 1970, con una posición dominante en el país, se expandió a otros países latinoamericanos y también a África del Sur. El grupo se hizo fuerte en el sector financiero y de seguros (Bancoquia, Colseguros), en el transporte aéreo (Avianca) y en las telecomunicaciones (Caracol, Celumovil, El Espectador).

El grupo de Luis Carlos Sarmiento se inició en el sector de la construcción pero se consolidó a través del Grupo Aval como el grupo económico más importante del país con los bancos de Bogotá, Occidente y Popular, además de corporaciones de ahorro y vivienda. Participa en telecomunicaciones, seguros y mercado de valores.

Forbes lo ubica en el puesto 64 entre los millonarios del mundo y el más rico de Colombia con un patrimonio de 14 mil millones de dólares. Pero Bloomberg lo colocó como el cuarto banquero más rico del planeta[10].

El grupo Ardilla Lulle se inició también en las gaseosas y la cerveza pero luego se expandió hacia los textiles, la comunicación y la industria azucarera. El Grupo Empresarial Antioqueño se desarrolló en el sector financiero, de seguros, construcción, cementos, alimentos y comercio, controlando Cementos Argos que con 11 mil empleados es el cuarto mayor productor de cemento en América Latina.

En síntesis, se trata de grupos complejos, diversificados, capaces de competir a escala global y con creciente presencia en la región. Su riqueza no la obtienen del robo a campesinos pobres en remotas áreas rurales. Sus negocios están en las ciudades, vinculados a las clases medias y a los trabajadores. La guerra no los afecta directamente, como sucede con los terratenientes. Apoyan el proyecto de paz de Santos, pero también el TLC, por lo que apoyan la minería y los hidrocarburos.

Por el lado de la guerrilla, las cosas también han cambiado. La ofensiva de las fuerzas armadas le provocó a las FARC fuertes pérdidas que hicieron inviable su modelo de guerra, volviendo imposible su proyecto de toma del poder luego de cercar la capital.

No están derrotadas, pero “no han vuelto a tener la iniciativa en la guerra; han tenido que correr sus líneas a zonas más marginales; hacen una guerra meramente defensiva apoyada en buena medida en la implantación de minas antipersona y expertos tiradores; han tenido importantes volúmenes de deserción; en algunas regiones han perdido su relación con la población civil; padecen aislamiento internacional y un relativo repudio de la opinión pública”, según un ensayo del investigador Mario Aguilera[11].

Lo que el analista detecta es un viraje que ha vuelto a las FARC “más políticas que militaristas” y, por lo tanto, más preocupadas por “influir en organizaciones sociales, mayores intentos de penetrar en las periferias urbanas y en las protestas y conflictos sociales”, y más dedicadas a trabajar en el Movimiento Bolivariano y en el Partido Comunista Clandestino (PC3).

Aguilera apunta que era la línea que había trazado Alfonso Cano antes de morir, y que ahora defiende Timoleón Jiménez (Timochenko), comandante del Estado Mayor de las FARC. En una carta de diciembre de 2011 el comandante asegura que siempre pensaron el acceso al poder “como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento”, una idea asimilable a las insurrecciones urbanas que colocarían la cuestión militar en un plano secundario.

Es probable que sea un viraje influido por “la pérdida de sus acumulados estratégicos y de gran parte de su piso operacional”, como sugiere Aguilera. Pero también es probable que hayan renunciado al modelo revolución que llevaron adelante desde la década de 1960.

El tercer actor es el movimiento popular, que ya ha dado muestras de vitalidad a lo largo de 2013. Se percibe en la gente común organizada en movimientos una autoestima y potencia renovadas. Un buen ejemplo es lo sucedido durante la Cumbre Nacional Mujeres y Paz, realizada en Bogotá entre el 23 y 25 de octubre.

Esther Polo Zabala relató cómo un grupo de mujeres de una vereda del departamento de Córdoba, donde Uribe es el mayor terrateniente, enfrentaron a los paramilitares de Don Berna, quien secuestraba muchachos para la guerra y chicas para la prostitución:

“Cuando el comandante paramilitar ‘pata de palo’ decidió quitarnos nuestros hijos, mi mamá y yo convocamos a todas las mamás y hermanas de los jóvenes reclutados y marchamos al campamento donde estaban los muchachos y solo nos devolvimos cuando su captor nos los entregó.

-Quiénes son ustedes, nos cuestionó.

Nosotras respondimos:

-Somos madres, abuelas, hermanas, hijas, familiares y amigas de los muchachos que usted, abusivamente, secuestró de los colegios, parques y casas.

Inicialmente nos trató de locas, pero después de varias horas de resistencia pacífica, entonando cantos y arengando que las mujeres de Córdoba no paríamos hijos para la guerra, terminó entregándolos”.

Esta conciencia y esta autoestima ya no son patrimonio de militantes de organizaciones vanguardistas, sino de amplios sectores de la nueva sociedad colombiana que está cansada de guerra.